PASADO Y PRESENTE DEL MOVIMIENTO INQUILINARIO
INTRODUCCIÓN
El problema inquilinario es uno de los más importantes de abordar para la organización popular y para la izquierda. El fenómeno expresa la extensión del proceso de valorización del capital en las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo y en las unidades domésticas, estrechamente asociado a la creación de condiciones para impedir o dificultar el acceso popular a la vivienda. Se intensifica la precarización de las clases oprimidas pues el fenómeno inquilinario agudiza la extracción de excedente a las clases trabajadoras y erige intermediarios en la dominación de clase con la formación de pequeños burgueses, capitales pequeños y medianos alimentados de las rentas. Ello vela las relaciones de explotación y una dificultad en la identificación del adversario en el sistema capitalista.
El centenario de la huelga de 1922 permite pensar el tema desde varias aristas. Por un lado, las contradicciones estructurales del desarrollo capitalista en la época, pero también los elementos subjetivos, de construcción del sujeto político y de acción que emergieron en el momento y se transformaron en un movimiento con reivindicaciones permanentes con diverso grado de profundidad y horizonte. Por otro, la reemergencia del problema de la vivienda, de las unidades domésticas, de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo y de las ciudades en las formaciones socioeconómicas periféricas en un momento de agotamiento del ciclo de acumulación capitalista en el paso del modelo de desarrollo por sustitución de importaciones a la reestructuración neoliberal. Finalmente, la vigencia del problema, las posibilidades y límites de las reivindicaciones, los grados de articulación de la ruta para recuperar el poder sobre la ciudad en el presente.
En los tres momentos nuestro objetivo consiste en recuperar el significado en la lucha inquilinaria para los procesos de apropiación popular de la ciudad, entre la recuperación de una cuota de poder sobre ella y la producción alternativa del espacio urbano. Así, planteamos una reflexión sobre el potencial, los alcances y linderos de las demandas, así como su actualidad y vigencia. También buscamos abordar el movimiento a partir de los aprendizajes que aportan los procesos en términos del sujeto político, de sus capacidades organizativas y de articulación para construir una fuerza popular, de construir orgánicamente un poder popular como germen de la recuperación del poder sobre la ciudad.
1. LA HUELGA DE 1922 Y EL NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO INQUILINARIO
En 1922 estalló una huelga de arrendatarios en un núcleo económico primordial de la época porfiriana y de las primeras décadas de la revolución: el puerto de Veracruz. La huelga fue el resultado del crecimiento urbano producto del desarrollo industrial porfirista, que continuaron en los primeros años del periodo posrevolucionario. Por tal motivo, el proceso se extendió a los centros urbanos más importantes de México: Distrito Federal y Guadalajara. Si bien constituyó un movimiento en sí mismo, también se desencadenó una tendencia con reivindicaciones, formas de organización y de lucha a lo largo de la década. La ola llegó en los meses y años siguientes a ciudades del Golfo de México en Tamaulipas, Tabasco y Yucatán, pero también a Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Monterrey y Ciudad Juárez. En algunos lugares se prolongó hasta 1925 y en otros un par de años más. Ahí emergió con fuerza el movimiento inquilinario en México.
Dicho movimiento fue posible por diversos factores dentro del territorio nacional:
- La circulación de ideas y experiencias de lucha inquilinaria en importantes centros urbanos capitalistas, así como en ciudades de América Latina. Esa experiencia circuló por medio de migrantes que nutrieron las tradiciones y experiencias locales.
- Una importante experiencia organizativa acumulada del sector con la formación de organizaciones defensivas frente a los casatenientes, las cuales adquirieron la forma sindical. De ahí la asunción de ciertas formas de lucha como la huelga de pagos y la ocupación para cortar el flujo de excedente extraído por el rentista.
- La vinculación con anarquistas y organizaciones comunistas, cuyos objetivos convergieron en la búsqueda de organizarse con el sector y promover una huelga. Esto imprimió un sentido político al descontento en un segmento no controlado por la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).A pesar del elemento consciente, la movilización espontánea superó las capacidades de estos actores políticos.
- Las banderas que plantearon, como la regulación de los alquileres a la toma y/u obtención de terrenos para la construcción de viviendas, se convirtieron en una herencia de intervención radical en la producción del espacio urbano.
También es cierto que, desde entonces, aquella huelga y el movimiento que originó nos dan pistas importantes y aprendizajes sobre cuestiones fundamentales:
- Las tensiones que representaron las disputas y divisiones entre el conjunto de la izquierda; es decir, la falta de unidad entre las fuerzas políticas que influyen en el sector, sus organizaciones y en el movimiento.
- Por tanto, la falta de unidad entre el conjunto de organizaciones del sector para constituir un movimiento con poder y capacidades de construcción de un programa político común, así como de hacerlo valer.
- La identificación del adversario principal a vencer con el casero, pequeño burgués dependiente de sus rentas, y no con las relaciones de clase y de propiedad vigentes sancionadas por el Estado, así como el sistema capitalista en conjunto.
- La restricción de las demandas a su alcance mínimo en las modificaciones o matices en términos del alquiler y no en términos de la propiedad, del derecho a la vivienda, del derecho a la ciudad, de la recuperación del poder sobre la misma y de la transformación orden social y político en conjunto.
- Finalmente, la pérdida de autonomía y la subordinación a las relaciones corporativas desarrolladas a finales de la década que tuvieron continuidad en los años siguientes.
2. REIVINDICACIONES INQUILINARIAS EN EL CENIT Y NADIR DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR
Si bien las reivindicaciones de inquilinos estuvieron presentes a lo largo del siglo XX no se constituyeron en un movimiento autosuficiente de amplia base social. La naturaleza de las reivindicaciones le imprimió una volatilidad por el carácter transitorio de la circunstancia inquilinaria y el mayor atractivo de su horizonte más amplio y radical con la apropiación del espacio urbano y la producción social del mismo en la obtención y/o producción autónoma de vivienda. Lo anterior también se debió a que a partir mediados de siglo en varios centros urbanos la apropiación de la tierra en las periferias de las ciudades se dió a través de la incorporación informal al mercado de las mismas, por adquisición y en menor medida por tomas, frente a una fuerte ausencia del Estado y del capital, con lo que se generaron tensiones entre campesinos y las clases de los sectores populares urbanos.
Lo anterior dio lugar a un espacio urbano ya producido con contenido popular, aunque no necesariamente con contenido político democrático alternativo o de cuestionamiento del orden social y político. Luego el Estado buscó regularizar dicho espacio producido e insertarlo al mercado para beneficio de segmentos de la pequeña burguesía y del capital interesados en la explotación del suelo.
Las reivindicaciones del sector inquilinario fueron absorbidas en el proceso de integración dirigido por el Estado o bien se agruparon de manera minoritaria como una parte del abanico de reivindicaciones del movimiento orgánico que buscó fundar el bloque promotor de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup), llamada así desde 1981,estructurada por la acción de organizaciones políticas de izquierda socialista y organizaciones populares. La reestructuración neoliberal, la crisis, la represión estatal, las concesiones para recomponer la hegemonía de las clases dominantes, los pendientes de consolidación de la estructura de coordinación y el predominio de reivindicaciones como la regularización de la tierra, dotación de servicios públicos o la lucha por la vivienda definitiva, imprimieron a las organizaciones inquilinarias y sus reivindicaciones el carácter defensivo del conjunto del sector y establecieron los límites del programa posible de enarbolar.
Esto no quiere decir que los inquilinos no hubiesen aportado una importante capacidad de lucha y experiencia a ese bloque de organizaciones del sector popular urbano con horizonte socialista. Las organizaciones inquilinarias aportaron a los objetivos de fortalecimiento de la Conamup, en tanto que recibieron el respaldo de sus luchas en la ciudad de México y otras urbes bajo la política de enfrentamiento regional con el Estado capitalista y en la resistencia frente a los desalojos entre 1981 y 1982. Entre ellas destacaron la Unión de Colonos Inquilinos y Solicitantes de Vivienda 11 de noviembre (UCISV 11 de noviembre) y la Asociación de Colonos e Inquilinos Independientes de San Miguel Amantla, Azcapotzalco, mismas que sembraron el camino para la realización de un encuentro de inquilinos en mayo de 1982, aunque no lograron un peso decisivo en la Conamup.
Estas circunstancias incidieron en las posibilidades de la integración de sus reivindicaciones en las del conjunto del sector. En el encuentro de la Conamup de 1982 se agregaron como parte de las demandas en torno a la vivienda: el rechazo al desalojo y a la derogación de la ley de renta congelada, así como la exigencia del alto al aumento desproporcionado de rentas y la reparación de la vivienda por parte de los propietarios. Estos límites estaban trazados por la capacidad de hacerlos valer, así como las dificultades que imponía la defensa de las condiciones de vida frente a la profunda carestía. Lo anterior no fue revertido con los esfuerzos de reorganización de la Conamup tras el fracaso de los paros cívicos de 1983 y 1984 pues la apuesta de organización a partir de subsectores como el de inquilinos y la lucha por una ley inquilinaria democrática como demanda fueron afectadas por la dispersión y la fragmentación sufridas por ese esfuerzo organizativo.
Cuando las afectaciones por el sismo de 1985 reactivaron al movimiento popular por el resto de la década, también resurgió el subsector inquilinario. En el periodo destacó el protagonismo de la Coordinadora de Cuarto Azotea de Tlatelolco (CCAT), la Unión de Inquilinos y Damnificados del Centro (UIDC) y el Comité de Lucha Inquilinaria del Centro (CLIC). Sus luchas buscaron trascender las reivindicaciones en torno a la regulación de la renta, mayores obligaciones para el arrendador o límites a las formas de propiedad urbana y se llegaron a plantear la lucha por la vivienda. Por poner un ejemplo, organizaciones como el CLIC se integraron en nuevas organizaciones dedicadas en particular a la lucha por la vivienda, como sucedió con la fundación de la Asamblea de Barrios. Ahora bien, aunque continuaron existiendo organizaciones mixtas y propiamente inquilinarias, a finales de la década el sector organizado fue realmente minoritario en el conjunto de agrupaciones divididas en los distintos referentes que también atravesaron a los movimientos urbanos.
En esas condiciones de los sujetos políticos del sector, la producción del espacio urbano bajo el neoliberalismo avanzó con el desarrollo de los capitales industrial, inmobiliario y financiero. Los grandes capitales lograron dominar la producción de vivienda urbana, con apoyo de las instituciones estatales, de manera paralela a la extensión de las manchas urbanas, la expulsión de los sectores populares a las periferias y la limitación del acceso a la vivienda. La gran mayoría de las organizaciones populares sobrevivientes, incluidas las inquilinarias, no pudieron hacer frente a la lógica dominante y se vieron obligadas a gestionar el acceso a la vivienda en las condiciones impuestas, salvo excepciones. La producción del espacio urbano por el capital impuso obstáculos a la obtención de vivienda digna, pero también ha producido una extraordinaria cantidad de inquilinos, aún en condiciones más difíciles que las enfrentadas por los huelguistas de 1922.
3. A UN SIGLO: LA CIUDAD, LOS INQUILINOS, LAS DEMANDAS, LA HUELGA Y EL MOVIMIENTO
Desde 1922 han sido constantes la falta de acceso a condiciones dignas de vida, el hacinamiento, el aumento desmedido del costo de la vivienda, la falta de espacios salubres y de equipamiento público, la falta de mantenimiento de los espacio habitables por parte de los propietarios, la falta de seguridad en la permanencia de un lugar para vivir, la falta de regulación de los costos de las viviendas en renta y el desequilibrio en los niveles salariales de las y los trabajadores. Hoy, la condición de inquilino es más una constante que una situación transitoria.
La huelga de hace cien años constituye una de las primeras expresiones de lo que a partir de la década de 1980 se autodenominó movimiento urbano popular. Esta lucha reivindicó, aun sin mencionarlo, el derecho a la ciudad y el derecho a ser partícipes de las decisiones en materia urbana, más allá de acto de memoria, traerlo al presente implica recuperar el carácter histórico de las demandas. Así, la huelga inquilinaria, nos permite colocar en la discusión actual problemas estructurales, aún no resueltos en la ciudad:
- La ciudad es reflejo de la desigualdad social y de la sociedad dividida en clases en la cual los trabajadores tienen las peores condiciones de espacio y de higiene. El suelo urbano en las zonas centrales con mejores servicios, infraestructura y movilidad está destinado a un grupo minoritario de población con los mayores recursos. Tal situación también se manifiesta en el acceso a las viviendas de alquiler, pues quienes tienen menores ingresos sólo tienen posibilidad de alquilar en algunas zonas populares. Los espacios centrales de la ciudad son inaccesibles.
- Es casi imposible que las clases populares puedan acceder a una vivienda en el mercado formal, primero, porque el 60 % de la economía es informal y ante ello no es posible acceder a créditos de vivienda y, segundo, porque aún estando en la economía formal, los insuficientes salarios no lo permiten, es entonces una clase condenada a acceder a la vida urbana en las zonas populares por medio de la auto producción o del alquiler .
Con sólo observar el caso de la Ciudad de México, uno de los centros urbanos donde las relaciones capitalistas de producción del espacio urbano tienen mayor desarrollo en el país, podemos tener un panorama de lo que sucede con las ciudades y con el sector. Las rentas de menor costo van de $6,000 a $7,000 en alcaldías como Iztacalco, Iztapalapa o Gustavo A. Madero. Sin embargo, rentar en la Ciudad de México inmuebles de dos recámaras, en promedio cuesta $22 314 y $36 032 si se trata de inmuebles de cuatro recámaras o más. Ese alto costo de la vivienda en renta no corresponde a los niveles de ingresos mensuales ni a nivel nacional donde el 30 % de la población tiene salarios menores a $ 5,255 y el 39 % gana de $5,256 a $10,510 ambas cifras importantes, porque se trata del 69% de la población; ni a la ciudad de México donde el salario promedio mensual es de $4,520.30.
Vale la pena mencionar que 15.9% de hogares a nivel nacional son alquilados. Esta proporción aumenta de manera significativa en la ciudad de México, donde el 26% de las viviendas son rentadas, además de un 15.6 % que se encuentra en otra condición (prestada o subarrendada). Es decir, 1 de cada 4 familias no son dueñas del espacio donde habitan y están a merced de los caseros. Además por los costos, significa que un alto porcentaje de los ingresos de los miembros de las familias trabajadoras está destinado únicamente a pagar a los casatenientes.
La profunda desigualdad social se manifiesta también en la forma de distribución de los hogares que alquilan viviendas. Así los hogares de menos ingresos son los que en proporción tienen menos posibilidad de acceso a una vivienda ya sea auto producida o comprada en el mercado formal, por lo tanto, pagarán alquiler en un porcentaje mayor, así, “entre los menores ingresos 16% de ellos pagan alquiler a nivel nacional, y 49% en la Ciudad de México y además, el 37% de los hogares en pobreza muy alta en la Ciudad de México pagan alquiler” (Rodríguez et. al, 2021). - La especulación del suelo urbano y de las rentas por parte de un sector minoritario que tiene el control de la tenencia de las viviendas. La acaparación del suelo urbano, es permitida por la falta de regulación en el valor del uso de suelo en la ciudad y porque las mismas políticas públicas fomentan estas transformaciones gentrificadoras. Además de que las rentas son acaparadas por quienes tienen mayores recursos y propiedades. Como señalan Rodríguez et. al. (2021:49): “en la ciudad se observa la distribución desigual de quienes reciben pagos por alquiler se vuelve todavía más extrema cuando se toma en cuenta el monto de lo que se redistribuye vía rentas de propiedad: 99% de los ingresos por alquiler se acumulan en el 10% más rico del país y, de hecho, 62% de estos —es decir, 6 de cada 10 pesos— van sólo para el 1% más rico del país.”
- El control y la aplicación de las medidas regulatorias del estado dependen de la movilización popular. Actualmente la vivienda en alquiler únicamente está regulada por el Código Civil. Ahí se presenta como cualquier relación contractual entre supuestos iguales y es considerada como un acuerdo particular. Por lo tanto, al no tener regulación de sus costos por parte del Estado, los inquilinos se encuentran a disposición de los caseros que operan libremente con las leyes del mercado. Está condición ha sido permitida porque la izquierda ha dejado al olvido la demanda histórica en materia de alquileres. En ese sentido, es importante observar que la huelga de inquilinos logró acuerdos importantes de regulación gracias a la movilización popular, dichos acuerdos posteriormente fueron derogados. Sin el impulso de los movimientos sociales y la fuerza de las movilizaciones, los caseros seguirán acaparando y aprovechando los servicios de la ciudad de manera privativa.
Hace un siglo de la huelga inquilinaria y los problemas de acceso a la ciudad no se han resuelto. Una de las grandes lecciones de este movimiento fue la capacidad organizativa que logró paralizar los pagos en distintas ciudades, además de la creatividad en la agitación, la propaganda y la incorporación de amplios sectores de mujeres incluyendo sexoservidoras, además de extender la huelga de pagos al propio transporte en la ciudad, situación que ocurrió por lo menos en Veracruz, y sin duda en otros centros urbanos.
Hoy, el problema de la ciudad no es tan distinto, centrado en la especulación del suelo urbano en las zonas centrales con mayores servicios. Se ha imposibilitado acceder a la ciudad mediante la adquisición o rentas, con lo cual los sectores populares son condenados a vivir en las periferias. Es importante mencionar que la ciudad y sus servicios son bienes sociales construidos con presupuesto público y son esos bienes sociales los que agregan valor al suelo urbano. Así, los altos costos de las viviendas y de las rentas son producto en realidad de la valorización que no realizan los casatenientes particulares pero la captación de las rentas de ese valor agregado si va directamente a sus bolsillos.
Además de las problemáticas vigentes que fueron planteadas desde la huelga inquilinaria es necesario señalar que siguen sin existir mecanismos regulatorios de las rentas en las ciudades, y se normaliza la imposibilidad de acceder a una vivienda o más aún, en la población más joven, se naturalizan mecanismos tales como compartir habitaciones en lugares centrales de la ciudad.
A MODO DE CIERRE
A un siglo de la huelga de 1922, nos encontramos en una ciudad producida predominantemente por las relaciones económicas y políticas capitalistas. Hoy es más acusado el papel que tienen las unidades domésticas rentadas en el proceso de extracción de excedente a las clases trabajadoras y como condición de abaratamiento del pago de la fuerza de trabajo para el capital. Con los obstáculos a la obtención de vivienda digna en un sector dominado por el capital, no sólo se ha multiplicado en términos generales la cantidad de personas que rentan una vivienda, sino que cada unidad doméstica obliga al hacinamiento con la integración de cada vez más habitantes. Con ello los capitales medianos, pequeños y pequeña burguesía que se alimentan de las rentas extraen el mayor excedente posible a los trabajadores y es posible mantener salarios que unitariamente hacen imposible la adquisición y/o renta de un espacio digno. En resumen, hoy existe una precarización extraordinaria del sector inquilinario.
Por lo anterior, las demandas para regular los alquileres y promover la construcción de vivienda asequible para los trabajadores, expresadas en 1922 y desarrolladas en la historia de la izquierda y de las organizaciones populares, siguen más que vigentes. Es decir, la disminución de la renta, su proporcionalidad de la misma, y en general mayores regulaciones para la pequeña burguesía y capitales casatenientes. Estás son demandas necesarias como una conquista Intermedia en el camino hacia el logro de una vivienda y una vida dignas, donde entran en juego otras reivindicaciones frente al capital: límites a la propiedad urbana, a sus procesos constructivos, al monopolio de la construcción, detener los procesos de especulación y de gentrificación.
Pero también siguen vivas demandas positivas no sólo de conquistar el programa máximo de una vivienda y vida dignas, sino de de organización cualitativamente superior de los inquilinos en cooperativas de solidaridad y de vivienda para construir una ciudad bajo el interés popular. Lo anterior es importante porque aunque se ha extendido el número de personas que son inquilinos, existe un velo ideológico que edulcora la situación de precarización bajo los significados que el capital y la gentrificación imponen al espacio producido. Finalmente, las formas de lucha que se han enarbolado desde 1922 también siguen vigentes: movilizaciones callejeras, huelgas de pagos, tomas y paros nacionales. Estas demandas particulares para tener un lugar para vivir y articulación en un proceso de lucha popular, como se ha mencionado, ha sido producto de condiciones objetivas coyunturales, mismas que se han transformado, mermado y por lo tanto fueron disminuyendo al mínimo un movimiento que tuvo un alcance nacional.
Por lo anterior, aunque se pudiera decir que existen condiciones estructurales y de desarrollo del capital para impulsar una lucha como la de los inquilinos de 1922, lo cierto es que la condición de vulnerabilidad, el aislamiento y la falta de capacidad organizativa no lo hacen posible en lo inmediato. Cualquiera de las formas de lucha para hacer valer las reivindicaciones precisa de niveles importantes de organización de los inquilinos como sujeto político, como sucedió hace un siglo. Ello nos lleva a pensar las formas organizativas que ha asumido el sector, desde la sindical hasta las uniones y cooperativas. Es necesario recuperar, analizar, estudiarlas, pero también desarrollar nuevas formas de organización en red que permitan extender su alcance y construir organización a diversos niveles.
Así, también con la perspectiva centenaria, podemos decir que los caminos de lo que es necesario construir para desarrollar mayores niveles en la lucha política están planteados. Es decir: la unidad de movimiento inquilinario en organizaciones de un nivel superior cualitativamente hablando la articulación por medio de programas comunes de lucha propuestas de transformaciones puntuales en materia normativa y desde luego sin abandonar la lucha por una vivienda digna como el horizonte máximo en el camino de cambiar el orden social y político radicalmente. Dado que la organización popular está desarticulada, resolver las problemáticas de acceso a la ciudad en un proceso de transformación más amplio, significa sumarlas a un programa político donde la izquierda debe tener un papel fundamental, necesariamente implica reconstruir un movimiento amplio que luche también por el derecho a la ciudad. En este centenario, la lucha inquilinaria vive.
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