LA CUARTA TRANSFORMACIÓN NECESITA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Uno de los hallazgos teóricos, discursivos y políticos, más felices de Andrés Manuel López Obrador, es, sin duda, la acuñación del concepto/consigna Cuarta Transformación. Se mienta con ella una concepción de la historia en la que el pueblo es protagonista y sujeto, a la vez que un horizonte de futuro que no riñe con el pasado sino que lo recupera y se alimenta de él. A contrario de los decires tecnocráticos que quisieran hacer tabla rasa del pretérito, borrarlo, invisibilizarlo, la gesta encabezada por AMLO busca afincarse en las raíces, florecer en ellas y por ellas; obtener de ahí no sólo fuerza, sino también, y sobre todo, sentido. No es la secuencia de lo institucional lo que teje el relato, sino que lo jalonan los grandes momentos de irrupción popular: no asistimos al pausado cuento de la consolidación de las instituciones, sino a cuatro emergencias inauditas del viejo topo que genera realidad. Estamos ante la realización ontopoiética de la fuerza del pueblo.

Precisamente, cada una de las transformaciones invocadas se caracteriza por la presencia en ellas del poder constituyente. Literalmente. Independencia, Reforma y Revolución, produjeron sendas normas fundamentales, instituyeron los parámetros cardinales del conglomerado social por venir, sentaron los principios de la convivencia que hubieron de permitir que, cada día, se produjese lo que Althusser llamó, en su momento, el “efecto sociedad”. Fueron los grandes momentos de la soberanía, de la democracia entendida en su acepción primera: el pueblo que, gobernándose, se otorga a sí mismo su gobierno.

La Cuarta Transformación a la que asistimos está, sin embargo, aún lejos de alcanzar la realización de su concepto. No que lo logrado hasta ahora haya sido anécdota menor, superficial, minimizable, uno más de los juegos cortesanos que quisieron vendérsenos como “transición a la democracia”. La rebelión comicial de 2018, a través de la cual el pueblo se sacudió por el sufragio un régimen de opresión que había durado casi un siglo, es ya de suyo un contenido histórico que no podrá borrarse pase lo que pase a partir de ahora, y que marcará una senda sobre la que, como reflexiona el filósofo Alan Badiou, habrán de subirse los revolucionarios del futuro, como la estela trazada, por ejemplo, por la Comuna de París. El sueño cumplido, por una vez, de que los pobres y los ciudadanos pueden vencer y gobernarse a sí mismos, hendió un tajo en la historia que no podrá ser olvidado nunca. Sin embargo, para poder ejercerse a plenitud, para cristalizar su promesa, la Cuarta Transformación requiere, como las tres anteriores, cumplirse como poder constituyente, es decir, tiene que ser capaz de sentar un nuevo pacto político fundamental que reorganice radicalmente las relaciones del Estado con la sociedad, o si se quiere, la conformación de la sociedad como Estado, con todo lo que ello implica. 

Si consideramos los alcances y limitaciones de las grandes líneas de acción y de política que han sido emprendidas hasta ahora, veremos que su sentido reclama la conformación de una nueva constitución que las haga realmente funcionales. Así, por ejemplo, las becas y apoyos, universales en muchos casos, que se otorgan a los ancianos y a los jóvenes. Se trata de aportaciones cruciales para reducir en los hechos la pobreza. Precisamente para asegurar que no se trata de dádivas sometidas al juego clientelar de la política, su otorgamiento ha sido instaurado en las leyes mismas como un derecho que ha de cumplirse independientemente de quién esté al frente del gobierno. Estas medidas, sin embargo, y otras que, dispersas en el espectro de la acción pública, persiguen el mismo objetivo de disminuir la pobreza (la educación superior gratuita, la formación del Instituto Nacional del Bienestar, etc.) actúan de forma desarticulada y, sobre todo, no contemplan el otro requisito necesario para combatir efectivamente el empobrecimiento, a saber, la lucha contra la desigualdad. En efecto, no habrá política del bienestar que pueda cumplir realmente sus metas, mientras la distancia entre ricos y pobres siga ensanchándose al punto de que el nuestro es ya el país más desigual de América. Políticas y acciones específicas son necesarias a este respecto: imposición fiscal real y progresiva no sólo a las rentas, sino también a los patrimonios; establecimiento de topes de ingresos no únicamente en el ámbito del sector público, etcétera. Pero todo ello no será eficaz mientras la sociedad entera, en su pacto fundacional, no asiente su compromiso permanente de moderar la desigualdad.

Ese enunciado constitucional, fundamental, hacia el incremento de la igualdad social, se requiere también para dar sentido a la acción hacendaria de la Cuarta Transformación, que hasta ahora ha significado una de sus mayores ambigüedades. Pues se ha combinado un compromiso presidencial explícito en contra de realizar una reforma fiscal, con una política de austeridad extrema. Al conjunto se le ha llamado “austeridad republicana” y se le ha cubierto de densas referencias morales e ideológicas: imágenes de juarismo y vida ascética rodean el asunto. Está claro que la alta burocracia del país disfrutaba de privilegios y canonjías faraónicas, y ello formaba parte, sin duda, de su carácter servil hacia el poder de los privados, pues la puerta giratoria hacia uno u otro sector no funcionaria si los ingresos de ambos lados no fueran equiparables. Detener esa sangría insultante para la sociedad era y es una prioridad urgente que habría que ser Consejero Presidente del INE para no entenderla. Pero las restricciones al gasto del aparato de administración pública han ido mucho más allá de los emolumentos de los grandes jefes, y se han traducido en despidos de personal por honorarios (muchas veces en el piso último de los ingresos) así como en deterioro de servicios y destrucción de patrimonio nacional (Radio Educación, por ejemplo, sosteniendo sus transmisores con pinzas para colgar la ropa). El ideal ascético se ha ensañado con algunos sectores de trabajadores, los de la cultura, por ejemplo, cuyas aportaciones sociales de divertimento suelen considerarse lujosas, suplementarias.

Desde la izquierda no es fácil entender la política de gasto del gobierno de López Obrador, sobre todo porque en este lado del espectro político la austeridad nunca fue una bandera, sino que, por el contrario, fue identificada con el propósito neoliberal de achicar al Estado. Las metas de mantener el déficit público en cero, o incluso de lograr algún tipo de superávit, fueron el primer renglón de los diez que constituían el Consenso de Washington. Es cierto que las perspectivas no son similares, puesto que en la Cuarta Transformación se está dispuesto a gastar en grandes proyectos estatales, o apoyados centralmente en el Estado, como el Tren Maya, el corredor transístmico, la refinería de Dos Bocas, etcétera, pero en algún punto los discursos se cruzan cuando hacen gala de cierta desconfianza hacia el Estado.

El asunto es verdaderamente enigmático. ¿Por qué la Cuarta Transformación no quiere gastar -o sólo quiere hacerlo en los programas y proyectos perfectamente identificados que la caracterizan- pero en absolutamente nada más? Al parecer porque piensa que el Estado es corrupto, o está corrompido a tal grado, que verter hoy cualquier cantidad de dinero, en el área que fuera, significaría tirarla al barril sin fondo de la desviación de lo público hacia lo privado. Así que antes de cualquier relajamiento de la austeridad, es necesario, se supone, barrer con la corrupción. Después ya se verá.

El problema con ese planteamiento es que la lucha contra la corrupción no es, ni puede ser, un programa de gobierno, sino, a lo sumo, una condición para un ejercicio gubernamental correcto. 

Operar sin desvíos de recursos, aunque es un propósito loable en sí, no constituye una finalidad de gobierno en el sentido de que con ello no se ha establecido cuáles son las metas hacia las que se desea conducir a la sociedad. Para cualesquiera que fuesen los fines (socializar el bienestar o privatizarlo, por ejemplo), el accionar gubernamental tendría que no ser corrupto. Pero, además, la austeridad republicana se ejerce hoy precisamente en el momento en que el mundo está dando un giro hacia un keynesianismo renovado, en el que el gasto gubernamental asume un papel preponderante como multiplicador del crecimiento. Hasta ahora el gasto incrementado del gobierno de los Estados Unidos frente a la crisis de la pandemia, ha salvado a nuestro país de un estancamiento más prolongado, pero habría que evaluar si en el largo plazo es viable y deseable (y no sólo por razones económicas) mantenerse a remolque de la economía imperial.

Una reforma fiscal profunda, incluso a nivel constitucional, es un elemento crucial para modificar la relación, la vinculación entre el Estado y la sociedad. A lo largo de nuestra historia, el nivel de recaudación de la hacienda pública ha sido ínfimo, e incluso hoy está muy lejos ya no de los niveles de los países desarrollados, sino de nuestros similares latinoamericanos. La escasez de recursos de la administración pública, el hecho de que durante un siglo se haya tenido que recurrir al endeudamiento externo para equilibrar las cuentas, constituyen síntomas de que el Estado no se ha articulado adecuadamente con la sociedad, y es necesario refundarlo para remediar la situación. No hay recursos porque el conjunto social simplemente no respalda a su entidad estatal. Los consensos necesarios nunca se han formado.

Síntoma del mismo mal es la situación actual de los organismos autónomos, comenzando por el Banco de México y su mandato exclusivamente antinflacionario, que constituyó uno de los primeros seguros que la oligarquía neoliberal se otorgó a sí misma cuando comenzó a entrever que podría perder pronto su control del gobierno. En ese caso, como en el de la Comisión de Competencia Económica o la de regulación de la energía, las telecomunicaciones y tantas otras, ha llegado a tal nivel la captura de las entidades por los intereses que debían regular, que esos órganos son inexistentes: no son ellos quienes mandan, no están ahí, se han desmaterializado, son los poderes fácticos los que actúan a través de ellos. Además el entramado legal los ha blindado frente a cualquier intromisión por parte de la sociedad, ya no digamos del pueblo soberano: no tienen que rendirle cuentas -si es que acaso lo hacen- más que a sí mismos. Una parte del Estado ha sido separada, seccionada, amputada, con respecto al conjunto de la voluntad general ¿La solución es eliminar los regímenes de autonomía en cuanto tales? Seguramente no, pues en muchos casos fue la lucha social la que impuso la creación de esos organismos. En todo caso, esos diseños institucionales se justificaron cuando regía el régimen de partido de Estado, y hoy es necesario repensar su lugar, funciones y controles sociales, en el horizonte abierto por la Cuarta Transformación. 

En su lucha contra el Estado degradado y corrupto, la Cuarta Transformación por un lado ha dejado de gastar, pero por otro ha llevado adelante una fuerte centralización de la acción pública, que ha recortado espacio a muchas organizaciones sociales que la acompañaron en la lucha por alcanzar el poder. La eficacia de la administración se ha visto minada, pero además de ello se ha visto afectada también la confianza y el deseo de muchos de ser parte del gobierno y autogobierno de la sociedad. También en este terreno es necesario convocar a la formación de un nuevo pacto fundamental que esclarezca de una vez cuál debe ser el lugar y el papel de la sociedad civil en el devenir de la nación y su Estado. Las mujeres y los jóvenes, especialmente, desean gobernar a sus propios cuerpos y a la sociedad. ¿Va a tener por fin, la Cuarta Transformación, un lugar para ellos?

Las elecciones que tendrán lugar en las próximas semanas serán cruciales para la viabilidad o imposibilidad de que la Cuarta Transformación evolucione hacia la realización de su propio concepto. Las condiciones no son las mejores, especialmente por el hecho de que el Instituto Nacional Electoral se ha dado a sí mismo un papel de “árbitro” que no le corresponde y que no le es atribuido por ningún mandato legal (esto no es futbol, quien dirime las controversias es el pueblo con su voto, y quien interpreta las enunciaciones conflictivas es el Tribunal Electoral), y ha asumido una tergiversación de la democracia que enfatiza el pluralismo como si fuera su esencia -y sin que la pluralidad esté amenazada de ninguna forma en el México de hoy-, y actúa institucionalmente para impedir que se forme y estabilice una mayoría.Con todo, para ganar las elecciones hay que subir las apuestas y tejer una oferta política que lleve los afanes de la Cuarta Transformación hacia su culminación lógica en la propuesta de un nuevo constituyente que redacte un nuevo pacto político fundamental. Y aún si las votaciones no dieran a Morena la mayoría en el Congreso necesaria para impulsar a fondo sus propuestas, la radicalización de su política será necesaria para superar las contradicciones internas del régimen actual y para poder plantearse, con un mínimo de plausibilidad, lograr la victoria nuevamente en los comicios de 2024.