La configuración de las fuerzas políticas en México, a mitad del sexenio, y el balance de poder parecen mostrar al 2022 como un año de confrontación decisiva en al menos tres cuestiones altamente disputadas: la reforma energética, la revocación de mandato y la posibilidad de apuntar hacia una reforma electoral. Al proyecto de la Cuarta Transformación se le pretendería criticar desde diversos frentes, pero básicamente a través de un planteamiento hueco, pueril y repetitivo: mostrar que todo lo emprendido por este gobierno no estaría dando los resultados esperados, o como lo ha sintetizado, recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, “nuestros adversarios no quieren que hagamos nada, o que todo nos salga mal … para que la gente se nos voltee […] la apuesta … a que nos vaya mal”[1].
I
Con sus matices, y a través de discursos específicos, al planteamiento lopezobradorista que insiste en la necesidad de empujar un cambio en el régimen político, se le opondrían una cada vez más detectable articulación de fuerzas en un bloque opositor de las derechas (tradicionales, del PAN y el PRI, moderadas, de Movimiento Ciudadano, o casi extintas, de los retoños de los ex chuchos del PRD), el que ha adquirido diversas denominaciones, la más reciente, “Sí por México”, y también se han registrado situaciones en que el reclamo proviene de una serie de grupos y movimientos sociales de la llamada izquierda no partidaria. Algo en lo que comulgarían dichos agrupamientos de fuerzas o espacios de expresión ideológica (no tanto plural, sino de inclinaciones diametralmente opuestas, en su confrontación anti obradorista) sería en el señalamiento (desde una pretendida izquierda) de que toda propuesta política, en el marco del neoliberalismo, es prácticamente indistinguible, o eminentemente ineficaz (desde la derechas); con lo cual se brindaría una corroboración al alegato “mediático” y despolitizador de que todos los partidos, los políticos que los integran y sus expresiones programáticas y estratégicas no son sino “más de lo mismo”.
En cada uno de estos aspectos, la ofensiva comunicacional, que no es otra que la expresión del poderío de los grupos económicos que controlan los grandes medios de difusión masiva (en la prensa, la televisión abierta y las empresas dueñas de las redes sociales), registró en las últimas semanas dos tópicos en los que se habría de fincar la posibilidad de restarle o sustraerle simpatías a la aprobación del gobierno de la Cuarta Transformación. En primer lugar, se emprendió una campaña bajo el “supuesto” señalamiento de actos sospechosos (que involucrarían corrupción) en los que habrían incurrido integrantes de la familia del primer mandatario, señaladamente el hijo mayor del presidente[2] y, en segundo lugar, solo unas semanas después, a través de las recientes declaraciones de sus ex colaboradores inmediatos (cosa que lo involucraría de manera más indirecta), cuyo propósito habría sido minar la credibilidad del equipo de gobierno.[3] En cada uno de estos casos el ataque estaba dirigido contra López Obrador y para tratar de fracturar una de sus estrategias más preciadas y difundidas: la lucha contra la corrupción.
Estas campañas por desacreditar al gobierno de Morena arreciaron justo en el momento en que se colocaba el debate ante la opinión pública sobre la necesidad de aprobar la nueva reforma energética que revirtiera el daño al erario que significó la reforma constitucional que venían intentando imponer los neoliberales desde Fox y que consumó Peña Nieto y el “Pacto por México”. Eran esas las razones de inconformidad por parte de los grupos de capital que han lucrado con la industria eléctrica, tanto estadounidenses como del estado español, como Iberdrola y otros emporios; era otra dimensión de esa pugna que ya se estaba dando en tribunales con la lluvia de amparos para no acatar las nuevas disposiciones del gobierno obradorista, en su propuesta de la ley eléctrica, y su envío del litigio a la Suprema Corte de la Nación (cuestión en la que no se ha emitido el dictamen final) pero, en este caso, ya se había simultáneamente encaminado su trato y posible posterior votación por el Poder Legislativo (lo que previsiblemente ocurrirá en los siguientes meses), por ello fue que, desde el Poder Ejecutivo se había decretado la “pausa” en las relaciones con España, y luego esos grupos impulsaron el punto de acuerdo desde el Parlamento Europeo que pretendía una especie de censura a las políticas impulsadas por el gobierno de AMLO, como si de un plumazo se hubieran olvidado o hubieran recaído en su “inconsciente colonial”, para no ver y menos asumir que un estado independiente (México), puede definir soberanamente sus disposiciones y normas fundamentales, y más en un rubro tan decisivo como el de la política energética. Hoy, que se ha desatado la guerra en Ucrania, y que no solo España sino hasta Alemania están en un predicamento para superar la crisis en ese ramo se dimensiona lo estratégico en recobrar el papel rector del Estado y devolver al control de la nación “al menos” el 54% de la producción eléctrica, eso es lo que se encuentra en juego.
II
En estos días más recientes la estrategia opositora demostró patéticamente otra de sus caras, la consistente en regatearle o de plano no reconocerles logro alguno a las políticas públicas, a la gestión administrativa, o a las grandes obras de infraestructura impulsadas o llevadas a cabo por el gobierno de la 4T. En esa postura se juntan “tirios y troyanos”, grupos de la derecha conservadora y ciertos agrupamientos de la llamada izquierda anti-capitalista, una coincidencia que, por reiterada, ya no parece sorpresiva. El episodio más reciente involucró la puesta en marcha del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y volvió a exhibir una serie de expresiones, por parte de lo opositores conservadores, que les exhibieron de cuerpo entero y en una clara propensión ya no meramente elitista sino rabiosamente racista.
La inauguración del AIFA resulta especialmente dolorosa para los adversarios de la 4T dado que ahí quedan expuestos los claros contrastes entre el nuevo régimen que se pretende estatuir luego del triunfo electoral del pueblo de México, el 1 de julio de 2018, y las fuerzas políticas y sectores sociales que pretenden restituir el régimen político anterior del PRIAN, y que, por ello, no resulta arbitrario designar como “conservadores”: dado que políticamente optan por una posición reactiva al avance obtenido y, por otro lado, tratan de conservar los privilegios que obtenían y con los que lucraban bajo el orden político neoliberal. Desde que arrancó este gobierno, y aún antes, el caso de la decisión sobre el nuevo aeropuerto confrontaba dos visiones del país. De un lado, una presumiblemente interminable máquina de succión del presupuesto público, en la que decidía el interés corporativo del capital y la lógica del rendimiento económico privado, del otro, un proyecto realizable y eficaz en el que se anteponía el interés colectivo (que ya se habría expresado en la consulta que optó por la cancelación del proyecto anterior) con miras a que los rendimientos obtenibles le fueran redituables a la nación.
Basta recordar que dos expresiones materiales gigantescas del grado de corrupción a que se había llegado en los dos últimos sexenios neoliberales de Calderón y Peña Nieto, involucraron a la industria aeronáutica, por un lado, la compra del avión presidencial de lujos “asiáticos”, que lo volvieron prácticamente invendible para recuperar algo de ese dinero malgastado y, por el otro, la puesta en marcha de los trabajos para edificar en pleno lago de Texcoco el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que, ahora se sabe,[4] no habría adelantado inversión privada alguna sino que apostaba a la obtención de rendimientos ficticios por la cancelación de contratos, y que involucraba un proyecto arquitectónico y un prodigio de la ingeniería, pero en la mira a embolsarse a perpetuidad gastos de mantenimiento que irían al bolsillo de los empresarios beneficiarios en ese específico renglón y, por el otro, una mafiosa revaloración de toda una gigantesca área de terrenos con el fin de alimentar las fauces del pulpo inmobiliario, y de impulsar la construcción de centros comerciales, contenedores y bodegas, proyectados alrededor de esa pantagruélica obra.
La realización del AIFA se sobrepuso a todo tipo de señalamientos mediáticos respecto a la “inoperatividad de las nuevas instalaciones”, aduciendo que “había una montaña cerca”, que “no podían operar dos aeropuertos a la vez”, que “no había arterias de comunicación suficientes”, etcétera. Por ello, la entrega de la obra del AIFA, en tiempo y forma, apegándose al gasto programado y autorizado, es una muestra tangible de que las cosas se pueden hacer de otro modo, con una buena gestión pública, sin corrupción en las áreas de gobierno, y recobrando el papel rector del Estado.
III
Desde este mirador se puede apreciar el protagonismo desempeñado por otro factor de poder del antiguo régimen, el Instituto Nacional Electoral (INE) y sus consejeros más oficiosos, que han mostrado estar decididos a poner todo tipo de obstáculos con tal de contener el arraigo social del proyecto de la Cuarta Transformación. De ahí que, por un lado, desde el comienzo de esta administración han sido férreos contrincantes para frenar las conferencias mañaneras, para evitar que se informe sobre la acción de gobierno y que eso sea enmarcado en el renglón de “propaganda gubernamental”. Por otro lado, se han erigido en una especie de cuarto poder, en el intento de hacer aparecer el proceso de cambio que estamos viviendo como atado al esquema de transición maniatada o dirigida que se ensayó con la alternancia del PRIAN, queriendo quitarle legitimidad al desmantelamiento de los antiguos códigos (ocultos) de los poderes establecidos y fácticos y al impulso de un nuevo ordenamiento político, que democratice una “democracia” que se habría extraviado en su dimensión instrumental. Las autoridades del INE, como expresión de los organismos autónomos prefigurados y remasterizados con el objetivo de asegurar la persistencia del neoliberalismo, apuestan y legislan para reinstalar o reconstruir el antiguo régimen, y para defender los privilegios con que se les premiaba su acción decisiva en algunos casos u omisión permisiva en otros. Ya se dejó traslucir ese desempeño en cuanto a la realización de la Consulta que tenía la intención de acreditar el enjuiciamiento a los ex mandatarios, por el acumulado de agravios que ejercieron sobre el pueblo de México, y con lo que dejaron una pesada herencia para recomponer el destino de la nación. Si ya la intervención de la Suprema Corte había desdibujado la pregunta, y casi dejado sin filo el ejercicio; el complemento necesario lo aportó el INE con una muy pobre, por no decir nula, difusión, y con la instalación de una tercera parte de las casillas en el país, y de su traslado en algunos casos a lugares remotos, con pocas boletas para ejercer el sufragio, y escasas casillas especiales para votantes que se encontraran en tránsito y hubieran deseado ejercer ese derecho. No obstante, aún con ese tipo de trabas y obstáculos, cerca de siete millones de personas participaron del ejercicio de consulta ciudadana, fungieron como agentes en quienes encarna el impulso a la práctica de una democracia participativa.
En una reunión reciente, a propósito de su viaje a México para impartir conferencias sobre “Educación popular y revolución de las conciencias”, Frei Betto sostenía que una de las dificultades de todo proceso de transformación reside en que se ha instalado en nuestros países la percepción de que las sociedades ejercen apenas periódicamente o acuden siquiera (según lo que duren los relevos de gobierno) a un ejercicio de “democracia delegativa”, y que esa situación descansa o se retroalimenta por otra traba, que las clases dominantes son las que usufructúan la “democracia representativa”,[5] pues ven reafirmado su poder tanto en los recintos legislativos, como en el poder judicial y en los poderes fácticos, por el contrario, el elemento que debiera impulsar la justicia social y su legitimidad está por desarrollarse, pues es apenas incipiente el desarrollo de una muy necesaria “democracia participativa” que no solo involucre a los ciudadanos (en su ejercicio del voto), sino a pueblos y comunidades que la hagan suya como una práctica para alcanzar sociedades más igualitarias y justas.
Por lo demostrado durante la anterior consulta, y por lo hasta ahora actuado, el INE parece faltar a su propósito esencial, como entidad o institución que impulse la cultura democrática, por el contrario, parece querer obstaculizarla. Y no solo eso, prácticamente se ha puesto en condición de desacato ante lo que le indica un ordenamiento constitucional, toda vez que desde el 13 de septiembre de 2021 fue aprobada por el Congreso, como ley reglamentaria de la Fracción IX del artículo 35 de la Carta Magna, la “Ley Federal de Revocación de Mandato”, la que está diseñada para brindar a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos la posibilidad de “determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”, la cual puede derivar por la valoración social de actos flagrantes o significativos de corrupción, de mal ejercicio o “desvío de poder”, o hasta por la comisión de delitos. Es, pues, una materialización (con la debida acreditación de los requisitos que, dicho sea de paso, son puestos en un nivel altísimo para su cumplimiento), del principio del “mandar obedeciendo”. Lejano a esa consideración, el árbitro electoral (INE) decidió presentar una postura que, para dar apenas trámite a ese principio constitucional, colocaba su exigencia presupuestaria muy por lo alto, y permanentemente efectuó un compromiso para su desarrollo muy por lo bajo, esto es, aprovechando las ambigüedades con las que el Congreso aprobó el ordenamiento, ejerció una suerte de chantaje financiero (y hasta se amparó ante el máximo órgano de justicia, para no dar claro cumplimiento de la ley) para concluir con una instalación de mesas de votación muy por debajo de lo que le obliga un ejercicio ciudadano de tal magnitud, y una difusión con un uso muy limitado, y de mensaje insustancial, de los tiempos de radiodifusión que le corresponden al gobierno federal. Con toda esa lista de artimañas, mostró una actitud, como algunos periodistas lo señalaron, de franco boicot al ejercicio ciudadano de ese derecho. La ley de revocación de mandato se atiene a lo que ha sostenido, recientemente, una importante pensadora, pues, como ella indica, “las reformas institucionales deberían tener por objetivo aumentar, en lugar de disminuir, la capacidad de los ciudadanos de participar en procedimientos de toma de decisiones que influyan efectivamente en el proceso político, de manera que este vuelva a ser receptivo a sus intereses, opiniones y objetivos políticos”,[6] por tal razón, los principales voceros del INE no sólo han sido omisos al cumplimiento de aquello a que les obliga esa ley, sino que detienen la construcción democrática de una sociedad, y no solo por, explícitamente, despreciar y llamar a no ejercer ese derecho (como también lo ha hecho el gobernador de Coahuila), sino que se han colocado en una posición anti-democrática, según lo sostenido por Cristina Lafont. Ojalá estos personajes (Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, etc.) se acercaran a los textos de esta filósofa política de raigambre habermasiana. Nuestro órgano electoral que nació de las luchas democráticas por contener el fraude electoral y que perdió su credibilidad justamente por no comprometerse con esa lucha y ser permisivo a la transgresión de la voluntad popular manifestada en las urnas, hoy no es sino una entidad que se aprovecha de la deferencia ciega y el delegar en otros lo que debiera ser una capacidad reclamada permanentemente por la ciudadanía para ejercer su autogobierno, el INE se exhibe, en tal sentido, como una institución en donde reina una supuesta “expertocracia”, que no hace sino arrebatar el derecho de la ciudadanía conculcándolo a ese supuesto saber especializado que no es sino la recurrencia a un atajo no democrático.
Desde otra perspectiva, también resulta cuestionable la reiterada actitud de las y los consejeros electorales, toda vez que, como ha sido sostenido por otra importante pensadora, Iris Marion Young, debiera fomentarse en la sociedad un mayor involucramiento en los procesos de responsabilidad política, puesto que lo que se debe superar es la actitud omisa pues, “[d]e forma pasiva, consideramos el complejo funcionamiento de nuestra sociedad como una fuerza natural cuyos efectos son afortunados para algunos y desafortunados para otros, pero no una cuestión de justicia para la que debemos adquirir un compromiso colectivo”;[7] y asumir una actitud en consecuencia, ejercer un acto de responsabilidad ética y política. Nuestra autora argumenta, entonces, que nadie puede quedarse excluido de luchar en contra de situaciones de injusticia, y en nuestro país luchar en contra de la corrupción o de un mal ejercicio de gobierno obliga a tener una actitud ciudadana de responsabilidad política, de no permisión ante aquellas situaciones que lesionan al otro, y le anulan sus posibilidades de alcanzar mejores condiciones de vida, en eso consistiría un acto que va más allá de la responsabilidad personal y lo dimensiona en su sentido político, para Young, “la persona responsable intenta deliberar sobre las opciones antes de actuar, toma las decisiones que parecen ser las mejores para todos los afectados, y se preocupa de cómo afectarán adversamente a los demás las consecuencias de sus actos”,[8] en tal sentido la noción de revocar el mandato, teóricamente y en el espíritu de la ley (por un caso que expresa notoriamente un mal ejercicio de la función pública que le fue delegada), es un acto democrático per se, quien no lo promueve, y más si es de los principales encargados que lo deben ejecutar (como es el caso de los actuales cargos directivos del INE) se exhibe como un flagrante anti-demócrata.
Por último, y ello incumbe a otro tipo de protagonistas, lo que plantea el asunto de la revocación de mandato es el necesario reconocimiento de que la elección de 2018 no es el punto de llegada sino el punto de partida de los cambios necesarios a que convoca la Cuarta Transformación, y que para hacerse realidad requieren del involucramiento persistente de quienes ejercimos nuestro derecho ciudadano y nos inclinamos por esta opción. El poder delegado que se le ha conferido a nuestros representantes, y también a quien se desempeña en el más alto encargo del Poder Ejecutivo no puede subsistir solo por un enorme carisma o por la eficacia en el cumplimiento de su encargo, sino que requiere de la auto-conformación de una fuerza social acompañante y partícipe, con la que se confronta a los adversarios, a los poderes vigentes (internos y externos); la genuina democracia representativa[9] de un poder emergente que pretende cambiar un régimen político, se alimenta, entonces, de la energía renovadora que le dota el ejercicio reiterado de la democracia participativa, pues como lo señala Cristina Lafont “los derechos democráticos rara vez son dados, hay que clamarlos siempre que su efectividad se vea socavada por los poderes fácticos”.[10]
Por otro lado, la confrontación que se ha expresado respecto a la cuestión de la revocación de mandato en términos de un pulseo de fuerzas entre el poder ejecutivo y su partido (Morena, que conserva la mayoría parlamentaria), y el organismo “autónomo” que funge como árbitro electoral, el INE, puede ya ser leído en términos de una disputa social por la noción de justicia, esto es, si esta última se rige por la legitimidad (la que se expreso en las urnas en 2018 y 2021) o en apego estricto a la legalidad (una que deriva de los acuerdos partidarios de las fuerzas que dominaban en el antiguo régimen) y; por el talante de esta pugna, puede ser el preludio ya de una muy necesaria reforma electoral, una que parta, al menos, de actualizar los criterios de designación de consejeros electorales y de magistrados del Tribunal Federal Electoral, y que arrebate la noción de democracia al designio de los poderes fácticos y al frío cálculo egoísta del dinero y la defensa de prebendas y privilegios. La ocasión de la revocación de mandato nos ofrece una enorme oportunidad de poner la democracia en nuestras manos y de manifestar de nueva cuenta que la fuerza social que impulsa este proceso de cambio, para salir del régimen político que nos gobernaba bajo el neoliberalismo, sigue viva y no ha de dar un paso atrás.
[1] AMLO. Conferencia mañanera 28 de marzo de 2022, minutos 30: 03 y 35:48. https://www.youtube.com/watch?v=sJfRhIlgMqQ
[2] Para que la equivalencia que se quiso establecer entre el reportaje sobre “la Casa Blanca de Peña Nieto” y la “Casa Gris” alquilada, en Houston, por el hijo de AMLO y su cónyuge, tuviera el efecto de asentar la percepción del “más de lo mismo”, no bastaba con que el reportaje de Méxicanos Contra la Corrupción se difundiera a diestra y siniestra, sino que a la “comunicación” de ese “hecho periodístico” se sumara la voz y el activismo de la reconocida periodista que había denunciado la Casa de las Lomas de la pareja presidencial de aquel entonces, Carmen Aristégui.
[3] Julio Scherer Ibarra. “Scherer acusa trama ‘perversa’ de Gertz y Sánchez Cordero”, en Proceso, Núm. 2368, 20 de marzo de 2022, págs. 6-10.
[4] Véase Jiménez Espriu, Javier. La cancelación. El pecado original de AMLO, México: Grijalbo, 2022.
[5] En este caso, la “democracia representativa” se despliega expresando una lógica de separación entre el representante y sus representados, lo que calza a un momento o temporalidad de la política en que ya está predominando el principio regulación (como lo ha sostenido Boaventura de Sousa Santos, en múltiples obras) o francamente ya se está desarrollando la fetichización de lo político (como lo argumenta Enrique Dussel).
[6] Cristina Lafont, Democracia sin atajos. Una concepción participativa de la democracia deliberativa, Madrid: Trotta, 2021, pág. 19.
[7] Iris Marion Young, Responsabilidad por la justicia, Madrid: Morata, 2011, pág. 61.
[8] Ibid, pág. 47.
[9] La noción de “democracia representativa” a que aquí se hace referencia modula su desempeño en acuerdo a un momento en que predomina el “principio emancipación” (Boaventura de Sousa Santos, dixit), esto es, legisla acorde a un sentido de su temporalidad de mayor, o hasta plena, circularidad entre representante y representados, en que cierran de mejor modo el círculo hermenéutico de recíproco reconocimiento.
[10] Cristina Lafont, Op. Cit., pág. 25.