Historia y política
La emergencia del neoliberalismo implicó la presunción de la instauración de un tiempo presente eterno, un presentismo que no sólo cancelaba el futuro como condición de la construcción utópica de una sociedad diferente, también trató de imponer un corte de lazos con el pasado. Este último punto, más allá de la ignorancia de quienes gobernaron el país en la larga noche del prianismo, significó por un lado, el desprecio a todas las tradiciones de lucha y de resistencia, y de otro lado, la continuidad de formas de exclusión social. El discurso de la competencia y el dominio del mercado como regulador de lo social implicó una desatención con los otros, no únicamente con quienes me situó cara a cara, sino también con aquellos con quienes construyo mi intersubjetividad estableciendo nexos entre los que me precedieron y quienes están porvenir. La competencia exige mirar al otro siempre como aquel que debe ser aniquilado.
Esta ideología de éxito empresarial, de los vencedores que miran al otro como el aniquilado, jugó un papel fundamental en los cambios y los usos de los símbolos históricos. Mientras que con Enrique Peña Nieto se mostró un desprecio absoluto por los símbolos patrios, siendo el caso más recordado el de la colocación errónea de la Bandera el día de su celebración en 2018, ante lo cual, de manera despreocupada, el entonces presidente afirmó: “no importa si está al revés o al derecho, hacia atrás o hacia adelante, la Bandera es el símbolo que nos da sentido de identidad, de pertenencia, de orgullo”.[1] Una explicación digna de alguien que no entendía que en la política la forma también es fondo. Pero recordemos la justificación que ofreció la presidencia encabezada por Vicente Fox al cuestionamiento de la llamada “águila mocha”, que sustituyó al tradicional escudo nacional, en la cual “la imagen –argumentaban— conjuga, de manera equilibrada, al águila devorando una serpiente, destacando sus características de fuerza, dominio y supremacía; e integrando tres pendones, con los colores de la Bandera Nacional, en un movimiento dinámico y moderno, siempre ascendente”.[2] Sin olvidar, también a Felipe Calderón quien en los festejos del Bicentenario de 2010 distribuyó a la ciudadanía una carta en la cual explicaba su visión del significado de la bandera mexicana, donde la pose del águila simboliza “su posición de combate hace referencia a que todos los mexicanos estamos listos para enfrentar los retos que la vida y el mundo nos presentan”.[3] Como podemos ver, en estas breves rememoraciones, no sólo hay una lógica del éxito, sino también un vaciamiento del contenido histórico y simbólico del significado de los elementos del águila y la serpiente como figuras míticas y configuradoras de la cosmovisión indígena.
El impacto del neoliberalismo, no se ciñó a los símbolos patrios, en la narrativa histórica se instauró también en la crítica al estado benefactor, que si bien nunca se constituyó con plenitud en México, desde el punto de vista neoliberal, tenía similitudes con el estado corporativista siendo el centro de anquilosamiento de las dinámicas económicas. Basta observar, los discursos de la crítica al estado posrevolucionario desde la década de los ochenta y la puesta en cuestión de la necesidad de los sindicatos como formas de intervención y regulación de la vida social. Aunque en este punto de la crítica convergieron posturas tanto de derecha como de izquierda hay una gran diferencia en ambas, las primeras forjaron un imaginario en el cual la lógica de los privilegios era condición esencial del corporativismo, mientras que los segundos pugnaban por la necesidad de la democratización sindical, una apuesta que poco a poco fue abandonada por la emergencia de los llamados nuevos movimientos sociales y el fetiche de las llamadas nuevas maneras de hacer política.
Esta denuncia del corporativismo fue paralela a una creciente narrativa que ponía en el centro de la política a la ciudadanía movilizada e instauró la idea de una contraposición férrea entre Estado y sociedad civil. El sujeto político que comienza a imperar en esta visión es aquel ciudadano responsable, que no busca las dádivas del Estado, que no se atiene al paternalismo y que tampoco tiene relación con la vieja política. Así, la lucha por la democratización en abstracto, haciendo a un lado la lucha de derechos laborales y sociales, queda subordinada a la narrativa de la ciudadanía responsable.[4] Podríamos decir que a partir de este momento opera un cambio de la subjetividad liberal a la neoliberal. Lo que tenemos aquí es el cambio en la consideración del sujeto como soberano mercantil al soberano despótico en el ámbito mercantil:
Entre las condiciones de existencia del mercado se encuentra la necesidad de una subjetividad adecuada que opera en el mercado como agente racional; de ahí que la política social debe ir en el sentido de reforzar la soberanía individual y, por lo tanto, contrarrestar el proceso de masificación que desvirtúa al individuo. Los neoliberales proponen un reforzamiento de la propiedad privada mediante una capitalización, lo más generalizada posible, para todas las clases sociales, mediante una política social individual que se opone a la política social socialista que masifica. El éxito de esta política depende del crecimiento económico que, por lo tanto, se convierte en motor de la política social. Esta relación entre crecimiento económico y política social se denominará economía social del mercado.[5]
La cuestión de la desmantelación de los raquíticos y nunca acabados estados benefactores latinoamericanos, y especialmente el mexicano, dará paso con esta narrativa a la figura del emprendedor, como la predilecta del individuo empresa, o del llamado homo economicus neoliberal. Por ello, toda visión de un Estado que reconozca los derechos laborales y las políticas públicas de asistencia social será tachada de populista y de anacrónica, pues remite a una figura histórica de la estatalidad presuntamente ya superada y demostrada históricamente como un fracaso rotundo.
Esta narrativa de la ciudadanización implicó todo un cambio en la manera de concebir la crítica al priismo. Pues no sólo implicaba un desmontaje de la revolución mexicana como la matriz de ese estado corporativista, sino que de manera general se hacía una revisión del liberalismo político desde la óptica de las ilusiones modernizadoras del priismo.[6] Así, se anteponía la idea de que desde la independencia de México hasta mediados del siglo XX el liberalismo mexicano se sustentaba bajo premisas que impidieron la modernización del país: corporativismo, paternalismo, vecindad, caudillismo y una idea de un estado débil que nunca pudo ser protagónico frente al clientelismo de las elites políticas. Para el revisionismo historiográfico estos fueron los elementos que no permitieron la creación de una ciudadanía responsable desde el siglo XIX, pero también y de manera paralela frustraron los atisbos de modernización bajo el régimen de Maximiliano y de Porfirio Díaz.
Este revisionismo historiográfico -que en el fondo denostaba el aspecto plebeyo del liberalismo social (que rescataba el nacionalismo revolucionario), y apuntaba sus miras contra los episodios y el significado histórico de figuras como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas-, encontró eco en la reescritura de la historia que el régimen foxista trató de imponer:
Porque es una misma y única lógica la que lleva a Fox a visitar la Basílica de Guadalupe inmediatamente antes de su toma de posesión como Presidente –provocando el grito repetido de “Juárez, Juárez” durante su primer discurso como Presidente—, y a una autoridad panista de la Ciudad de Veracruz a proponer la erección de un monumento a Porfirio Díaz en ese mismo Puerto, que la que ha llevado al Secretario de Trabajo a condenar recientemente el legado juarista, o a ciertos funcionarios e historiadores queretanos a tratar de “blanquear” la imagen del traidor Mejía. Pero también es esa la lógica que articula el debate propuesto en una revista periodística de revisar a fondo la historia de México para “desacralizar” a nuestros héroes y para “desatanizar” a nuestros villanos, o el intento oprobioso de Vicente Fox de apropiarse del movimiento de 1968 en México, en calidad de simple y banalizado antecedente precursor de su propio triunfo en el año 2000.[7]
No es casualidad que desde su intervención en el espacio político el movimiento obradorista respondió a esta ofensiva conservadora del foxismo -y de los sexenios posteriores- con una amplio despliegue de símbolos y sentidos históricos que han intentado posicionar una historia plebeya y popular, en la cual uno de los cambios significativos en los últimos años es la incorporación de figuras y sentidos de la izquierda radical y comunista del siglo XX, haciendo de la Cuarta transformación (4T) un árbol de varias raíces.[8]
La lucha por la 4T, el proceso de cambio en el que hoy estamos inmersos, ha implicado un combate contra el olvido premeditado de los prianistas y contra el sentido de amnesia histórica impuesto por el neoliberalismo. Dotar de Política a la Historia en estos momentos significa restituir el vínculo y el compromiso que tenemos no solo con quienes forjamos nuestro presente sino también con aquellos que nos antecedieron y quienes están por-venir. Hay que destacar este retorno, porque el retorno de la política en la historia, “reinserta a los individuos en un ámbito colectivo, en una imaginación del arraigo, en una nueva ficción de la pertenencia al país”.[9]
Historia y perdón
La recuperación de lo público sobre lo privado incluye también politizar y dar un nuevo sentido a la construcción del imaginario social del país. Este punto lo ha estado labrando a contracorriente del conservadurismo neoliberal el movimiento obradorista desde el desafuero, tratando de instaurar una gramática distinta a la neoliberal en la cual priman las nociones de esperanza, amor, república amorosa, dignidad, perdón, reconciliación, moral, etc. Este uso del lenguaje trata de instituir un espacio público diferente al Estado bélico y necropolítico que instauró el prianismo. No basta, pero es un punto de arranque para resignificar el país que habitamos.
En este cruce de gramática/política/historia el sentido del perdón ha potencializado muchas de las líneas de acción de la política obradorista; todas ellas han causado varias polémicas.
La cuestión del perdón implica establecer un debate sobre la memoria histórica y las políticas de la memoria impulsadas por el Estado. Este debate que a nivel mundial se ha generalizado a partir de la década de 1990, y que comúnmente se establece en sociedades de transición política también es importante en Estados democráticos consolidados. En este sentido, el debate sobre el perdón y la memoria histórica pone el acento en el hecho de que los aspectos negativos del Estado, sus políticas de agravios y de violencia contra la sociedad misma son cuestiones que se deben de poner de manifiesto para no ocultar la cuestión de la verdad histórica sobre la manera en que los estados y las sociedades se han constituido. Uno de los temas más sensibles en este rubro es el acto de petición de perdón y desagravio del Estado mexicano a las víctimas de la guerra sucia de las anteriores décadas y la cuestión más reciente del caso de los normalistas de Ayotzinapa. En este punto tan sensible la memoria aparece como un llamamiento a la construcción de un futuro pacificado.
De la misma manera se ha establecido una amplia consideración sobre los desagravios a las culturas y comunidades indígenas que forman parte de esta abigarrada unidad que le da sentido a la nación mexicana. Este proceso ha comenzado con la petición de Perdón del Estado mexicano a los pueblos mayas y yaquis. El gesto que realiza AMLO con esta petición, no sólo se muestra como respuesta y ejemplo a algunas críticas de la petición realizada al papado y el Estado español, sino también significa asumir que la situación de dominio, explotación y aniquilamiento que ha mantenido a los pueblos indígenas del país es consecuencia de las políticas genocidas y de expoliación de la tierra y de la riqueza material e inmaterial realizada durante el periodo de la colonial y el tiempo que llevamos como Estado independiente. Que esto sea aceptado desde el mismo Estado es un reconocimiento del contubernio realizado por las élites políticas y económicas y su responsabilidad en la prolongación de una situación de agravio.
En una vía similar se encuentran los actos de perdón y desagravio a la comunidad china, sin olvidar el reconocimiento y el compromiso con el pueblo afromexicano. Establecer estos actos desde la presidencia de la República significa reconocer la diversidad que nos constituye y establece una mirada distinta a la de las élites locales que siguen manifestando de distintas maneras el racismo y la exclusión para invisibilizar y negar dicha diversidad.
Hoy el debate sobre el perdón trasciende también el escenario meramente nacional y se plantea como una exigencia con el Estado español y el papado católico, en concreto por el genocidio que significó el proceso de conquista y por los siglos de explotación, dominación, saqueos y abusos que sufrieron las poblaciones indígenas en esta región. Esta petición que ha sido asumida por el Papa Francisco y se ha manifestado el pasado 27 de septiembre del presente año, ha sido tajantemente rechazada por la Corona española y por la élite colonizada de nuestro país.
La cuestión del perdón vista en sus múltiples implicaciones del proceso histórico que ha vivido el país desde la conquista hasta la actualidad, cobra un fuerte sentido liberador como se apunta en la Guía ética para la transformación de México. La importancia del reconocimiento del perdón es una tarea democrática porque nos implica a todas y todos como sociedad. Por ello, el gesto de hacerlo desde el Estado apunta al fortalecimiento de una política que trata de alejarse de las pretensiones totalitarias o autoritarias de la institución política. Aunque puede haber sospechas del aspecto utilitario del Estado mexicano, no deja de ser importante la discusión que se abre en la sociedad sobre las faltas y los agravios que no sólo se han hecho desde el Estado sino en aquellas que reproducimos en la cotidianidad. Finalmente, el avance de la democracia apela a la discusión pública y abierta de los asuntos que nos afectan como comunidad. La responsabilidad diferenciada es importante en este asunto porque la reconciliación colectiva no implica impunidad. Por ello, los actos de desagravios a las víctimas de la violencia y los sectores históricamente racializados y discriminados tensa y asusta a esas mismas élites y oligarquías locales que han fomentado esas violencias y esas narraciones históricas que invisibilizan y ocultan la verdad sobre los hechos, para mantener el control social.
El perdón en la 4T
Apelar a la memoria histórica colectiva no es anclarse en un análisis del pasado para buscar revanchas y actualizar odios, esto más bien se orienta en la necesidad que hay de mirar el pasado para poder redefinir el futuro. De esta manera la fuerza política de este hecho resulta relevante e incluso un recurso de fortalecimiento democrático, pues además del reconocimiento del sufrimiento de un grupo (reconocer para no repetir), estas políticas se dirigen a la rehabilitación múltiples identidades a través de la preservación su memoria colectiva. Estas son heridas que siguen abiertas y sobre las cuales las élites y las oligarquías locales han reaccionado de manera fuerte haciendo explicito su racismo y discriminación, pero también su conservadurismo político. Si bien, la regeneración nacional, teniendo como punto de partida la instauración de una gramática política y una narrativa histórica distinta a la de las élites que han gobernado este país durante décadas, se fomenta desde arriba, desde el Estado, este proceso tiene como premisas las esperanzas, las necesidades, los anhelos de justicia y de inclusión de los de abajo.
[1] “Palabras del Presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, durante la conmemoración del Día de la Bandera”, 24 de febrero de 2018, en https://www.gob.mx/epn/prensa
[2] Alejandro Torres, “Costó 287 mil el diseño de efímera ‘águila mocha’”, El Universal, lunes 16 de febrero de 2004, versión electrónica https://archivo.eluniversal.cm.mx/nación/107801.html
[3] Laura Poy Solano, “Preocupa a historiadores uso político que da Calderón a símbolos patrios”, La Jornada, 1 de septiembre de 2010, versión electrónica https://www.jrnada.com.mx/2010/09/01/política/016n2pol
[4] Alejandra M. Leal Martínez, “Neoliberalismo, Estado y ciudadanía. La crisis del “pacto revolucionario” en torno al sismo de 1985”, Relaciones. Estudios de historia y sociedad, No. 147, verano 2016, pp. 51-84.
[5] Enzo del Búfalo, Notas de Babilonia, Caracas, FACES-UCV/EBUC, p. 597.
[6] Es amplia la bibliografía que se podría ubicar en este punto, pero quizá el libro más emblemático sea el de Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos imaginarios, producto de su tesis de doctorado en El Colegio de México en 1992. Además de que habrá que decir que Escalante Gonzalbo ha trabajado de manera fuerte los vínculos entre ciudadanía y neoliberalismo, para el autor el problema con el neoliberalismo es la ideología que piensa que su mayor propuesta es la de autonomización total del mercado, para él el neoliberalismo implicaría una intervención estatal fuerte pero que desmantele el corporativismo, puesto que este elemento mina la fortaleza de la figura del ciudadano. No es casualidad que en los recientes balances que ha realizado este autor sobre la cuarta transformación vea en este proceso la encarnación de todo aquello que ha tratado de combatir en el terreno historiográfico. Véase deeste autor su libro sobre La historia mínima del neoliberalismo, y sus artículos “La democracia difícil. Clientelismo y ciudadanía en México” (2015) y “Otra década neoliberal (Ludwig von Mises escucha la segunda de Mahler)” (2020).
[7] Carlos Antonio Aguirre Rojas, Mitos y olvidos en la historia oficial de México. Memorias y contramemorias en la nueva disputa en torno del pasado y del presente histórico mexicanos, 2004, p. 24, versión electrónica culturahistorica.org/wp-content/uploads/2020/02/Aguirre-mitos_y_olvidos.pdf
[8] Toda esta discusión que hemos tratado de señalar aunque sea de manera breve en este apartado tiene su correlato en la incorporación de una visión neoliberal en la enseñanza de la historia en la educación básica. Véase para ello, la revisión que realiza Sebastián Pla de las reformas educativas en México en 1993, 2006, 2009 y 2011, demostrando cómo “el uso político de la historia, se metamorfosea para responder a las concepciones de ciudadanía y de mercado que predominan en la actualidad mexicana”. Véase Sebastián Plá, “La enseñanza de la historia en México, o la fabricación del ‘último mexicano’ (1993-2011)”, Historiografías, No.4, julio-diciembre 2012, pp. 47-61.
[9] Fabrizio Mejía Madrid, “Los amos invisibles. La 4T y las mentalidades”, Memoria. Revista de crítica militante, 25 de mayo de 2021, versión electrónica revistamemoria.mex/?p=3339