Introducción
¿Cuáles han sido las luchas sociales libradas por los activistas sociales que han sido exterminados por el estado del poder[1] en México? Este interrogante ha guiado nuestra investigación exploratoria, cuyos antecedentes se remontan a estudios realizados desde la década de los noventa (Serpaj, 1999; 1997), mismos que han evidenciado la existencia de una cuota histórica constante del proceso del exterminio selectivo o “eliminación sistemática hacia identidades sociales opositoras al régimen” (Colectivo Angela Esperanza, 2013:2) que el Estado realizaba fundamentalmente hacia líderes indígenas y campesinos de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Actualmente, el proceso que hemos denominado “exterminio selectivo” se ve invisibilizado con la irrupción del creciente y doloroso proceso de exterminio masivo, a partir de la “guerra contra el narcotráfico” durante la presidencia de Felipe Calderón (2006) (Ameglio y Fracchia,2019;Fracchia,2019,2021). Contribuir a visibilizarlo es la intención de este artículo. Expondremos brevemente la perspectiva teórico-metodológica adoptada, el contexto, los principales hallazgos del estudio y concluiremos con las respuestas al interrogante inicial.
Perspectiva de la investigación
Al modelo capitalista neoliberal vigente en América latina y en México, atravesado por una crisis de acumulación del capital “por desposesión”, según Harvey (2016:121) y basada en el neoextractivismo y en una creciente reprimarización de sus economías, le ha correspondido “la expansión de las fronteras de las mercancías” (Svampa ,2019:19) que beneficia “a empresas con capitales transnacionales (legales o ilegales) mientras se ensaña con crueldad sobre poblaciones incómodas para el avance de este proyecto en los territorios” (Robledo y Querales, 2020). Desde nuestra perspectiva, se apropia también de esos cuerpos transformándolos en mercancías, como mano de obra cautiva y sacrificable, que circula a nivel trasnacional y que enfrentan “un ciclo mortal de despojo-explotación-exclusión’, hasta el genocidio” (Robinson, 2017:10).
Respecto a una de las dos dimensiones del estado del poder, la institucionalidad del poder (Marín, 2010:45), el Estado también se ha transnacionalizado (Robinson, 2017) y existe “una nueva configuración de la estatalidad…en el marco de nuevas conflictividades en las que el crimen organizado se agrega como actor principal en la guerra por los territorios” (Robledo y Querales, 2020:8), siendo el poder de facto el crimen organizado, que actúa como “un sistema de redes clientelares de cooperación entre criminales profesionales y funcionarios públicos, que persiguen el propósito de obtener ganancias económicas mediante el desarrollo de actividades ilícitas, apoyadas, en última instancia, por el uso de la violencia”(p.9). También Ortiz (2020:18) refiere a la existencia de un Estado criminal, antagónico a los intereses comunitarios y Zibecchi (2020:18) advierte que “el crimen y la acumulación de capital por medios ilegales dejó de ser excepcional para transformarse en estructural y estructurante de la política y la economía”. El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (2016), considera que México está atravesado por una guerra a causa de un Estado fallido penetrado por el crimen organizado, lo que ha diluido “las fronteras entre legalidad y criminalidad” (Moriconi, 2018:121-122), proceso que según Segato (2014:342), se ha extendido a toda América Latina, constituyéndose el crimen organizado en un “Segundo Estado” (p.317).
Desde nuestro enfoque, el Estado sigue siendo funcional al ejercicio del poder del capital transnacional en cuanto éste
es necesario para posibilitar y proteger la violenta acumulación que genera ganancias excepcionales para los diversos monopolios que deben mantener el control de territorios para la producción y distribución que conforman los mercados emergentes, que están articulados a nivel transnacional a raíz de “una lucha intercapitalista de carácter internacional” EB (2011:17).
Respecto a la segunda dimensión del estado del poder, que tiene que ver con “el estado de la lucha en el territorio” (Marín et al. 2010:48), ésta se manifiesta sobre los cuerpos en cuanto el poder “se ejerce sobre relaciones sociales” que los estructuran y moldean (p.28), convirtiéndolos en “uno de los territorios de las luchas sociales” que, como tal, expresa confrontaciones de poder, donde “el consumo productivo de los cuerpos, en términos capitalistas, supone un proceso expropiatorio del poder de los cuerpos” (p. 47). También para Segato (2014:352), “el poder actúa…directamente sobre el cuerpo” y “pasa a constituir, en sí mismo, terreno-territorio de la propia acción bélica”.
Hay autores que señalan que la creciente represión por parte del crimen organizado hacia los activistas sociales, “marca nuevos tipos de lucha, centrado en la defensa del territorio y del ambiente” (Merchand,2016; Forero, 2020; Svampa, 2019), por los que los convierte en objeto de una “hegemonía criminal” que ejerce sobre ellos un creciente exterminio (Ortiz, 2020).
De manera más específica, consideramos que las confrontaciones que caracterizan al estado del poder en México, al igual que en toda América del Norte, tienen como su expresión más visible el costo humano o el conjunto de bajas humanas, en este caso, hacia los activistas sociales. Dicho estado del poder
depende del tipo de relación que se entreteje entre los dominios ‘legal’ – en todos los niveles de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, con el uso legal, pero muchas veces ilegítimo de la fuerza – y ‘delictual- que constituye una fuerza armada de carácter ilegal- y de la prevalencia de uno sobre otro (Colectivo Ángela Esperanza, 2013: 2).
Los cuerpos, como territorialidad social pueden ser, según Marín (2010:34) “un instrumento de registro de las relaciones de poder”. Esta sugerencia metodológica nos ha llevado a construir una base de datos sobre el costo humano hacia los activistas en México, con el programa Statistic Program for Social Sciences (SPSS) a partir del registro diario del periódico La Jornada (88%), desde enero de 2017 hasta diciembre de 2020, y, de manera complementaria, hacia otras fuentes como Sin Embargo y la Revista Proceso. La unidad de observación ha sido la noticia sobre las bajas humanas graves sufridas por los activistas y la unidad de análisis, las acciones que han provocado dichas bajas: muerte, desaparición y heridas.
El contexto de la investigación
México, con sus de 128,9 millones de habitantes (Banco Mundial, 2020), es uno de los países más desiguales del continente, ha sufrido un proceso de reestructuración económica hacia un mercado transnacional, el incremento en la reprimarización de su economía, un aumento de la precarización laboral y del trabajo informal.
También se ha expandido la participación del amplio espectro partidista en los diversos niveles de gobierno, lo que, a su vez, no ha obstaculizado la realización de un proceso de exterminio de la población a dos niveles, uno de carácter selectivo, que es el que se realiza “en condiciones de impunidad, unilateralidad de la acción y desarme de la víctima” hacia los opositores del régimen, como son los activistas sociales (Colectivo Ángela Esperanza, 2013:1), y otro de exterminio masivo, desatado con la “guerra contra el narcotráfico”, desde 2006 a la fecha, que ha tendido a invisibilizar al primero.
Ambos niveles de exterminio en el país se han profundizado por el carácter de la política de seguridad que se ha expresado como acción de ‘militarización de la seguridad pública’ [que] ha implicado la aparición no sólo de fuerzas combinadas (Fuerzas Armadas militares regulares y cuerpos policíacos), de fuerzas armadas del delito organizado, sino también la de grupos armados irregulares (paramilitares y parapoliciales) y grupos de civiles armados para la autodefensa. (Colectivo Ángela Esperanza, 2013:1).
El vigor del exterminio masivo se manifiesta en la existencia estimada de 362,657 personas asesinadas, de 2006 a 2020 (INEGI,2022); del feminicidio de 10 mujeres a diario (Morales y Escobar, 2020); más de cuatro mil fosas clandestinas, desde 2006 (Tzuc, 2021), una crisis forense (Redacción El Financiero, 2021); más de 100 mil desaparecidos desde los años sesenta (Urrutia y Xantomila, 2022) y más de 300,000 desplazados internos (Comisión Mexicana Derechos Humanos de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 2020). Además, de diciembre de 2018 a septiembre de 2021, han sido asesinados 94 activistas sociales y 47 periodistas (Aguilar, 2021). Así mismo, operan en el territorio 150 grupos criminales (Castillo, 2022).
Los principales hallazgos de la investigación
Entre enero de 2017 y diciembre de 2020, hemos registrado 179 acciones de costo humano dirigidas hacia los activistas sociales: ha habido un ascenso hasta 2019 (62 acc.) y un leve descenso en 2020, para permanecer con la misma intensidad que en 2018 (43 acc.). Estas acciones se han realizado en todo el territorio nacional: más de la mitad en la región sur (55%), 30% en la región centro y 15% en la región norte, distribuyéndose en 23 estados de la república[2], sobre todo en estados gobernados por el PRI (55%) y también en estados gobernados por el PAN (19%); el PRD (10%); el PVEM (9%); MORENA (5%); el PES y el MC. A su vez, estas acciones se han realizado en espacios abiertos y en espacios cerrados, aumentando la indefensión de los luchadores sociales.
La adscripción social de los activistas sociales vulnerados
El 66% de las acciones del costo humano se han dirigido hacia hombres, 13% hacia mujeres y 21%, hacia mujeres y hombres juntos. Desde su adscripción social o identidad social, hemos agrupado a los activistas vulnerados en dos grandes categorías: una, la “identidad indígena-campesina”, que desde los años noventa, se había constituido en el objetivo prioritario del exterminio selectivo. Esta conformada por los activistas indígenas, campesinos y con la información de nuestros registros, hemos integrado a las policías comunitarias. Esta identidad activista ha recibido el 57% del total de las acciones del costo humano.
El otro grupo de activistas lo agrupamos en lo que hemos denominado de manera preliminar “identidad de la sociedad civil”, que incluyen a los trabajadores y a los participantes en diversas organizaciones sociales, con la plena consciencia de que también los integrantes de la identidad indígena-campesina, son parte de la sociedad civil pero nos parecía importante distinguirla de ésta por la prioridad histórica que siempre ha tenido en el proceso de exterminio. Esta segunda identidad fue la destinataria del restante 43% del total de las acciones.
La mayoría de los hombres activistas (59%) eran indígena-campesinos y las acciones hacia ellos se realizaron mayoritariamente en la región sur, mientras que la mayoría de las mujeres (65%), eran adscriptas a la sociedad civil y las acciones recibidas por éstas se realizaron sobre todo en las regiones centro y norte del país.
Las luchas de los activistas sociales vulnerados
Hemos hallado alrededor de quince tipos de luchas específicas llevadas a cabo por los activistas que han sufrido el costo humano, lo que nos ha conducido a un trabajo de codificación consistente en la profundización de las interrelaciones entre esos tipos de lucha y las adscripciones sociales de los activistas, hasta construir cuatro categorías de lucha social: la lucha ambientalista; la lucha por seguridad y contra la delincuencia; la lucha gremial y la lucha por la defensa de los derechos colectivos.
La lucha ambientalista fue objeto de la mayoría del total de las acciones registradas (44%): ha abarcado la defensa del territorio y los conflictos por la tierra; la lucha por el agua; por la preservación del bosque y de la fauna; contra los proyectos y megaproyectos que atentan a la vida de las comunidades y contra el extractivismo minero.
La lucha por los derechos humanos colectivos ha representado la segunda lucha principal (24%) y también ha agrupado una gran diversidad: la gestoría de servicios colectivos; la lucha por los DH de la diversidad sexual; por los DH de la mujer; por los DH de los desplazados y de los migrantes; la lucha de los familiares de desaparecidos y por los presos políticos.
Con igual intensidad, le han seguido la lucha por la seguridad y contra la delincuencia, de manera directa -ya que todas las demás incluyen también este motivo-, que ha sido encabezada por la policía comunitaria y, la lucha gremial (16% cada una), en la que ha predominado la lucha por la educación seguida por las luchas sindicales diferentes a la de la educación. (Cuadro 1)
Cuadro 1. Luchas de los activistas sociales según cantidad de acciones de costo humano recibidas. México (Enero de 2017- Diciembre de 2020)
| LUCHAS AGRUPADAS DE ACTIVISTAS SOCIALES | LUCHAS ESPECÍFICAS | ACCIONES DE COSTO HUMANO RECIBIDAS |
| LUCHA AMBIENTALISTA | Defensa territorio/ conflicto tierra | 24%(43) |
| Agua | 9%(16) | |
| Bosque y fauna | 6%(11) | |
| Proyectos y megaproyectos | 3%(6) | |
| Minas | 2%(3) | |
| Subtotal | Subtotal LUCHA AMBIENTALISTA | 44%(79) |
| LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS COLECTIVOS | Gestoría de servicios | 8%(14) |
| DH de la diversidad sexual | 5%(9) | |
| Familiares de desaparecidos | 4%(7) | |
| DH de los desplazados | 3%(6) | |
| DH de la mujer | 2%(4) | |
| DH de los presos políticos | 1%(2) | |
| Dh migrantes | 1%(1) | |
| Subtotal | Subtotal LUCHA POR DERECHOS HUMANOS COLECTIVOS | 24%(43) |
| LUCHA GREMIAL | Lucha por la educación | 11%(20) |
| Lucha sindical | 5%(9) | |
| Subtotal | Subtotal LUCHA GREMIAL | 16%(29) |
| LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y POR LA SEGURIDAD | Por la seguridad | 16%(28) |
| Subtotal | Subtotal LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y POR LA SEGURIDAD | 16%(28) |
| TOTAL | 100%(179) |
Las dos identidades agrupadas de activistas han realizado todos los tipos de lucha identificados, pero con intensidades diferentes: la identidad indígena-campesina ha recibido mayoritariamente el costo humano a causa de las luchas libradas contra la inseguridad y la delincuencia y la lucha ambientalista mientras que la identidad de la sociedad civil ha recibido mayoritariamente las bajas humanas por su lucha gremial y por la defensa de los derechos humanos colectivos.
Relación entre luchas y tipos de bajas humanas recibidas
Todos los activistas sociales vulnerados han sido objeto de las diferentes bajas humanas registradas. Independientemente de su adscripción social y del tipo de lucha enarbolada, ha sido la muerte el efecto contundente del 75% del total de las acciones registradas del costo humano. Por intensidad, le siguen las heridas (14%) y las desapariciones (11%).
Este exterminio ha significado más del 80% de las acciones dirigidas hacia miembros de la policía comunitaria y hacia los indígenas; más del 70% del total de las acciones realizadas hacia los participantes en organizaciones sociales y los trabajadores y finalmente, la mitad o más del total de las acciones hacia las organizaciones de víctimas y los campesinos. (Cuadro 2)
Cuadro 2. Tipo de bajas humanas según la adscripción social del activista. México (Enero de 2017- Diciembre de 2020)
| IDENTIDAD ACTIVISTA/BAJA | POLICÍA COMUNITARIA | INDÍGENAS | ORG.SOCIALES | TRABAJADORES | CAMPESINOS | ORG VÍCTIMA |
| MUERTE | 86% | 81% | 77% | 75% | 54% | 50% |
| DESAPARICIÓN | 0% | 10% | 3% | 16% | 23% | 21% |
| HERIDAS | 14% | 9% | 20% | 9% | 23% | 29% |
En segundo lugar, cada una de estas identidades ha recibido heridas, especialmente a aquellas agrupadas bajo la identidad de sociedad civil: activistas de organizaciones de víctimas y de las otras organizaciones sociales, además de campesinos y de la policía comunitaria. En el caso de las acciones que han generado las desapariciones, éstas se han dirigido sobre todo hacia los campesinos y las organizaciones de víctimas, seguidas por la de los trabajadores, además de los indígenas
Los sujetos responsables del costo humano de los luchadores sociales
Señalábamos más arriba, el entrelazamiento entre los dos dominios -del orden delictual y del orden legal- que caracterizan el estado del poder en México y encontramos que, en su inmensa mayoría, el responsable directo del costo humano hacia los luchadores sociales ha sido el dominio del orden delictual habiendo realizado el 80% del total de acciones con bajas (144 acc.) pero también el dominio del orden legal, con la responsabilidad de haber ejecutado el 20% del total de las acciones del costo humano (35 acc.).
Respecto al dominio del orden delictual, más de dos tercios (69%) del total de sus acciones, ha sido responsabilidad directa del diversificado y múltiple crimen organizado que, en la prensa, aparece en gran medida nombrado como un sujeto organizado “desconocido”. El restante tercio de sus acciones ha estado a cargo de lo que hemos denominado “grupos armados ilegales”, es decir, de los que están bajo la protección de las fuerzas armadas y policiales legales, que, de manera tradicional han estado presentes antes de la expansión del llamado “crimen organizado” y que, en realidad, no han desaparecido sino permanecen invisibilizados por aquel: grupos paramilitares, de choque o caciquiles, Antorcha Campesina, “ matones con protección de CTM”, talamontes entre otros.
El orden delictual es responsable del 86% del total de las acciones que han asesinado a los activistas sociales, así como del 84% del total de las acciones de su desaparición y de menos de la mitad de las que han producido heridas (48%.)
Respecto al dominio del orden legal, nos hallamos ante un sujeto complejo, con la participación, en primer lugar, de las fuerzas armadas, que incluyen las policiales de los diversos niveles gubernamentales además de las fuerzas combinadas con ejército, granaderos (49%); seguido por diversas autoridades gubernamentales, sobre todo las municipales (25.5%) y pobladores, incluso con apoyo de empresarios en algunos casos (25. 5%). El ámbito de poder legal tiene la responsabilidad de haber ejecutado el 14% del total de los asesinatos de activistas, el 16% de las acciones de su desaparición (ambos tipos de bajas, sobre todo a cargo de las fuerzas armadas y policiales) y más de la mitad de aquellas que les han proporcionado heridas (52%), sobre todo a cargo de las autoridades gubernamentales.
Ambos dominios de poder actúan hacia las dos identidades de activistas, pero con diferentes intensidades. Así, el orden delictual dirige 53% de sus acciones hacia la identidad indígena-campesina, entre éstos sobre todo a los ambientalistas y a los que luchan por la seguridad y contra la delincuencia y 47% de sus acciones hacia la identidad de la sociedad civil, sobre todo la que lucha por sus derechos sindicales y la defensa de los DDHH colectivos.
El orden legal ha dirigido de manera abrumadora la mayoría del total de sus acciones (74%), hacia la identidad indígena-campesina, sobre todo hacia los que luchan por la seguridad y contra la delincuencia y hacia los ambientalistas, lo que muestra la continuidad de la perpetración de la cuota histórica del exterminio selectivo practicado desde el Estado. El 26% de las acciones restantes del costo humano las ha realizado hacia la identidad de la sociedad civil, principalmente hacia los que luchan por sus derechos sindicales y por la defensa de los diversos DDHH colectivos.
Cuando observamos la relación entre los dos dominios por cada uno de los tipos de lucha de los activistas que han exterminado, es evidente la preponderancia del orden delictual en la realización directa del costo humano (Cuadro 3).
Cuadro 3. Relación entre órdenes territoriales según la lucha de los activistas sociales. México (Enero de 2017- Diciembre de 2020)
| ÓRDENES/LUCHAS | DDHH COLECTIVOS | GREMIAL | AMBIENTALISTA | SEGURIDAD, CONTRA DELINCUENCIA |
| ORDEN DELICTUAL | 86% | 83% | 80% | 71% |
| ORDEN LEGAL | 14% | 17% | 20% | 29% |
Si profundizamos en esa observación, es interesante señalar cómo ambos dominios se dirigen, por un lado, hacia quienes enarbolan las luchas ambientalistas y las luchas por la seguridad y contra la delincuencia, sobre todo cuando poseen la identidad indígena-campesina y, en segundo lugar, cómo se dirigen hacia quienes llevan a cabo las luchas por la defensa de los derechos colectivos y los derechos gremiales, sobre todo de los que tienen la identidad de la sociedad civil (Cuadro 4).
Cuadro 3. Identidad y lucha activista según los órdenes de su exterminio. México (Enero de 2017- Diciembre de 2020)
| ORDEN DELICTUAL | ORDEN LEGAL | |||
| LUCHA/ ÓRDENES POR IDENTIDAD | Indígena-campesina | Sociedad civil | Indígena-campesina | Sociedad civil |
| L.AMBIENTAL | 79% | 21% | 100% | 0% |
| L.DDHH COLECTIVOS | 22% | 78% | 33% | 67% |
| L.GREMIAL | 4% | 96% | 0% | 100% |
| L.CONTRA DELINCUENCIA | 85% | 15% | 100% | 0% |
| TOTAL | 100% (144) | 100% (35) |
Para responder al interrogante desencadenante de la investigación exploratoria respecto a cuáles han sido las luchas sociales libradas por los activistas sociales que han recibido el costo humano por el estado del poder operante en México, en un contexto de guerra y de exterminio masivo, entre enero de 2017 y diciembre de 2020, encontramos que, en comparación a nuestros registros durante la década de los noventa, hoy su exterminio selectivo se ha expandido en el territorio conservando la continuidad de la prioridad en el mismo, de la identidad indígena-campesina- a la cual se ha incorporado la policía comunitaria-, sobre todo respecto a los que defienden el medio ambiente y luchan contra la inseguridad y la delincuencia. Sin embargo, este proceso ahora también se ha extendido hacia otros activistas, del resto de la sociedad civil, que defienden una pluralidad de derechos humanos colectivos, como los de la diversidad sexual, de la mujer, de los presos políticos, de los migrantes, de los desplazados y de los familiares de víctimas. Así como los derechos humanos laborales, sobre todo relativos a la educación.
Respecto a la institucionalidad del poder operante, un aspecto novedoso del actual proceso de exterminio selectivo respecto al realizado durante los años noventa, es el papel preponderante que ha asumido el crimen organizado como responsable directo del costo humano de los activistas, para ocasionarles, de manera contundente, su muerte, actuando como la expresión más acabada de la faceta criminal o el brazo armado de las alianzas políticas, económicas y sociales del Estado que, históricamente, se había hecho cargo de manera directa del exterminio selectivo de sus opositores. Esta situación conlleva a la reflexión acerca de las nuevas funciones del Estado, que opera con base local y anclajes transnacionales, expresado territorialmente en la interpenetración entre dos ámbitos de poder territorial: el del mismo orden legal con dicho orden delictual.
La existencia de un costo humano tan grave, tanto a nivel masivo como selectivo, conduce a priorizar el tema de las violencias en el país, que tiene como uno de sus efectos la invisibilización de la variedad de los motivos reales de mucho tipos de luchas sociales cuyos activistas son exterminados, siendo que esa variedad nos estaría expresando diversos procesos sociales que se entrecruzan y que estarían expresando quizás nuevos aspectos trastocados de la vida social que ameritan ser investigados, como el de la precarización laboral, las relaciones sociales en los ámbitos cotidianos, las nuevas formas de ciudadanización, la reestructuración territorial y poblacional, entre otros.
Uno de los grandes desafíos constituye desentrañar cada vez más los procesos constituyentes de esos efectos sociales en relación a los macro y micro procesos en que se expresan las diferentes violencias a través de un permanente estudio exploratorio multidisciplinario, que involucre extensamente a los actores vulnerados, a los estudiantes de modo de extender ese conocimiento para que se constituya en insumos para decidir juntos el qué hacer.
REFERENCIAS
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Revista Proceso versión digital, México.En:https://www.proceso.com.mx/
[1] Marín (2010:46) se refiere al “estado del poder” como al “estado de las cosas”, en el contexto de la crisis de los Estado-Nación, desde donde revisa el escrito De la guerra, de Carl von Clausewitz para quien “el poder es lucha, pero siempre se la reifica en un ‘Estado’…cuando en realidad la cuestión del Estado nos remite a nada más que al ‘estado del poder’, ‘el estado de la lucha” (Marín,2010:45). Es decir, el estado del poder no se limita a la institucionalidad del poder, sino que engloba también una dimensión social. Esto implica que para analizar el “estado del poder” no deberíamos separar ambas dimensiones: es lo que intentamos hacer al analizar el costo humano.
[2] Región Norte: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas;Región Centro: Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas; Región Sur: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán.