Para el movimiento feminista occidental de las décadas de 1960 y 1970, era claro que la libertad de las mujeres también implicaba su liberación sexual. La cual precisaba del acceso a métodos anticonceptivos y al aborto legal y seguro. Comprendida bajo la revolucionaria consigna de “lo personal es político”, la condición sexual y reproductiva de las mujeres dejó de entenderse como una cuestión “femenina” y “privada” que pertenecía al ámbito doméstico. Estas ideas fueron cuestionadas para desmitificar las nociones de lasexualidad unívoca y heteronormativa, que destinaba a las mujeres los roles de esposas y madres. Mientras que la invención de la píldora anticonceptiva y el empuje de los movimientos feministas y de liberación sexual, el panorama de la sexualidad se amplió en términos reales.
Desde entonces, el derecho a la interrupción legal y voluntaria del embarazo se ha posicionado en el centro de las demandas de los derechos sexuales y reproductivos de los movimientos feministas; demanda que tiene su historia. Aunque se trata de una práctica ancestral, el aborto voluntario se convirtió en una expresión de autonomía sexual para las mujeres negras esclavizadas que desarrollaron técnicas abortivas como una forma de resistencia ante las violaciones de sus amos. Pero sería hasta 1920 que un país, Unión Soviética, legalizara el aborto voluntario como servicio público y gratuito; un logro de la revolución bolchevique y del proletariado internacional que se incluía en una serie de medidas legislativas pioneras para garantizar la igualdad legal entre mujeres y varones.
En México, la legalización del aborto fue propuesta como inciativa de ley desde 1936 por la médico Ofelia Domínguez Navarro. En 1977, la Coalición de Mujeres Feministas, otrora instancia unitaria del movimiento feminista, logró enviar el proyecto de ley con perspectiva feminista a la Cámara de Diputados, de la mano del Partido Comunista Mexicano. Pero sería hasta 2007 que se lograría su despenalización en la Ciudad de México. Y desde entonces, los estados de Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Colima, Sinaloa y Baja California se han sumado a la despenalización del aborto voluntario en los últimos tres años, gracias a la lucha histórica de las mujeres organizadas que se vio favorecida por la mayoría legislativa de morena en dichos congresos estatales.
Más allá del aborto
Para autoras como bell hooks, la centralidad de la legalización del aborto en los movimientos feministas a partir de la segunda ola, ha reflejado un sesgo de clase y de raza en la forma en que la demanda se ha desplegado. Fueron las mujeres blancas con privilegios de clase quienes se identificaron de manera más íntima con el sufrimiento que podían traer los embarazos no deseados que truncaban su vida profesional; a pesar de que tenían mayores posibilidades de acceder a abortos seguros (hooks, 2017). Y fueron sus voces las que posicionaron esta importantísima demanda en el centro, pero desvinculada de otras demandas igualmente acuciantes.
Si bien es importantísimo reconocer que la legalización de la interrupción del embarazo es un derecho fundamental para la autonomía sexual de las mujeres y personas gestantes, está muy lejos de ser la única demanda pendiente en materia de derechos sexuales y reproductivos. Junto a ella, existen otras cuestiones urgentes para las mujeres y las personas disidentes de género, como la carencia de educación sexual básica y de calidad; la menstruación digna; el acceso a anticonceptivos seguros; el acceso a cuidados prenatales; la violencia obstétrica que toma sus formas más terribles en cesáreas e histerectomías innecesarias, así como la esterilización forzada; la prevención del embarazo adolescente y su derecho a decidir; las licencias de maternidad y paternidad; el derecho a elegir amamantar o no; la muerte materna; la prevención y tratamiento del cáncer cervical y de mama; los tratamientos de fecundidad; y la terapia hormonal para el tratamiento de distintas condiciones médicas y la afirmación de género. Cuestiones que han quedado desdibujadas de las preocupaciones de los movimientos feministas hegemónicos, incluso hoy día. Pues no son los problemas de las mujeres blancas y urbanas de clase media que habitan sociedades desiguales, donde las mujeres empobrecidas y racializadas son las personas más marginadas del acceso a todos los servicios de salud, incluido el aborto.
No olvidemos que en pleno siglo XXI, las mujeres indígenas y negras en Estados Unidos tienen casi cuatro veces más probabilidades de sufrir muerte materna que las mujeres blancas, por cuestiones relacionadas con el sesgo racial (Amnistía Internacional, 2010). Mientras que en México, cuatro de cada cinco mujeres indígenas ha sufrido violencia obstétrica: maltrato, humillación y agresiones por parte del personal einstituciones de salud durante el control del embarazo, el parto y al solicitar atención médica (UNAM, 2014).Frente a este panorama, resultan problemáticas las expresiones de una parte del movimiento feminista mexicano más visible –urbano, “clasemediero” y blancomestizo–, que ha llegado a acompañar su activismo en favor del aborto con discursos clasistas y racistas, como lo han denunciado GIRE y la colectiva Morras Help Morras (Mendoza, 2020). Frases como aborto legal “para que las mujeres pobres ya no se reproduzcan” y “no haya niños pobres” [sic], parten de posiciones que dejan de lado el análisis de cómo el Estado,especialmente bajo el neoliberalismo, no logró garantizar las condiciones básicas para que las infancias tengan una vida digna al renunciar a comprometerse con el gasto social.
Bajo el capitalismo, la grandísima labor que implica el trabajo de crianza y cuidados –que era realizado de manera colectiva, comunitaria y no necesariamente con división sexual del trabajo por otras formas sociales–, fue privatizada e individualizada. Fue sobre los hombros y las espaldas de las mujeres proletarias que recayó ese trabajo, realizado en prisiones domésticas que las separaban de sus hermanas de clase mientras se consolidaba la familia nuclear, monogámica y privada. Condenadas a realizar dobles y triples jornadas de trabajo, remunerado y no remunerado, para sostener la reproducción social, donde se incluyen las cruciales tareas de creación y sostenimiento de la producción de sujetxs, en todos los sentidos.
¿Autonomía sexual para todas?
Algunas consignas que escuchamos hoy, como “la maternidad será elegida o no será”, no han reflexionado lo suficiente sobre lo que implica el trabajo de maternar y sobre lo que la maternidad es hoy para muchas mujeres: un hacer individual y privado. “¿Dónde está mi tribu?”, se pregunta la filósofa española Carolina del Olmo (2013), cuando escribe sobre su experiencia con la maternidad en el capitalismo contemporáneo, que nos condena a criar solas y en condiciones precarias. Además de la justicia, la autonomía sexual y reproductiva también pasan por estas discusiones que deben ser más amplias. Quizás la consigna de “Mi cuerpo es mío y yo decido” puede acompletarse con “Mi cuerpo es mío y yo decido en comunidad”. Pues mientras las mujeres jóvenes urbanas defienden el derecho al aborto, que es un derecho al que no debemos renunciar, las mujeres indígenas y negras defienden su derecho a parir “hijxs prietxs”, como parte de una resistencia anticolonial. Porque parir y criar también son actos políticos y comunitarios.
La “libre elección” debe dejar de ser un privilegio individual, de clase, de raza y de capacidad. Y en nuestros objetivos políticos, demandas, estrategias y consignas, debemos considerar las condiciones que codeterminan los márgenes de decisión, que son notablemente diferenciados para las mujeres y las personas disidentes de género. Pues aunque somos iguales ante la ley, en los hechos, la sociedad es desigual y también lo es el acceso a los derechos sexuales reproductivos, a los servicios de salud y a la justicia. La autonomía sexual aún no es para todas.
Estas consideraciones han posibilitado que, a partir de las experiencias y teorizaciones de los feminismos negros especialmente en Estados Unidos, los derechos reproductivos y la justicia social formaran un concepto más amplio: justicia reproductiva. Una perspectiva analítica desarrollada ante la necesidad de ampliar la mirada ante la gran pluralidad de necesidades de las personas cuando son vistas como sujetas de derechos, en tanto a sus libertades sexuales y reproductivas se refiere.
Hacia la justicia reproductiva
La mirada de la justicia reproductiva, que abreva mucho de la perspectiva interseccional de Patricia Hill Collins, permite observar cómo es que amplios sectores poblacionales que viven en condiciones de marginación y vulnerabilidad, se encuentran con barreras políticas, sociales y legislativas para el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos; barreras que son invisibilizadas bajo la idea de la [libre] elección. Pues la libertad no se reduce a “decidir” libre e individualmente en el mercado de la oferta de los servicios de salud, como nos quiere hacer creer la máxima neoliberal de la libertad como elección. Estas “decisiones” se encuentran mediadas por una serie de factores sociales y económicos, como el ingreso, la educación y los estigmas sociales que prevalecen en las sociedades patriarcales. Pues aunque existan servicios de salud disponibles, incluso con aborto legal y gratuito, hay que pensar en función de quiénes pueden acceder a dichos servicios y quiénes se encontrarán con obstáculos para ejercerlos.
Si bien la justicia reproductiva también implica la reivindicación del derecho al aborto voluntario, legal, seguro y gratuito, debe considerar un despliegue que ponga en el centro la autonomía de mujeres y personas gestantes, y no las diferentes medidas disciplinarias y de control reproductivo que se han ejercido históricamente sobre la sexualidad. No olvidemos que las medidas abortivas también se han desplegado como formas de disciplinamiento sobre los cuerpos femeninos para el control de la natalidad, desplegadas por lo que Rita Segato (2013) ha llamado patriarcados comunitarios de baja intensidad.
Como señala Marta Lamas (1992), una feminista a la que el movimiento le debe muchísimo en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, las modificaciones legislativas que han ampliado las condiciones para la interrupción del embarazo y que han logrado su plena despenalización, como en la Ciudad de México, son, por supuesto, una victoria del movimiento feminista organizado. Pero aún hay pendientes. No sólo ampliar el cumplimiento de otros derechos en clave de autonomía sexual amplia y justicia reproductiva, sino también la promoción de diseños institucionales que estén fuera de la heteronorma. Además de que la interrupción legal del embarazo continúa siendo una deuda pendiente por parte de varios Estados latinoamericanos. Basta mencionar que países como El Salvador, Nicaragua y República Dominicana aún lo consideran un delito, aunque la misma ONU haya señalado que el derecho al aborto es un derecho humano.
Nuestros derechos sexuales y reproductivos
Si bien el aborto seguro y gratuito es una demanda insignia del derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre nuestros cuerpos, especialmente en tiempos como los que vivimos, donde las derechas y sectores fundamentalistas avanzan en todo el mundo, no puede ser la única demanda visible. Es muy importante ampliar las demandas relativas a todos los derechos sexuales y reproductivos, para que sean tan diversas como somos diversas las mujeres y nuestras necesidades. De allí la importancia de hablar de justicia sexual y reproductiva, con el objetivo de no invisibilizar las demandas de las mujeres y personas disidentes de género que han sido relegadas y hasta discriminadas por los movimientos feministas hegemónicos.
La importancia de los derechos sexuales y reproductivos enmarcados en la justicia reproductiva se encuentra estipulada en el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) –también conocida como la Carta internacional de los derechos de las mujeres– de la ONU de 1979. Su entrada en vigor en México en 1981 significó la responsabilidad asumida por el Estado mexicano en eliminar las condiciones de discriminación de las mujeres en materia de relaciones familiares y matrimonio, ya que se precisa que tanto hombres como mujeres tienen igualdad de derechos para decidir libre y responsablemente el número de sus hijxs y cuándo desean tenerlos, así como tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan hacerlo. Hoy, es necesario ampliar aún más ladiscusión para no dejar de lado el horizonte de justicia, y garantizar la igualdad en el acceso y el ejercicio de estos derechos, sin anular la diversidad y de la mano de políticas públicas creativas e incluyentes que no dejen atrás a ninguna de nosotras.
Hablar de justicia sexual y reproductiva, es hablar de seguridad social universal y políticas públicas de salud con perspectiva de género e interseccional. Y hoy, también significa combatir la neoliberalización de los servicios de salud, para que dejen de ser un negocio y un privilegio de unas cuantas que tienen dinero y recursos. Es defender el derecho a la salud para la vida digna del pueblo, y especialmente de las mujeres y las niñas, que debe convertirse en un derecho real y efectivo. Es reconocer que hay grupos de mujeres que requieren de atención prioritaria, con las que el Estado y la sociedad tienen una deuda histórica: las mujeres indígenas, las mujeres negras, las mujeres proletarias, las adultas mayores, las niñas, las personas embarazadas, las personas trabajadoras sexuales y las personas disidentes de género que viven en condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad. Y es asumir la consigna ética del proyecto político de la cuarta transformación, que no es otra cosa que un llamado a la justicia social: por el bien de todas, primero las pobres. Porque la autonomía sexual y la justicia reproductiva para todxs son luchas anti patriarcales y anti neoliberales, en el horizonte del bienestar y la vida digna.
Referencias
Amnistía Internacional (2010). Maternidad. Peligro de muerte. La crisis de la asistencia a la salud materna en Estados Unidos. Londres: Amnesty International Publications.
hooks, bell (2017). El feminismo es para todo el mundo. España: Traficantes de sueños.
Lamas, Marta (1992). “El feminismo mexicano y la lucha por legalizar el aborto”. Política y Cultura.
Mendoza, Frida. (8 de septiembre de 2020). “¿Hay racismo y clasismo en la agenda pro aborto?”. frojiMX. Periodismo independiente. URL: https://froji.mx/aborto-racismo-clasismo.
Olmo, Carolina del. (2013). ¿Dónde está mi tribu? Maternidad y crianza en una sociedad individualista. España: Clave intelectual.
ONU (1981). Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Segato, Rita Laura. (2013). La crítica de la colonialidad en ocho ensayos y una antropología de la demanda. Buenos Aires: Prometeo.
UNAM (9 de mayo de 2014). “Cuatro de cada cinco mujeres indígenas sufren violencia obstétrica”. Boletín.URL: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_269.html
[1] Una versión abreviada de este texto fue publicada en En Voz Alta. Revista trimestral de la Secretaría de Mujeres morena Ciudad de México.
[2] Integrantes del Seminario Interinstitucional Feminismos a la Izquierda del INFP.