Las reformas electorales en México son tema constante en la discusión de la agenda pública. Nuestro sistema electoral está en constante transformación, reforma, modificación y adecuación a la realidad política de nuestro país. Desde la constitucionalización del sistema electoral mexicano en 1977, hasta la última reforma importante en el rubro en 2014, se han presentado once reformas con implicaciones sustanciales: ocho fueron de amplio alcance e implicaron cambios constitucionales y legales (1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014), mientras que tres cambiaron aspectos puntuales y sólo requirieron modificaciones legales (2002, para establecer cuotas de género, 2003, para elevar los requisitos para formar partidos políticos, y 2005, para regular el voto de los mexicanos en el extranjero).[1]
En el último año, por ejemplo, se han presentado 27 iniciativas para reformar, derogar y adicionar diversos artículos de la Constitución en materia político electoral. Sin embargo, la que más ha recibido atención es la que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en abril pasado, por las implicaciones que significan para nuestro sistema electoral. Esta iniciativa coincide, incluso, en algunos de sus puntos con otras iniciativas presentadas en la materia por otros partidos políticos como Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) o Movimiento Ciudadano (MC).[2]
Este contexto permite dimensionar dos cosas: la reforma no es tema exclusivo del Ejecutivo Federal, lo que significa que es probable una discusión, negociación y futura aprobación de una reforma político electoral en las condiciones y coyunturas actuales[3]; la otra, que una iniciativa del calibre de la que presenta el Ejecutivo Federal, no es una ocurrencia, sino que responde a la misma lógica de todas las reformas electorales que han reformado nuestro sistema: adecuarse a la realidad política[4] con la intención también de cambiar formas de hacer política en México, es decir, enfocado en transformaciones de esa realidad que se ha vivido en los últimos treinta años.
LA REFORMA ELECTORAL DE LA 4T
El pasado 28 de abril de 2022 el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante la Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Derogan y Adicionan Diversos Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia Electoral (Reforma Electoral 2022). Los objetivos de la misma, son i) ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad; ii) insertar el principio de austeridad republicana en el sistema electoral; iii) facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana; iv) fortalecer los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales; y, v) homologar los procesos electorales locales y el método de representación.
Para la aprobación de una reforma constitucional de este tipo, se necesita de la aprobación del Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes de las personas presentes en la sesión en que se vote la iniciativa; así como la posterior aprobación por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México (artículo 135, CPEUM).
En la Cámara de Diputados, se necesitan cuando menos de 334 votos, en el supuesto de que se encuentren presentes los 500 diputados que conforman la actual legislatura. En la Cámara de Senadores, de 85 votos respectivos. Actualmente, la coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por los partidos afines al movimiento de la Cuarta Transformación, suman 292 diputados y 76 senadores, respectivamente. Esto implica necesariamente el apoyo de legisladores de la oposición para su aprobación.
En general, las propuestas de la reforma se circunscriben en siete grandes temas: financiamiento a partidos políticos, tiempos en radio y televisión, unificación nacional de organismos electorales, creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), elecciones mediante listas y reducción de legisladore-as federales, reducción de congresos locales y voto electrónico.
FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS
La reforma propone eliminar el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias. El financiamiento público se mantendría solamente para el gasto de campañas durante la contienda electoral. La propuesta también plantea que el gasto ordinario de los partidos sea financiado por sus simpatizantes y militantes, conforme a reglas claras de fiscalización.
El propósito de esta propuesta es reducir el costo que los partidos políticos representan al erario y obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles. Cada año se destinan alrededor de 11,000 millones de pesos en subsidios públicos para las actividades ordinarias de los partidos políticos.
Para dimensionar la importancia de esta propuesta, es necesario conocer cómo se financian actualmente los partidos. El artículo 41 constitucional, segundo párrafo, Base II, establece que el financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. De acuerdo a la propuesta planteada, subsistirá solamente la segunda, es decir, el financiamiento para la obtención del voto en procesos electorales.
En el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y específicas, la misma disposición constitucional establece que se fija anualmente el monto correspondiente a cada partido político, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En el 2022, el INE, que es el órgano encargado de distribuir este presupuesto, aprobó un monto total de financiamiento público de $5,821,851,704 (cinco mil ochocientos veintiún millones, ochocientos cincuenta y cinco mil, setecientos cuatro pesos m.n.).[5] A ese monto, hay que sumarle la cantidad de presupuesto asignado en las entidades federativas a partidos políticos locales.[6]
Las actividades ordinarias permanentes comprenden los gastos de los procesos internos de selección de candidatos, sueldos y salarios de su personal permanente, arrendamiento de muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos, propaganda no electoral y difusión de la cultura política.[7]
En otras palabras, el Estado sostiene presupuestalmente la estructura burocrática de los partidos políticos durante tiempos no electorales. Esto ha provocado la proliferación de élites partidistas ajenas al interés público y representatividad ciudadana. De acuerdo con la Reforma Electoral 2022, la legitimidad de los partidos políticos y, por tanto, de nuestro sistema electoral, se basa en el apoyo social que aquellos reciben, producto de sus propuestas programáticas y de su capacidad de obtener el apoyo ciudadano como única condición viable para el ejercicio del poder.[8]
En México son los partidos políticos una de las instituciones que menos confianza le generan a la población y esto se debe a tres factores identificados. Primero, el monto de los recursos públicos que se destinan para su mantenimiento. Segundo, por los excesos, abusos y la corruptela que se perciben en el ejercicio del poder político por parte de sus dirigentes. Y tercero, por la percepción del nulo o poco beneficio que generan a la sociedad.[9]
Por tanto, se propone eliminar el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias (lo que representa una disminución de más de 66% del financiamiento) y que dicho gasto lo cubran con el financiamiento de sus simpatizantes y militantes. Estos recursos privados no serán ajenos a controles fiscales por parte de la autoridad, se establecen reglas como topes máximos, no deducibles de impuestos, prohibición de que una misma persona done a más de un partido político y solo se permitirá de personas físicas mexicanas.
TIEMPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN
Uno de los temas más técnicos que propone la reforma electoral, es la modificación y disminución de los tiempos de radio y televisión a que tienen acceso los partidos políticos y el INE.
Actualmente, la Constitución otorga 48 minutos diarios, distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y televisión, repartidos en 50% para las autoridades locales y 50% para mensajes genéricos de partidos políticos en tiempos no electorales (24 minutos diarios respectivamente). Durante las campañas electorales, esta distribución se modifica en 15% y 85% respectivamente (7.2 minutos y 40.8 minutos).
La reforma propuesta modifica la fórmula, al reducir a 30 minutos diarios el tiempo disponible, distribuidos en al menos un minuto por cada hora de transmisión, repartidos en 10% para la autoridad electoral (3 minutos diarios) y 90% para partidos políticos (27 minutos diarios), sin que esta fórmula se modifique en tiempos de campaña.
Se preserva la regla muy importante que prohíbe a cualquier persona, partido, precandidatura o candidatura adquirir por sí o por terceros, tiempo en radio y televisión, así como la veda electoral durante el periodo comprendido entre el cierre de campañas y la jornada electoral.
La racionalidad de esta reducción de tiempos, especialmente en tiempos electorales, radica en procurar la difusión efectiva de mensajes propositivos de los partidos, pautados con una duración no menor a un minuto.
UNIFICACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS ELECTORALES
Uno de los problemas que se identifica hoy en el sistema político mexicano es el costo de operación que han cobrado sus procesos electorales, justificado por su complejidad. México es uno de los países con las elecciones más caras en el mundo[10].
Desde la creación de organismos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral en el año de 1994 a la fecha, el presupuesto público que se asigna a los mismos se ha incrementado en un 409%, según datos de Integralia. Los recursos públicos asignados a las autoridades electorales abarcan la mayor parte del costo de nuestra democracia: Instituto Nacional Electoral (INE antes IFE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y los tribunales electorales de cada entidad federativa. Estas autoridades son las encargadas de garantizar, organizar, vigilar y validar las elecciones en todo el país.[11]
El problema del costo también radica en la duplicidad de funciones que presentan estos organismos. Por ejemplo, en la reforma de 2014 se buscó una semi centralización de la administración electoral con la finalidad de evitar la presunta e indebida injerencia de los gobernadores en los procesos locales[12]. Por tanto, el IFE se transformó en INE y absorbió varias de las atribuciones locales, como la de fiscalización del presupuesto. Se eliminaron los institutos locales y se crearon los Ople, cuyas atribuciones se centran en la organización de las elecciones locales y cuyos integrantes los designa el propio INE. El caso se agrava porque el INE tiene la atribución de “atraer” la organización de las elecciones locales, por tanto, cuenta con juntas locales y distritales en todo el territorio del país. No obstante, ambos organismos han observado un incremento de su presupuesto, al parecer contraintuitivo porque los Ople realizan menos funciones.[13]
Por otra parte, se encuentran los organismos jurisdiccionales, que comprenden el TEPJF y los tribunales locales electorales. Sus atribuciones también generan muchas dudas en tanto la mayoría de los asuntos que se someten a la jurisdicción electoral terminan resueltos por el propio tribunal federal.
En total, se destinan cerca de $68,300 millones de pesos del erario público para sostener el aparato burocrático electoral.
La Reforma Electoral 2022 propone eliminar a los organismos administrativos y jurisdiccionales locales, y dejar solo un organismo nacional electoral y solo un órgano nacional jurisdiccional. Esta modificación implicaría, a su vez, dos rubros importantes: la eliminación de la distritación en el país y, la creación del INEC y renovación del TEPJF, como más adelante se profundiza.
INSTITUTO NACIONAL DE ELECCIONES Y CONSULTAS (INEC)
Una de las propuestas más discutidas de la propuesta de reforma es la creación de un nuevo organismo electoral nacional que sustituya al INE. En términos reales, este instituto no desaparece, sino que se transforma, sustituyendo consejeros electorales bajo un procedimiento de elección totalmente diferente.
En la reforma de 2014, cuando el IFE se transformó a INE, también se modificó el proceso de elección y se renovó todo su Consejo General; es decir, el organismo no es ajeno a este tipo de modificaciones.
La iniciativa propone crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), como única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían la de los Oples; organizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal; organizaría y llevaría a cabo los procesos de consulta ciudadana, revocación de mandato y mecanismos de democracia participativa en las entidades federativas.[14] Para ello, el INEC contará con órganos temporales y auxiliares, en especial en los periodos electorales.
La composición actual del Consejo General del INE, frente a la propuesta que presenta la Reforma Electoral 2022 es:
| INE (actual) | INEC (propuesta) | |
| Número de consejeros | 11 | 7 |
| Años en el cargo | 9 | 6 |
| Procedimiento de designación | Electos por 2/3 partes de la Cámara de Diputados. | Votadas de manera directa y secreta por la ciudadanía. |
El procedimiento de elección de las personas consejeras del INEC se realizará a través de votación popular. Este proceso involucraría a los tres Poderes de la Unión para fortalecer la legitimidad de las personas integrantes. Cada poder postulará a 20 personas (Cámara de Diputados, SCJN y Presidencia) de manera paritaria para la integración del Consejo General del INEC. Las 60 personas candidatas tendrán un periodo de campaña y el INEC organizaría el proceso electivo y foros de debate[15], eligiendo por votación directa a siete personas consejeras y presidirá el organismo aquella que haya obtenido la mayor votación.
Esta transformación también sucedería para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien asumiría las funciones y atribuciones de los tribunales electorales locales.
| TEPJF (actual) | TEPJF (propuesta) | |
| Número de consejeros | 7 | 7 |
| Años en el cargo | 9 | 6 |
| Procedimiento de designación | Electos por 2/3 partes de la Cámara de Senadores. | Votadas de manera directa y secreta por la ciudadanía. |
La única diferencia es que cada poder postulará a 10 personas candidatas a magistraturas de la Sala Superior del TEPJF (Senado, SCJN y Presidencia).
La racionalidad de esta propuesta radica en que el INE y el TEPJF fueron integrados por cuotas partidistas y cooptados por grupos de poder, en detrimento de su imparcialidad en favor de la democracia. Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales deben ser independientes del poder político, de los partidos y de los grupos económicos, pues, en los últimos años, estas autoridades se han caracterizado por su falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad que son propios de la función electoral.[16]
ELECCIONES MEDIANTE LISTAS Y REDUCCIÓN DE LEGISLADORAS-ES FEDERALES
La reforma también propone mejorar la representación ciudadana depositada en las Cámaras de Diputados y Senadores a través de la elección mediante una sola lista por entidad federativa. En líneas atrás mencionamos la eliminación de la distritación en el país. Esa propuesta responde a la nueva fórmula de votación.
Actualmente la elección de diputados y senadores responde a la siguiente fórmula:
| Fórmula | Diputados | Senadores |
| Mayoría relativa | 300 (1 diputado por distrito electoral) | 64 (2 senadores por entidad federativa). |
| Representación proporcional | 200 (listas por circunscripción) | 32 (listas por circunscripción) |
| Primera minoría | n/a | 32 (uno por entidad a la segunda fuerza). |
| Total | 500 | 128 |
La propuesta de la Reforma Electoral 2022 es que ambas cámaras se compongan de personas candidatas elegidas mediante el sistema de listas votadas en cada una de las entidades federativas. Es decir, los partidos políticos presentarán una lista en cada entidad federativa con sus candidatos, observando el principio de paridad de género, en las que se alternarán hombres y mujeres nacidos en dicha entidad o con residencia domiciliaria de un año de antigüedad.
Además, propone la reducción de diputaciones y senadurías a 300 y 96 escaños respectivamente. Esto obedece también a que México cuenta con una de las tasas más altas de población/representante en el mundo. Por ejemplo, en nuestro país se elige una diputación por cada 252,000 habitantes, en India se vota una por cada 2,524,275 y en Estados Unidos por cada 765,287 habitantes. En el caso de las senadurías, se tiene una por cada 984,375 habitantes, frente a 5,573,600 y 3,329,000 habitantes de la India y Estados Unidos, respectivamente.[17]
Esto implicaría que en la boleta electoral el día de la elección ya no aparecerán los nombres de las personas candidatas, sino solamente el partido político por el que se quiera votar en la entidad federativa correspondiente. La lógica de esto es que, generalmente, las personas votan por simpatizar con algún programa o ideología de un partido político, en lugar de los candidatos en sí mismos.
Es decir, las personas candidatas ya no representarán a un distrito electoral determinado, sino a la entidad federativa por la que se postulan, reforzando así la representatividad entre legisladores y población.
Para la composición de la Cámara de Senadores se elegirán 3 por cada entidad federativa, repartidas de acuerdo con la votación válida.
Para la Cámara de Diputados, se determinará el número de curules que le corresponde a cada entidad federativa, dividiendo el número total de mexicanos y mexicanas de acuerdo con el último censo, entre el número de curules disponibles. Conforme al porcentaje de población que representa esa entidad federativa para el total del país, le corresponde un porcentaje de diputaciones.
Una vez celebrada las elecciones, la designación a cada partido político de acuerdo con las listas previamente presentadas, se realizará dividiendo la votación válida para cada partido político en la entidad federativa entre el número total de diputaciones o senadurías por asignar.
Esta fórmula intenta robustecer la representatividad de los legisladores federales y la proporcionalidad entre el porcentaje de votos obtenidos y el porcentaje de curules ocupadas.
La composición conforme a esta propuesta quedaría como sigue:
| Fórmula | Senadores | Diputados |
| Elección por listas | 96 (3 por cada entidad federativa). | 300 (número de mexicano-as/número de diputaciones) |
Si se toma como referencia el número de habitantes conforme al último censo de población, la entidad federativa con más diputaciones sería el Estado de México con 44, seguida de la Ciudad de México con 22, luego de Jalisco con 20, hasta llegar a Colima, Baja California Sur y Campeche, todas con 2 diputaciones.
REDUCCIÓN DE CONGRESOS LOCALES
Siguiendo la misma línea que el tema anterior, una propuesta que sumaría a la austeridad republicana en el sistema electoral y a la representatividad, es la reducción de diputaciones locales.
Según la propuesta, las legislaturas de los estados no podrán exceder de 15 diputaciones en aquellas entidades cuya población sea menor a 1 millón de personas, sumando una diputación por cada 500,000 habitantes adicionales, hasta un máximo de 45 diputaciones.
El criterio población para la definición del número de representantes en los congresos locales es novedoso y redunda en la reducción del aparato político electoral de nuestro país. Bajo esta fórmula se estima que se tengan aproximadamente 200 representantes locales, frente a los 654 que existen actualmente.
Esta regla de índice población también aplicará para la composición de los ayuntamientos y las alcaldías en las regidurías y consejerías.
VOTO ELECTRÓNICO
El último tema que propone la Reforma Electoral 2022 es el de implementar el voto electrónico para facilitar la participación ciudadana en las elecciones y procesos de democracia directa como las consultas populares y la revocación de mandato.
Este tema es uno de los que fácilmente transitaría a su aprobación debido al consenso que existe en la implementación de tecnologías de la información que robustezcan la fiabilidad de la emisión del voto y también en el ahorro de dinero en impresión de boletas y papelería para las elecciones.
Si bien, el voto electrónico en el continente americano no es aún una práctica que prevalezca, se identifican algunos casos exitosos en la materia como Venezuela, Brasil y Perú. Incluso, en México se han realizado votaciones a través de la urna electrónica en las entidades de Coahuila y Jalisco, y también se lleva a cabo la votación de los mexicanos en el extranjero a través de internet.
La iniciativa advierte que la implementación de la votación totalmente electrónica, deberá pasar por un proceso de ensayos tanto de diversas tecnologías como mecanismos de certificación, autenticación y encriptación, hasta lograr mecanismos que brinden certeza a la ciudadanía en el respeto y conteo de cada uno de los votos.
A MODO DE CONCLUSIONES
La reforma electoral propuesta por el Ejecutivo recoge cambios en el sistema político, mucho más allá de la gestión electoral, que es la temática constante en este tipo cambios legales. Presenta puntos como el voto electrónico y las modificaciones a los tiempos en radio y televisión donde convergen criterios positivos. Sobre otros aspectos a reformar hay posiciones comunes entre los grupos partidistas como la reducción del sistema representativo federal, local y el financiamiento público a los partidos, y la desaparición de los órganos locales electorales administrativos y jurisdiccionales.
No obstante, en estos puntos comunes existen opiniones encontradas de funcionarios del ámbito electoral, especialistas en la materia y de los propios diputados-as donde han expresado desacuerdos totales o acuerdos en las necesidades de reformas, pero con diferencias en las formas de concretarlas[18].
Sobre la reducción del sistema representativo y su conformación por listas se debaten diferentes problemas que enunciamos. El cómputo en la elección para la determinación de la voluntad del elector, la sobrerrepresentación y la necesidad de equilibrios donde se exprese la pluralidad de las fuerzas políticas. La regulación de acciones afirmativas para que grupos vulnerables como los pueblos indígenas puedan ocupar cuotas en listas para ser elegidos. Por último, las dificultades para conformar con efectividad las listas de futuros representantes con paridad de género. Hay que destacar que existen pocas críticas sobre la reducción del número de diputados y senadores a niveles federal o local, en lo que parecería haber ciertos consensos.
Sobre la desaparición de los organismos electorales locales administrativos y jurisdiccionales se han generado argumentos en contrario. Por un lado, que los Oples solo organizan las elecciones y estos procesos se pueden realizar mediante la propuesta de órganos temporales para estos fines, y no necesariamente permanentes. Por el otro, que su función es esencial en las elecciones locales, ya sean estatales o municipales, que deben ser respetados porque devienen del sistema federal mexicano, y no somos una república unitaria. Este último argumento se refuerza más al debatir sobre los Tribunales Electorales de las entidades federativas, aunque se han aportado estadísticas de cómo los conflictos locales son resueltos, en su mayoría, en el Tribunal Electoral Federal.
Hasta aquí las discusiones rondan tópicos técnicos.
El debate político de mayor envergadura está en la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos y la modificación del INE por el Instituto Nacional Electoral y de Consultas con sus nuevas formas de elección directa de los consejeros y los magistrados electorales, por voto popular.
Sobre la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos para sus actividades ordinarias se plantea que serán cooptados por organizaciones criminales, aunque no se niega que esto ya ocurre en varios niveles, no sólo en la organización partidista sino en los procesos electorales. Frente a este argumento, de manera contundente hay estadísticas de como la participación de la ciudadanía no ha variado en lo más mínimo en calidad ni cantidad, en la medida que ha habido aumento de millones de pesos para financiar los partidos políticos. El financiamiento a las organizaciones partidistas no implica mejor trabajo para con la participación política de mexicanos y mexicanas.
Lo que es un hecho es que los partidos tradicionales en México se han convertido en maquinarias electorales, cooptadas por élites políticas, dónde en los últimos treinta años la ecuación ha sido la siguiente: mientras más financiamiento, menos relación dialógica deliberativa y formativa se tiene con su militancia y la ciudadanía. Esto último, es el objetivo de esta parte de la reforma, que realmente los partidos políticos se conviertan en cuerpos de construcción política desde abajo.
La cereza del pastel es la votación popular de magistrados y consejeros electorales. El rechazo a la democracia participativa aflora en cada análisis con una negativa contundente y mayoritaria de expertos y funcionarios a que no sean electos por el voto popular dichos funcionarios.
Las razones argumentadas son varias: los elegidos, sean consejeros-as o magistrados-as, deben ser personas expertas y con experiencia en el tema electoral. Los que seleccionan las candidaturas debe ser un comité técnico que también debe conocer lo que implican estos órganos para revisar la expertise de los seleccionados y, deberían pertenecer a diferentes órganos y fuerzas políticas. Ratifican además, que es sano y loable que la clase política sea quién elija a los funcionarios públicos, como ocurre en estos momentos mediante la Cámara de Diputados para consejeros electorales y Cámara de Senadores para los magistrados respectivos. Todo ello implica negociaciones políticas, pero sobre todo, cuotas partidistas, que al final es para ellos la esencia de la pluralidad política.
Respecto a los y las candidatas, como está previsto en la propuesta, puede inferirse que se establezcan una serie de requisitos en la convocatoria que se emita. La selección previa por cada poder de la unión podría llevar consigo requisitos de conocimientos y experiencias en las temáticas, así como elementos relacionados a la integridad de estas personas. Podrían detallarse más estos aspectos en la propuesta legislativa, pero pueden estar recogidos en las convocatorias si necesidad de regulación expresa. Respecto a los magistrados-as hay requisitos referidos en la propuesta, ya establecidos en la Constitución que son los previstos para ser integrante de la Suprema Corte.
Una vez que estén los y las candidatas vendría el “temido” proceso democrático del voto popular. Realmente qué hay detrás de estas críticas, pues un desprecio evidente por los procesos populares, de democracia directa.
Veamos los diferentes temas.
Plantean que las campañas electorales de las candidaturas estarían cooptadas por grupos partidistas o de poder porque no tendrían cómo hacerlas y podrían responder posteriormente a estos grupos, lo cual trae como consecuencia límites a la imparcialidad. Pero hoy las campañas se circunscriben a gestiones inter élites dentro de la clase política parlamentaria, lo cuál también puede implicar inclinaciones hacia determinadas fuerzas políticas que los hayan apoyado, como ya ha sucedido con algunos consejeros electorales actuales.
El otro punto es que los pueblos no sabrían elegir ni determinar quiénes son las personas indicadas para realizar tal trabajo, basado en el conocimiento de la especialización, que no es otra cosa que un argumento tecnocrático y elitista. Si se le da la mayor publicidad sobre quiénes son las personas candidatas, cuáles son sus recorridos ocupacionales y sus programas de trabajo, de manera imparcial, se podrá seleccionar el voto sin ningún problema. Los pueblos saben mucho sobre los la política y sus derroteros, porque la viven y/o la han sufrido históricamente.
Lo que es un hecho, que a pesar de que puedan existir influencias como en todo tipo de elección sea directa o indirecta, desde los imaginarios, las conciencias colectivas, los grupos de poder, etc., las élites tienen dos grandes temores. Uno, que ya no podrán decidir directamente quiénes quedarán dentro del organismo electoral ni condicionar influencias posteriores. Dos, que justamente la popularidad actual de la 4T, su gobierno, su partido-movimiento le lleva ventajas en una elección que aún no está dispuesta legalmente.El último punto tiene que ver con el cambio de la institución del INE al INEC, lo cual fundamentalmente se refiere a la elección popular de los funcionarios mencionados y la reducción de su estructura central. Para los detractores implicaría mayor control central del partido en el poder a los órganos electorales, menos autonomía, lo cuál no está referido en la propuesta de reforma ni tiene manera de ser explicado como tal, lo cual es un completo prejuicio. En esencia es el temor a perder el control elitista del organismo en la actualidad y que realmente tenga sus funciones técnicas autónomas sin compromiso mayor que con la ciudadanía y el pueblo de México.
[1] Senado de la República, “Propuestas en torno a una nueva reforma político electoral”, en Notas Estratégicas, Instituto Belisario Domínguez, número 157, junio 2022. http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5662
[2] Para revisar las coincidencias de las propuestas de reforma político electoral, ver, Senado de la República, “Propuestas en torno a una nueva reforma político electoral”, ob. cit.
[3] Reforma, “Abre PRI puerta a reforma electoral”, 20 de septiembre de 2022.
[4] Uno de los argumentos que intenta desacreditar la discusión de esta reforma, es que la propuesta del Ejecutivo Federal es producto de opiniones subjetivas y prejuicios, como lo ha sostenido reiteradamente el Consejero Presidente del INE. Ver, INE, “El INE y el sistema electoral en su conjunto funcionan y no requieren refundarse: Lorenzo Córdova”, Central Electoral, número 359, 23 de agosto de 2022.
[5] INE/CG1781/2021, Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se Distribuye el Financiamiento Público de los Partidos Políticos Nacionales para el Ejercicio 2022, Instituto Nacional Electoral, de 7 de marzo de 2022, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5644793&fecha=07/03/2022#gsc.tab=0
[6] De acuerdo a los datos obtenidos de los Organismos Públicos Locales, en 2021 dicho monto ascendió en las entidades federativas en $5,297,613,378 (cinco mil doscientos noventa y siete millones, seiscientos trece mil, trescientos setenta y ocho m.n.).
[7] INE, Financiamiento público, https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/financiamiento-publico/
[8] Presidencia de la República, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Derogan y Adicionan Diversos Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia Electoral, 28 de abril de 2022, p. 3.
[9] Valdéz Zepeda, Andrés y Huerta Franco, Delia Amparo, “El financiamiento de los partidos políticos y la confianza ciudadana en México”, en Intersticios Sociales, El Colegio de Jalisco, marzo-agosto, 2018, núm. 15, p. 327.
[10] BBC, “Cuánto cuestan las elecciones de Estados Unidos y cómo se comparan con otros países”, 4 de noviembre de 2016, https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37856444.
[11] Moreno Zepeda, Gabriel, El costo presupuestario de la democracia en México, Integralia consultores, p. 608.
[12] Ibidem, p. 613.
[13] Ibidem, p. 614.
[14] Presidencia de la República, Iniciativa con Proyecto de Decreto… ob. cit., p.10.
[15] Para la primera conformación del INEC, será el INE quien organice las elecciones de las personas candidatas a consejeros electorales.
[16] En un artículo anterior, los autores afirmamos que el Instituto Nacional Electoral (INE) han tomado partido y, en lugar de cumplir su misión como una institución que organiza y arbitra elecciones, se ha constituido en el centro de atención mediática del momento electoral, con una tendencia para favorecer a la oposición. Ver, Matamoros Burgos, Mylai y Cervantes Pérez, Benjamín, “INE: Abuso o desvío de poder y lawfare” en Memoria Revista de Crítica Militante, número 278, Año 2021-2, https://revistamemoria.mx/?p=3334
[17] De acuerdo con propuesta de reforma electoral, el alto número de representantes existentes en México no se ha traducido en una mejor democracia, en mayor cercanía de representantes con población representada, ni en una mayor cantidad de leyes que atiendan las necesidades más sentidas de la sociedad mexicana.
[18] Ver los debates del Parlamento abierto donde estuvieron todo tipo de actores relacionados al sistema electoral debatiendo las propuestas presentadas, no sólo la del Ejecutivo. https://reformaelectoral2022.diputados.gob.mx/foros.html