Hemos pasado por una época catastrófica para los asalariados mexicanos. La baja tasa de crecimiento económico, el cada vez más débil ritmo de creación de puestos de trabajo y la eliminación de todas las restricciones legales a la explotación, condujeron a una brutal caída de las remuneraciones y a la precarización generalizada del trabajo. Los salarios mínimos perdieron dos terceras partes de su poder adquisitivo, la informalidad superó el sesenta por ciento y generaciones enteras se acostumbraron a laborar sin prestaciones (como el derecho a una pensión digna, la posibilidad de una vivienda propia o el acceso a servicios de salud pública). Ser pobre y desprotegido a pesar de trabajar con ahínco, -incluso padeciendo jornadas más prolongadas e intensas que muchos otros países- fue la triste realidad para millones de mexicanos.
Esto no fue un “daño colateral” o una consecuencia accidental. Como en el resto del mundo, fue el resultado necesario de un programa que deliberadamente se propuso conseguir una reversión de las conquistas sociales de la clase trabajadora y una disminución de su participación en la riqueza social. El empobrecimiento de los asalariados constituyó el eje central del modelo neoliberal. Como rasgo estructural, por tanto, no podía remediarse mediante las políticas focalizadas de combate a la pobreza tan populares en esos tiempos. Y los datos demuestran que todo intento de paliar sin mejorar los indicadores salariales fracasaron rotundamente.
La salida de este laberinto implicaba una modificación de las condiciones económicas generales y del carácter del Estado mexicano. Sólo la derrota -aunque parcial- del bloque neoliberal podía frenar la curva descendente de los salarios y conducir a la restauración de algunos diques de contención contra la explotación extrema del trabajo. La victoria electoral de la Cuarta Transformación alentó las esperanzas en esa dirección, sobre todo porque colocó a la redistribución de la riqueza en un lugar estelar de su programa político.
Y, efectivamente, podemos señalar algunos avances en esa dirección:
- En primer lugar, La 4T implementó una amplia dispersión y multiplicación de los apoyos sociales. A través de programas y becas se ha impactado en los ingresos de 25 millones de hogares (70 por ciento de las familias mexicanas) aproximadamente, con un presupuesto que ha crecido en 26 por ciento en lo que va del sexenio y que en 2022 tuvo el aumento más considerable de los últimos quince años. Sometido a la visceral crítica de la oposición es indudable que estos apoyos han funcionado como tabla de salvación para las pauperizadas familias mexicanas, aunque su impacto sobre el mercado interno y la reactivación de las regiones económicas todavía están por evaluarse.
- En segundo lugar, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador emprendió una política de incrementos continuos del golpeadísimo salario mínimo. Durante los primeros tres años de gobierno éstos han sido de 16.21, 20 y 15 por ciento, de tal forma que el salario mínimo fue de 102.68 pesos diarios en 2019, 123.22 en 2020 y 141.70 en 2021. Así, mensualmente, pasó de 3 121.47 pesos en el primer año, a 3 745.89 en 2020 y 4 307.68 en 2021. Aunque manifiestamente insuficientes para revertir el rezago histórico, estos incrementos fueron los primeros en más de cuarenta años en medio de una situación deplorable donde 52 por ciento de la población no alcanza a comprar la canasta mínima y 20 por ciento carece de ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria.
- En tercer lugar, se instrumentaron una serie de reformas jurídicas orientadas a contener la precarización e informalización del trabajo y a incrementar el nivel de empleo formal. Destacadamente, se modificó la Ley Federal en la materia para contener el outsourcing, una de las modalidades más lesivas de los derechos laborales, que había sido alentada gracias a la reforma de 2013. Este hecho no fue menor si tomamos en cuenta que entre 4 y 10 millones de mexicanos, dependiendo de las fuentes, padecía esta condición. Como consecuencia de la reforma impulsada por la 4T, tres millones de trabajadores migraron del esquema de outsourcing a uno con seguridad social. Igualmente, está en puerta una iniciativa de ley para regular el trabajo por aplicaciones reconociendo los derechos laborales de quienes se desempeñan en este novedoso ámbito.
Esta trayectoria de reparación del daño sufrido por los asalariados fue bruscamente interrumpida por la pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas. Como es conocido, las restricciones a la movilidad humana y el contacto social tuvieron severas consecuencias sobre el nivel de la actividad productiva, agudizando una dinámica que ya estaba en aprietos debido a las tendencias al estancamiento que la economía mundial venía mostrando desde 2019. Los paros en la producción manufacturera y en los servicios, la dislocación de las cadenas mundiales de valor, la disminución de los gastos de inversión y del consumo, además de la salida de capitales y la caída de los precios internacionales del petróleo y otras materias primas, fueron factores que produjeron una de las crisis más severas en la historia de México, expresada en una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 8 por ciento. Además, el nivel de empleo se retrajo, perdiéndose casi un millón de empleos formales, y los indicadores de pobreza experimentaron una notable involución. Esto explica el aumento de la población en situación de pobreza, que pasó de 41.9 a 43.9 por ciento y de la que vive en pobreza extrema, que creció de 7 a 8.5 por ciento, de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). En la misma sintonía, el indicador de pobreza laboral -que señala el porcentaje de mexicanos que viven con un ingreso por debajo de lo necesario para adquirir la canasta mínima-, mismo que había caído 4 puntos de 2018 a 2019, pasando de 40.7 a 36.6 (la tasa más baja en 12 años), experimentó un brusco repunte a consecuencia de la pandemia hasta alcanzar 46 por ciento en 2020.
No obstante, la recuperación económica fue relativamente rápida y estuvo apuntalada por algunos aciertos por parte del Gobierno Federal, sobre todo su negativa a generar un mayor nivel de endeudamiento y subsidiar a los grandes monopolios. Además, es indudable que la Cuarta Transformación reforzó su estrategia redistributiva después de la pandemia y a pesar del repunte inflacionario provocado por ésta y por la guerra de Rusia contra Ucrania: el gasto destinado a la protección social tuvo un incremento de 12.8 por ciento en 2022 y tendrá otro de igual magnitud (12.7 por ciento) en 2023, de forma que pasará de 1 billón 477.2 mil millones a 1 billón 750.9 mil millones de pesos. La pensión para adultos mayores aumentará de los 3 850 pesos bimestrales de la actualidad a 4 800 en 2023 y poco más de 6 000 en 2024.
Y tanto la recuperación económica como el mayor esfuerzo en el gasto social han generado algunas señales alentadoras en los indicadores que interesan a los asalariados mexicanos y a las grandes mayorías depauperadas por el neoliberalismo:
- Se recuperó el nivel de empleo anterior a la pandemia e, incluso, el empleo formal en el sector privado –con seguridad social y prestaciones-, medido de acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), alcanzó en agosto de 2022 la mejor cifra para ese mes en 20 años, con 157 400 puestos de nueva creación (lo que supera la meta de 100,000 nuevos empleos mensuales considerados suficientes para ocupar a los individuos que se incorporan a la Población Económicamente Activa), aunque en los ocho meses que van del año se han creado 616,718 empleos de los 800 000 establecidos como meta, lo que deja un déficit de 183 282.
- De acuerdo con el IMSS, al cierre de agosto de 2022 el salario base de cotización promedio de los empleos registrados en esa institución era de 484.3 pesos diarios, lo que representa un incremento nominal de 11.5 por ciento, el más alto de los últimos veinte años. Y desde 2019 este salario ha experimentado incrementos iguales o superiores a 6 por ciento. Por su parte, el salario mínimo aumentó 22 por ciento en 2022, el mayor incremento en 34 años, con lo que pasó de 141.70 a 172. 87 pesos diarios. Con esto, las remuneraciones en el sector formal acumularán un 38 por ciento de aumento en lo que va del sexenio, mientras los salarios mínimos lo harán en 64 por ciento.
- El indicador de pobreza laboral retomó su trayectoria descendente para situarse en 38.3 por ciento en el segundo trimestre de 2022, una cifra más alta que el 36.6 por ciento anterior a la emergencia sanitaria pero indudablemente más baja que cualquiera de las correspondientes al anterior sexenio. De acuerdo con el CONEVAL, esta disminución se debe principalmente a un mayor número de personas ocupadas que abona al aumento del ingreso disponible en los hogares. También se debe al aumento en el ingreso laboral real per cápita que, entre el segundo trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2022, aumentó 4.8 por ciento, al pasar de $2,747.68 a $2,880.91, lo que significan $133.23 pesos más de un periodo a otro.
Como se puede ver, los retos derivados de la situación heredada por la Cuarta Transformación en materia de empleo, salarios y pobreza son mayúsculos y los avances iniciales fueron interrumpidos por la pandemia y por el repunte inflacionario que experimenta la economía mundial en la actualidad. Pero hay signos de que se están mejorando los indicadores a pesar de las adversidades. En adelante, todo dependerá de la profundización del carácter redistributivo del régimen en el poder y del mejoramiento de las perspectivas económicas. En un caso bastará la voluntad política, pero en el otro será necesario también un poco de fortuna.