El programa Producción para el Bienestar de la 4T
Introducción
Este texto se centra en la reflexión sobre el destino y persistencia del campesinado en la sociedad actual. Comenzaré por describir brevemente el debate teórico-político de los años setenta, cuando se discutía la viabilidad del campesinado como clase en el capitalismo, si era factible su supervivencia como un grupo de productoras y productores en escala familiar, o si su destino era irremediablemente la proletarización. Actualizaré esta reflexión para los tiempos actuales, en los que ciertamente las y los campesinos no han desaparecido. Este primer apartado enmarcará el segundo, en el que expondré el programa Producción para el Bienestar (PpB) del gobierno de la Cuarta Transformación, enfatizando su relevancia como una política pública dirigida a las y los pequeños y medianos productores, después de décadas en las que los gobiernos neoliberales los consideraron simplemente como población de escasos recursos, atendida por programas asistenciales. A diferencia de este asistencialismo para paliar la pobreza, PpB y otros programas emblemáticos del presente gobierno, como Sembrando vida y Jóvenes construyendo el futuro, revalorizan a las y los campesinos como productores, reconociendo sus conocimientos y viabilidad. PpB representa, además, un avance muy valioso en cuanto a promover técnicas agroecológicas, que permitan revertir los daños ambientales causados por varias décadas de aplicación del modelo tecnológico de la Revolución Verde[1], basado en riego, maquinaria, semillas mejoradas comerciales y aplicación indiscriminada de agroquímicos. Este modelo resulta inviable ecológicamente y muy costoso para las y los pequeños y medianos productores, especialmente en los tiempos presentes, en que la pandemia primero y la guerra por la invasión rusa a Ucrania después, han elevado los precios de los insumos. Espero que los elementos vertidos contribuyan a la comprensión de la importancia del campesinado para alcanzar objetivos nacionales fundamentales, como la autosuficiencia alimentaria.
Reflexión sobre el campesinado
Es necesario partir de una breve reflexión sobre la vigencia del campesinado en los tiempos presentes. En México, la mayor parte de estos productores son minifundistas con características campesinas: “Un campesino es un trabajador agrícola cuyo sustento depende básicamente de su acceso a la tierra, ya sea propia o rentada, y que usa principalmente su propio trabajo y el de su familia para trabajarla” (Akram-Lodhi et al., 2009: 3). Dichos autores plantean esta definición para caracterizar a los campesinos a nivel global, y considero que continúa siendo funcional. La definición rescata características básicas, aunque es un hecho que en el agro mexicano los campesinos tienen que recurrir a muchas otras actividades para subsistir, además de la agricultura. Dado que una característica importante de las y los campesinos en México es la siembra para autoconsumo, el maíz es su cultivo fundamental, y en algunas regiones se siembra acompañado de calabaza, frijol y otras plantas comestibles (quelites, quintoniles, verdolagas). La llamada milpa, que es un policultivo ancestral con virtudes agroecológicas (Aguilar, Illsley y Marielle, 2007). La importancia relativa de la agricultura en los productores de maíz ha disminuido en relación con otras actividades para lograr el sustento familiar (Burstein, 2007). Algo fundamental en el trabajo campesino es que no se da un salario por la producción en la parcela. Hay precarización y vulnerabilidad crecientes, que conllevan a hacer un esfuerzo para comprender todas aquellas formas que no implican el pago de un salario formal. Existe una diversidad muy grande de trabajo no asalariado: el productor campesino, el artesano, el comercio ambulante, la llamada informalidad o, más recientemente, el trabajo no clásico (De la Garza, 2011). Hay que volverse a cuestionar las diferencias entre el trabajo del que produce algo y lo vende, quien vende alguna cosa no producida por él o ella misma, el que vende su trabajo en muy variadas formas, con contrato o sin él, a domicilio o en un lugar determinado, o el que tiene que desplazarse largas distancias para vender su trabajo (migración), por mencionar algunas. En el caso del trabajador-productor, como las y los jornaleros agrícolas, se observan muchas identidades, como migrantes, miembros de una familia campesina, muchas veces indígena, integrantes de una comunidad de origen y, cuando no se tiene tierra, migrantes totales (Herrera et al., 2013: 9). Las y los campesinos enfrentan condiciones difíciles en su inserción en el trabajo asalariado, y su trabajo productivo sufre complicaciones: altos costos de los insumos, mercados dominados por el intermediarismo; factores que los colocan en desventaja al vender su producto, además de políticas públicas inadecuadas a sus condiciones. Si bien es cierto que están empezando a ser reconocidos por el gobierno actual, enfrentan granes dificultades como los efectos tangibles del cambio climático, principalmente sequías y heladas en fechas no predecibles.
El debate sobre la supervivencia del campesinado tuvo una presencia mundial en los años setenta. Se discutía arduamente sobre la posibilidad de permanencia de las y los campesinos[2] en la sociedad capitalista pues, partiendo de autores clásicos como Marx, Engels, Lenin y Kautsky, algunos teóricos pensaban que su destino irremediable era la proletarización y que el capitalismo se instalaría en el campo, eliminando toda pequeña producción familiar. En ese periodo fueron rescatadas las tesis de Chayanov (1987), acerca de que la economía familiar campesina es una forma productiva distinta de la capitalista. En México los protagonistas de la polémica fueron calificados por Feder (1978) como campesinistas y descampesinistas. Lo que centraba el debate era si el destino de las y los campesinos era la proletarización y la destrucción de su economía como productores directos, o si existían otras vías de existencia para ellas y ellos, considerando que esta forma de producción funciona de forma diferente a la relación capital-trabajo asalariado. Se escribió y discutió mucho respecto a si las y los campesinos eran terratenientes, burgueses o pequeño-burgueses, por poseer un pedazo de tierra; si por estas características eran naturalmente reaccionarios y conservadores. Inclusive, parafraseando al famoso costal de papas mencionado por Marx en una coyuntura histórica muy específica del siglo XIX en Francia (Marx, 2003), se debatía si no tenían futuro alguno como una clase portadora de un proyecto liberador de la explotación capitalista. A esta certeza de la inevitable proletarización de los campesinos se le conoce como la tesis warrenita, por haber sido planteada por Bill Warren en 1973 y 1980, sobre la deseabilidad del proceso de intensificación de las contradicciones capitalistas. Warren (1973) proponía que la desaparición de los campesinos y su proletarización eran lo mejor para ellos. En 2009, Kiely duda de ello, dando algunos datos sobre los efectos negativos de la globalización en los campesinos de los países periféricos en todos los continentes. A fines de la década de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, se abordó la explotación del trabajo campesino por el capital.
Bartra (1979) y Rubio (1983), entre otros, comenzaron a indagar, con apoyo de conceptos marxistas y chayanovianos, si era factible la explotación capitalista del trabajo campesino. Se discutía el planteamiento marxista de la clase y la explotación. Se acepta la existencia de dos clases fundamentales, los capitalistas y los proletarios, entre las que existía una relación de explotación, en la que el capitalista se adueña de trabajo impago o plusvalía, a través de la compra de trabajo asalariado al proletario. Se reconocía que esta era la relación de explotación esencial en el capitalismo, y se proponía que había otras formas de explotación de trabajos no asalariados, como el de la o el pequeño productor campesino. Se propuso que esta era una extracción de plusvalor o trabajo excedente, no de plusvalía propiamente, pues esta última se consideraba presente sólo en la relación capital-trabajo asalariado. Las y los campesinos estaban sometidos a una subsunción anómala y general, distinta de la subsunción formal o real del trabajo asalariado en el capital. Esta subsunción formaba parte de la más general, a la que estaba sometido todo tipo de trabajo en el capitalismo y, en el caso del trabajo campesino, permitía la extracción del excedente de la pequeña producción a través del intercambio desigual en el mercado. La o el campesino sobrevive así en un precario equilibrio, pues hay fuerzas económico-sociales que propician su destrucción, y a la vez hay una utilidad para el capitalismo en el excedente que es posible extraerle como productor.
40 años después sabemos que las y los campesinos no han desaparecido, especialmente en los países periféricos. El colonialismo introdujo relaciones capitalistas de producción en las economías de los países mal llamados en desarrollo, pero esto no sucedió de forma homogénea y universal (Wood, 2009; Kumar, 2009, Byres, 2009 y Akram-Lodhi et al., 2009). En los tiempos actuales hay un giro en la manera de discutir el destino del campesinado: se habla de su exclusión del capitalismo neoliberal depredador, caracterizado como desestructurante por Rubio (2001). Bartra (2011) destaca la pluriactividad y la condición fronteriza, sin por ello dejar de enfatizar la pertenencia a la tierra y la identidad local, aún en los migrantes, mientras que Akram-Lodhi et al. (2009), además de reconocer que no se dio la proletarización masiva de los campesinos profetizada en los setenta, hacen notar que la agricultura neoliberal ha generado más pobreza rural. Esta breve reflexión sobre la discusión de las últimas décadas acerca del trabajo campesino nos hace ver la necesidad de un reposicionamiento de la cuestión agraria en los tiempos que corren, más aún cuando la crisis sistémica presente exige respuestas respecto a los problemas laborales, alimentarios, ecológicos, energéticos, de pobreza y desigualdad social. Es decir, existe la necesidad de reelaborar teóricamente una nueva cuestión agraria. Para encontrar soluciones a los problemas ecológicos, energéticos, económicos y sociales del mundo contemporáneo, tenemos que regresar a mirar la tierra, la producción alimentaria y los principales actores del cambio agrario: los campesinos, sin olvidar que hay nuevos y poderosos actores sociales, como las corporaciones agroalimentarias, los movimientos sociales relacionados con la tierra, la ecología, la energía, los alimentos, la globalización y, por supuesto, el Estado y sus diversas políticas públicas agrícolas y laborales. Los elementos vertidos brevemente enmarcan la siguiente exposición respecto a PpB, que está dirigido justamente a las y los campesinos mexicanos.
Inclusión y políticas públicas: Producción para el Bienestar (PpB)
La política neoliberal favoreció por décadas a las y los grandes productores y la agroexportación, en detrimento de la agricultura campesina y la producción de alimentos básicos. Esto comenzó a revertirse en 2018 con la entrada del gobierno actual, con programas emblemáticos como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, y Producción para el Bienestar (PpB). Este último, dirigido a las y los productores medianos y pequeños (de 5 hectáreas o menos, 85% del total de unidades productivas), sustituyó al anterior ProAgro. El anterior menosprecio oficial a estas unidades no consideraba su importancia socioeconómica y cultural: son siete de cada diez productoras y productores de menos de cinco hectáreas, crecieron 709 % entre 1930 y 2010, generan seis de cada diez empleos contratados y familiares, producen 40 % de los granos básicos y 54 % del valor de la producción nacional de los principales 35 cultivos (SADER, 2021), cuidan la biodiversidad y los recursos naturales, y son una contención a la expansión de la violencia del crimen organizado. La nueva política los considera sujetos productivos y de derechos, así como portadores(as) de saberes agroalimentarios.
Uno de los objetivos de PpB y los programas mencionados es evitar la fragmentación anterior, con muchos programas de corta duración y poca efectividad, y se apuesta a pocos de mayor impacto, centrados en torno a la autosuficiencia alimentaria, para lo que se cuenta con un censo público geo-referenciado y disponible públicamente. Los trámites se han simplificado, pues anteriormente dominaba un sistema complicado, que propiciaba la corrupción y la necesidad de gestorías y consultorías como intermediarios. Hay un esfuerzo importante porque los recursos lleguen a tiempo y en 2021 se ejerció 90 % del presupuesto, pese a la pandemia. En 2022 se otorgaron apoyos por 1,858 millones de pesos (aproximadamente 103 millones 222 mil dlrs) a 1,809,000 pequeños y medianos productores, en una superficie de 5,663,572 hectáreas en todo el país. 83 % de los beneficiarios son de pequeña y mediana escala; 6 de cada 10 se ubican en la región sur-sureste, 57 % pertenece a municipios con población indígena y 34 % son mujeres (SADER, 2023a).
Se otorga un apoyo económico directo, preferentemente a productoras y productoras de granos (maíz, frijol, trigo panificable y arroz, de los que México es importador), amaranto, chía, caña de azúcar, café, cacao, nopal o miel, entre otros. El programa se acompaña de una Estrategia de Acompañamiento Técnico (EAT), que comprende Escuelas de campo (Ec), de las cuales se instalaron 2,310, que producen 3 millones de litros de lixiviados y 18 mil 225 toneladas de biofertilizantes sólidos. Además, se construyeron 10 mil 958 huertos familiares de producción de alimentos. Hay distintos montos de cantidades otorgadas por productor(a) de acuerdo con estratos de superficie (por ejemplo, 3 o 5 has), o de número de colmenas en el caso de las y los apicultores. Ninguna o ningún beneficiario recibe menos de $6,000.00 pesos (aproximadamente $750.00 dlrs) ni más de $24,000.00 (1,333.00 drs) por ciclo agrícola. Se aplican políticas transversales de igualdad e inclusión, de manera que el 28 % sean mujeres y el 45% se ubiquen en los 1, 033 municipios con población indígena (Ibidem). También hay esfuerzos importantes para generar mercados orgánicos, agroecológicos o alternativos locales y fondos comunitarios de semillas nativas (SADER, 2023b).
El acompañamiento técnico en las Ec se centra en el aprendizaje de técnicas agroecológicas, principalmente la elaboración de biofertilizantes y bioinsecticidas, con lo cual se incrementan los rendimientos y se abaten los costos. Esto se acompaña con la creación de mercados locales para facilitar la comercialización. Se establecen prioridades de atención en los municipios en los que hay mayor población de productores(as) de hasta cinco hectáreas. La EAT incluye la formación como técnicos agroecológicos de jóvenes becarios del programa Jóvenes construyendo el futuro.
Pese al evidente esfuerzo de mayor cobertura y entrega oportuna, el monto otorgado es apenas una pequeña parte de los costos. Por ejemplo, el costo de producción promedio de una hectárea de maíz era de $22,000.00 ($1,222.00 dlrs) en 2021, con un amplio rango de variaciones regionales, y el monto recibido de PpB en ese año era de $2,000.00 ($111.00 dlrs). De cualquier manera, los pequeños y medianos productores no habían recibido más que programas asistenciales en los gobiernos anteriores. Es interesante que hay un gran interés en la asistencia a las Ec y la EAT, pues hay un aprendizaje para elaborar los bioinsumos y disminuir los costos, con lo que se deja una semilla que a futuro puede contribuir a lograr una agricultura sustentable (SADER, 2023b). Pese a estos cambios, el objetivo de la autosuficiencia alimentaria está lejos de alcanzarse, pues los efectos devastadores del cambio climático y la especulación internacional lo hacen difícil. La sequía de 2020 generó escasez de producción interna de alimentos, y se tuvo que recurrir a grandes volúmenes de importaciones: las de granos y oleaginosas crecieron en un 14.3 % en 2021, en comparación con 2020: las de maíz 16.4, las de soya 15.5, las de trigo 18.2, las de frijol 143.7, con excepción de las de arroz, que disminuyeron 9 % (SADER, 2021).
Conclusiones
Los programas del gobierno mexicano actual como Producción para el Bienestar, aportan al logro de la soberanía alimentaria y a una valorización de la producción y conocimientos campesinos, aún con contradicciones y dificultades, y pese a que siguen las importaciones de maíz y otros alimentos básicos. La semilla que se está dejando en el campo a raíz del aprendizaje de técnicas agroecológicas, preservación de variedades nativas y elaboración de bioinsumos, es una importante contribución para avanzar hacia la sustentabilidad en la producción alimentaria campesina.
Es fundamental que el gobierno mexicano persista con una política de autosuficiencia alimentaria y de apoyo a las y los campesinos, que aportan a la alimentación local con productos originarios de la región, producidos de forma sustentable y que podrían contribuir a la soberanía alimentaria.
Referencias
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Bartra, A. (1979). La explotación del trabajo campesino por el capital. México: Macehual, 121 pp
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[1] Fenómeno de modernización tecnológica de la agricultura mexicana, que se impuso a partir de investigación financiada por la Fundación Rockefeller y el gobierno mexicano en la segunda mitad del siglo XX.
[2] En la época no se usaba el lenguaje inclusivo: las mujeres campesinas, cuya importancia es fundamental en la unidad familiar, quedaban incluidas en el artículo “los”. En este texto cuido su inclusión usando “las y los”.