En la última década en México, las familiares de asesinados y desaparecidos se han ido construyendo como las principales luchadoras sociales y constructoras de paz. Han desarrollado una gran multiplicidad de acciones con gran determinación moral y material, con fuerte creatividad y radicalidad noviolentas. En especial, destacan las acciones de búsqueda en vida y en fosas clandestinas, al decidir asumir en forma autónoma y directa las tareas que el Estado se negaba a realizar o las hacía en forma insuficiente[1]. Estas búsquedas se realizan cada día en todos los estados del país, e incluso ya se hacen en redes colectivas como Brigadas Nacionales y no sólo locales o regionales (Ameglio, 2022).
Entre el 15 y el 26 de noviembre del 2021, cuatro miembros del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU visitó 13 estados de México, reuniéndose con los tres Poderes y muchos colectivos y organizaciones de familiares de víctimas de la guerra de exterminio masivo existente en el país en la última década. Fue una visita histórica, pues ya dos veces los anteriores gobiernos mexicanos la habían rechazado, y ésta sólo puede realizarse por invitación del Estado involucrado. En Morelos, particularmente, fuimos testigos de una misión de observación encabezada por Juan José López, quien el 21 de noviembre visitó, junto a representantes de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en México y autoridades estatales, la fosa de Mixtlalcingo (Yecapixtla), hallada semanas antes durante la VI Brigada Nacional de Personas Desaparecidas.
Nos parece muy importante compartir textualmente las presentaciones de los colectivos de familiares ante la ONU, sea por la descripción de las tareas de la VI Brigada que por la original metodología de trabajo para las excavaciones que han ido construyendo en los últimos años. Y finalmente, un análisis de las partes centrales del Informe del Comité de la ONU, presentado recientemente.
1. Visita a la fosa de Mixtlalcingo, Morelos: la voz de los familiares
El Comité fue invitado a Morelos por la VI Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que constituye el modelo de búsqueda de la Red de Enlaces Nacionales, la cual articula a más de 160 colectivos de 27 estados del país. En esta intervención en 13 municipios del estado se estuvo trabajando del 9 al 24 de octubre, y en la segunda quincena de noviembre.
La brigada tiene seis ejes de intervención integral, que se fueron construyendo a partir de la experiencia y reflexión colectiva de los últimos cuatro años: 3 ejes son a partir de una lógica de acción directa de resistencia civil noviolenta, como son el de búsqueda en vida, búsqueda en campo y de identificación física y forense que da seguimiento a los hallazgos; y otros 3 ejes que abordan la parte social y preventiva de la desaparición, visitando escuelas, iglesias y en encuentros públicos de sensibilización con autoridades, policías y población locales.
De inicio, en esta visita el representante de la ONU reconoció y distinguió la labor valiente y perseverante -desde 2013- de doña María Herrera, quien tiene 4 hijos desaparecidos, y “es la persona que accionó en México, a través de un recurso que un juez aceptó, que el país aceptara la competencia del Comité”[2]. A continuación, puntualizó el objetivo de su trabajo donde “Nuestra misión en Ginebra y aquí es aplicar la Convención. Ese es nuestro punto de mira, ese es nuestro objetivo. Y la Convención pasa por diversos elementos, pero que resumiría en las nociones de Verdad, Justicia, Reparación a las víctimas y Garantía de No Repetición. Lo que ustedes familiares hacen es un ejercicio de verdad…Pero la verdad es sólo el primer paso para la realización de la justicia, donde las autoridades tienen un cometido fundamental. De poco nos sirve la verdad, o sólo nos sirve en parte, si no somos capaces individualmente y como sociedad de obtener justicia, una justicia reparadora para las víctimas y para las familiares. Porque la reparación es el siguiente elemento, y es una satisfacción que hoy nos acompañen autoridades del Estado que tienen por misión el posibilitar esa reparación en cosas generales como reclamaciones generales, estructurales, como también en aspectos concretos”.
La primera parte de la visita de observación de DDHH, consistió en una presentación del trabajo en los 6 ejes de la brigada. Montserrat Castillo, del equipo coordinador de la Red Enlaces, explicó las condiciones complejas del terreno y la búsqueda de campo alertando sobre los altos niveles de inseguridad y violencia de esos municipios, específicamente el de la mina de Yecapixtla en la que estaban en ese momento: “donde ya hubo diferentes hallazgos. En el primer cuadrante hallamos tres fosas con el método de cala con tres cuerpos enteros. Después tuvimos hallazgos en tres de los cuatro puntos que tenemos marcados como cuadrantes de búsqueda…y tenemos la información que nos hace proyectar que esta zona es una gran fosa masiva”.
Para llegar a detectar estos sitios de fosas clandestinas, ha sido clave la solidaridad ciudadana anónima: sea en redes sociales, que a través de una campaña de Buzones de Paz, colocados en templos y centros sociales donde personas de Morelos han estado brindando información clave.
Posteriormente, Juan Carlos Trujillo, fundador de la Red Enlaces, se refirió al trabajo de prevención y sensibilización donde se toparon con que “las policías y los presidentes municipales, los funcionarios públicos, desconocían las dos grandes leyes que tiene el país, que es la Ley de Desaparición Forzada y la Ley General de Atención a Víctimas”. Con los testimonios vivenciales de familiares se busca “generar un mecanismo de intervención más humanitario, para que todos pudieran ver en carne propia los impactos que se generan después de una desaparición, sabiendo que por omisión, comisión o aquiescencia, muchos de ellos han sido partícipes en una desaparición”.
Como acción política complementaria, “pudimos acordar y firmar unos Acuerdos con los presidentes municipales que, más allá de lo jurídico, son unos acuerdos morales donde se comprometen a colaborar en coordinación con la Comisión estatal de Búsqueda y la de Atención a Víctimas, a crear Módulos de Paz”. La brigada se va de Morelos y se debe garantizar la continuidad del trabajo de seguimiento y la seguridad de los colectivos locales.
Angélica Rodríguez, fundadora de “Regresando a Casa Morelos” abordó la tarea fundamental de búsqueda en vida donde “estuvimos asistiendo a los diferentes penales de Morelos, y allí pudimos tener cinco posibles positivos; tres de ellos mujeres. En el penal femenil reconocieron a tres mujeres que no son de este estado”. Y agregó que “pedimos a la Fiscalía estatal que nos pasara los álbumes de fotografías de los cuerpos que están en calidad de desconocidos, para que las personas que vienen de otros estados puedan tratar de reconocer a algunos de sus familiares; pedimos también entrar a esos lugares que llaman de reintegración y no están regulados, donde meten a los familiares sin permiso y los tienen ahí para que dejen las adicciones, muchas personas se han encontrado ahí. Tampoco pudimos acceder a hospitales psiquiátricos”.
A continuación María Herrera, “Mamá o Doña Mari”, líder moral y espiritual de las buscadoras desde el 2011, enfatizó el aspecto moral del problema: “todo esto que viene sucediendo es por la falta de valores que se han ido perdiendo, culpando también al Estado porque anteriormente había una materia de civismo que se impartía en todas las escuelas y la quitaron”. Describió cómo primero se han buscado espacios ecuménicos en las iglesias para esta tarea, “aunque nadie quería entrarle también por el miedo, por el terror que se vive, y hemos pedido a los sacerdotes que nos ayuden, que nos presten el micrófono para nosotros testimoniar directamente con las personas de la sociedad”.
Y luego fuimos a las “universidades, diciéndoles a todos esos jóvenes que se vinieran a nuestro grupo, que nos ayudaran con sus conocimientos, porque ellos tenían unos conocimientos dentro de las instituciones escolares, y nosotros teníamos conocimientos, pero nada más en base al dolor, en base al sufrimiento, en base a la indignación; yo le llamo digna rabia porque la verdad es una digna rabia la que llevamos, al ver que ni instituciones gubernamentales, ni nadie nos hacía caso, decidimos ir a buscar a estos jovencitos ahí, y es así como hemos formado un gran equipo de solidaries que están con nosotros. Nosotros les decíamos: ustedes tienen los conocimientos, nosotros tenemos la práctica. Unamos los conocimientos a la práctica. Ustedes van a reforzar sus conocimientos y, a su vez, a nosotros nos van a servir también”.
Como complemento, desde el 2019 en la IV Brigada en Huitzuco, se abrieron espacios en primarias, secundarias y bachilleratos. Y al respecto, doña Mari hizo énfasis en la niñez ante tamaña cultura de la violencia: “a los niños les han arrebatado el derecho a ser felices; les han arrebatado a sus padres, en algunos casos a su padre y a su madre, y están siendo cuidados por las abuelas cansadas, con el dolor a cuestas…nadie ha sido capaz de voltear a ver a esos niños…Están creciendo llenos de rencor, con resentimiento, dolor, y no nos asustemos que el día de mañana sean los futuros delincuentes…Hemos abrazado de tal manera el dolor que cualquier resto que se encuentre en cualquier parte de la república, es nuestro hijo”.
Como conclusión, Tranquilina Hernández -fundadora de “Familias Resilientes Morelos”- señaló un aspecto muy importante hacia las autoridades, acerca de que vigilen que “lleven los protocolos y las periciales correspondientes, y que a la hora de la entrega de un cuerpo sea entregado con esa honra, con ese cuidado y tacto al dar esta noticia, y que realmente sea ese ser querido el que están entregando, y que no tengan que obligar a la familia a un segundo momento para exhumar a ese familiar que ya entregaron porque les hizo falta alguna piececita de su cuerpo…porque nosotras estamos muertas y así nos están re-victimizando”.
2. Recorrido por la fosa: el conocimiento de los familiares
Al finalizar la extensa y muy precisa presentación de los trabajos de la VI Brigada, se pasó a la realización de un recorrido por el terreno excavado en la mina, donde se habían dado 11 hallazgos de cuerpos hasta ese momento.
Ante las preguntas del comisionado de la ONU, Yadira González de “Desaparecidos Justicia” de Querétaro, explicó la metodología inicial: “Un grupo pequeño de familias hace una avanzada, revisa la zona, encuentra el lugar, prospecta, y nos da este tipo de indicios o variaciones en el terreno. Hacemos también, como familias, una investigación previa por medios electrónicos -Google Earth y todas estas aplicaciones-, y entonces ya podemos comparar imágenes satelitales del pasado y del presente. Cuando llegamos nosotros a intervenir como familias, varillamos, y las varillas nos dan ciertas indicaciones por olor, por lo mojado de la tierra. Aquí todas estas fosas tienen una mancha blanca que es yeso o cal, estamos notando que en este terreno el crimen organizado los inhumaba de esa manera. La varilla manchada nos da esa muestra, cambia la coloración de la tierra e incluso el olor. Ahí iniciamos los trabajos a pala y pico, nos damos cuenta de la profundidad, es muy cansado para las familias hacerlo con pala y pico, y decidimos meter la retroexcavadora”.
Posteriormente, al acercarse a un cuerpo, prosigue la misma Yadira su descripción del proceso: “Lo que nosotros hacemos es una prospección y en el momento que tenemos una variación, o algo que nos indique que puede ser una fosa positiva, la abrimos un poco, sólo al punto en el que se encuentra el primer resto, un pedazo del fragmento óseo, y ahí paramos nuestros trabajos. Entonces entra ya la Fiscalía como primer respondiente, o la autoridad que le competa en ese momento, y confirmamos también con los elementos caninos. Es bien importante para nosotros tener elementos caninos, incluso de dos instituciones diferentes, para que ambos puedan tener esa confronta. De ahí ya Fiscalía hace la exhumación completa, pero siempre queremos que las familias estén observando y documentando, como lo marcan las leyes de víctimas y de desaparición forzada, porque las víctimas le damos un seguimiento puntual hasta la entrega de estos restos para llegar a su casa”.
Asimismo, se busca evitar a toda costa que se construya una “doble o triple desaparición”: “Por eso es que tenemos un eje de identificación que se dedica justo a dar seguimiento a cada uno de los hallazgos, y a la ruta que tienen para la identificación cada uno de ellos. Los cuerpos son desaparecidos dos o tres veces porque, incluso, dentro de las mismas fiscalías los cuerpos se vuelven a perder, y no es por un tema de sobrepoblación de cuerpos. La crisis de identificación en el país es muy genuina, También la crisis que existe en torno a personal capacitado. No hay suficientes peritos en el país. No importa si las familias ya tienen identificada una zona donde puede haber un posible hallazgo, deben sumarse a la lógica de la calendarización que tienen las fiscalías para que se pueda realizar la intervención que ellas necesitan. Es un problema estructural en el país”.
Resultó por demás interesante el diálogo entre la representación de la ONU y las brigadistas, respecto a sus procesos de aprendizaje y especialización en esta tarea tan compleja y riesgosa, o sea, en el fondo se tocó uno de los procesos más centrales de su transformación de víctimas a defensoras de DDHH, constructoras de paz y luchadoras sociales. Continuó explicando Yadira, que tiene “quince años en la búsqueda de mi hermano, y conforme han pasado los años a las familias nos han obligado a estudiar leyes, antropología forense, a certificarnos, a leer y hablar el mismo idioma que las instituciones para que no abusen de su poder y de la ignorancia y el dolor de las familias. Las familias ya no somos las mismas que como empezamos, ya no somos tan ignorantes de los procesos como al principio. Incluso hasta nos arriesgamos con abejas, serpientes, alacranes”.
Hacia el final, el comisionado de la ONU abordó un tema fundamental en la guerra que atraviesa a México: ¿Y la seguridad?
Varias familiares complementan a Yadira: “Regresamos a la realidad de México, donde tenemos escasez de todo. El que tengas un terreno resguardado con dos elementos de seguridad, no cumple en su totalidad el resguardo como debe de ser, y además están vulnerando y exponiendo a estos elementos de seguridad. En la policía -desde cualquier ámbito- no es una policía dignificada, es una policía abusada, es una policía mal pagada, es una policía mal comida, maltratada, mal dormida”. Se le señaló concretamente al comisionado, cómo en los alrededores nunca dejaron de haber “halcones” del delito organizado para espiar, registrar e identificar los hallazgos y personas involucradas. De ahí que “para las familias es importante tener cerca personas a las que les confiemos nuestra vida, que no estén involucradas con el crimen organizado local. Ellos vienen de la Ciudad de México, y por eso es que estos elementos a los que les confiamos completamente, están aquí adentro con nosotros, escuchando nuestras conversaciones, sabiendo quienes somos; y los demás elementos de seguridad los dejamos un poco más afuera porque pertenecen al estado de Morelos”.
A su vez, “lo que marca el protocolo es que una vez que tú inicias los trabajos de exhumaciones y los hallazgos, no pueden parar. Así te lleguen las 5, 6 o 10 de la noche, el trabajo de exhumación tiene que continuar; y si tú sigues encontrando, tienen que seguir los trabajos de exhumación, de día o de noche. Pero las capacidades del Estado son diferentes. El protocolo se escribió desde una visión internacional, pero no puede ser en México con las condiciones de delincuencia organizada que hay aquí. Tenemos que modificarlo a fuerzas”.
3. El Informe del Comité: alto a la impunidad
El 12 de abril de este año en Ginebra, El Comité presentó públicamente su Informe de la visita a México de noviembre del 2021. Quedan claras en él, las preocupaciones del Comité por la magnitud creciente de las desapariciones en México, por el nivel de impunidad e involucramiento de autoridades de todos los niveles, por la revictimización de las víctimas, por la gravísima crisis forense y falta de presupuesto e infraestructura adecuados a la tarea.
El gobierno mexicano, a través de la Segob replicó que se “reciben las recomendaciones respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe”, resaltando el compromiso de apertura y cooperación internacional para afrontar este gravísimo problema. Por su lado el presidente López Obrador, manifestó ciertas discrepancias con algunas conclusiones del Informe respecto a la impunidad y militarización de la seguridad, arguyendo que eso fue en gobiernos anteriores, y que el actual programa de búsqueda es “de lo mejor del mundo” (Martínez, 2022).
En la primera parte del Informe se describen el “Contexto y las Tendencias”, comenzando por definir la magnitud de ese hecho de gran inhumanidad social en el momento de la visita: 95.121 personas desaparecidas en México (112 durante la visita del Comité); con 98% entre 2006 y 2021; afectando sobre todo a hombres entre 15 y 40 años; con gran preocupación por la violencia contra defensores de derechos humanos, mujeres, periodistas (más de 30 desaparecidos entre 2003 y 2021) y comunidades indígenas[3]. Se distinguen las desapariciones forzadas de las ocurridas en el contexto migratorio que “requieren medidas particulares”.
En las denuncias recibidas, quedó claro que “la delincuencia organizada es el perpetrador central de desapariciones en México”, pero también se insistió “en la responsabilidad directa o indirecta del Estado…en unos casos por el involucramiento directo de los servidores públicos…en otros por la inacción de las autoridades y funcionarios ante la existencia de riesgos conocidos”. En este último aspecto, se “debe garantizar la protección permanente de los servidores públicos dedicados a la búsqueda e investigación”.
Asimismo, se reitera al Estado “su obligación de prevenir y sancionar las acciones que criminalizan, intimidan, persiguen y estigmatizan a las personas desaparecidas, sus familiares o las personas que los acompañan, incluyendo campañas de sensibilización”. Así como fortalecer los procesos de búsqueda.
De los casos estudiados, sólo “entre el 2 y el 6% han sido judicializados…(por lo que) la lucha contra la impunidad de las desapariciones en México es impostergable”. A esto, se agrega una “profunda preocupación por la crisis forense…más de 52 mil personas fallecidas sin identificar yacen actualmente en fosas comunes”. Al respecto, se “recomienda al Estado que implemente el Banco Nacional de datos Forenses, y asegure su interoperabilidad con otros bancos de perfiles genéticos existentes en México y otros países”.
Frente a esta dramática situación, corroborada por autoridades de todos los niveles y por las organizaciones de familiares, se hace indispensable para el Estado “la implementación urgente de una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las desapariciones…que debe ser integral, atender y combatir las causas…y apuntar a su no repetición”. Lo integral, se refiere también a que se “erradiquen todas las causas estructurales de la impunidad”.
En este sentido, al Comité también “le preocupa el enfoque militarizado de la seguridad pública por el riesgo que implica en materia de derechos humanos…recomienda fortalecer a las fuerzas civiles del orden”. Resaltando que “la prevención debe ser el centro de la política nacional” en este tema.
Resalta en su Informe lo valioso de la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, e insta a que “se establezcan mecanismos ágiles, interoperables, eficaces y transparentes para ingresar al Registro…para que esté permanentemente actualizado”, y se realice urgentemente una amplia Campaña nacional de información y sensibilización del tema. Asimismo se “considera necesario que el estado garantice que la CNDH y las comisiones estatales de DH ejerzan sus funciones con total autonomía e independencia”.
En la parte económica de los apoyos institucionales, el Informe enfatiza la preocupación porque “la proporción del presupuesto anual de la CNB para los gastos de operación haya pasado de 29% en 2020 al 12% en 2021…se debe asegurar que la CNB y las comisiones locales cuenten con los recursos humanos y financieros necesarios”[4]. Se considera también como una prioridad la creación de “Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas en todas las entidades federativas…con apoyos materiales”. A su vez, se señala que “varios interlocutores denunciaron que la política de atención y reparación a las víctimas se enfoca excesivamente en el pago de dinero…(así) la atención es extremadamente limitada y no cubre las necesidades reales”.
La lucha social por la construcción de verdad, justicia, reparación, no-repetición y memoria de los colectivos de familiares de desaparecidos y asesinados continuará cada día más firme y amplia por todo el país, además porque este dramático y brutal hecho de inhumanidad social no ha cesado y crece permanentemente -aún a pesar de algunos esfuerzos considerables y positivos del actual gobierno-. Sin embargo, nos pareció importante reflexionar y tomar conciencia sobre este importante logro -iniciado desde 2013- de las redes de familiares, sea a nivel de reconocimiento y apoyo internacional con el Informe de la ONU, que a nivel de acción y organización nacional con la VI Brigada. Sobre todo, partiendo de la textualidad de los familiares en sus descripciones y análisis.
Pietro Ameglio, 2 de junio 2022.
Referencias
-Acevedo, Mónica (2022). “Visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a Yecapixtla, Morelos (21-11-21)” en Archivo Serpaj. México
www.serpajmx.org
-Ameglio, Pietro (2022). “100 mil desaparecidos en México: ¿desobediencia civil inmediata a la desaparición?” en Desinformémonos. México, 13 mayo
-Comité contra la Desaparición Forzada-ONU (2022). Informe sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención. Ginebra, 12 abril 2022
-Martínez, Fabiola y Roberto Garduño (2022). “Comité de desaparición de la ONU no actúa con apego a la verdad: AMLO” en La Jornada. México, 14 abril
-Partida, Juan C. (2021). “Ante Comité de la ONU, familiares de ausentes exponen falta de apoyo” en La Jornada. México, 20 noviembre
[1] Comité contra la…: “ las familias y allegados de las personas desaparecidas siguen cumpliendo funciones de búsqueda e investigación que le competen al Estado. Sin perjuicio del apoyo que reciben de la
Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en muchos casos siguen realizando estas actividades sin el acompañamiento de las autoridades y sin contar con la protección que necesitan”.
[2] Todas las intervenciones textuales de la visita del Comité de la ONU a la fosa de Mixtlalcingo en Morelos, serán tomadas de Acevedo, Mónica…
[3] Las citas y datos que se presentarán a continuación sobre el Informe, fueron extraídas del Informe del Comité de la ONU…
[4] En Guadalajara, colectivos de familiares de Jalisco, Colima y Michoacán, protestaron ante el Comité por la falta de apoyo de las autoridades: en la partida del 2022 para la Fiscalía de Desaparecidos, “sólo se asignan designarán $1.963 al año por persona desaparecida o bien $5.37 pesos al día” (Partida, Juan C. “Ante Comité de la ONU…” en La Jornada. México, 20 noviembre 2021.