ECUADOR: EL DESAFÍO DE CONSTRUIR UN FRENTE AMPLIO PROGRESISTA CONTRA EL FASCISMO

La movilización social que ocurre en el Ecuador a treinta y dos años del glorioso levantamiento indígena del Inti Raymi de junio de 1990 condensa un ciclo histórico del movimiento indígena y del movimiento social ecuatoriano en general y marca un punto de inflexión que será definitivo para el futuro político del país. De 1990 hasta ahora se ha visto materializado el porvenir que auguraba el aparecimiento de un movimiento indígena que salía de las instancias locales y protagonizaba una movilización que cubriría todo el territorio nacional; pero en este ciclo también han ocurrido varios hechos cruciales tanto dentro del propio movimiento indígena como dentro de las otras fuerzas aglutinadas en lo que grosso modo puede llamarse progresismo o izquierda. En síntesis, mientras en el movimiento indígena ha surgido una clara división entre un sector progresista y de izquierda y un sector de derecha claramente afín al neoliberalismo, el progresismo tuvo en sus manos el gobierno entre el 2007 y el 2017, período en el que lideró una profunda transformación institucional y proclamó una nueva constitución que buscaba recuperar el rol regulador del estado y ampliar los derechos sociales; el gobierno progresista encabezado por Rafael Correa tuvo también una problemática relación con sectores del movimiento indígena, al tiempo que sectores vinculados a la izquierda tradicional con intereses corporativos en áreas como el sindicalismo, la educación y la salud, fueron radicalizando una oposición al correismo principalmente porque éste llevó a cabo políticas anti corporativas que afectaron sus intereses; el anti correismo hizo que tanto la etnoderecha como la oposición de izquierda jugaran un papel clave en la consolidación del neoliberalismo ya que estos sectores apoyaron de manera entusiasta el gobierno de Lenín Moreno quien traicionó a sus electores, aniquiló el movimiento que lo llevó al poder y entregó su gestión a las elites tradicionales. Estos sectores también fueron claves en la derrota del progresismo y del triunfo de Guillermo Lasso en las elecciones del 2021, como se vio cuando la izquierda corporativa tradicional, la etnoderecha instalada en Pachakutik y la propia CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) llamaron al voto nulo, conscientes de que eso representaba la consolidación del neoliberalismo en el país.

El protagonismo de la CONAIE en los derrocamientos de Abdalá Bucaram en 1997 y de Jamil Mahuad en enero del 2000 evidenció el rol fundamental del movimiento indígena en la oposición al neoliberalismo y en la construcción de una plataforma política de carácter popular. Sin embargo, al menos desde la tumultuosa participación de un sector indígena y de la CONAIE en el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005), se evidencia el fortalecimiento de la etnoderecha neoliberal, caracterizada entre otras cosas por hacer un uso oportunista de retóricas etnicistas, autonomistas y culturalistas con el fin de contrarrestar las acciones estatales que puedan afectar sus intereses territoriales, mientras fortalecen redes clientelares y sus vínculos con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, con el objeto de afianzar su poder político y económico. Actualmente la etnoderecha controla Pachakutik, movimiento que logró 27 escaños en las elecciones de 2021, pero han sufrido una importante fractura en un grupo de 6 asambleistas denominados rebeldes, quienes reclaman el mantenimiento de los principios progresistas de Pachakutik y del movimiento indígena.

El papel fundamental de la etnoderecha en la consolidación del neoliberalismo luego de la salida de Rafael Correa, lo evidencia el papel del dirigente histórico de la CONAIE Luis Macas como miembro del Consejo de Participación Transitorio, institución que se encargó durante el gobierno de Lenín Moreno de debilitar al estado ecuatoriano y a la progresista Constitución de Montecristi. La derecha étnica ha ofrecido un apoyo fundamental a Guillermo Lasso desde el inicio de su gobierno, lo que le permitió al ejecutivo tener una frágil mayoría en la Asamblea mientras Pachakutik accedía al control de la presidencia del órgano legislativo durante la nefasta gestión de la dirigente indígena amazónica Guadalupe Llori. De igual manera, este sector ha sido fundamental en la fragmentación de la unidad popular como lo evidencian las declaraciones de dirigentes como Salvador Quishpe, actual jefe de la bancada de Pachakutik y Marlon Santi, el presidente nacional de la organización, quienes enfocan sus pronunciamientos públicos contra Rafael Correa a quien acusan sin ningún fundamento de estar manipulando al movimiento y a la movilización; lo más preocupante de estas declaraciones es que coinciden con la posición del gobierno de Guillermo Lasso que poco a poco construye el relato de que el correísmo, corriente fundamental para la conformación de cualquier proyecto de gobierno alternativo, planifica un golpe de estado apoyado con los recursos del narcotráfico. 

Hay que anotar que los conflictos entre el correismo y sectores del movimiento indígena tienen distintas fuentes: mientras el gobierno de Rafael Correa enfocaba su campo de acción principalmente en el nivel estatal y en la burocracia y abandonaba el trabajo con las comunidades, con los colectivos y en la militancia, dentro del movimiento indígena tomaban fuerza las corrientes intelectuales cercanas al posmodernismo que consideran que toda acción estatal está viciada en su propia naturaleza. Estas corrientes evaluaron el proyecto de recuperación del rol regulador del estado como una intromisión autoritaria en la vida comunitaria, mientras incentivaban la movilización desde las comunidades y los colectivos. De igual manera el correismo mostró un conocimiento simplista, por decir lo menos, de la realidad indígena en campos tremendamente sensibles como la minería, donde más que el desarrollo del país lo que está en juego es la existencia de la vida en el planeta. De igual manera, el abandono por parte de Lenín Moreno de las transformaciones estructurales que se proponían en el campo de la educación y que en el caso de la educación intercultural bilingüe apuntaban a interculturalizar todo el sistema educativo como lo han venido reclamando los sectores más avanzados del movimiento indígena, se tradujo en el fortalecimiento de reclamos de un conservadurismo étnico que apuntan a lo que se denomina el rescate de modelos ancestrales de educación que corren el peligro de marginalizar el proyecto de educación intercultural y convertirlo nuevamente en un mecanismo de negociaciones a favor de poderes étnicos locales.

Las distancias entre el correísmo y el movimiento indígena han sido aprovechadas por la etnoderecha y por la derecha neoliberal lo que se ha expresado en hechos distintos como  el apoyo que han ofrecido a la descarnada represión que tuvo lugar durante las movilizaciones de octubre del 2019, en la judicialización de la política y en la represión a dirigentes de la izquierda asociados o no al correísmo, así como en el silencio de la izquierda ante la despiadada represión que ha sufrido esta corriente política. En el contexto de las actuales movilizaciones todo indica que se intenta reeditar las acciones del aparato represivo construyendo al correísmo como el gran enemigo político, mientras se lanza una represión despiadada contra el movimiento indígena y contra los colectivos movilizados.  Hay que subrayar, sin embargo, que la elección de Leonidas Iza como presidente de la CONAIE en junio del 2021 consolidó la presencia de un sector claramente de izquierdas dentro de la organización indígena y desde el inicio de su gestión planteó una clara confrontación con las políticas neoliberales de Guillermo Lasso, al tiempo que ha dado señales claras de distanciarse del discurso persecutorio contra el correísmo, lo que abre un escenario favorable a la conformación de un amplio frente popular opuesto al neoliberalismo. 

Mientras el movimiento convocado por la CONAIE toma fuerza a nivel nacional, al que se suman sectores estudiantiles, feministas, obreros, movimientos cívicos o colectivos de artistas, la represión se expresa sin tapujos: el 24 de junio, en cadena nacional, Guillermo Lasso y el ministro de gobierno autorizó el uso de armas letales como carabinas con perdigones en contra de los manifestantes; hasta ahora van al menos cinco muertos, mientras hay centenares de heridos y miles de detenciones arbitrarias; el gobierno ha utilizado gas lacrimógeno contra manifestantes aglomerados en zonas de paz como las universidades o en la casa de la cultura, cuyo domicilio ha sido violado por la policía nacional; el gobierno ha autorizado el despliegue de las fuerzas armadas en las manifestaciones, hechos que venían anunciados desde la detención ilegal el primer día de manifestaciones del líder indígena Leonidas Iza, quien sería liberado casi 24 horas después en un procedimiento en el que se violaron todos los protocolos legales. El nivel de la violencia oficial parece mostrar un régimen que sólo se fundamenta en el aparato militar y policial. 

Por su parte, la movilización parece articularse en torno a la consigna de la salida del presidente Lasso, lo cual ha sido apoyado por la bancada correista que amparada en el artículo 130 de la constitución nacional demanda que la asamblea destituya el presidente por la existencia de una “grave crisis política y conmoción interna”. Esta solución ha sido catalogada por el presidente Lasso como una evidencia del intento de golpe de estado del correísmo y enfrenta además el difícil escollo de conseguir el respaldo de 92 votos de los asambleístas. De otro lado, la extrema derecha del país ha iniciado una campaña explícitamente racista mediante la cual llama al aniquilamiento del movimiento indígena, a la persecución de sus líderes y reafirma la imagen de los indígenas como indeseados en la ciudad de Quito, lo que alimenta la violencia y el racismo. La potencia de la movilización, las dificultades en la conformación de una salida democrática favorable a los sectores populares y la decidida represión asumida por el régimen señalan las grandes incertidumbres que enfrenta la política en el Ecuador hoy. Algo que resulta evidente es la necesidad urgente de superar las divisiones que existen en el campo popular y de abandonar  los resentimientos y las distancias ahondadas por la etnoderecha y el neoliberalismo y crear un frente progresista con un sólido proyecto de gobierno alternativo al neoliberalsimo; un amplio movimiento popular que reconozca de manera democrática las distintas voces y reclamos y permita recuperar lo ganado en la Constitución de Montecristi y profundizar una democracia plebeya como la que ahora reclama con fuerza el movimiento indígena.