Desde su fundación en 1910, entonces Universidad Nacional de México, y luego, como UNAM, la institución de educación superior más importante y emblemática del país ha sobrevivido en medio de un conflicto constante. Desde la polémica Caso-Lombardo, la lucha por su autonomía, el 68, el 71, la huelga por crear un sindicato académico, la violación a la autonomía por parte de la policía y del ejército, las tomas de rectoría, las sucesivas y siempre alteradas sucesiones de rector, la pedrada a Echeverría, el paro del CEU, el congreso universitario, la pretendida elevación de las cuotas de ingreso, la respuesta de los estudiantes de año tras año por la falta de cupo, la muy prolongada toma del auditorio Che Guevara, las constantes agresiones a mujeres, la proliferación del narcomenudeo, los paros y movilizaciones frecuentes en los CCHs, la irrupción del profesorado precarizado, la violencia enferma que rompe cristales y agrede el patrimonio artístico universitario, y todo lo que se quiera agregar, da cuenta de que en la UNAM no ha habido un año, meses o quizás hasta días sin que se haya presentado alguna forma de antagonismo, de acción de resistencia, de agresión colectiva o de movilización de la comunidad universitaria con una multiplicidad de demandas.
Desde su otra cara, en la UNAM existe un aparato de institucionalización y de contención de las manifestaciones de profesores, estudiantes o trabajadores, que ha logrado a veces negociar y otras simplemente obviar, de forma retórica o mediática, esta condición de crisis permanente. Para ello, cuenta con los mayores recursos de todo el sistema de educación superior a nivel nacional y un inmenso aparato que se sustenta en una vetusta legislación que le ha permitido contar con un Consejo Universitario que refrenda las decisiones minoritarias por encima de una comunidad de cientos de miles de personas, una Junta de Gobierno que garantiza la elección de autoridades a modo de acuerdo con la única regla que se reproduce en cada caso: la de designar a autoridades que garanticen lealtades a las cúpulas del poder y la institucionalidad de la universidad, en donde se pone en un segundo o tercer nivel de importancia el currículum, la capacidad de quienes son designados, la opinión de sus pares académicos, porque se privilegia la subordinación.
Con sus honrosas excepciones, las direcciones de escuelas, facultades, centros, institutos o dependencias diversas gozan de una autoridad sin liderazgo, a menudo con un alto grado de mediocridad, pero que tienen un voto de calidad que las hace aparecer como incontrovertibles, apoyada en instancias colegiadas que discuten a medias lo sustancial pero poco pueden cambiar reglas y formas de operación, y un sistema de evaluación obsoleto basado en puntajes y en la simulación. Reitero, con sus honrosas excepciones.
Desde hace algunos lustros, las relaciones de las autoridades universitarias con los distintos gobiernos del PRI o del PAN, habían convenido arreglos y recursos suficientes para afrontar una universidad en constante crisis, sobre todo porque la orientación política de los grupos de poder de la UNAM había estado muy cerca y en algunos casos en franca alianza sobre todo con el priísmo enquistado en los distintos gobiernos. Nada cambió en esta orientación durante los sexenios panistas, porque en la práctica los acuerdos y transacciones eran similares, eso es lo que ahora se conoce con el PRIANISMO.
Esta condición de subordinación de la universidad a los distintos gobiernos de factura neoliberal se alteró con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. La relación de subordinación pasó a ser una de carácter crítico y de una constante negociación, a menudo mantenida en una suerte de secrecía o de complacencia necesaria, pero que nada tiene que ver con lo que había ocurrido en el pasado.
En el escenario de la continuidad del actual gobierno de la 4T, la elección de rector y de su proyecto de trabajo en este 2023 se tiene que pensar con mucha seriedad, porque se trata de un periodo rectoral que se enmarca en la continuidad de un nuevo tipo de gobierno de 6 años más, por lo menos. Esta condición no había estado presente en el periodo previo anterior. Pero esta condición de nueva correlación de fuerzas no parece estar en la órbita del debate sobre la sucesión del nuevo rector de la UNAM.
Hasta ahora (09/23), las autoridades centrales de la UNAM han mantenido el mismo discurso de continuidad y de institucionalidad, tanto en la forma de designación de rector, por la vía de la Junta de Gobierno, con el mismo discurso de que cuenta de que se tienen la mejor legislación que se pueda tener y que no se requieren grandes cambios ni tampoco comprometerse a convocar a una reflexión en la comunidad universitaria respecto de los problemas y conflictos que se viven, como si estos no ocurrieran día tras día.
El problema es que esto ya no es así en el radar comunitario, porque el cambio de rector y con ello del equipo directivo de la administración central en la UNAM, tiene ahora una coyuntura muy distinta al pasado, y por mucho que le den vueltas el cambio de autoridades centrales ya no puede pensarse de la misma manera que antes, dado que lo que se tiene enfrente es la muy probable redefinición de las relaciones entre la UNAM y el nuevo gobierno de la 4T, y esto tendrá que asumirse desde un altísimo nivel de responsabilidad, tanto para quienes pretenden postularse al cargo de rector, como para las y los miembros de la Junta de Gobierno en su eventual designación.
Lo anterior se expresa en el profundo y muy legítimo interés y reclamo, respecto de la falta de participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones fundamentales de la universidad, pero también respecto del papel que debe jugar ahora ésta en el proyecto de transformación del sistema educativo, de humanidades, de ciencias y de tecnología que requiere el país, de ahora hacia el futuro, desde la vigencia y el pleno respeto a la autonomía universitaria.
Quién pretenda postularse para un nuevo periodo rectoral, deberá tener claridad sobre los enormes y trascendentes problemas que están a la orden del día entre los distintos sectores de la comunidad, y de lo que se ha construido hasta ahora en la política pública en materia de educación superior. Esto requerirá dar a conocer el proyecto que se pretende hacia los próximos años, que incluya, por lo menos temas y asuntos como el de una visión de democratización de alto vuelo para dar muestra de la necesidad de impulsar una apertura total hacia los más difíciles problemas de la institución: la precariedad laboral de miles de académicos, el retiro y la dignificación de la carrera docente y de investigación; los tremendos problemas de violencia sobre todo de género; los de un nuevo tipo de porrismo que se ha adueñado de espacios vitales de facultades o bachilleratos, de la drogadicción y la baja estima de muchos y muchas estudiantes; respecto de la transparencia en el uso y manejo de los recursos; y, la responsabilidad de realizar una sabia elección de autoridades de las dependencias de docencia, de investigación y de cultura para darle un sentido orgánico a un equipo sólido y con visión de futuro. Más mediocridad en la designación de autoridades hechas por la Junta de Gobierno y avaladas por el Consejo Universitario, será considerada como una falta total de respeto a la inteligencia y al espíritu crítico que está muy vivo en importantes sectores de la comunidad universitaria.
Si, además, no se proponen reformas sustanciales en la legislación universitaria, sobre todo respecto del papel de la Junta de Gobierno (el colegiado minoritario más cuestionado de la universidad) o de la composición del Consejo Universitario y de otras instancias de gobierno; en las estructuras y procesos académicos, en la definición de una efectiva ruptura con la simulación que lleva a cabo el pseudo sindicato de académicos que sólo representa y defiende a las autoridades y no a los mismos académicos, el cambio de rector se verá de nuevo opacado pero será visto como una evidencia más de la sobrevivencia soberbia de los grupos enquistados en el poder desde hace décadas.
Por el contrario, de manera inmediata, una nueva rectoría, debería comprometerse a encabezar los trabajos de revisión, complementación y actualización de la legislación universitaria, que es la que dispone y ordena la participación democrática de la comunidad, con el propósito de colmar los vacíos existentes, propiciar la participación activa de estudiantes y profesores en los asuntos procedimentales, y eliminar las disposiciones que por su antigüedad contrastan con el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y los relacionados con la autonomía universitaria garantizada en el Artículo Tercero de la Constitución mexicana.
La nación necesita de la UNAM para resolver los grandes problemas nacionales y elevar las posibilidades de alcanzar una mayor igualdad, en una nación que mantiene una extrema desigualdad en los niveles de vida, para promover un nuevo desarrollo con justicia y equidad. La discusión sobre el futuro de la UNAM es un imperativo. En este trabajo, se presentan algunos de los temas que deben estar en el centro del debate, en esta coyuntura fundamental de la vida universitaria, quizás no todos, pero si algunos de los más importantes.
EL PROYECTO NACIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EN LAS HUMANIDADES, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LA 4T
Durante el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se pusieron en marcha sendas reformas legislativas y se ha avanzado en la definición de una nueva política pública en materia de educación superior, de humanidades, de ciencia y tecnología. Un nuevo rector o rectora, no puede estar ajeno a las iniciativas que ahora están en marcha y, muy por el contrario, la UNAM, debido a su enorme importancia en todas las áreas del conocimiento, debe estar ampliamente comprometida con el nuevo proyecto de Estado-Nación que está en marcha. Esto implica una definición muy clara respecto de su participación en la contribución del nuevo sistema nacional de educación superior, así como respecto de las normas y disposiciones que recién se han aprobado en materia de posgrado, de investigación, de soberanía científica y de la ciencia como un derecho humano.
La Ley General de Educación Superior (LGES), aprobada en abril de 2021, se sustenta en principios y objetivos, en una visión y en una política pública, de reversión de las condiciones de atraso en el país, y se enfoca en lograr una gran transformación en el sistema universitario y de educación superior a nivel nacional. Ciertamente la UNAM, como institución, ha estado representada y ha participado en las tareas de conformación del Consejo Nacional de Educación Superior (una de las iniciativas más importantes que se proponen en la nueva LGES), pero lo ha hecho casi de manera solo presencial cuando de lo que se trata ahora es que asuma un papel central desde su cobertura nacional y del impacto que tienen sus funciones responsabilidades en el ámbito del sector. Esto tienen que ver, sobre todo, con asumir, desde su más pleno ejercicio autonómico, por ejemplo, que la ley se plantea lograr un avance sistemático alrededor de la universalización de la tasa bruta de escolarización en el nivel, así como de la coordinación de un sistema nacional de educación superior y de su gratuidad progresiva, a través de programas de acción de mediano y largo plazos.
Lo anterior implica, que la UNAM, desde su nuevo rectorado, tendrá que definir con toda claridad que ésta no es el ombligo de la nación, sino una parte importantísima, sin duda, de un sistema coordinado y horizontal a nivel nacional, con todo lo que ello implica. Ya veremos de qué manera los o las candidaturas a la rectoría de la UNAM, se pronuncian al respecto.
Otro de los aspectos más sensibles, dada la polémica que se ha dado, respecto de la cual no han sido ajenos sectores importantes de científicos de la UNAM, es lo relacionado con las nuevas disposiciones que crean el nuevo CONAHCYT. El asunto tiene que ver directamente con la vigencia de muchos posgrados que cuentan con recursos del propio Consejo, pero también de las orientaciones de la política pública en esta materia. Ya veremos si lo que ha sido un tema de gran relevancia para la UNAM, dada la concentración nacional con la que se trabajan las distintas áreas del conocimiento y su destacado papel en las humanidades, la ciencia y tecnología, se posiciona de manera responsable en lo que se avizora como una nueva definición de prioridades y estrategias para alcanzar un nuevo estadio de desarrollo en el país.
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, BIEN PÚBLICO Y SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS
La autonomía universitaria, no está, ni debe estar reñida, con la construcción del actual proyecto nacional. Podrá tener sus diferencias, o podrá avanzar mucho más, como se supondría, en la definición de una sociedad más justa, sustentable, equitativa e igualitaria. Esto es lo que se esperaría de una universidad que cuenta con los recursos, tanto físicos como humanos, para incidir en ello. Ubicarse en una opción institucional contraria a este proyecto, lo único que conduciría sería a mantener y ahondar en los niveles de conflicto que de forma sucesiva se viven, y que seguirán manifestándose siempre.
Sobre todo, la nueva rectoría, si es que esto llega a ocurrir y no solo una administración con más de lo mismo tendría que preocuparse y ocuparse de demostrar que puede transformarse a sí misma desde sus procesos esenciales y en sus principales estructuras. Para ello requeriría plantearse un programa de gran altura y visión para el desarrollo de alternativas que impulsen cambios de fondo en las currícula, en la organización de los procesos cognitivos, en la gestión del conocimiento, en la investigación relacionada con la soberanía científica, y la innovación con incidencia social. La desigualdad debe convertirse en el punto focal de las políticas educativas que deben ser proactivas en la implementación de medidas de acción afirmativas y en la eliminación de las grandes diferencias arraigadas de manera muy alarmante en nuestro país, lo que constituyen una lacra imperdonable que cuestiona el derecho a la educación desde sus principios y postulados fundamentales.
Ello requeriría avanzar en políticas de articulación y de transversalidad, de acciones colaborativas y de gran incidencia social, lo que supone que éstas deban garantizar que la identidad, el origen social y las capacidades no definan las oportunidades educativas de ingreso y permanencia en la UNAM; en desarrollar programas destinados a la capacitación docente y equilibrar los salarios de todo el cuerpo académico; y, saber negociar de manera integral y transparente la financiación adecuada para superar las magras trayectorias de permanencia y egreso de las y los estudiantes desde los distintos contextos de aplicación por regiones y localidades, etnia y género, historias familiares, conocimientos adquiridos y méritos por encima de sus condiciones socio económicas, evitando asumir esa narrativa de competitividad individual insustancial que siempre está en concordancia con el emeritazgo, la exclusión y la solución pragmática de los conflictos, y dar paso a medidas de tipo alternativas y afirmativas.
Ya veremos, si la nueva rectoría y su equipo de trabajo, logran comprender que la tarea central de la universidad, amén de su papel en la consolidación de un proyecto nacional con justicia y equidad, está en sí misma, y que ello requiere de acciones concretas que logren superar lo que sigue siendo una tendencia hacia la desigualdad y exclusión en el ingreso de miles de estudiantes y de su permanencia.
En el panorama de conjunto, lo anterior ha hecho que se haya puesto el acento en la ampliación de la cobertura, pero no así en la de la permanencia y mucho menos en la garantía de un egreso satisfactorio que tenga como fin la inserción pertinente al mercado laboral, y que ello tampoco se haya podido reflejar en cambios fundamentales en los procesos de progreso cognitivo de las y los estudiantes en sus condiciones de construcción de currículas alternativas, y mucho menos en la formación de habilidades de transferencia de conocimientos y habilidades para fines de bienestar general.
LEGISLACIÓN Y DEMOCRACIA
En los últimos años, el tema de la administración académica y de gobierno de las universidades ha sido abundantemente debatido, lo que ha superado el tradicional tratamiento intuitivo basado en la autoevaluación conforme a la experiencia y los resultados cuantificables, hacia estudios que permiten valorar el desempeño cualitativo dentro de modelos de racionalización y uso óptimo de recursos desde la visión de una “autonomía responsable”.
Sobre todo, esta concepción alternativa, supone pensar la calidad educativa distinta a la que se promueve por la vía de resultados, exámenes estándares y rankings, sino desde las condiciones en las que puede lograrse la transformación de las personas hacia una ciudadanía con valores de bienestar general, de confianza y de alta capacidad para mejorar la sociedad en la que vive y trabaja, desde el valor social del conocimiento y del aprendizaje que se demuestra en la práctica cotidiana.
En las experiencias que se tienen de desarrollos de cambios en los modelos universitarios en el mundo, se muestra que estos tiene como punto de partida los cuerpos directivos con un alto nivel de liderazgo y de legitimidad, bajo contextos de exigencia social y comunitaria, y que se ponen en marcha bajo formas de “auto-regulación” y procesos de consensuamiento, con una visión de corto, mediano y largo plazos para hacer participar a los actores centrales de los procesos educativos. Estos modelos hacen posible contar con estructuras más flexibles y dinámicas.
La conformación de una visión como la que se pretende implica asumir la conciencia de postular un cambio paradigmático en el quehacer organizacional, en los métodos, contenidos, procesos y resultados del quehacer académico hacia un concepto de organización abierta, auto-regulada, colaborativa, con un sólido compromiso social y abierta a la participación de múltiples actores. La producción de conocimientos que se ubica como el eje central de la nueva capacidad institucional, implica una fuerte participación de la comunidad que investiga y de la capacidad de innovación académica de la universidad, pero también en el impacto que estas tienen en la docencia bajo los nuevos sistemas de aprendizaje diversificado y contextualizado.
Ello supone que, para iniciar una reforma hacia la innovación desde las estructuras universitarias actuales, caracterizadas por su segmentación, burocratización y linealidad, poco articuladas a las demandas de la sociedad y poco enraizadas en los cambios de una economía que se transforma desde los conocimientos, la ciencia y la tecnología, se requiere sustentar nuevas estructuras organizacionales de tipo horizontal como catapultas para propiciar cambios pertinentes hacia el futuro.
Este punto de arranque debe ocurrir desde la más amplia y plena participación de las comunidades y actores académicos para garantizar la calidad de los procesos de cambio, de las reformas en la legislación y en las instancias de gobierno colegiadas que hagan posible la generalización de mecanismos de transparencia y comunicación de los programas en marcha, de sus costos y del ejercicio del gasto como un bien público.
Un salto organizacional central, sin embargo, puede ocurrir con la apertura a la discusión y propulsión de espacios de articulación de conocimientos y proyectos colaborativos y de su transferencia hacia la sociedad. No es raro en el seno de la universidad encontrar importantes desarrollos en la producción de nuevos conocimientos, pero ahora debe desplegarse una función sustantiva más, que es la de la transferencia constante de conocimientos en propuestas que hagan posible la innovación de impacto social y la solución de problemas fundamentales de la sociedad.
El liderazgo en la figura del rector de la UNAM, por ello, resulta ahora un tema crucial en la discusión de la transición que está por ocurrir en la universidad. Lo que menos se requiere es más de lo mismo (o algo peor), sobre todo cuando el contexto que se presenta hace referencia a uno de altos niveles de desafíos y cambios, tal y como se ha corroborado en las discusiones de organismos internacionales, como la UNESCO, u otros de carácter regional. Se requiere por ello de voces fuertes y capaces, no autoridades que se la pasan rehuyendo temas cruciales de la universidad o se refugian en sus laureles que se ganan en el exterior. Para el caso, la opinión de la comunidad académica, y sobre todo los pares académicos es, como ocurre en todo el mundo, fundamental para garantizar que el liderazgo que se adquiere no es insustancial o meramente burocrático-autocrático.
En el marco de los nuevos preceptos generales que se sustentan en la Ley General de Educación Superior (LGES/2021), se especifica con claridad, la posibilidad y la obligación de realizar modificaciones normativas y orgánicas en las universidades, desde el ámbito y perspectiva vigentes de su autonomía, y esto es ahora un imperativo de que la nueva rectoría no podrá hacerse de la vista gorda y anteponer un discurso conservador y muy reaccionario de que la legislación actual, de la Ley Orgánica y la composición de los distintos cuerpos colegiados (que ya están fuera de toda racionalidad y lógica, sobre todo respecto del papel de la misma UNAM como institución emblemática, pero también respecto al cúmulo de demandas que de forma consecutiva se han formulado para democratizar) para hacer posible una verdadera reforma académica e institucional, como la que ahora se requiere.
Para precisar sobre lo que se ha hecho referencia, es importante el Artículo Segundo de la LGES (DOF, 20/04/2021), pues a partir de este artículo, como se podrá deducir, la nueva rectoría de la UNAM puede iniciar de facto la discusión de una nueva ley orgánica, de los distintos reglamentos relacionados con el modelo de gobierno de la universidad, y discutir la necesaria conveniencia de redefinir los términos en los que se eligen a las autoridades centrales y periféricas desde nuevas bases, y sosteniendo en todo momento la más amplia participación posible de la comunidad universitaria. Como se puede deducir del artículo citado, esto no tiene por qué estar ahora determinado por ningún órgano legislativo, como antes se suponía para evitar cualquier tipo, así sea mínimo, de reforma en las estructuras de gobierno de la UNAM.
LA REFORMA EN LOS APRENDIZAJES, LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA
En nuestro país, la universidad pública concentra la mayor proporción de actividades de investigación, de formación de capital humano especializado y profesional, y genera iniciativas de innovación científico-tecnológica. No obstante, sigue predominando un modelo de docencia muy tradicional, tanto en lo que se refiere al valor de sus funciones y de sus estructuras, como de la re-localización de los recursos que provienen en lo fundamental del Estado. La empresa privada sigue sin impulsar actividades de ciencia básica o aplicada y cuando lo hace también dependen de estímulos o de recursos provenientes del erario público.
Con todo y que la UNAM cuenta con grandes avances en el conocimiento, también se llevan a cabo y se mantienen procesos de alto nivel de obsolescencia y de una estandarización muy negativos respecto de las formas de evaluación de su trabajo académico. Así, por ejemplo, se reproducen procesos de dependencia cognitiva y de consumo de las tecnologías que provienen del extranjero, sobre todo de empresas transnacionales y de laboratorios corporativos; la formación de doctores se concentra en unas cuantas áreas del conocimiento, y el número de aspirantes a nuestros posgrados se encuentran formándose sobre todo en universidades del extranjero y en una perspectiva de no-retorno. Por lo general, también, la orientación del trabajo académico sigue estando regido por la publicación de libros o artículos y por las tareas de docencia. Predomina, por ello, la tendencia lineal de publicar por cantidad más que por calidad y mucho menos definidas hacia la innovación social relacionada a la solución de problemas con alta incidencia de mejoramiento social y comunitario, o que se propongan ir escalando hacia una mayor autodeterminación en HC&T a nivel nacional o regional. La lógica de publicar por publicar ha alcanzado a ser la práctica académica más establecida en la universidad, cuando el impacto de estas publicaciones no llega a ser, a menudo, siquiera significativo para el fortalecimiento de una discusión nacional o regional y, se puede estimar, que en su gran mayoría estas tienen como lectores a un circuito muy cerrado y limitado.
A esta cultura de “publica o muere”, se le agrega la organización de instancias académicas enteras que siguen trabajando de manera disciplinaria en una perspectiva que ya se presenta como “esclerótica “, y por tanto se encuentra sumida en altos niveles de individualismo, de repetición de conocimientos , y son muy destacadas las Facultades o Institutos que impulsan la trans o la interdisciplinariedad, aunque se dan casos que hasta evitan su mismo desarrollo o lo castigan, aunque esto ya parece verdaderamente absurdo desde la perspectiva de los nuevos paradigmas del aprendizaje y de la producción y transferencia de conocimientos.
La pandemia del Covid-19 y sus secuelas en la educación superior, ha profundizado la hiper especialización, la segmentación interinstitucional y la falta de vinculación con las demandas de la sociedad y de los pueblos, en lugar de estar ahora planteándose el nuevo contexto de crisis y de transformación que se debe asumir frente a las tendencias de cambio que están ya presentes, entre las cuales se encuentran las demográficas, las de la transformación epistémica y paradigmática de los conocimientos, y la contracción y transparencia en el uso de los recursos públicos, que han sido una constante y que no puede seguir presentándose.
TRANSPARENCIA EN EL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
El tema del financiamiento universitario es un tema político complejo, y no solo puede constreñirse a sus aspectos administrativos, sobre todo cuando la fuente principal de los recursos universitarios proviene de los recursos públicos. Cuando estos son manejados, como ocurre en la UNAM, por un grupo selecto y determinado, el tema deja de ser un asunto de mera distribución o de racionalidad financiera, sobre todo porque esto define una orientación poco clara y transparente hacia el mejoramiento de la vida académica y de la claridad con las que estos recursos la impactan de manera indiscutible. Cuando esto se relaciona con la capacidad de la institución para garantizar la gratuidad el tema se vuelve aún más complicado, como ha ocurrido con los intentos de elevar las cuotas de ingreso y permanencia de los estudiantes en los conflictos de finales de los ochenta y durante el año de 1999.
Un tema central, que despertó un gran interés durante y después de la pandemia del COVID-19, fue el de los recursos públicos provenientes del subsidio del Estado mexicano a la UNAM. Como es conocido, el presupuesto anual asignado es el más alto en el conjunto del sistema de educación superior del país, y actualmente alcanza la cifra de $52, 728,127, 711.00 pesos.
Se trata, como se puede observar, de una cantidad enorme de recursos que se mantienen altamente concentrados en las autoridades centrales y periféricas de la institución, que son manejadas con total discrecionalidad, con la excepción de los recursos que van a salarios y remuneraciones personales. Sin embargo, se conoce que los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios y de un grupo muy definido del personal académico goza de escalas muy altas en sus percepciones y que también reciben recursos extraordinarios para sostener de manera privilegiada autos, choferes, gasolina, comidas, viajes, eventos o partidas presupuestales que no se justifican ni aparecen en beneficio de la vida académica de las distintas entidades. La rendición de cuentas y la transparencia en el uso y manejo de los recursos debe ser un tema sustancial en las propuestas de reforma de la nueva rectoría de la UNAM, por muy escabrosos que este resulte, y también por las respuestas que algunos personajes darán, con seguridad, al respecto. Como tema de referencia, véase el conflicto que ahora existe con los sueldos que se mantenían en el INE, o bien con lo magistrados y los altos miembros del poder judicial, y se verá el tamaño de la controversia que se puede dar en la universidad.
En vistas a la nueva rectoría y al nuevo gobierno de la 4T, las relaciones de atención al tema financiero, a los sueldos de los altos funcionarios, a la transparencia y rendición de cuentas deberán ser discutidas en el seno de la comunidad, y no solo deberán ser materia de la administración o del patronato. Su importancia es, en definitiva, tema de la autonomía y de su capacidad para ampliar las bases del financiamiento y de su sustentabilidad, vista de manera general, y esto tiene también que ver con la gobernabilidad de la institución, como se ha demostrado en el pasado.
CONCLUSIONES
Para una universidad con la historia, las dimensiones, el impacto cultural, económico y social que tiene la UNAM, no pensar en el cambio que se hace urgente, en muchos de los sentidos, algunos de los cuales se han expuesto en este trabajo, tanto por su presente, pero sobre todo por su futuro, ahora resulta inconcebible.
En algunos discursos, que hacen referencia a su misión como la principal universidad del país y en muchas de sus acciones, hay siempre una orientación a la trascendencia, sin lugar a dudas, pero cuando pasa una determinada coyuntura, un informe de trabajo o un conflicto en donde lo que sobran son promesas y buenas intenciones, se dice que se hace pero, después de algún tiempo, predomina la inercia, la toma de decisiones pragmáticas y a menudo muy orientadas a preservar intereses de los grupos que se reproducen en los cargos de poder y que se determinan para preservar una denominada “institucionalidad”, basada en una añeja Ley Orgánica, en estatutos y leyes que se coligan en órganos de gobierno en donde se limita la participación, y que operan con una peculiar manera para neutralizar las propuestas de cambio que pudieran ser materia de controversia.
En medio de la disputa entre el saber y el poder, la universidad se mantiene como en un claustro, mientras se multiplican las iniciativas que buscan alcanzar una cierta flexibilidad y una capacidad institucional más acorde con los requerimientos de una cultura ciudadana y de articulación de un pensamiento plural, con el objetivo de reconstruir la desgastada y evidente condición de pérdida del histórico liderazgo nacional de la UNAM, ahora ya es difícil comprender porque ha durado tanto en darse la reforma universitaria en los órganos de gobierno, cuando no debe existir contradicción alguna entre gobernabilidad con mayor participación de las comunidades, cuando es así como funcionan las democracias complejas.
En su organización institucional, la UNAM sigue manteniendo un modelo rígido, disciplinario, profesionalizante, derivado de sus engorrosos procedimientos para efectuar cambios de fondo en sus planes y programas, en sus métodos y contenidos de lo que se aprende y enseña, de lo que se investiga y de lo que se transfiere como conocimiento hacia la sociedad. En su cotidianeidad y en la actividad de la gran mayoría de sus maestros, el estilo tradicional de “dar clases” sigue siendo el mismo que se organizó desde su fundación, hace más de 100 años, y muchas líneas y temas de investigación se repiten hasta el cansancio y hasta que los años de actividad de los investigadores llegan al extremo con un alto grado de tenacidad; las carreras y perfiles de egreso son cada vez más un título que escasamente llega a ser un medio para alcanzar trayectorias profesionales exitosas, o proyectos de vida de alta capacidad de movilidad laboral o social. Allí están, para corroborar, las cifras de egreso en relación con el desempleo, el sub-empleo o el multi-empleo de los egresados, en donde lo aprendido no se corresponde con el tipo de trabajo que se desempeña, y aún menos con la construcción de una ciudadanía activa y constructiva de un nuevo proyecto de nación, para mencionar tan solo dos preceptos de misión que se mencionan de vez en vez, cuando se habla de la función de la universidad en relación a la movilidad y su acción a favor de la “capilaridad “ social y económica.
No todo funciona así, por supuesto, porque la UNAM es más que sus rigideces y sus órganos de gobierno. También la universidad y sus comunidades son una de las más dinámicas y creativas del sistema educativo, de ciencia y tecnología. Está en casi todo el territorio nacional, y cuando no lo está la convocan; sus estudiantes y académicos mapean, descubren e interactúan en toda la República mexicana, y hasta más allá. Se han creado decenas de nuevas carreras y subdisciplinas, se ha incursionado en áreas de conocimiento complejas e interdisciplinarias, se participa en redes y asociaciones de todo tipo y magnitud, y la presencia de la UNAM sigue estando en todos los foros y debates nacionales, regionales y mundiales. Como tal sigue siendo la más importante institución cultural, del descubrimiento y de los aportes a la ciencia y a la tecnología en el país, y su campus es motivo de orgullo y de identidad patrimonial mundial, y hasta un lugar de turismo obligado. Es eso y mucho más, por si alguien quisiera agregar algún otro motivo a nuestro orgullo universitario.
Sin embargo, el problema es que la universidad no puede estar siendo vista o analizada, como ocurre casi siempre, como una entidad que destaca por su herencia y su permanencia, por su participación en un determinado presente, sino porque carece de una estrategia de transformación para construir su futuro, como si lo que ahora existe fuera lo mismo de lo que se fue, y que lo que viene vaya a ser igual o semejante a lo que está.¿Qué se plantea hacer la nueva rectoría de la UNAM para participar y discutir en esta serie de elementos del presente y del futuro, desde su identidad, su indiscutible importancia y pensando en la necesidad de llevar a cabo muy importantes transformaciones institucionales, en sus formas de gobierno y en la gestión y producción de nuevos conocimientos vinculados a su presente y a su futuro? ¿Se presentará por los posibles candidatos o por quién asuma la rectoría ahora en este 2023, un plan de largo plazo? Y si no lo tiene, ¿no es el momento de empezar a organizar un espacio, intelectual y estratégico, para ir tomando las decisiones pertinentes y adecuadas para ir construyendo las condiciones para crear iniciativas de gran calado para participar en la transformación del país? Ya veremos lo que se presenta, quiénes lo hacen y cómo se contrasta con lo que aquí se dice.