Significados político-económicos del programa Sembrando Vida
La magnitud de la pobreza y marginación económica y social que viven la mayoría de las poblaciones de América Latina, en particular en las zonas rurales, aunada a las dimensiones que ha alcanzado la devastación ambiental en el continente, plantean serios desafíos para la estabilidad política y económica de sus gobiernos. Frente a este panorama, se observa una tendencia, incipiente todavía, pero manifiesta a nivel mundial desde los años 2000, a la reconfiguración de la acción del Estado fuera de los marcos neoliberales impuestos a los países, desde los años 1980, por la burguesía internacional, estadounidense en particular. En este marco, los Estados pretenden desempeñar un nuevo papel, basado en la protección de la soberanía y de los intereses económicos y sociales nacionales.
Dicha reestructuración “progresista” de los gobiernos latinoamericanos ha tenido flujos y reflujos en las últimas dos décadas y ha suscitado numerosos debates, centrados alrededor de la capacidad de dichas administraciones para llevar a cabo transformaciones sustanciales de los patrones de acumulación capitalista prevalecientes durante las últimas cuatro décadas, para así poder mitigar, significativamente, los grandes problemas económicos, socioambientales y políticos que aquejan los distintos países de la región.
La actual administración federal de México (2018-2024) se inscribe en el referido proceso de reforma histórica del Estado. Pretende sentar las bases de un plan integral enfocado a la transformación postneoliberal de la política económica del país, en la cual la “recuperación del campo”, a partir del mejoramiento de las condiciones de vida de las campesinas y los campesinos y del fortalecimiento de sus actividades productivas, es central (López Obrador, 2019).
En el marco de esta nueva política agraria, se ha creado y desarrollado Sembrando Vida, un programa inédito de bienestar rural y de desarrollo agroecológico y agroforestal. Manejado por la nueva Secretaría de Bienestar, se trata de un programa ambicioso, con alrededor de 440 000 beneficiarios a nivel nacional, distribuidos en 20 entidades federativas, agrupadas en 5 grandes regiones del país.[2] Según Ana de Ita (2021), retomando palabras del propio presidente de la República, el PSV es el mayor programa de fomento al empleo que ha habido en México y ha sido propuesto, en la Cumbre de Líderes Mundiales sobre Clima, al presidente estadounidense Joe Biden con la idea de replicarlo en El Salvador, Guatemala y Honduras para paliar procesos de migración campesina.
Sembrando Vida pretende atender dos problemas centrales del campo mexicano que son la pobreza rural y la degradación ambiental, mediante tres grandes ejes de acción:
1. El otorgamiento de apoyos económicos de $5,000 mensuales a campesinos mayores de edad y con propiedad o posesión de 2.5 hectáreas de terreno para ser trabajado en proyectos agroforestales y de milpa intercalada con árboles frutales con técnicas agroecológicas. Además, se ofrecen insumos y herramientas de distinta índole para el desarrollo de las actividades productivas. Los sujetos de derecho son seleccionados a partir de criterios prioritarios como: radicar en municipios con rezago social, tener entre 18 y 29 años, ser mujer y/o integrante de pueblos indígenas o afromexicanos (DOF, 2022).
2. La creación de viveros comunitarios para el cuidado de plantas y la reproducción de semillas nativas, así como de biofábricas de insumos orgánicos (biofermentos, biopreparados y compostas, por ejemplo) para los cultivos de sus beneficiarios.
3. La construcción de Comunidades de Aprendizaje Campesino (CACs) cuyo objetivo es el desarrollo comunitario y el intercambio de conocimientos entre beneficiarios del programa,[3] bajo los auspicios de un técnico social y de un técnico productivo y de tres becarios del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro.[4] A largo plazo, dichas CACs tienen vocación a adquirir el estatus de cooperativas dedicadas tanto a la producción como a la comercialización de los productos agrícolas obtenidos. Según el CONEVAL (2020), estas comunidades de aprendizaje constituyen un elemento clave del Programa, ya que deben ser consideradas como un “detonador de la organización comunitaria” (p.4).
Partiendo de esos tres grandes componentes del programa y analizándolos a la luz del contexto nacional e internacional referido, el presente texto busca puntualizar algunos significados económicos y políticos que tiene Sembrando Vida. En otros términos, dada la centralidad que tiene este programa respecto a la reconstrucción del campo mexicano, en términos de presupuesto y de atención mediática, se procura analizar lo que nos dice sobre las prerrogativas del gobierno federal para la actividad agrícola y el mundo rural en México. Hacer este balance permite ofrecer un marco de utilidad para potenciales investigaciones posteriores que quisieran dar cuenta de los alcances y límites que ha tenido el programa hasta la fecha.
1. Al procurar arraigar los campesinos a su tierra para frenar los procesos de migración campesina, Sembrando Vida da cuenta de la importancia que tiene la actividad productiva del campesinado para la actual administración del país.
El contexto nacional de alta marginación social y productiva de los campesinos y de aguda pobreza rural frente al cual se diseña el programa Sembrando Vida, tiene que ver principalmente con las cuatro décadas de neoliberalismo que padeció el campo. En efecto, el neoliberalismo mexicano, inaugurado con el sexenio de Miguel de la Madrid —quien encabezó el primer gobierno en abandonar la herencia agrarista de la Revolución Mexicana— reconfiguró drásticamente el papel económico y social que solía tener el campesinado, cuya explotación garantizaba la reproducción de un modelo de acumulación centrado en la industrialización nacional (Rubio, 2012). En efecto, durante la mayor parte del siglo XX, la creación de una burguesía industrial nacional había descansado sobre la posibilidad de una fuerza de trabajo pagada por debajo de su valor y de un mercado interno amplio, lo cual era posible por la producción de alimentos baratos (comprados también por debajo de su valor mediante la explotación del campesinado). En este marco, el Estado cumplía su función de garante de la acumulación de capital al otorgar una serie de subsidios y apoyos al campesinado nacional, asegurando que la explotación de la cual éste era víctima no condujera a su simple y llana desaparición.
Las políticas neoliberales provienen de otra época, en la cual Estados Unidos, queriendo evitar competencias y aprovecharse de una mano de obra barata, presionó hacia el desmantelamiento de la industria mexicana y, posteriormente, hacia el traslado de su propio capital productivo en México (Saxe-Fernández, 2001). La reorganización de este capital industrial, cuya producción se destina principalmente hacia la exportación, socavó la base material que sostenía los tácitos acuerdos de clases que habían sido vigentes durante el resto del siglo XX. En este contexto, la política agraria mexicana se reorientó hacia la atracción de la inversión extranjera privada y el fortalecimiento de la capacidad exportadora del país, en detrimento del mercado interno (Rubio, 2012). Este cambio de rumbo se manifestó, a nivel de la política agraria, en una serie de ajustes estructurales que involucran la disminución del gasto productivo al campo, así como su reestructuración hacia apoyos asistencialistas y regresivos.
El hecho de que, Sembrando Vida, a contrasentido de la política agraria neoliberal, contemple apoyos económicos productivos destinados a los pequeños productores de granos básicos y de árboles frutales y maderables, y que propicie la regeneración del tejido social, tiene el sentido de mejorar el ingreso de las pequeñas productoras y pequeños productores agrícolas y de fortalecer sus relaciones sociales productivas para impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural. Al perseguir la reinserción económica y social del campesinado, el programa da cuenta de un esfuerzo por fomentar el arraigo a la tierra y a la actividad campesina, que contradice el trabajo, realizado durante las administraciones neoliberales, para socavar la reproducción social y económica del campesinado mexicano.
La consideración del pequeño y mediano productor agrícola como un elemento clave para dinamizar la producción y la economía regional es transversal en el conjunto de mecanismos que ha implementado la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural desde 2018, cuyos programas (Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Fertilizantes para el Bienestar) están destinados al 100 % a las pequeñas y medianas unidades productivas, principalmente del sur del país (Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Puebla, Morelos, entre otros).
Este rasgo de la política agraria del actual gobierno federal, podría apuntar a que el campesinado funja como un elemento clave de la estrategia de lucha antiimperialista, tanto en términos de recuperación de la soberanía alimentaria, como de fomento al mercado interno y de abaratamiento de la fuerza de trabajo, en vistas de respaldar el desarrollo capitalista nacional.
Este trabajo por recuperar la actividad productiva en el campo, como herramienta clave para mitigar los procesos de descampesinización e impulsar la soberanía del país, contrasta aún más en un contexto internacional en el cual varios países occidentales buscan reducir la actividad agrícola y ganadera por los supuestos daños al ambiente que produciría. Usando a los objetivos de la Agenda 2030 para la mitigación del calentamiento global como tapadera, y mediante acuerdos internacionales (como el Global Methane Hub), legislaciones nacionales o presiones por parte de las comercializadoras, se están llevando a cabo nuevos procesos de expropiación y despojo campesino. Mientras tanto, el multibillonario Bill Gates sigue comprando tierras agrícolas en EEUU, siendo ya el mayor terrateniente de este país.
2. Al incentivar la producción autónoma de insumos agrícolas orgánicos, Sembrando Vida manifiesta la apuesta del gobierno por la reconstrucción de un modelo de agricultura soberano y saludable para productores y consumidores.
Lo que distingue a Sembrando Vida de otros elementos de la política agraria implementada por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación es el enfoque resolutivamente agroecológico que tiene; el cual está orientado, además, hacia la autonomía del campesino en términos de la reproducción de sus insumos, sean plaguicidas, fertilizantes o semillas. Este rumbo es innovador y resulta de importancia si uno considera que, durante las últimas décadas, mientras disminuía el gasto productivo al pequeño y mediano campesino, ha tenido lugar una expansión de las grandes corporaciones transnacionales de venta de semillas y de agrotóxicos. Estas industrias ejercen hoy un control monopólico sobre la actividad agrícola a nivel mundial.
En México, empieza a desarrollarse un modelo de agricultura industrial a mediados del siglo XX con la Revolución Verde que impulsa, mediante acuerdos establecidos entre los sucesivos gobiernos nacionales y fundaciones estadounidenses, un modelo productivo basado en la adopción de insumos (fertilizantes y plaguicidas) químicos, el uso de semillas mejoradas mediante hibridación, y el crecimiento de técnicas de cultivo fundamentadas en la mecanización y el monocultivo.
Durante las primeras décadas de su despliegue, este esfuerzo por “modernizar” la agricultura fue relativamente paulatino y el uso de semillas mejoradas y de agrotóxicos se centró en los cultivos de trigo, del cual se creó una variedad enana que permitió aumentar los rendimientos en los años 1950 (Gouttefanjat, 2021). En los años 1980, después de varias décadas en las cuales las corporaciones estadounidenses especializadas en la venta de semillas híbridas y de insumos agrícolas químicos pudieron consolidar sus investigaciones, sus experimentos y, en general, sus negocios, la producción de maíz se volvió protagonista principal del desarrollo del modelo productivo de la Revolución Verde.
En el curso del neoliberalismo mexicano, estas empresas encontraron varias oportunidades para fortalecer su presencia en el país y ensanchar sus mercados, principalmente mediante mecanismos de privatización de la producción y del comercio de varios insumos agrícolas. En 1991, se lanzó un plan para el desmantelamiento de la empresa pública Fertimex, que producía fertilizantes nitrogenados a gran escala desde los años 1950. Este proyecto se cumplió cabalmente en 1992, dejando la producción de fertilizantes en manos de la iniciativa privada, predominantemente extranjera. Cinco años después, en 1996, se promulgó en México la Ley Federal de Variedades Vegetales. Así mismo, en 1997 México se adhirió al Acta 78 de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), con lo cual se empezó a llevar a cabo un proceso de criminalización del libre intercambio de semillas en México a favor de su venta y comercialización por parte de grandes empresas transnacionales.
Este proceso avanzó a pasos de gigantes con el desarrollo de productos biotecnológicos en el país, en el marco de una legislación ambiental extremadamente permisiva durante los últimos tres sexenios neoliberales. La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, también llamada Ley Monsanto, promulgada por el gobierno de Vicente Fox en 2005, extendió la alfombra roja para la siembra comercial de una serie de cultivos como el algodón o la soya y para cultivos experimentales de maíz, chile, jitomate, trigo, etc., lo que tuvo lugar en beneficio de un grupo reducido de empresas extranjeras[5] y a costa de la agricultura campesina que fue víctima de procesos de contaminación transgénica. Hoy existen cuatro principales empresas semilleras a nivel mundial.[6] Estas controlan el 70 % de la producción y comercialización de agrotóxicos.[7]
El despliegue comercial de estas grandes corporaciones se ha manifestado, en última instancia, en la adopción, por parte de pequeñas y medianas unidades productivas, de paquetes tecnológicos propiamente capitalistas. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) realizada en 2019,[8] para el año 2017 un 68.2 % de las unidades de producción que realizaban agricultura a cielo abierto utilizaban fertilizantes químicos mientras que un 60.6 % utilizaba herbicidas químicos y un 49 % utilizaban fungicidas químicos (INEGI, 2019). En este mismo año, alrededor de un 80 % de estos insumos fue importado, en condiciones de oferta oligopólica. Según la ENA de 2017, solo un 45 % de las unidades producían semillas (INEGI, 2017).
Consideraciones finales
Durante los siglos XX y XXI, mientras se desarrollaba y se expandía un tipo de agricultura industrial en México, los campesinos fueron empujados cada vez más hacia la desaparición. Fueron víctimas de procesos de despojos multilaterales mediante modelos de producción agrícola que, gestándose desde mediados del siglo XX, encontraron condiciones de despliegue inéditas en el marco del neoliberalismo y de la socavación generalizada de la soberanía nacional del Estado mexicano, cuya piedra de toque fue la reforma al artículo 27 Constitucional.
Estos despojos tuvieron como consecuencia directa una agudización de los procesos de descampesinización, pero también, por la nocividad de las técnicas y de los insumos que se expandieron, una reducción de la biodiversidad, una contaminación de los recursos naturales y una degradación de la salud de los productores y de los consumidores. En otros términos, el sometimiento capitalista de la producción campesina sirvió de eslabón clave para procesos de acumulación de capital que afectan a la humanidad entera.
Frente a este panorama desolador, es de celebrarse la existencia de un programa como Sembrando Vida, que busca rescatar al campo y reconstruir un modelo de agricultura soberano y saludable para productores y consumidores.
Seguramente, Sembrando Vida tiene otros significados político-económicos que los que mencionamos aquí. Sin embargo, esos dos ya bastan para darle la razón a Armando Bartra (2021) cuando afirma que este programa es la “joya de la corona” de la política agraria de la 4T.
Bibliografía
Bartra, A. (2021). A la mitad del camino. Leerenlibertad.
CONEVAL. (12 de junio 2020). Avances y retos del programa Sembrando Vida. [Comunicado]. https://bit.ly/32TbuzM
De Ita, A. (2021). Sembrando envidia. En CECCAM (Ed.), Comunidad y autonomía frente a Sembrando Vida (pp.13-28).
Diario Oficial de la Federación. (2021, 31 de diciembre). Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Sembrando Vida para el ejercicio fiscal 2022. Secretaría de Bienestar. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639899&fecha=31/12/2021
Gouttefanjat, F. (2021). Revolución Verde, neoliberalismo y transgénicos: hacia una subordinación del maíz al capital. Forhum. International Journal of Social Sciences and Humanities, 3(4), 108-119. https://doi.org/10.35766/j.forhum2021.04.03.9
Grupo ETC. (2019). Tecno-fusiones comestibles. Grupo ETC. https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/0_etc_platetechtonics-26_oct-4web.pdf
Holt-Giménez, E., y Patel, R. (2010). “Primera parte: La verdadera historia detrás de la crisis alimentaria mundial”. En Rebeliones alimentarias. Crisis y hambre de justicia. Primera Parte. Editorial El Viejo Topo, pp. 4-79.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2017). Encuesta Nacional Agropecuaria 2017. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ena/2017/doc/ena2017_pres.pdf
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2019). Encuesta Nacional Agropecuaria 2019. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ena/2019/doc/rrdp_ena2019.pdf
López Obrador, A. M. (2019). Hacia una economía moral. Editorial Planeta.
Rubio, B. (2012). Explotados y excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal. Plaza y Valdés Editores.
Sandoval, D. (2017). Treinta años de transgénicos en México. CECCAM.
Saxe-Fernández, J. (2001). La compra-venta de México. Plaza Janés.
[*] Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, fleur.gouttefanjat@gmail.com
[2] Las entidades federativas son las siguientes: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Están organizadas en 5 regiones: región Veracruz-Huastecas, región Oaxaca-Chiapas, región Tabasco-Península, región Altiplano-Pacífico y región Centro.
[3] Según el propio gobierno, los CACs tienen como función: “analizar las condiciones productivas y diseñar los sistemas agroforestales; promover y fortalecer la organización comunitaria, las finanzas sociales y la cultura del ahorro para regenerar el tejido social; impulsar la cooperación que contribuya a lograr la autosuficiencia alimentaria, contribuir a mejorar y diversificar los ingresos, así como la restauración del medio ambiente” (DOF, 2022, p. 201).
[4] La gestión del programa en las 5 regiones se basa en 2 Coordinadores Regionales por región, 29 Coordinadores Territoriales, 15 especialistas productivos y sociales, 451 Facilitadores Comunitarios, 2255 Técnicos Sociales, 2255 Técnicos Productivos, 54120 becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Su eje rector es el Comité Técnico.
[5] Sandoval (2017) afirma que de todas las solicitudes que fueron hechas entre 2005 y 2017, un 60 % fueron a cargo de Bayer y de Monsanto. Convergiendo con la información que dan estas cifras, Holt-Giménez y Raj (2010) consideran que, durante el neoliberalismo, la agroindustria, además de acrecentar su dominio sobre los mercados locales, pudo adueñarse paulatinamente de “los recursos necesarios para la producción de alimentos: tierra, agua, genes, mano de obra, insumos e inversiones” (p. 13).
[6] Según el Grupo ETC (2019), las principales empresas de semillas son: Bayer Crop Science (incluye Monsanto) (Alemania); Corteva Agriscience (EUA); ChemChina Syngenta (China); Vilmorin & Cie/Limagrain (Francia). En 2019, representaban el 53 % del mercado mundial de semillas.
[7] Según el Grupo ETC (2019), las principales empresas de agrotóxicos son: ChemChina Syngenta (China); Bayer Crop Science (Alemania); BASF (Alemania); Corteva Agriscience (EUA).
[8] Se toma la ENA del año 2019 para consultar datos del año 2017 porque en la ENA del 2017, no hay distinción entre herbicidas naturales o químicos y pesticidas naturales o químicos. En la ENA 2019, hacen esta distinción de manera retroactiva para el año 2017.