La Cuarta Transformación propuesta por el presidente López Obrador (AMLO) entra en una nueva etapa en su tercer año de gobierno donde una de las tareas esenciales es la de avanzar en el proceso de desmontaje del modelo neoliberal y de limar las asperezas más nocivas de las reformas estructurales emprendidas a lo largo de 35 años de los gobiernos prianistas neoliberales que se sucedieron en el poder político. En ese marco se deben analizar las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas este año por el Congreso.

Ambas leyes tienen como objetivo fortalecer la producción y las finanzas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las dos empresas productivas del Estado más importantes, y las cuales constituyen el corazón del sector energético del país. Como ha sido ampliamente documentado, los gobiernos neoliberales llevaron a cabo una gradual, pero incesante estrategia de debilitamiento y desmantelamiento de esas empresas con el fin de privatizarlas. La joya de la corona de dicha estrategia fue la reforma energética de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), como parte del Pacto por México, mediante la cual entregó a corporaciones privadas, nacionales y trasnacionales, actividades sustantivas del campo de la energía, convirtiendo a Pemex en un mero productor y exportador de crudo, y a la CFE en una generadora y distribuidora subordinada de electricidad, y a ambas entidades prácticamente en administradoras de contratos. Para la aprobación de la reforma constitucional el gobierno recurrió al soborno de los políticos aliados, tal como lo denunció en su proceso judicial, Emilio Lozoya A, ex director general de la petrolera, actualmente enjuiciado por ese y otros casos de corrupción.

Desde las elecciones presidenciales AMLO planteó la necesidad de recuperar la soberanía energética y fortalecer a PEMEX y a la CFE, colocando ambos en el centro de su estrategia económica. En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que establece las directrices generales de la estrategia gubernamental se señala:

“Un propósito de importancia estratégica para la presente administración es el rescate de Pemex y la CFE para que vuelvan a operar como palancas del desarrollo nacional. En ese espíritu, resulta prioritario rehabilitar las refinerías existentes, que se encuentran en una deplorable situación de abandono y saqueo, la construcción de una nueva refinería y la modernización de las instalaciones generadoras de electricidad propiedad del Estado, particularmente las hidroeléctricas, algunas de las cuales operan con maquinaria de 50 años de edad y producen, en general, muy por debajo de su capacidad. Ambas empresas recibirán recursos extraordinarios para la modernización de sus respectivas infraestructuras y se revisará sus cargas fiscales (Presidencia de la República, 2019)”.

Con motivo de la pandemia del coronavirus y la aguda crisis económica que le acompañó, diversas organizaciones empresariales y de la sociedad civil, así como intelectuales defensores del “viejo régimen”, demandaron al gobierno de AMLO modificar de raíz su estrategia económica. Entre otras medidas propusieron detener las obras emblemáticas de la 4T como el Tren Maya, el Corredor Transítsmico de Tehuantepec y el aeropuerto de Santa Lucía; recurrir al endeudamiento público para financiar la lucha en contra de la pandemia; apoyar a los empresarios con problemas para salir de la crisis económica. El 19 de marzo de 2020 el Consejo Coordinador Empresarial, la cúpula de las cúpulas empresariales, exigió en un comunicado la aplicación de “medidas contundentes e inmediatas para evitar la disminución drástica de la inversión, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y preservar el empleo de 21 millones de mexicanos”. En opinión de este organismo, “el Gobierno debe abandonar el objetivo de lograr el 1% del PIB de superávit primario. Los recursos liberados deben ser utilizados para los apoyos a la reactivación de la economía. Si es necesario, tomar deuda de una forma responsable (citado por Expansión, 2020)”. La idea de recurrir al endeudamiento interno y externo para combatir la pandemia y reactivar la economía y de reestructurar el programa de obras fue respaldada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y otras cámaras empresariales, así como por diversos intelectuales y ONG’s opositores de la 4T.

El gobierno rechazó tales propuestas y, por el contrario, refrendó su estrategia económica y planteó su profundización. En un documento presentado el 15 de mayo, López Obrador (AMLO) fijó su posición sobre cómo enfrentar la pandemia y la crisis económica. En el mismo señala que la pandemia “no es la causa principal de la recesión económica global. La pandemia solo vino a precipitar, en medio de un tremendo agotamiento, el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo (López Obrador, 2020)”. Por ello se considera que repetir los esquemas de política económica aplicados en el periodo neoliberal para confrontar la crisis, solo provocaría nuevos ciclos de concentración de la riqueza y “nuevas espirales de corrupción”. La reactivación de la economía y la lucha en contra de la pandemia, según el gobierno, no descansará en el rescate de las grandes corporaciones y bancos como sucedía en el pasado, ni en el incremento del endeudamiento público, sino en el reforzamiento de la “austeridad republicana”, el fortalecimiento de los programas sociales y de los apoyos a los sectores más pobres de la población, así como la continuidad de los proyectos de infraestructura contemplados en el PND.

Me parece importante que el gobierno federal ante la crisis haya mantenido las definiciones estratégicas de la 4T: la separación del poder político del poder económico; la recuperación del sector energético; la soberanía alimentaria; y la continuidad de los grandes proyectos de infraestructura y de los programas de desarrollo del Sureste. Asimismo, que se deseche el recurrir al endeudamiento externo y al auxilio del FMI, así como al rescate de los grandes capitales, al estilo FOBAPROA. El endeudamiento externo, conviene insistir, nunca ha sido un mecanismo de financiamiento que coadyuve al desarrollo, sino más bien un instrumento de dominación imperial que refuerza el subdesarrollo. México no tiene por qué experimentar de nuevo una “década perdida” como en la década de los ochenta.

El contenido de las reformas eléctrica y de hidrocarburos

Dentro del objetivo de recuperar la soberanía y la seguridad energética de la Nación, la reestructuración y reorientación de PEMEX y la CFE ocupan un lugar central. Con el fin de corregir algunos de los aspectos más lesivos para los intereses nacionales de la reforma energética de Peña Nieto, el presidente de la República presentó dos iniciativas de ley preferentes encaminadas a fortalecer a las dos empresas productivas del Estado: la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, ambas aprobadas por el Congreso y publicadas en el Diario Oficial el 9 de marzo y el 29 de abril, respectivamente.

La ley eléctrica tiene como objetivo regular el despacho de la electricidad para recuperar la rectoría del Estado en el mercado. Para ello, la nueva ley establece el siguiente orden en la distribución de la energía generada por las distintas fuentes: plantas hidroeléctricas; geotérmicas; termoeléctricas; nucleares; solares; y en último término, eólicas. En la ley peñanietista, las prioridades eran exactamente las inversas: se daba preferencia a las llamadas energías verdes: solar y eólica dejando al final la energía generada por las plantas de la CFE con el argumento de que de esa forma se combatía el deterioro ambiental y la contaminación (objetivo dudoso en el caso de las plantas eólicas, por los daños territoriales y al tejido social que provoca su instalación, como se han constatado en diversas partes del país).

La nueva Ley establece que se podrán cancelar los contratos, permisos y concesiones, en los casos en que las empresas privadas no cumplan con las condiciones establecidas, o se demuestre que han obtenido los mismos de forma fraudulenta o han hecho un uso ilícito de los mismos. Los permisos de autoabastecimiento podrán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) mediante el procedimiento administrativo correspondiente.

La CFE ha documentado de forma extensiva cómo los productores independientes de energía eólicas y solares, en manos del capital privado y trasnacional, se han beneficiado mediante la firma de contratos lesivos para las finanzas públicas, ya que se han acordado a precios muy altos, lo que en los hechos significa un subsidio encubierto del Estado hacia las corporaciones privadas. ¡El viejo cuento de la privatización de las ganancias y de socialización de las pérdidas! Los privados y los opositores políticos justifican esos contratos leoninos y se oponen a su revisión y ajuste con el argumento tramposo de que el gobierno actual no está interesado en transitar hacia las energías limpias.

El director general de la CFE, Manuel Bartlett, informó recientemente sobre los efectos nocivos del esquema actual de distribución de energía. Señaló que la CFE no despacha el 45% de su energía, debido a que tiene que comprarla a los productores privados de energía (PPI). Se la compran a costo variable y no al costo general de distribución de la empresa, lo que se traduce en una pérdida para la compañía estatal de 222,000 millones de pesos. Además, añadió que la energía comprada se les tiene que pagar el 100% de lo establecido en el contrato, aunque no la entreguen completa por razones de orden climático, como sucede con la energía solar y eólica (Forbes, 2021).

Los contratos de autoabastecimiento fueron creados desde los años noventa, bajo la dudosa justificación de que el país enfrentaba restricciones en la oferta eléctrica. Dichos contratos fueron autorizados con el condicionante de que los PPI consumieran la totalidad de la energía autogenerada. Sin embargo, su operación se ha distorsionado y han creado un mercado negro eléctrico al margen de la CFE. Existen 76,256 empresas, que actúan como “socios de paja” de los PPI, y que, por esa vía dejan de pagar electricidad a la CFE. Un ejemplo de ello son las tiendas OXXO, pertenecientes al Grupo FEMSA (Ibíd).

Las reformas a la Ley de Hidrocarburos, por su parte, están encaminadas a regular la distribución y el mercado de productos refinados en el cual participan, desde la promulgación de la reforma energética neoliberal, además de PEMEX, un buen número de corporaciones y empresas privadas. Busca además como objetivos prioritarios recuperar la soberanía energética y reforzar la seguridad nacional. El decreto establece que las concesiones podrán revocarse si los operadores privados efectúan operaciones ilícitas o delitos de contrabando, o si sus actividades ponen en riesgo la soberanía nacional y energética.

Con la reforma energética de 2013 se abrió el mercado de productos refinados (gasolina, turbosina, diesel, etc). Ello aunado al desplome de la producción interna disparó las importaciones y tornó negativa la balanza comercial petrolera (véanse gráficas 1 y 2).

La caída de la producción de derivados de PEMEX fue un proceso deliberado con la intención de desmantelar la empresa y preparar el terreno para la privatización del sector energético. Varios estudios demuestran la validez de esta afirmación (Pérez, 2019a y 2019b). A lo largo de todo el periodo neoliberal el Estado no construyó una sola refinería y permitió el deterioro progresivo de las refinerías existentes. Ello provocó el derrumbe de la producción de derivados del petróleo (gráfica 3). Y lo que resultó peor, la producción de crudo y gas natural, las cuales supuestamente deberían ser la vocación de PEMEX, no solamente no se expandieron, sino que tendieron a derrumbarse (el gas natural desde 2005 y el crudo desde 2008, debido al práctico abandono de la exploración (véase gráfica 4)

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Fuente: PEMEX

Fuente: PEMEX

Las presiones del gobierno estadounidense y de las trasnacionales petroleras para privatizar a PEMEX tienen una larga data. Más allá de que la expropiación petrolera cardenista nunca fue digerida por los intereses petroleros, siempre fue una preocupación de esos intereses que el formato de empresa petrolera integrada -desde la extracción hasta la producción y distribución de refinados y petroquímicos- fuera exitoso, como en gran medida lo fue hasta la decisión de López Portillo (1976-1982) de convertirlo en exportador de crudo, descuidando la cadena industrial. Desde los años sesenta los intereses norteamericanos que favorecían en el mundo la existencia de compañías petroleras privadas, recelaban de los resultados positivos conseguidos. En un editorial del diario The Wall Street Journal de esos años afirmaban que Pemex “es tan exitoso que preocupa a las firmas de la industria. Temen que otros países sigan el ejemplo de Pemex (…) cuya eficiencia pueda dañar las operaciones petroleras privadas en el resto de América Latina y en el Oriente Medio”. Un gerente citado por el rotativo señaló que le alarmaba que “una empresa publica tan exitosa como PEMEX (llegara a ser) modelo para otros países que se inclinan por nacionalizar su petróleo (citado por Saxe Fernández, 2021).

La revocación de permisos prevista en la nueva ley de Hidrocarburos es imprescindible en el caso de una empresa como PEMEX que ha estado lastrada por la corrupción de sus directivos y del sindicato de sus trabajadores (STPRM) desde hace mucho tiempo. Siempre funcionó como “caja chica” del gobierno federal incluyendo el financiamiento ilegal de elecciones (baste recordar el “pemexgate” del Gobierno de Zedillo para financiar la campaña al candidato priísta, F. Labastida). Más recientemente, el robo descarado de combustibles, el llamado “huachicol” en el que estaban y aún están implicados funcionarios de la paraestatatal imbricados con el crimen organizado y algunos gasolineros. Este negocio ilegal ha sido drásticamente reducido por el combate decidido del gobierno de AMLO. Sin embargo, ha crecido como los hongos un nuevo tipo de huachicol ligado a las importaciones. Estas ingresan por las aduanas fronterizas y por los puertos y evaden al fisco, lo que ocasiona fuertes pérdidas. Por ello, la nueva Ley de Hidrocarburos busca contener esta nueva forma de huachicol, mediante la revisión y eventual cancelación de los contratos de importación a los que se les demuestre actividades fraudulentas y que no demuestren tener capacidad de almacenamiento de los carburantes importados. Por de pronto, la Secretaría de Energía (SENER) ha decidido no conceder nuevos permisos de importación hasta restablecer una regulación eficaz en el mercado (Onexpo, 2021).

La corrupción de la paraestatal ha representado una sangría permanente de las finanzas nacionales y fue un mecanismo de primer orden para engrosar las fortunas de grandes empresas privadas y las de los altos funcionarios de la burocracia gubernamental, un vívido ejemplo de “acumulación por despojo”. El director general de PEMEX, Octavio Romero, informó en la conferencia mañanera del 12 de mayo pasado de varias de las corruptelas que han lastrado la operación y las finanzas de la empresa. Se refirió entre otras, a la compra de Braskem-Idesa, filial de la brasileña Odebrecht, para el suministro de gas etano, operación que obliga a la paraestatal mexicana a entregar 66 mil barriles diarios (bd) a un precio 30% por debajo del precio de referencia, y penalizaciones en caso de incumplimiento; de la compra de Fertinal, una planta quebrada, que era propiedad de un grupo empresarial encabezado por Ricardo Salinas Pliego y Fabio Covarruvias, con un sobreprecio de 410 millones de dólares (md); el rescate de los astilleros españoles de Galicia comprándoles el 50% de las acciones de la empresa, sin haber recibido hasta la fecha ningún pago (citado por Fernández-Vega, 2021); la venta de dos plantas de hidrógeno de las refinerías de Tula y de Cd. Madero, esenciales para la producción de refinados, entregadas a consorcios trasnacionales, por las cuales se han pagado más de 76 md, estando pendientes 146 md durante los próximos veinte años (La Jornada, 2021).

En suma, una larga lista de corruptelas, que probablemente solo sea la punta del iceberg del maridaje de intereses entre algunos segmentos de la oligarquía financiera, el capital trasnacional, el crimen organizado, y la tecnocracia neoliberal que nos gobernó por más de tres décadas. De allí que la entrada en vigor de las leyes eléctrica y de hidrocarburos, en los términos propuestos por el Ejecutivo y aprobados sean piezas fundamentales para la recuperación de la soberanía nacional y el cambio de rumbo de la estrategia económica.

2. Las reacciones ante las nuevas leyes y los reaccionarios

La aprobación de las leyes eléctrica y de hidrocarburos por el Congreso y su promulgación por el Ejecutivo federal provocaron de inmediato reacciones de rechazo de parte de los afectados, de las principales organizaciones empresariales y de los grupos políticos opositores de la 4T y e inclusive de alguno de los organismos autónomos, como es el caso de la Comisión Federal de Competencia (COFECE). La respuesta de estos grupos se ha centrado en dos frentes: el judicial y el político.

En el frente jurídico, no acababan de ser publicadas ambas leyes cuando empezaron a llover amparos promovidos por los afectados, por organizaciones de la sociedad civil y por partidos políticos opositores. México ha entrado de lleno en un proceso de “judicialización de la política”, similar, aunque por motivos diferentes, a los experimentados por otros gobiernos progresistas de América Latina como Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. El poder Judicial se convierte así en uno de los principales diques para frenar las reformas propugnadas por el gobierno de la 4T. La mayoría de las obras públicas emblemáticas del gobierno de AMLO, así como las últimas reformas legales han sido frenadas con amparos, en los que los jueces han decretado suspensiones.

Dos jueces en Materia Administrativa, Especializados en Competencia Económica, Juan Manuel Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, decretaron la suspensión provisional y después la suspensión definitiva en la aplicación de los decretos en materia energética. La medida tiene efectos generales, es decir aplica a todas las empresas involucradas. Los magistrados consideraron que los ordenamientos contienen elementos contrarios a los criterios de libre competencia. Añadieron que este tipo de ventajas también pueden regresar a la petrolera y a la empresa eléctrica a la situación de monopolio que tenían hasta antes de la reforma energética, lo que implicaría “un retroceso” para el desarrollo del sector. Consideran que ambas legislaciones contravienen la Constitución.

Los organismos empresariales, los partidos políticos opositores, los intelectuales orgánicos del neoliberalismo, así como la gran prensa y los medios masivos de comunicación, se han unido en coro a rechazar las nuevas leyes enérgeticas. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), considera que las reformas violan la Constitución y atentan contra la propiedad privada. En un desplegado publicado el 23 de abril, el CCE manifestó que las reformas “podrían generar daños económicos, sociales y ecológicos a nuestro país. Los mexicanos de hoy sufrirán las consecuencias de la caída de la inversión, la escasez de energía, mayores deudas de la CFE y Pemex, mala calidad del aire y problemas de salud derivados de la contaminación. (Estas medidas) amenazan la legalidad, la propiedad privada, los compromisos internacionales, y sobre todo el medio ambiente y la salud de los mexicanos (CCE, 2021)”.

En el mismo tenor, José Medina Mora, actual dirigente de la Confederación Patronal de la República Méxicana (COPARMEX) señaló que “esta reforma afecta la libre competencia, desincentiva inversiones en el sector energético, genera discrecionalidad y daña los bolsillos de los consumidores. Afecta también el Estado de derecho, pues vulnera los principios constitucionales de competencia económica, libre concurrencia y seguridad jurídica, que están contemplados en la Constitución, así como en tratados internacionales que México ha firmado (Medina Mora, 2021)”. Básicamente todas las críticas giran alrededor de las limitaciones a la “libre competencia”, del supuesto atentado que se comete en contra la propiedad privada, el eventual aumento de los precios de los combustibles y los daños al medio ambiente. La prensa internacional ha replicado los pronunciamientos de los opositores de AMLO. Para The Wall Street Journal las nuevas leyes representan un asalto a los inversionistas privados, mientras que la revista británica The Economist llegó al extremo de calificar al presidente México de “falso Mesías” y se atrevió a entrometerse en el proceso electoral, al llamar a votar por el “bloque opositor” en las elecciones intermedias (The Economist, 2021).

3. Conclusiones y retos

La Ley Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos tienen como principales objetivos recuperar la rectoría del Estado en el manejo y el rumbo del sector energético del país; alcanzar la soberanía energética perdida con las políticas neoliberales de apertura externa y, sobre todo con la reforma constitucional de 2013; garantizar la seguridad nacional; reducir al mínimo las importaciones de productos refinados; y corregir las distorsiones y las acciones fraudulentas y corruptas que se desarrollaron al amparo de la liberalización.

Las reformas propuestas por el presidente López Obrador no pretenden modificar el marco constitucional, ni constituyen una amenaza para los negocios privados que actúan dentro de la legalidad, los cuales podrán seguir operando, siempre y cuando respeten la regulación gubernamental. Lo que sí significan es poner por delante la soberanía nacional y poner coto a las operaciones irregulares o corruptas. La compra por parte de Pemex de la refinería de Deer Park en Texas es una decisión acertada que nos permitirá, junto con la terminación de la refinería de Dos Bocas y la reconfiguración de las refinerías existentes, alcanzar la autosuficiencia en materia de combustibles en 2023, según el ofrecimiento gubernamental. Al terminar el sexenio de Peña Nieto, las importaciones de combustible representaban el 80% del consumo nacional, contra 10% en 1993.

El rechazo de las reformas que aducen que el gobierno se opone al desarrollo de las “energías verdes” es un argumento tramposo. A los intelectuales opositores, en particular, les gusta envolverse en la bandera de defensores del medio ambiente. Es cierto que el mundo incluido México, debe avanzar en la transición energética hacia el uso de energías limpias, pero ello no es un objetivo que pueda alcanzarse en el corto y mediano plazo, sino que reclama un plan de largo plazo, que por supuesto habrá que diseñarlo ya. Es falso, además que el uso creciente de automotores eléctricos avance a tal velocidad que, en pocos años, la utilización de combustibles fósiles pasará a la historia. Que el petróleo es un recurso no renovable que terminará agotándose, es una verdad irrefutable. Pero que su uso como fuente de energía está por extinguirse, es falso. El uso del oro negro como fuente de energía principal, durará por varias décadas, al menos mientras sobreviva el capitalismo tal como lo conocemos y el consumismo que le es consustancial. El petróleo sigue siendo un recurso estratégico, motivo de guerras y de luchas geopolíticas. Por lo mismo su preservación por parte del Estado mexicano y la soberanía sobre su uso, que es el objetivo principal de las reformas, resulta prioritario.

La resistencia del gran empresariado -en algunos casos vinculado a actividades criminales como en el caso del huachicol nacional o el relacionado con las importaciones de gasolina- a perder sus privilegios, ha impedido encauzar las diferencias sobre los decretos por el camino del diálogo y la negociación. Por el contrario, se ha preferido llevar el conflicto al terreno judicial y al terreno político.

Es palpable que México atraviesa desde la llegada de López Obrador al gobierno un clima de abierta polarización política. Se trata de una auténtica “guerra política” entre un segmento importante de la oligarquía financiera mexicana, fracción hegemónica del poder económico, y sus adláteres en contra del gobierno (Guillén, 2020); es la disputa de dos proyectos: el proyecto nacional de transformación encabezado por el lopezobradorismo, y el proyecto neoliberal encabezado por las élites, las cuales pretenden preservar sus privilegios. Este clima de confrontación se ha exacerbado ante la proximidad de las elecciones intermedias de 2021. Las reformas eléctrica y de hidrocarburos están subordinadas a esta disputa.

Seguramente al salir a la luz este artículo, las elecciones ya estarán decididas y definido el balance entre las fuerzas en disputa y el curso futuro de la Nación. La suerte de las reformas del sector energético y de la transformación del país, dependerá, en buena medida del resultado de los comicios. De cualquier forma, será el fin de una batalla, pero la “guerra” continuará.

Referencias bibliográficas

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Expansión (2020). El CCE propone 10 medidas para reducir el impacto económico del coronavirushttps://expansion.mx/empresas/2020/03/19/el-cce-propone-10-medidas-para-reducir-el-impacto-economico-del-coronavirus

Fernández Vega, Carlos (2021). “empresarios, Pemex pagó por hidrógeno lo que obtuvo con la venta de dos plantas”. La Jornada, 14 de mayo.

Forbes (2021). “CFE acusa subsidios millonarios a grandes empresas”. México, 26 de marzo. https://www.forbes.com.mx/cfe-acusa-subsidios-millonarios-a-grandes-empresas/

Guillén, Arturo (2020). “México, pandemia, crisis económica y ‘guerra’ política” en Pascual, García y Rodolfo García Zamora, 2020: La pandemia del capitalismo global, Dublín, CMD Machdohnil Ltd, págs.. 245-267.

López Obrador, Manuel (2020). La nueva política económica en tiempos del coronavirus, México, 15 de mayo file:///Users/arturoguillen/Downloads/LA-NUEVA-POLI%CC%81TICA-ECONO%CC%81MICA-EN-LOS-TIEMPOS-DEL-CORONAVIRUS-15-MAYO-2020%20(1).pdf

Medina Mora, José. (2021). Ley de hidrocarburos vs estado de derecho. México, Coparmex. https://coparmex.org.mx/ley-de-hidrocarburos-vs-estado-de-derecho

Pérez, Ana Lilia ( 2019 a). Pemex Rip. México, Grijalbo, segunda reimpresión

—— (2019b). El cártel negro. México Grijalbo, segunda edición.

Onexpo (2021). “Huachicol fiscal inunda al país de gasolinas: Nahle”. México, https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/HUACHICOL-FISCAL-INUNDA-AL-PAIS-DE-GASOLINAS-NAHLE_xXgYY/

——(2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. México. https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf

Saxe Fernández, John (2021). “¿Detener recuperación de Pemex y de CFE? La Jornada. 20 de mayo.

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Profesor-Investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAM-I). Agradezco a la Lic. Bryanda Ruiz R. por su valioso apoyo para la elaboración del presente artículo.