EL PUNTO CIEGO EN EL RÉGIMEN DE AMLO

Javier Cercas escribió un ensayo literario[1]  que gira alrededor del término punto ciego. Según conjeturó el físico Edme Mariotte, nuestros ojos tienen un lugar, no fácilmente localizable, que carece de detectores de luz y a través del cual no se ve nada. La razón por la cual descubrimos este déficit señala Cercas, se debe a que vemos con dos ojos y los puntos ciegos no coinciden y, en segundo lugar, porque el sistema visual rellena el vacío del punto ciego con la información disponible: porque el cerebro suple lo que el ojo no ve.

Poner a los excluidos en el centro del discurso y de la acción política no significa asumirlos como actores centrales de una transformación profunda. En el subsuelo se mueve un abigarrado conjunto de pequeños grupos luchando por temas disímbolos, pero con un propósito común: la defensa de sus territorios. Es un enorme archipiélago social, a menudo desconectado entre sí, y con endebles formas de intermediación. Este es el punto ciego de AMLO que lo rellena, cuando se topa con sus resistencias visibles en Morelos, o en la península de Yucatán o en el istmo de Tehuantepec; con narrativas conspiratorias. La pregunta es, en cambio, ¿Qué expresan y cómo canalizar sus inquietudes, enojos, rabias?[2]

Me importa enfatizar que la interacción de los cuatro actores estratégicos a los que me he referido –burocracia estatal, intelectuales públicos, empresarios y Estados Unidos, oscurecen la presencia a lo largo del país de ese archipiélago social en constante movimiento que, de ser articulado orgánicamente, podría ser decisivo para asentar la estrategia contrahegemónica de AMLO o bien, cuya ausencia podría llevar como en el caso del gobierno de Lula en Brasil, a una debilidad estratégica frente a las elites económicas.

Al confrontar este dilema valdría la pena referirse a lo que Rafael Segovia señaló[3] sobre cómo en la suma de las diversas funciones que acoge el estado mexicano se desarrolla una teoría de los residuos institucionales engastados en el aparato estatal como si fueran una planta trepadora que si se corta,  puede derrumbar al edificio que sostiene. Esos residuos garantizan una forma de gobernabilidad. Fernando Escalante concluye que los residuos a los que se refiere Segovia eran recursos de gobernabilidad del régimen autoritario es decir “el andamiaje político de la sociedad mexicana”.[4] Retomo la advertencia de Escalante que la planta trepadora no fue una deformación que se adhirió en alguna época al Estado sino la condición misma del Estado autoritario.

Los neoliberales, al querer deshacerse de la planta trepadora derrumbaron el edificio. El gobierno de AMLO, por el contrario, busca reconstruir el Estado. Prestar atención a los mecanismos de gobernabilidad implicados en los “residuos institucionales” constituiría una pieza central en ese propósito. 

Quisiera ilustrar el punto ciego con una de las mayores falencias en el gobierno de AMLO: la ausencia de una política orientada a impulsar los territorios rurales a partir de lo que son la base territorial por excelencia, los ejidos y las comunidades indígenas.

El ejido es un producto específico de la Revolución Mexicana. Sus rasgos centrales se resumen en la combinación de un aparato de control político y una instancia de representación campesina que es la consecuencia del injerto de una superestructura político estatal sobre la sociedad rural. Hoy ha perdido esas características: no es ya un órgano de control político del Estado y, tampoco, salvo en circunstancias muy específicas un órgano de representación campesina.

Segundo, los propósitos del Estado revolucionario que dieron origen al ejido y que eran: recuperar el territorio nacional, redistribuir la tierra, convertir a los campesinos en ciudadanos, producir alimentos suficientes y establecer una nueva gobernabilidad en el campo que sustituyera a la del porfiriato; se cumplieron con creces. Desde ese punto de vista el ejido y la reforma agraria fueron un éxito.

Tercero, a partir de los años setentas resultado de transformaciones sociodemográficas, modificaciones en las políticas públicas al campo, tránsito de una economía cerrada dependiente de la iniciativa del Estado a una economía abierta impulsada por el sector privado y de una transición de un régimen autoritario supeditado a la supremacía presidencial a uno –el régimen de las alternancias– semidemocrático dependiente de pactos entre partidos; el ejido perdió sus propósitos originales.

Cuarta, las reformas rurales en los noventas enfrentaron la crisis del ejido desde tres ángulos: que los mercados resolverían el tema productivo depurando a los campesinos “ineficientes” y dejando a los agricultores “eficientes”, que el tema alimentario era un tema de ventajas comparativas -comprar granos “baratos” y vender frutas y legumbres “caras”- y, que el tema de gobernabilidad se resolvía a través de la autogestión campesina.

Quinta, los mercados no depuraron a los agricultores menos eficientes, no mejoraron la pobreza rural dado el mediocre crecimiento de la economía en su conjunto. En cambio, la migración internacional se convirtió en la más importante válvula de escape de la población rural, –hasta 2007- cuando comenzó a reducirse en términos relativos y luego absolutos. Paradójicamente fueron los agricultores con recursos y capital humano el que migró, dado el monto de recursos necesarios como inversión inicial en una migración exitosa, aunque ilegal, a Estados Unidos. La política de ventajas comparativas en términos de alimentos se llevó un inmenso golpe cuando al calor de la crisis de alimentos entre 2007-2008 que elevó vertiginosamente los precios de granos, se prendieron luces rojas en todos los países señalando la importancia estratégica de contar con seguridad alimentaria. La autogestión de los ejidos resultó sólo en algunos ejidos y comunidades que contaban con suficiente capital social para desarrollarse o adaptarse en condiciones de una muy disminuida presencia de los instrumentos de desarrollo del Estado.

Enfrentar los retos en el campo mexicano requiere entonces un nuevo diseño institucional del ejido y la comunidad que garanticen mayor inclusión de otros actores rurales cuya actividad principal no es la agricultura. 

Se necesita restructurar el campo desde las comunidades rurales, independientemente que sean ejido, comunidad indígena o pequeña propiedad. Se necesita un profundo cambio generacional en la conducción de las actividades productiva en el campo. Se necesitan instrumentos que faciliten la cada vez mayor presencia de las mujeres. Se necesita un desarrollo sustentable pensando en los ecosistemas más allá de la agricultura y la ganadería. Se necesita reconstruir la gobernanza local para recuperar territorios y fronteras. Se necesitan políticas públicas que no fragmenten sino articulen a los sujetos sociales rurales. Que no fracturen la política social de la política de fomento rural hacia los habitantes rurales pobres. Se necesitan comunidades para la paz y el bienestar. Pero esto no solo no ha ocurrido ni siquiera se atisba que sea un tema que importe al actual gobierno. En tema como éste se vuelve más urgente discutir las bases sobre las cuales se ejerce actualmente la gobernablildad en el país.

Los retos de la gobernabilidad

La gobernabilidad entendida como “un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz”[5] nos regresa al debate que desató el informe patrocinado por la Comisión Trilateral (1975) que argumentaba que, ante el exceso de expectativas de lo que la ciudadanía demanda y las capacidades limitadas de los Estados, por razones fiscales, sociales o de calidad administrativa, debían contener las demandas ciudadanas. El reporte resolvió ese dilema proponiendo las recetas neoliberales del estado mínimo a partir de contener las demandas sociales. 

El régimen de López Obrador hereda un déficit de gobernabilidad definido como producto de discrepancias entre demandas ciudadanas y respuestas gubernamentales en áreas estrechamente vinculadas: i) mantenimiento del orden y de la ley, ii) capacidad del gobierno para una gestión eficaz de la economía, iii) capacidad del gobierno para promover el bienestar social y iv) control del orden político y la estabilidad institucional.[6]

Para atender ese déficit es indispensable reconocer que enfrenta una cancha marcada por cuatro restricciones. La primera son los aparatos del Estado incluyendo los partidos políticos, los órganos autónomos, fragmentados y capturados en distintas franjas por poderes fácticos. La segunda es un amplio espacio integrado por ONGs, intelectuales públicos, expertos y centros de análisis e investigación. La tercera son los mercados, es decir, el capital financiero y los distintos segmentos del gran capital nacional y trasnacional. En cuarto lugar, los factores externos que en nuestro caso quiere decir Estados Unidos de América 

En este texto argumento que López Obrador trata de resolver ese dilema planteado por el informe de los Comisión Trilateral, a través de una reconstrucción del Estado endeble y desarticulado que heredó. Para ello, busca inmovilizar y, en su caso anular, a sus principales contrincantes[7] (el concepto de revolución pasiva) al tiempo que propone a la coalición electoral que lo llevó al triunfo algunos instrumentos, simbólicos y reales, de la nueva forma de gobernar. Ambos procesos complejos de por sí –anular a los contrincantes e impulsar a los simpatizantes- generan en el accionar del régimen un punto ciego relacionado con las dinámicas de actores locales que no pueden encasillarse en las categorías sociales tradicionales. Son esas nuevas lógicas sociales las que no han sido captadas en toda su magnitud por el régimen actual. 

Para desarrollar este argumento comienzo en el siguiente apartado revisando brevemente la presencia y el estado actual de los principales actores que inciden en la coyuntura actual, sobre todo partidos, asociaciones e intelectuales. Paso enseguida a revisar el escenario prefigurado por las diversas acciones e iniciativas que emprende el gobierno actual para proponer en el tercer apartado, valiéndome de los conceptos gramscianos de crisis orgánica y revolución pasiva, los grandes trazos de la estrategia del gobierno para enfrentar el déficit de gobernabilidad que heredó. Esa herencia compuesta por dos iniciativas fallidas de gran envergadura y el fracaso de la guerra contra el crimen organizado determina la mayor fragilidad del estado que hereda AMLO y determina la estrategia amloista, pero sobre todo define su punto ciego.

En 2018 el triunfo electoral de AMLO es contundente. El margen con respecto al segundo lugar en la contienda presidencial es muy importante y la victoria involucra, también, a las cámaras legislativas, 20 congresos estatales y 5 gubernaturas. La legitimidad es amplia y la popularidad de AMLO es alta. Las fallas evidentes están en el acompañamiento político. MORENA fue una exitosa coalición electoral que agrupó corrientes, tendencias y personajes de un amplio espectro con notorias divergencias políticas e ideológicas, pero con un propósito común y estrecho: ganar las elecciones de 2018. 

Desde el inicio de su gobierno AMLO ganó la que es siempre la primera batalla política: la lucha por los símbolos. Ese triunfo ejemplificado en temas como la reconversión de Los Pinos en museo, la puesta en venta del avión presidencial, la frugalidad gubernamental, los programas sociales; tiene empero sustento en una transformación central: hacer visibles a los excluidos del pacto neoliberal. En el momento actual, las elites económicas se encuentran divididas, las élites políticas están desplazadas y las fuerzas sociales dominadas, aunque en efervescencia, se encuentran también fragmentadas.  

El sistema de partidos está roto y, aunque es previsible y deseable que se reconstruya, no necesariamente serán los mismos actores políticos los que lo integren. Un grupo de universitarios y miembros del Instituto de Estudios sobre la Transición a la Democracia (IETD) (1999)[8] caracterizaban el sistema de partidos de la alternancia, como uno polarizado no por identidades políticas consolidadas, sino por los agravios y conflictos generados tanto por la modernización económica como por la forma en que se desarrollaron las reformas político-electorales y los conflictos en torno a las mismas. Añadían que la persistente anomalía de nuestros procesos electorales centrada en una oposición maniquea entre autoritarismo y democracia conducía a eventos con un sentido plebiscitario. El eje de esa polarización había sido desde entonces la dicotomía gobiernismo/antigobiernismo. Sin embargo, a partir de las elecciones de 2006 a esa dicotomía se sobrepuso una más poderosa entre elites y pueblo. Esta nueva dicotomía profundiza y amplía el carácter plebiscitario de las elecciones.

El panorama actual de los partidos políticos es desolador

El PRI necesitaría encontrar otra alma quizás hacia el lado de las visiones más tecnocráticas y liberales que exhibieron las administraciones de De la Madrid, Salinas y Zedillo. Pero el personal político que se mantiene añora el nacionalismo revolucionario a pesar de que ese legado lo desechó con la narrativa neoliberal y además, les fue arrebatado por los constructores del PRD.

El PAN, dividido, no encuentra su nueva configuración y dudo que la encuentre a partir de sus fracciones en conflicto, algunas alejadas orgánicamente de ese partido. Quizás necesite, como en los noventas, de un fuerte influjo externo que lo convierte ya sea en un partido más orientado a la democracia cristiana, o bien en un partido de derecha no liberal.

MORENA avanza en distintas direcciones excéntricas que, además, no están coordinadas. Una de ellas, la más obvia, es construyéndose como un partido parlamentario de izquierda. Otra avenida que intenta recorrer es la de un partido de masas -con presencia electoral, desde luego-, pero con mayor énfasis en las movilizaciones. También hay otra trayectoria que despunta -quizás la de mayores consecuencias en términos del régimen político-, hacia la construcción de un partido generado desde el gobierno mismo. 

Las representaciones sociales, por su parte, han sufrido enormes desgastes. 

Sea entre las organizaciones campesinas, los sindicatos obreros o de empleados públicos, las asociaciones empresariales o de profesionistas. Exhiben severas crisis de representación. Por su parte, el enorme continente de asociaciones y organizaciones independientes a quienes se le ubica, a veces de manera reduccionista, como sociedad civil, han generado amplias campañas en torno, sobre todo, a temas relacionados a los derechos humanos. Sus éxitos en la combinación de cabildeo y campañas a través de los medios de información, y que han culminado en el impulso a importantes arreglos institucionales, no han resuelto su doble debilidad de origen. Por una parte, ¿cómo trascender sus causas específicas en aras de una coalición política más amplia? Y, por otra, ¿cómo mantener un equilibrio dinámico entre autonomía, cabildeo y acciones coordinados con entidades gubernamentales?

La controversia central que mantiene AMLO con lo que considera una parte definitoria de la herencia del neoliberalismo, se desarrolla en los espacios de la producción y difusión de las ideas. Para entender esta estratégica batalla utilizó la caracterización de Mauricio Tenorio sobre los intelectuales públicos.[9]  Tres fueron las caras del poder que atañen a la inteligencia nacional según este autor: el aparato de Estado en sentido lato -direcciones generales, asesorías, embajadas- más una parte importante de los órganos autónomos que se habían convertido en su nicho de mercado. A eso se sumaban las instituciones propiamente académicas como las universidades, los centros de investigación y, de manera importante, hasta este sexenio, CONACYT. Por otra parte, su acceso a medios de comunicación, a editoriales y a revistas constituyen la plataforma básica de construcción y difusión de sus ideas. Finalmente, su acceso a promotores culturales que van desde fundaciones hasta organismos del sistema de Naciones Unidas ha significado ampliar influencia y capacidad de elaboración conceptual sea con proyectos de investigación financiados por estos entes, sea por la participación en eventos de debate teórico y político patrocinados también por ellos.

Los intelectuales públicos se han desenvuelto en esas tres instancias de poder político e ideológico. Algunos han ejercido una función crítica, pero en diálogo permanente con instancias del Estado. Muchos han sido claros y abiertos promotores de las reformas estructurales. En otros casos han sido sus detractores. Muchos han promovido, iniciado o denunciado actos de corrupción y de afectación a ciudadanos. Pero también existen casos, sobre todo de comunicadores, que se han beneficiado de recursos públicos personalmente. La capacidad de los intelectuales públicos para influir en el poder político es amplia circunscrita a un círculo concentrado geográficamente de clases medias urbanas. Su peso se acrecentó en la medida que en los últimos sexenios se convirtieron -aun en su diversidad- en los principales canales de interlocución con las elites políticas, y crecientemente, con las élites económicas.[10]

Frente a la presencia de este abigarrado campo  de interacciones conflictivas y genéricamente resistentes al cambio, el régimen lopezobradorista comienza a despuntar su estrategia, a través de las conferencias mañaneras, la coordinación intrasectorial del gobierno, los programas sociales y los centros integradores de desarrollo; acciones enmarcadas en el leitmotiv del propio régimen: la construcción de una nueva coalición gobernante a partir de la separación del poder político con respecto al poder económico.

Por una parte, al otorgar un mayor peso a las fuerzas armadas en la gobernación del país, desde luego en términos de la seguridad nacional pero también de la seguridad pública y de la administración de centros estratégicos relacionados con la infraestructura como puertos, aduanas, sector energético y aeropuertos, lo hace -en lo que ciertamente implica un vuelco de ciento ochenta grados en su visión sobre las fuerzas armadas durante la campaña electoral- como resultado de la notorias deficiencias del Estado para gobernar todo el territorio nacional. Es también una advertencia a los contrincantes: el ejército es leal al Presidente. Aún es muy pronto para saber si salió peor el remedio que la enfermedad.

Por otro lado, buscando afectar, a partir del concepto ideológico de la austeridad republicana, a segmentos del aparato gubernamental -abarcando desde reducciones a rajatabla de funciones, centros burocráticos y personal del estado, hasta la intención por descentralizar agencias gubernamentales y absorber entes autónomos dentro del poder ejecutivo. Hay aquí también una especie de imperativo ético. Esta iniciativa, en muchos casos incierta[11]buscaría desmontar las franjas burocráticas capturadas por diferentes poderes fácticos.   

Otra acción significativa se refiere a los programas sociales en su vertiente de transferencias directas. Diseñados para evitar la intermediación política, las transferencias individualizadas buscan atender a sectores en situación vulnerable y generalmente marginalizados. Interesa subrayar que, en general, las transferencias individualizadas no generan espontáneamente organización social ni logran evitar intermediaciones políticas. Eso pretendía hacer el programa insignia del neoliberalismo, PROGRESA, sin que fuera posible evitar su captura por parte de distintos agentes sociales y gubernamentales. Estos programas enfrentan siempre un dilema insalvable: ¿se trata de un acompañamiento ciudadano a la política pública o de una política pública que busca generar participación ciudadana?  Es evidente que, hasta el momento, los tres programas de transferencias más exitosos: de adultos mayores, de discapacitados y de producción para el bienestar (para pequeños y medianos productores rurales), son de acompañamiento al accionar estatal. En cualquier caso, los programas sociales en cualquier parte del mundo tienen efectos electorales a favor de los gobiernos que los promueven tanto en el espacio nacional o local.

A lo anterior se añade los llamados centros integradores de desarrollo que buscan superar la fragmentación de los programas públicos y consolidar la presencia del Estado a través de promotores públicos en los territorios. Esta idea, que tiene su origen en los pueblos-hospitales implementados por don Vasco de Quiroga en Santa Fe, y posteriormente, en Michoacán a mediados del siglo XVI, fue retomada por el entonces gobernador González Pedrero para desarrollarlos en Tabasco.[12]  En suma, se trataba de superar la fragmentación a través del desarrollo territorial como instrumento de políticas públicas, para eficientar recursos humanos, físicos y económicos.[13] La misma idea ha sido impulsada por el gobierno de AMLO a través de los centros integradores, definidos como “módulos de atención y espacios de participación comunitaria para acercar el Gobierno de México a la gente, a fin de construir una comunidad social, reconstruir a nivel comunitario el tejido social, establecer una controloría social, la auditoría popular y la planeación participativa que fortalezca la cuarta transformación”.[14] Aunque se conocen mal los resultados a la fecha, esta propuesta, que podría ser extremadamente innovadora, se vio fuertemente contaminada de contenido electoralista junto con los llamados superdelegados y los promotores comunitarios, denominados Servidores de la Nación.

Respecto a los intelectuales públicos, al confrontar política e ideológicamente a los centros tradicionales de construcción hegemónica creados y fortalecidos durante el régimen de la alternancia -revistas, centros de investigación y sobre todo al conjunto de intelectuales públicos, las conferencias mañaneras, que en principio parecían ser una forma de comunicación e información a los medios de comunicación, han terminado convirtiéndose en un componente importante del debate de ideas. Con un sistema de partidos colapsado, el discurso y las narrativas juegan un papel crucial como elemento cohesionador. Pero ahí también se define la agenda de discusión política nacional y es la plataforma desde la cual se emiten instrucciones para gobernar en distintas áreas del quehacer público. Se convierten entonces, en un componente importante de la gobernabilidad del régimen. A ello se suman las reuniones privadas diarias de los altos mandos de la seguridad pública y las muy frecuentes reuniones del gabinete en pleno (en contraposición a lo que ocurría en sexenios anteriores con los llamados gabinetes sectoriales). 

Si cada uno de los elementos enunciados más arriba denotan una determinada intencionalidad política lo que importa es descifrar cómo se articula, es decir a qué estrategia responden.

Con los mecanismos de intermediación azolvados, las elites políticas y económicas han perdido la capacidad para descifrar las transformaciones que ocurren en la sociedad. Reconstruir esos mecanismos en una sociedad fuertemente segmentada y con una estructura de poderes ampliamente excluyente, exige esfuerzos extraordinarios del Estado. Debilitado y capturado en algunas franjas del gobierno, su reconstrucción corre paralela a la reconstrucción de la sociedad y de nuevos mecanismos de intermediación. 

Desde ambas perspectivas, resulta útil revisar el concepto gramsciano de revolución pasiva.

Gramsci hablaba del equilibrio catastrófico o crisis orgánica[15] que surgía causada por un conjunto de fluctuaciones fuertes que erosionan el sistema. Acerca de las determinantes de esas crisis, citadas en sus Cuadernos desde la cárcel[16],se refieren al fracaso de la clase dirigente cuando encabeza transformaciones estratégicas que buscan modificar la correlación de fuerzas, para las cuales demandó el apoyo y obtuvo el consenso de sectores importantes de las elites. Esta crisis orgánica se resuelve a través de la denominada revolución pasiva. Esta última es el proceso a través del cual la esfera más consolidada del poder político y económico recupera una parte de las demandas de los gobernados quitándoles su iniciativa política. Este proceso específico denominado transformismo consiste en la decapitación intelectual de las dirigencias opositoras por medio de la cooptación y la confrontación. 

Una revolución sin revolución es para Gramsci otra manera de definirla. La noción de revolución pasiva busca dar cuenta de la tensión entre dos tendencias o momentos: restauración y renovación, preservación y transformación o, como señala el propio Gramsci, conservación-innovación. 

La revolución pasiva tiende a operar tanto desde la perspectiva de la arquitectura institucional con todas aquellas iniciativas que circunscriben, delimiten y en el límite, modifiquen las potencialidades del pluralismo social y político ya existente; así como en el espacio de los arreglos políticos entre actores.

En México hemos vivido en las últimas tres décadas, dos iniciativas de gran envergadura pero fallidas. La primera, una modernización esencialmente económica –aunque con múltiples consecuencias políticas- en la que se propuso un proyecto que incluiría originalmente a todos, pero que terminó excluyendo a la mayoría, incluyendo a aquellos agentes –los operadores de la coalición príista– que debieron implementarla. 

La segunda modernización, más desconcertante aún, fue la política. Logró la primera alternancia pacífica en el país y transportaba la promesa de una transformación democrática a partir de elecciones libres y limpias. Más que actos fundadores, la transición mexicana fue sobre todo una mezcla de acoplamiento institucional y transformismo político. El eje autoritario del viejo régimen: presidencialismo más partido hegemónico más interacción entre reglas formales establecidas en la Constitución, y un amplio abanico de reglas informales y facultades metaconstitucionales; se fue paulatinamente debilitando sin ser sustituido por otro arreglo de gobernabilidad. 

Lo que siguió a partir de 1997 fue una consistente decadencia de los rieles y los engranajes de la gobernabilidad. El centro político se desmadejo, se produjo una emancipación desordenada tanto de las entidades federativas como de segmentos de la sociedad, al tiempo que operaba la colonización de franjas del aparato estatal o del territorio nacional por un sinnúmero de poderes fácticos incluido el crimen organizado. El régimen que se fue armando antes y después de la alternancia se sostuvo a partir del uso corrupto y discrecional, depredador, de los recursos públicos. 

Empero, la mayor derrota del Estado –aunque también de la sociedad– fue la “guerra contra el narco” como demuestra dolorosamente la cauda de muertos, de desaparecidos y personas afectadas en su vida por las bandas criminales y la incapacidad del propio Estado. 

Así pues, en el lapso de treinta años la sociedad mexicana ha sido agraviada por los efectos devastadores de las fallidas modernizaciones económica y política y la también fallida guerra contra el narco. En el proceso las élites han terminado divididas y erosionadas. 

La ausencia de una capacidad conductora de las élites debido a las iniciativas fallidas tuvo consecuencias perniciosas en el régimen de la alternancia: fragmentación social, desarticulación orgánica, fortalecimiento de poderes fácticos, feudalización del federalismo, desintegración del aparato estatal, desprendimiento territorial de espacios en manos del crimen organizado. 

El régimen de la alternancia terminó siendo un régimen depredador enquistado en el centro de la distribución de los recursos públicos en forma de rentas a grupos privilegiados que sostenían un determinado equilibrio y fueron la fuente de corrupciones, ineficiencias y lento crecimiento.[17]

En síntesis, la decadencia administrada de ese régimen fue el resultado del fracaso en la construcción de coaliciones y acuerdos políticos que se expresaran dentro y fuera de los poderes del Estado, con capacidad de conducir las pulsiones y las demandas básicas de los ciudadanos y de las elites. 

Esto es lo que hereda el régimen de AMLO.

Trabajos citados

Cercas, J. (2016). El punto ciego. Barcelona: Random House.

Levy, S. &. (2009). Equity, competition and growth in Mexico: An overview. En S. &. Levy, No growth without equity? Inequality, interests and competition in Mexico (págs. 1-44). Washington D.C.: Palgrave MacMillan and World Bank.

Loaeza, S. (1 de abril de 1991). Fragmentación y pluralismo. Nexos.

Cortez, H. y. (2008). Alcances del ordenamiento territorial en la planeación del desarrollo. Elementos conceptuales. En J. D. (coord.), Política territorial en México. Hacia un modelo de desarrollo basado en el territorio. Mexico: Plaza y Valdez.

Espíndola Mata, J. (2004). El hombre que podía todo, todo,todo. México: El Colegio de México.

Flaubert, G. (1954). Correspondance 1830-1863 Volume 1. L. Conard.

Garton Ash, T. (1991). The uses of adversity. London: Random House.

Gobierno de México. (2019). Manual de capacitación para los Centros Integradores del Desarrollo. México: Gobierno de México.

Gordillo, G. (enero-junio de 2017). No es capital social sino actores, instituciones, movilizaciones. Revista Artículos y ensayos de Sociología Rural, 12(23).

Gordillo, G. (2019). Movilización social como medio de producción de instituciones (1968-2010). México.

Gordillo, G. (2021). La gobernabilidad realmente existente. En H. B. Gómez, 4T Claves para descifrar un rompecabezas (págs. 95-112). CDMX: Grijalbo.

Gramsci, A. (1981). Cuadernos desde la cárcel. México: Era.

Hernández Márquez, B., Pérez Castro, J., & Pérez Cruz, E. (enero-marzo de 2016). Centros integradores: unaexperiencia de ordenamiento territorial en el estado de Tabasco. Revista Problemas del Desarrollohttp://probdes.iiec.unam.mx, 184(47).

Herredia B. y Gómez Bruera, H. (2021). 4T claves para decifrar un rompecabezas. CEMX: Grijalbo.

Hirschman, A. (1965). Journeys toward progress. Nueva York: Doubleday Anchor Book.

Instituto de Estudios para la transición (IETD). (diciembre de 2018). La construcción política de la confianza.México: IETD.

Salazar, L. c. (1999). 1997: elecciones y transición a la democracia en México. México: Cal y Arena.

San Miguel, T. y. (2020). La pandemia, el Estado y la normalización de la pesadilla. Desde abajo.

Segovia, R. (1996). La crisis del autoritarismo modernizador. En R. Segovia, Lapidaria política. México: Fondo de Cultura Económica.

Tenorio, M. (2 semestre de 2009 · Política y gobierno). Académicos públicos en el México bicentenario Las enseñanzas de Juan de Mairena. Política y gobierno, Vol.XVI(1), 429-449.

Tocqueville, A. (1996). El antiguo régimen y la revolución. CDMX: Fondo de Cultura Económica.


Esta es una versión modificada de mi artículo que con el título de La gobernabilidad realmente existente aparece en el libro coordinado por Blanca Heredia y Hernán Gómez intitulado 4T claves para decifrar el rompecabezas, Ed. Grijalbo, 2021

[1] Cercas, 2016

[2] En esta dirección conviene puntualizar que, de los mil 598 municipios disputados en México durante 2018, 347 fueron ganados por Morena o por su Coalición (el 21.7 por ciento del total). Mientras más descendemos en los niveles de gobierno, más fragmentada y plural aparece la voluntad nacional. Citado en (Instituto de Estudios para la transición (IETD), diciembre de 2018) Sin embargo como señala Javier Aparicio en Nexos (mayo 2021): “estos resultados deben matizarse dada la heterogeneidad poblacional de los municipios del país. Morena obtuvo la mayoría de los ayuntamientos en los municipios con más de 100 000 habitantes, mientras que los triunfos del PAN y PRI fueron en municipios de menor tamaño”.

[3] Segovia, (1974), 1996,  

[4] Escalante, 2018

[5] “Camou, Los desafíos de la gobernabilidad, Plaza y Valdés, México, 2001, y “La múltiple (in)gobernabilidad: elementos para un análisis conceptual”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 62, núm. 4, octubre-diciembre de 2000, pp. 159-199.

[6]  A estas condiciones en un sentido general y no referidas a México discuten Mayorga y Córdoba (2007).

[7] El concepto de revolución pasiva lo utiliza Gramsci para analizar el período de Il Risorgimiento en la Italia que buscaba unificarse como país a fines del siglo diecinueve y principios del veinte, pero sirve como instrumento analítico para entender mejor la operación política llevada a cabo por AMLO. Regresaré a esto más tarde en este ensayo.

[8] Luis Salazar, 1999

[9] 2009, Política y gobierno

[10] No deja de sorprender la actualidad de un comentario de Alexis de Tocqueville en El Antiguo Régimen y la Revolución (1996, FCE) acerca de estos intelectuales públicos, que él denomina hombres de letras: “¿Cómo unos hombres de letras, sin posición, ni honores, ni riquezas, ni responsabilidad, ni poder, llegaron a constituirse, de hecho, en los principales políticos de su tiempo, e incluso en los únicos, puesto que si los otros ejercían el gobierno, sólo ellos tenían la autoridad?…Viviendo tan alejados de la práctica, ninguna experiencia venía a moderar su natural ardor: nada les advertía de los obstáculos que los hechos existentes podían producir incluso las reformas mas deseables; no tenían la menor idea de los peligros que siempre acompañan aún a las revoluciones más necesarias. Ni siquiera los presentían; pues la ausencia por completo de libertad política hacía que el mundo de los negocios públicos no sólo les fuera poco conocido, sino invisible.” (1996:222-223)

[11] La relocalizacion de las secretarias en diferentes estados se ha congelado y en general la administración pública en este régimene ha demostrado una bajísima capacidad de ejecución.

[12] Hernández Márquez, Pérez Castro, & Pérez Cruz, 2016.

[13] Cortez, 2008.

[14] Gobierno de México, 2019

[15] El concepto de crisis en Gramsci está íntimamente relacionado con su particular visión de la conformación del Estado. Para Gramsci “el estado es hegemónico, es el producto de determinadas relaciones sociales, el complejo de actividades con las cuales las clases dirigentes justifican y mantienen su dominio y logran obtener el consenso activo de sus gobernados. Las instituciones son el escenario de la lucha política de clases”. Cuando estas crisis de transición se prolongan demasiado se presenta “una situación en donde las fuerzas en luchas se equilibran de modo catastrófico, es decir, se equilibran de tal manera que la continuación de la lucha no puede menos que concluir con la destrucción recíproca”. (1975)

[16] Gramsci, 1981

[17] Santiago Levy y Michael Walton (2009) y Carlos Elizondo (2013)