Honduras, país centroamericano de un poco más de nueve millones de habitantes (INE, 2018) que recién el pasado año 2021 celebró su bicentenario democrático con un evento político que despertó interés en la región y que sacudiría las bases de una insipiente democracia sistemáticamente debilitada a partir del golpe de Estado del 2009 y la destitución arbitraria de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el 2012 (Gutiérrez, Bustillo et. al., 2015), a partir del cual se generaron las condiciones para permitir una reelección ilegal que consolidó el ascenso al poder de una red criminal que hoy está siendo acusada y juzgada por corrupción y narcotráfico en la persona del expresidente Juan Orlando Hernández.
Este artículo es una mirada al hecho histórico de la primera mujer presidenta de Honduras y los retos y desafíos que enfrenta al asumir un país con profundas heridas sociales, económicas y en el marco de una pandemia que sigue cobrando un alto precio al ya golpeado sistema de salud y educación.
Hay varias lecturas de estas elecciones que dieron como resultado que por primera vez la banda presidencial se posara en el hombro de una mujer, una de esas lecturas, a mi juicio ligera es una especie de compensación hacia una familia que había sufrido un golpe de estado y defenestrado al presidente Zelaya, esposo de la presidenta Xiomara, cuando seis meses antes de culminar su mandato fuera sacado en contra de su voluntad y enviado al vecino país de Costa Rica el 28 de junio del 2009 (Zelaya, 2019), mientras en Honduras se desataba una sangrienta represión en contra de quienes con su voz y militancia denunciaban en las calles, en los barrios y comunidades la ruptura del orden constitucional por quienes justificaron aquel acto en la suposición que mediante una consulta popular no vinculante, el entonces presidente Zelaya se instalaría por más tiempo del permitido en el poder ejecutivo de Honduras.
Esta lectura implica hechos históricos innegables; sin embargo, resume el triunfo de Xiomara Castro en una especie de compensación popular ante la injusticia de aquel acto político en contra de su derrocado esposo, que dejó fuertes consecuencias económicas y sociales iniciando con esto un proceso de debilitamiento de las instituciones del Estado.
La segunda lectura supone consecuencias de los eventos señalados anteriormente. Los que se apegan a esta interpretación asumen que el triunfo electoral de la presidenta Constitucional de Honduras obedece más a un desencanto hacia el partido que ostentó el poder en los últimos doce años, del cual existen varios miembros que guardan prisión en los Estados Unidos de América, como resultado de un proceso de extradición por probados nexos con el narcotráfico, tal es el caso del hijo de un expresidente, el hermano del también extraditado Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y otros referentes de su partido, entre ellos un exjefe de la policía nacional. Este entramado, jugó, según el análisis de muchos, a favor de la elección de la nueva presidenta que según algunos representaba el menor de los males posibles.
Esa lectura superficial y ligera de los acontecimientos democráticos, desconoce por varias razones la capacidad de las mujeres de amalgamar voluntades políticas y populares que sin duda alguna tiene Xiomara Castro Sarmiento, quien ya había participado de un proceso de elecciones primarias en el que logró colocarse como única representante de su partido de cara a las elecciones generales, que habiendo realizado un análisis de las condiciones en la que competían contra el entonces partido de gobierno dio un paso al costado cediendo su candidatura a favor una alianza de oposición que al final y sin tener peso en la representatividad del Consejo Nacional Electoral, no pudo sostener la amplia ventaja que inicialmente se tenía al momento de dar los resultados.
Esas elecciones, finalmente perdidas durante aquel cuestionado conteo electoral, representaron un duro golpe a las esperanzas de un pueblo que a partir del 2009 había iniciado una ruptura paradigmática del bipartidismo que tenía lugar en toda la vida política del país y que ahora consideraba la posibilidad de concebir nuevas formas de organización social y comunitaria en pro de la construcción de un poder popular capaz de sostener un ejercicio electoral complejo e incierto.
Muchos subestimaron la fuerza de la militancia política movida por una mujer que avanzaba firme en su camino a convertirse en presidenta, su andar durante el golpe de estado del 2009 y la cercanía que desarrolló con las organizaciones sociales, comunitarias, indígenas y negras de Honduras sirvieron como base para la construcción en su entorno de una fuerte contención popular que respaldó su candidatura. Esa contundente militancia fue una de las razones por las que otros candidatos presidenciales del 2021 delegaran en ella la representación de la nueva alianza de oposición que esta vez contaba con una representación sólida en el Tribunal Supremo Electoral. La suma de todos los factores anteriores constituyó un escenario idóneo para conducir a la actual presidenta hasta la casa de gobierno. Sin embargo, se debe afinar la mirada para acercarse a un análisis más centrado en el papel de la mujer en la política hondureña y revisar los procesos de construcción del poder desde otras lógicas reconociendo la no neutralidad de los distintos roles que son pensados en torno a quienes desde la diversidad de sus cuerpos se asumen a sí mismas como hacedoras de realidades que por ser otras son posibles.
En tal sentido algunas autoras afirman que el feminismo, que en el transcurso de los años ha devenido en teoría política, ha avanzado sustancialmente en la identificación de las formas diversas en que el sistema patriarcal, en alianza perversa con el modelo económico, profundiza la discriminación contra las mujeres y deslegitima una lucha (Paredes & Sierra, 2010). Es esta una de las razones por las que el triunfo de Xiomara Castro en la región Centroamericana sienta las bases de un cambio paradigmático que emerge a pesar de los análisis superficiales que pretenden reducir este hecho histórico a una mera situación coyuntural, y no dan cuenta del papel de las mujeres en la vida social y política de la región latinoamericana, en donde sus luchas, su capacidad organizativa y su forma de pensar y nombrar la sociedad, las relaciones y la vida; han propiciado el agrietamiento de un modelo patriarcal que comienza a resquebrajarse a pesar de sus múltiples y diversos intentos de sostenerse a la fuerza como modelo económico y militar que no ha sido capaz de dar respuesta a los problemas que él mismo produce.
Los liderazgos comunitarios y populares de los pueblos indígenas y negros de Honduras lo entendieron con mucha anterioridad que el resto de la población, vieron en otras tantas mujeres como Berta Cáceres[1] y Miriam Miranda[2] la claridad que se requiere para conducir los procesos no solo de resistencia a las políticas neoliberales que atentan en contra de toda forma de vida, sino la posibilidad de concebir el poder desde otra dinámica, que es la dinámica comunitaria y la organización popular. Ciertamente, el liderazgo de las mujeres en Honduras, aunque casi siempre marginado, no nace con Xiomara Castro, pero sin duda alguna alcanza con ella la más alta representación política en Honduras.
Los desafíos que enfrenta no son los mismos que sus antecesores hombres, pues ha sido sometida a una constante vigilancia de su gestión por parte de los mismos que antes parecían no ver los desaciertos y las constantes violaciones cometidas en doce años de gobiernos, años en los que la primera magistratura de Honduras se vio envuelta en vínculos con el narcotráfico por decir lo menos y que hoy nos hacen testigos no solo del hecho histórico de tener la primera presidenta mujer, sino también al primer expresidente extraditado por los Estados Unidos de América a menos de cien días de dejar la silla presidencial Estos eventos demuestran lo extremadamente complejo de la situación política de Honduras. Por un lado, procura el robustecimiento de su democracia, pero por otro, también se evidencia ese paternalismo patriarcal y colonial que ejerce el vecino país del norte y que puede ser interpretado por algunos como una muestra de la injerencia norteamericana que con el aval de un pueblo cansado del abuso de poder y ante la inoperancia de las instituciones que conforman el aparato judicial del estado, ha visto en los procesos de extradición un alivio, del cual se desconoce el precio social e histórico a pagar.
Honduras es el país donde al mismo tiempo late la esperanza y el desconcierto, es por todas sabido que la lucha por los derechos de las mujeres continúan exactamente igual que antes de la toma de posesión de la presidenta Castro, la participación de la mujer en política sigue siendo limitada en números, los que temen la lucha por la despenalización del aborto han comenzado con la narrativa de que “no hay ambiente” para eso, existe escasa visibilización de las mujeres negras e indígenas, por lo que se debe continuar y reconfigurar la lucha de las mujeres, por una sociedad más justa entendiendo por esto el respeto a la vida de quienes defienden los recursos naturales, el garantizar el derecho a decidir y el acceso a la educación y a la salud pública de calidad, avanzar en la construcción de una sociedad justa garante de los derechos individuales y colectivos.
Uno de los principales desafíos que enfrenta la presidenta Xiomara Castro es algo tan simple como complejo: terminar su mandato como lo dicta la Constitución. Quienes aquí vivimos sabemos que esto, que en otra parte se asume como la norma, aquí representa un verdadero desafío conociendo la historia reciente y lo que implica ser mujer en la presidencia de un país con una fuerte herencia colonial en su manera de concebir el poder, ese colonialismo que se funde con el racismo estructural y el patriarcado anquilosado, han acumulado con los años un poder económico y político que se resiste y ve con recelo estos cambios de paradigma y que no bastando con verlos activan sus antiguos mecanismos de desestabilización, volviendo más difíciles las tareas que implican gobernar.
Sin duda alguna, Xiomara Castro tiene en sus manos una gran tarea y es la de construir, junto al pueblo hondureño y junto a las mujeres, las bases de una democracia que nos incluya a todos y esta vez sí a TODAS, que desde su investidura se normalice la presencia de la mujer en la política y que se entienda por poder la construcción del mismo desde las comunidades, de las organizaciones campesinas, indígenas y negras, desde la diversidad de los cuerpos, construir desde las instituciones públicas y desde el Estado las bases de una democracia robusta y garante de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Entender el momento histórico que vive la región es sumamente importante, así como señalar que este triunfo de la mujer en la política es visto con amplias expectativas no solo en Honduras sino también en Centroamérica, México y demás países. Estamos presenciando cómo Latinoamérica se reconfigura políticamente y mantiene su constante divergencia de los poderes globales e imperiales, que es a final de cuentas la principal característica de su historia.
Fuentes
Gutierrez, José; Bustillo, Gustavo, et. al. (2015). “Destitución ilegal y arbitraria de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras”. Revista Internacional de Derechos Humanos, 175.
INE. (2018). Instituto Nacional de Estadística: https://www.ine.gob.hn/V3/solicitud-de-informacion-estadistica/
Paredes, Maritza y Carolina Sierra. (2010) “Las mujeres y el golpe de Estado”, en Mejía, Joaquín y Víctor Fernández (coords.) El golpe de Estado en Honduras desde una perspectiva de Derechos Humanos, Tegucigalpa: Casa San Ignacio.
Zelaya, José Manuel (2019). El Golpe 28J. Tegucigalpa.
* Debie Buelto es mujer negra y comunitaria hondureña, maestra de escuela primaria y doctorante en educación y políticas públicas.
[1] Berta Cáceres mujer indígena lenca, dirigente campesina y defensora de los derechos humanos y de los bienes comunes, asesinada el 3 de marzo del 2016 en Honduras.
[2] Miriam Miranda, lideresa garífuna presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras, actualmente con medidas por parte de la Corte IDH por las constantes amenazas recibidas durante la defensa del territorio ancestral del pueblo garífuna.