INTRODUCCIÓN
El gobierno de la Cuarta Transformación está configurando un novedoso mecanismo de atención a las demandas históricas de los pueblos indígenas del país. Recordemos que a partir de la rebelión armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, las la voz y las reivindicaciones de los pueblos indígenas ganaron espacio en la discusión pública, académica y legislativa. Sin embargo, el Estado mexicano persistió en el empeño de negar por diferentes medios el ejercicio pleno de sus derechos colectivos, reconocidos en instrumentos internacionales que nuestro país había suscrito, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sin embargo, pueblos, comunidades y organizaciones no cancelaron la lucha por sus derechos y sus reivindicaciones históricas. Con el triunfo electoral de las fuerzas progresistas de izquierda en 2018, se abrió la posibilidad histórica de empezar a revertir la relación colonial que se configuró a lo largo de siglos entre el Estado y los pueblos indígenas. El gobierno de la Cuarta Transformación ha trabajado fuertemente en la creación de una reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, con la que se busca modificar 15 artículos de nuestra carta magna para dar respuesta a las demandas que durante décadas han planteado pueblos, comunidades y organizaciones a lo largo y ancho del país. Esta iniciativa se encuentra aún en la ruta del proceso jurídico que tiene que atravesar, pasando del ejecutivo al legislativo.
En paralelo, el Gobierno de México ha impulsado un novedoso modelo de atención integral e interinstitucional, estableciendo un diálogo directo y horizontal con las autoridades tradicionales indígenas, con el objeto de identificar las principales problemáticas de cada pueblo y a partir de ello, establecer acuerdos para avanzar en su resolución. Este proceso está soportado a su vez en la movilización permanente de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones y autoridades tradicionales, las cuales están mediando el diálogo con el actual gobierno y estableciendo la agenda de la discusión pública en sus territorios.
A través de numerosas mesas de trabajo y recorridos en el territorio, se avanza en el diagnóstico y en la construcción de estrategias para establecer ejes de acción prioritaria para empezar a revertir una multiplicidad de agravios hacia los pueblos indígenas que se han acumulado no durante décadas, sino a través de los siglos de dominio colonial. El resultado es una serie de Planes de Justicia que se están ya instrumentando, buscando la acción concertada del gobierno federal con los estatales y los municipales. Esta nueva hoja de ruta que está empezando a transformar las condiciones en las que se había estructurado históricamente la cuestión étnico-nacional, tuvo su inicio en el agreste territorio del pueblo yaqui (yoeme), en la costa central del estado de Sonora.
TERRITORIO, CULTURA Y RESPETO A LA AUTORIDAD TRADICIONAL DE LA YOEMIA
Esta nueva política empezó oficialmente el 27 de octubre de 2020, cuando el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó el “Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui, del estado de Sonora”. Fue un hecho inédito en la historia reciente de nuestro país. Este ordenamiento oficial empieza reconociendo que el Pueblo, Nación o Tribu Yaqui, asentado en el estado de Sonora, está conformado por los pueblos fundamentales de Vícam, Primera cabecera; Pótam, Segunda cabecera; Loma de Guamuchil-Cócorit, Loma de Bácum, Tórim, Ráhum, Huírivis y Belem, todos ellos con una forma de organización, territorio ancestral y gobierno tradicional, de conformidad con sus propios usos y costumbres. No menos importante es que también señala que “el Gobierno de México tiene presente las injusticias cometidas a los pueblos indígenas, por lo que se ha acordado impulsar un Plan de Justicia que atienda los reclamos ancestrales sobre sus tierras, territorio, agua y desarrollo integral”.
El Decreto hace oficial la existencia de la “Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui”, cuyo objetivo es analizar, diseñar y proponer un Plan de Justicia que atienda sus necesidades de tierras, territorio, agua y desarrollo integral. Esta Comisión está integrada por el Presidente y los titulares de diferentes Secretarías. También participan los pueblos yaquis, a través de sus gobernadores tradicionales.
Ya en agosto de ese mismo año, AMLO había señalado: “vamos a suscribir un acuerdo con los yaquis porque queremos reivindicarlos, queremos hacerles justicia, porque es mucha la deuda que tiene el pueblo de México con ellos, es el acto de injusticia más grande que se cometió durante el porfiriato, los asesinaron los querían exterminar, se calcula que perdieron la vida más de cinco mil yaquis, todo porque querían quitarles sus tierras, por eso los deportaron al sureste, es una vergüenza para México”.
Este Decreto y la palabra empeñada por el Presidente ante sus autoridades tradicionales, generaron una gran expectativa al interior del pueblo yaqui, que vio ahora la posibilidad de empezar a construir una relación distinta con el Estado mexicano, basada en el respeto a su autonomía política, territorial y libre determinación. Al hacerse público este proceso que se está consolidando en el territorio Yaqui, otros pueblos originarios del noroeste que también han estado al borde del exterminio, resistiendo al despojo de sus territorios y que viven en graves condiciones de pobreza y marginación, pidieron un trato similar por parte del Gobierno de México.
Finalmente, el 28 de septiembre de 2021 se dio a conocer a la sociedad mexicana el “Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui”. La presentación fue hecha por el Gobierno de México desde Vícam Pueblo, que es la cabecera de los otros siete pueblos fundamentales de los yaquis. El documento de 245 páginas que contiene este Plan de Justicia tiene tras de sí un intenso trabajo entre las autoridades tradicionales de la tribu yaqui (yoeme) y un conjunto de dependencias del gobierno federal.
El proceso mediante el cual se elaboró este Plan de Justicia es algo inédito en la construcción de políticas públicas relacionadas con los pueblos indígenas. Partió de un diagnóstico participativo con pertinencia cultural en el que se involucró la población yoeme junto con sus autoridades tradicionales. Mediante este trabajo se identificaron las principales problemáticas en relación con la tierra y el territorio, agua, educación, infraestructura, salud y medicina tradicional, cultura, producción agrícola y pesquera, organización y gobierno tradicional.
Una vez que se identificaron las problemáticas y las necesidades compartidas por los y las integrantes de la yoemia, se construyeron colectivamente los planes de acción y los proyectos para enfrentarlas mediante numerosas reuniones de trabajo.
En relación a la tierra, tres de los acuerdos más importantes ente el gobierno de la 4T y el pueblo yaqui que se desprenden del Plan de Justicia, son los siguientes: a) resarcir al pueblo yaqui más de 20 mil hectáreas que no fueron respetadas por el gobierno de Ernesto Zedillo a partir del Decreto de 1940, emitido por Lázaro Cárdenas, b) incorporar al patrimonio yaqui la superficie de tierras nacionales que la autoridad competente encuentre en las inmediaciones del territorio de la “tribu” y c) regularizar aproximadamente 8,800 hectáreas que tienen actualmente en posesión.
Respecto al agua, el Gobierno de México reconoce el derecho del pueblo yaqui a usar, disponer y aprovechar el 50% del agua del Río Yaqui, según lo establecen los decretos presidenciales emitidos por Cárdenas en 1937 y 1940. Para resolver la problemática relacionada con el agua para uso doméstico, se acordó construir el “Acueducto Yaqui”, con su respectiva planta potabilizadora, que llevará el líquido desde la Presa Álvaro Obregón hasta las Guásimas. De allí se distribuirá a los ocho pueblos tradicionales y a las comunidades que los conforman. Esta obra, que deberá estar concluida en diciembre de 2023, tendrá una longitud de 158 km y desplazará un volumen de 9 millones de metros cúbicos de agua. Además, se emitió ya el Decreto de Creación del Distrito de Riego No 018, cuyo titular será el pueblo yaqui, con una superficie total de 126 mil 259 hectáreas, una superficie irrigable de 61 mil 223 hectáreas y un volumen de agua de 673 millones de metros cúbicos.
En materia de educación, la SEP y el INPI, en conjunto con las Autoridades Tradicionales, acordaron elaborar e instrumentar un “Modelo Educativo Integral Yaqui” que atienda su cultura, conocimiento y cosmovisión en todos los niveles y modalidades. Se incluye la creación de un Bachillerato Intercultural Comunitario, así como la Universidad del Pueblo Yaqui (ya en proceso de construcción), que iniciará con las siguientes carreras: licenciaturas en Educación Comunitaria, Indígena e Intercultural, en Salud y Medicina Comunitaria y en Derechos Indígenas, así como una Ingeniería en Procesos de Producción Sustentable y Economía Social Comunitaria.
En cuestión de salud, el IMSS ha iniciado ya la construcción de un Hospital Rural de Segundo Nivel en la comunidad de Vícam Switch, que tendrá 20 camas y 4 especialidades, así como la construcción, rehabilitación y equipamiento de 6 Unidades Médicas Rurales. Estas instituciones trabajarán bajo un modelo de atención con pertinencia cultural y lingüística, sin discriminación y a partir del respeto y la recuperación de la medicina tradicional.
En materia cultural se está trabajando ya en acciones orientadas al fortalecimiento, rescate y revitalización de la lengua yaqui, la espiritualidad, los ciclos y fiestas tradicionales, lugares y objetos sagrados, así como la memoria histórica. Uno de los proyectos culturales más importantes consiste en la construcción y operación de la Radiodifusora Cultural Indígena “La Voz del Río Yaqui”, que ya ha obtenido autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
En infraestructura, como parte del Plan de Justicia se están desarrollando 1,722 acciones de vivienda bajo un modelo participativo, 38 obras de mejoramiento de espacios públicos, introducción y ampliación de infraestructura eléctrica en 13 comunidades, reconstrucción de caminos, pavimentación de carreteras y la construcción de dos sucursales del Banco de Bienestar en Vícam y Pótam.
En el ámbito de la producción, la SADER implementa ya un proyecto que considera subsidios a la producción agrícola, acceso a créditos, apoyo a la ganadería, sustitución de 85 motores y embarcaciones, cobertura total por parte del programa Bienpesca para los integrantes de la Cooperativa de Producción Pesquera “Comunidades Yaquis” S.C.L., así como muchas otras acciones para fortalecer la autosuficiencia alimentaria y la disminución progresiva de los agrotóxicos.
El Plan de Justicia considera también una serie de proyectos en materia ambiental y para fortalecer el gobierno y la organización tradicional. Para su realización, se está ejerciendo una inversión histórica de 11 mil 600 millones de pesos. Poco tiempo después de que se anunció el plan de justicia para los yaquis, se dieron a conocer otros planes integrales para otros ocho pueblos.
PESCA, TERRITORIO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: EL PLAN DE JUSTICIA SERI
El 22 de mayo pasado, el presidente López Obrador anunció la creación del Plan de Justicia Seri en Sonora. Este plan busca atender las demandas y aspiraciones de vida de las comunidades en las que se asienta el pueblo seri o comca´ac. El acuerdo entre el Gobierno de México y el pueblo seri, a través de sus autoridades tradicionales, consiste en que el plan aborde seis ejes principales: tierra y territorio, agua, medio ambiente, turismo, organización comunitaria y gobierno tradicional. Un aspecto medular de este plan de justicia tiene que ver con el fortalecimiento integral de la pesca artesanal, pues es la principal fuente de ingresos para muchos integrantes de la “nación comca´ac”.
Respecto al problema del agua, el plan de justicia busca dar respuesta a un problema histórico del pueblo seri, que es la falta de acceso a agua potable en las únicas dos comunidades en las que vive actualmente este pueblo: Punta Chueca y Desemboque. Las comunidades también insistieron en la necesidad de crear más y mejorar los caminos que llegan a ambas comunidades desde Bahía de Kino, la capital del estado y Puerto Libertad, además de la terracería interna que conecta a Desemboque con Punta Chueca a través del desierto costero.
Para la configuración del plan de justicia se han realizado más de 50 reuniones entre gobierno federal, estatal, autoridades tradicionales y representantes de organizaciones pesqueras, artesanales, ambientalistas y turísticas del pueblo seri. En ellas se han tomado acuerdos fundamentales sobre acciones y proyectos específicos a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo. Estos son algunos de ellos: a) resolver lo relativo a la certeza jurídica del terreno particular conocido como “Rancho Pozo Coyoteen el Desemboque”, donde actualmente se ubica la toma principal del agua. El INPI y el Gobierno de Sonora trabajarán en una propuesta para la adquisición de un terreno particular que cuenta con dos pozos; b) las dependencias federales y estatales en conjunto con las autoridades tradicionales, trabajarán en una estrategia para que la actividad turística sea implementada por parte del pueblo comca´ac; c) sobre organización y gobierno tradicional se acordó que todas las dependencias del gobierno de México y del estado de Sonora se coordinarán directamente con las autoridades tradicionales, como el Gobierno Tradicional y el Consejo de Ancianos, con pleno respeto a su sistema normativo; d) se acuerda impulsar mecanismos de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales y las autoridades tradicionales para implementar acciones de seguridad en su territorio y e) construir una sede física para el gobierno y la guardia tradicionales con apoyo del INPI y de SEDATU.
El propio Gobernador Tradicional Comca´ac ha definido a este plan de justicia como “un trabajo muy grande el que estamos haciendo, es un hecho histórico para el pueblo seri”.
AGUA, TERRITORIO, GOBIERNO Y DESIGUALDAD: JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS YOREME Y GUARIJÍO
El 20 de mayo de 2022, se dio a conocer el Plan de Justicia Yoreme (mayo). A través de mesas de trabajo con integrantes de la tribu, se establecieron los siguientes acuerdos mínimos: a) establecer mecanismos para la solución de conflictos agrarios para el reconocimiento y restitución de su territorio ancestral; b) recuperación del río Mayo y del acceso del agua para los ejidos y comunidades, tanto para el consumo doméstico como para las actividades agropecuarias; c) fortalecer el sistema de gobierno tradicional, de manera especial, las asambleas comunales y ejidales; d) establecer y fortalecer unidades médicas rurales y la atención en los hospitales de Navojoa y Etchojoa y e) pavimentación de caminos, mantenimiento de carreteras, construcción y ampliación de puentes vehiculares para mejorar la comunicación.
En esa misma fecha se dio a conocer el Plan de Justicia Guarijío, el cual contempla distintas acciones en favor del territorio de este pueblo que habita sobre todo en el municipio de Álamos: a) la recuperación de 501 hectáreas del predio “Rancho el Maquipo”, en el Ejido Los Conejos; b) recuperación de 800 hectáreas de agostadero de la comunidad “Los Bajíos”; c) aplicación de programas sociales y el mejoramiento de sus comunidades; d) construcción de vías de comunicación dignas y seguras; e) ampliación y mantenimiento de la red de agua potable en las 7 comunidades; f) construcción de infraestructura para la captación, uso y aprovechamiento de agua pluvial y g) perforación y construcción de un pozo profundo en Mesa Colorada.
DESPOJO, TALA ILEGAL Y CONFLICTOS AGRARIOS: EJES ARTICULADORES DE LA JUSTICIA RARÁMURI
En junio del presente año, el gobierno federal y 60 autoridades y gobernadores rarámuri comenzaron las mesas de diálogo para definir un plan de justicia para su pueblo. Las principales demandas que las autoridades rarámuri plantearon para la construcción del plan de justicia tienen que ver con tierra, territorio y medio ambiente en la llamada Sierra Tarahumara, considerando las especificidades de las tierras altas, medias y bajas en los 18 municipios en los que se asienta su población. Hicieron énfasis en la necesidad de atender problemáticas relacionadas con el cuidado de los bosques, recursos forestales y minerales, reforestación, agua, residuos sólidos y aguas residuales, así como los efectos de los megaproyectos que se han impuesto en su territorio.
Las autoridades indígenas han expresado la problemática de su territorio ancestral como consecuencia de invasiones, saqueo de recursos naturales e incursión de personas ajenas, conflictos agrarios, expedición de títulos sobre tierras nacionales y la necesidad de regularizar los derechos agrarios en los ejidos.
Una de los componentes del plan es la identificación del territorio tradicional ancestral del pueblo rarámuri, pues mediante la corrupción, el despojo y el racismo, a este pueblo se le ha arrebatado buena parte de sus tierras por parte de privados que han contado con el apoyo de gobiernos del pasado. Además, el problema de la tala ilegal, ahora a manos del crimen organizado, es una situación cada vez más grave que se ha vuelto endémica en el territorio desde hace varias décadas. Las autoridades tradicionales hicieron hincapié en la importancia de proteger de manera especial los sitios sagrados, los ríos y los manantiales.
El Plan de Justicia Rarámuri tiene un componente agrario que es fundamental, pues además de los problemas relacionados con la tenencia, posesión y usufructo de la tierra y el territorio, es una demanda que se remonta a muchos años el que se actualicen los padrones de ejidatarios y comuneros ante las autoridades agrarias, pues muchos titulares tienen suspendidos de manera oficial sus derechos como propietarios de la tierra desde hace décadas, aunque por la vía de los hechos los ejercen.
Las autoridades tradicionales de Kirare, Guachochi y Mogótavo han expresado que hay una gran expectativa en el pueblo rarámuri pues el plan de justicia es algo inédito, por lo que se espera que realmente se cumplan los acuerdos por parte del gobierno federal, pero sobre todo el estatal, pues desde que inició la actual administración, no ha existido una buena relación entre las comunidades indígenas y la gobernadora.
LOS CAMINOS DE LA JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS WIXÁRIKA, NAYERI Y O’DAM
Para la construcción de los planes de justicia de estos tres pueblos que habitan en la región de El Nayar, que abarca una parte de los estados de Jalisco, Durango y Nayarit, se realizaron mesas de trabajo en una Asamblea Regional de Autoridades Tradicionales, durante el mes pasado mes de junio. En ellas se abordaron diferentes problemáticas que estos pueblos consideran de urgente resolución, sobre todo las que tienen que ver con lugares sagrados, cultura, identidad, tierra, territorios, recursos naturales, medio ambiente, gobierno tradicional, paz, seguridad, infraestructura básica, salud, medicina tradicional, educación, economía indígena y procesos productivos, entre otros. Participaron 35 gobernadores tradicionales, autoridades agrarias y jueces comunitarios.
En la plenaria se acordó llevar a cabo una reunión en Real de Catorce, San Luis Potosí, con la mediación de la Secretaría de Gobernación (Segob) y ejidatarios, para abordar temas relacionados con la protección de cinco lugares sagrados: Tatei Haramara, en San Blas, Nayarit; Tee’kata, en Santa Catarina Cuexcomatitlán, Jalisco; Xapawiyemeta, el Lago de Chapala, Jalisco; Hauxamanaka, en Cerro Gordo, Durango; y Wirikuta, en San Luis Potosí
También se acordó elaborar un catálogo de lugares sagrados con base en una ficha técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el INPI, para la identificación, reconocimiento y protección de dichos lugares, además de diagnosticar las problemáticas que presentan y establecer la relevancia que tienen para su identidad y cultura.
Además, se establecieron acuerdos en materia agraria, agilizar procesos jurídicos a causa de despojos, impulsar los resolutivos para restituir territorios, buscar mecanismos de conciliación en 22 comunidades para definir sus límites territoriales, así como realizar acciones concretas para detener la tala clandestina de sus recursos forestales.
Las autoridades tradicionales pidieron que, como parte del Plan de Justicia para estos tres pueblos, se refuerce la presencia de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en las comunidades. De hecho, pidieron construir cuarteles para esta corporación en el crucero de Banderitas, municipio de Bolaños y en el Cerro de la Puerta, Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco, así como en Santa Cruz y Santa Lucía, municipio de Valparaíso, Zacatecas.
REFLEXIONES FINALES
Gracias a mi formación como etnólogo, llevo casi 30 años conociendo de manera directa la realidad no de todos, pero sí de muchos pueblos indígenas del país, particularmente de Puebla, Veracruz, Sonora, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Baja California, Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Siempre constaté una realidad compartida a lo largo y ancho del territorio nacional. De lado del poder: pobreza, marginación, abandono, desigualdad, despojo e injusticia. De lado de los pueblos: persistencia, dignidad y resistencia.
Lo que nunca vi fue una acción concertada del Estado y de los diferentes niveles de gobierno para, por lo menos, escuchar los diferentes malestares y demandas de los pueblos indígenas. Mucho menos vi la voluntad de cualquier gobierno por establecer un diálogo horizontal con los pueblos, con pleno reconocimiento y respeto a sus autoridades agrarias, tradicionales e incluso religiosas.
Es por ello que, sin temor a equivocarme, puedo decir que la Cuarta Transformación está significando el inicio de una nueva época para los pueblos originarios de México. Por primera vez, de la voz de los pueblos no se escucha solo el silencio que produce el olvido. Los que nunca fueron escuchados ahora están dialogando con el gobierno sobre los agravios históricos que se han acumulado, pero también sobre sus aspiraciones y sus proyectos de futuro. Y a partir de ello se están estructurando planes integrales de justicia que, en algunos casos, como el yaqui, ya están operando. Las voces críticas señalan que es insuficiente, que no es la manera, que aún está por verse si este nuevo modelo de política de Estado tendrá resultados favorables para los pueblos. Y es cierto, aún está por verse, aunque en algunos casos, ya se está viendo. Es verdad que aún falta que este nuevo modelo opere en todo el país, pero por un lugar había que empezar. Recientemente escuché decir a un comunero sonorense del pueblo yoreme de Masiaca, que el Plan de Justicia Mayo le ha abierto a su pueblo un camino de esperanza sobre el cual hacer andar sus pasos. El desafío es descomunal, pero la férrea voluntad de los pueblos indígenas para resistir ante la adversidad, lo será también para construir su futuro.