Introducción
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene una riquísima historia de debates y crisis políticas. Muchas, internas, pero otras más en su necesaria relación con el Estado. Al pensar en la unam y sus crisis, vienen numerosos momentos históricos a la memoria, como la primera mitad del siglo xx y los debates por la autonomía; las batallas estudiantiles de los años 60 y 70, o la huelga de 1999. En todos los casos, los temas universitarios son de interés público e involucran, entre sus principales actores, a personajes de la planta académica. En particular deseo centrar la mirada en profesores e investigadores.
Desde aquella huelga de fin de siglo, la vida universitaria cambió mucho. A diferencia de años anteriores, los rectores concluyen su periodo de 4 años e incluso repiten con total normalidad. Las luchas estudiantiles o de trabajadores sindicalizados detienen la actividad de escuelas y facultades en busca de atención sobre cuestiones laborales específicas, o bien, bajo la principal consigna actual: la lucha en contra de la violencia de género. En esta última, las estudiantes señalan principalmente a compañeros y profesores, y es al interior de la comunidad académica donde se presentan el mayor número de denuncias[1]. El hecho de que estos casos ocurran principalmente en el ámbito académico es un incentivo más para centrarnos en este sector de la comunidad.
Por otro lado, en las polémicas políticas mediáticas más recientes tenemos casos como la investigación de Guillermo Sheridan sobre la ministra Yasmín Esquivel y su probable plagio en la tesis de licenciatura[2]; o bien, el escándalo que representa la aprobación de las licencias de Lorenzo Córdova[3] y Ciro Murayama frente a las denuncias de precariedad de los profesores de asignatura; más aún cuando este último, además, obtuvo su año sabático de inmediato y recibió el grado más alto del programa de estímulos PRIDE[4]. Detrás de estos tres casos, se señala falta de atención a la legislación universitaria por parte de las autoridades, también académicas.
Finalmente, la prensa y las redes sociales documentan asuntos laborales interesantes y que ponen, junto con los escándalos anteriores, diversos temas sobre la mesa. Por ejemplo, el paro laboral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en demanda pública por mejores condiciones de salubridad en la facultad[5], la ya mencionada situación laboral de los maestros de asignatura[6] y casos más específicos como el desencuentro que hay entre trabajadores y académicos del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, señalado en Facebook[7], en debate por los espacios de la Biblioteca Nacional. Ambos son enfrentamientos con los directores de sus respectivas instituciones.
Las problemáticas anteriores llevan de una u otra manera a pensar en el papel administrativo y de toma de decisión de los órganos de gobierno, que impactan sobre todos los casos mencionados y que aterrizan de una u otra manera en los académicos que ocupan estas funciones de gobierno y administración. Que la academia sea responsable de resolver las coyunturas universitarias es resultado de una problemática histórica que buscaba solución técnica, analizada, y no política. Así, en el tránsito de la academia a los altos puestos administrativos (secretarías técnicas, académicas, consejos, direcciones y otros funcionarios de alto nivel hasta rectoría), lo que vemos es que lejos de dar solución a diversos problemas, se dificulta el avance a temas que requieren de soluciones más urgentes. Considero que aquí hay una línea o frontera difusa que necesitamos explorar con más atención para, quizá, agregar una capa de comprensión a la compleja red institucional que es la unam.
- Una breve mirada al interior de la UNAM
Lo primero que debemos hacer es un mapa general de la diversidad universitaria en términos de sus posiciones laborales. La Universidad tiene una estructura organizativa que define las grandes o principales decisiones: el Consejo Universitario[8] y la Junta de Gobierno[9], en primer término, seguido del rector quien, a su vez, tiene a su cargo a los directores académicos, la administración central y las tres coordinaciones de Investigación Científica, Humanidades y Difusión Cultural. Todo esto lo podemos ver en su organigrama, que es un reflejo de la Ley Orgánica de la UNAM, desde 1945:
Ahora bien, si vemos en este organigrama al esqueleto universitario, los puestos se ocupan por al menos tres tipos de personas: académicos y administrativos bajo contratación fija y personal eventual. Así, los profesores son de tiempo completo, profesores investigadores o de asignatura; además, entre académicos también hay una diferencia entre los investigadores y los técnicos académicos. De igual forma, en el personal administrativo identificamos al sindicalizado, pero también hay funcionarios y personal de confianza con distintas categorías.
De este universo de posiciones, quienes ocupan las de toma de decisiones del gobierno universitario tienden a ser del reducido grupo de académicos, ya sean profesores de tiempo completo o investigadores con plaza definitiva. De esta manera, quienes figuran en la discusión pública (el rector, los coordinadores y los directores) son aquellos académicos que juegan la doble cachucha de investigador y de la administración universitaria. Es en este núcleo donde —desde mi parecer como exalumna, mamá de una joven que estudió en la preparatoria 5 y empleada funcionaria de 10 años— podemos hacer una reflexión histórica y presente.
Al ampliar el mapa del personal que compone sus entidades (académicas) y dependencias (administrativas), vemos un entramado más diverso de relaciones laborales y jerárquicas. En este sentido, cuando leemos o escuchamos sobre la importancia de reformar a la Universidad, en personajes como el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), o bien, que es necesario revisar a los más de cinco mil funcionarios que tiene la unam, junto con la importancia de abrir, transparentar y democratizar a nuestra institución académica, como ha mencionado el doctor Imanol Ordorika, es importante preguntarnos cómo fluyen la toma de decisiones y las relaciones de poder.
- La consolidación académica en la toma de decisiones universitarias
La forma de organización y gobierno de la unam se debatió en un largo proceso que tomó al menos tres décadas, entre 1910 y 1945. Es interesante este periodo porque, además de que encontraremos elementos relevantes para el orden académico-administrativas que tiene la Universidad, veremos que los debates de estos años se relacionan con, al menos, dos condiciones: las pugnas con el Estado y la autonomía de cátedra frente a las batallas ideológicas entre conservadores y liberales, tanto del gobierno como al interior de la Universidad.
Aunque la unam cumplirá cien años de existencia, en 2029, su antecedente más remoto es el proyecto de Justo Sierra, que trabajó desde 1881, pero que presentó al Congreso en 1910 (O ‘Gorman, 2009: 41). Un proyecto que tomó casi 30 años concretar y que, cuando lo consiguió, abrió paso a una Universidad para la ciencia y el pensamiento social. El historiador O ‘Gorman cita, de Sierra, que este espacio ya no sería «invernadero de una casta de egoístas en torre de marfil: será creadora, eso sí, de un grupo selecto, pero selecto “por su amor puro a la verdad”, y por eso sabrá sumar el interés de la ciencia al interés de la patria» (O ‘Gorman, 2009: 41). Esta Universidad inició con las escuelas Nacional Preparatoria, Jurisprudencia, Medicina, Ingeniería, Bellas Artes, y Altos Estudios (Mendoza Rojas, 2001: 29). Con excepción de la última, todas eran una herencia del siglo xix y, de esta manera, la Universidad se creaba en los últimos momentos del porfiriato, a partir de una agrupación de viejas instituciones y sugerida desde el gobierno; es decir, no como parte de una exigencia política y social.
Estos detalles son interesantes para el relato de años posteriores porque, durante los primeros años de la lucha revolucionaria, parte de la comunidad académica —que tenía una clara posición antinorteamericana—, estaba lejos de coincidir con la causa de la Revolución. Por el contrario, algunos universitarios contribuyeron después al gobierno de Victoriano Huerta, tras los sucesos de la Decena Trágica, y la vida convulsa de esos años en la Universidad fue, en general, favorable a los gobiernos no revolucionarios. Incluso, en años posteriores, muchos se opusieron a la postura educativa de Venustiano Carranza y José Vasconcelos, que plantearon una visión más popular y de masas para la institución, con el fin de acabar con la perspectiva de élite que había tenido la Universidad desde el periodo virreinal.
Como bien nos cuenta Ruy Pérez Tamayo, tanto la Universidad como el Estado que resultó del enfrentamiento armado eran instituciones nuevas y poco estables. Sin embargo, detrás de estas pugnas no había solo novedad, pues también estaba en juego la batalla ideológica por la educación, la cual siguió a lo largo de la primera mitad del siglo xx. Lejos de la Universidad de las causas populares que muchos conocimos en las últimas décadas de ese siglo, aquel ambiente revolucionario y universitario se inclinó por la conservación de un statu quo previo a la Revolución, y en oposición a las reformas liberales que se abrían paso.
Esta batalla entre el Estado y la Universidad, entre ideologías liberales y conservadoras —donde las liberales vendrían del gobierno de Revolución y las conservadoras desde la Universidad—, no dejarán de revelarse también en las definiciones académico-administrativas de la institución educativa. Ante la negativa universitaria de participar de la visión de gobiernos revolucionarios como el de Carranza, el Estado respondía con límites constitucionales, ya fuese al presupuesto o a los bienes transferidos a la Universidad como Escuela Nacional Preparatoria.
Los enfrentamientos se encaminaban, al interior de la Universidad, a la búsqueda de su autonomía y, para 1929, emerge el primer decreto de autonomía universitaria[10]. Este fue resultado de un doble interés en que la comunidad y el gobierno de Emilio Portes Gil lograron negociar. En la cancha del gobierno federal, la autonomía fue un medio para comprometer a la Universidad con el interés público del gobierno revolucionario para justificar su presupuesto (Mendoza Rojas, 2001). Retomando una cita de Portes Gil, la autonomía permitía liberar a la Universidad de acciones que no pasaron la «prueba de un análisis técnico y cuidadoso» y, a cambio, le otorga total responsabilidad a alumnos y maestros para la gestión universitaria (Pérez Tamayo, 2005: 132). Así, la autonomía de 1929 contribuyó a una gestión académico-administrativa bajo un principio de análisis técnico.
Unos años después, este argumento del análisis técnico reaparece la conocida «polémica Caso-Lombardo», entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano, en 1933[11]. ¿Qué pasa aquí y porqué resulta conveniente hacer una parada en este debate? Por varias razones que alimentan las ideas de este texto. Primero, es un debate que revela la prolongada división entre el Estado y la Universidad; segundo, porque postula una defensa y una crítica a la visión educativa socialista del gobierno —que más adelante impulsará también Lázaro Cárdenas— y, en este sentido, el debate muestra también corrientes políticas opuestas. La polémica duró varios días y se realizó en el contexto del Congreso Nacional de Estudiantes que, en sintonía con el gobierno, impulsaban una orientación filosófica basada en el materialismo histórico, mientras que Antonio Caso votó por la libertad de la educación.
Es una polémica que aún resuena en nuestro presente y que, en ese momento, derivó en la búsqueda de una autonomía intelectual total frente al Estado, la cual concluye 12 años después con la Ley Orgánica de la UNAM, de 1945. En el camino, la educación socialista no dejó de abrirse camino y se las vieron con el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien claramente tenía una visión muy distinta a una filosofía libre de orientaciones políticas. Así, aquello concluyó en un nuevo distanciamiento con el gobierno, el cual concilió, posteriormente, Manuel Ávila Camacho. Un poco de manera similar a la negociación que logró Portes Gil, a Ávila Camacho le tocó negociar entre grupos sociales y grupos del poder (Mendoza, 2001: 97) y esto incluyó a los intelectuales. En el caso particular de la Universidad, la reconciliación incluyó la aprobación de la Ley Orgánica para UNAM.
En el contexto de estas pugnas políticas, no perdamos de vista nuestro objetivo, ya que ocurrieron conclusiones importantes para la organización de la Universidad. Unos años después, con la rectoría en manos de Alfonso Caso, se elaboró un proyecto que derivaría en la reforma a la Ley Orgánica mencionada. Detrás de esta propuesta estaba la idea de estructurar a la Universidad y alejarla de la lucha política. Aquí reaparece la figura del análisis técnico. Tomado de Alfonso Caso, Javier Mendoza cita que era necesario: «organizar la Universidad de acuerdo con su definición, es decir, como una institución técnica» (2001: 109).
De esta manera, Caso propuso la creación de consejos técnicos, a fin de evitar que las academias de aquel momento participaran por igual en el nombramiento de autoridades, en actividades políticas y en la formulación de proyectos y normas. Además, quedaban como parte de la autoridad universitaria las academias de profesores y alumnos, las cuales serían parte del Consejo Universitario (Mendoza, 2001: 103). En segundo lugar, el proyecto eliminó el derecho de libre elección de sus representantes, a fin de calmar las fuertes batallas políticas en la elección de directores[12]. Por otro lado, se creó la Junta de Gobierno, la cual se integra por 15 miembros de la comunidad académica, electos por el Consejo Universitario para nombrar al rector y a los directores de facultades, escuelas e institutos, entre otras tareas. Finalmente, el Consejo Universitario —como el principal órgano de autoridad universitaria— cambió su composición, ya que quedó conformado por el rector, los directores (electos por el rector), y representantes de investigadores, profesores y alumnos, y un representante de los trabajadores. Aun cuando los estudiantes impugnaron las figuras de la Junta de Gobierno y del Consejo Universitario, a partir de este momento se conformó, en términos generales, el gobierno de la unam, en manos de un orden académico que aspiraba a resolver las pugnas políticas.
- Reflexión final
El vistazo histórico nos revela qué tan profunda es la marca del actor académico en la vida orgánica, de gobierno y administrativa de la UNAM. Por un lado, las pugnas nos revelan un interés continuo por la autonomía universitaria, la cual se defendía a partir de la libertad de cátedra. Lo anterior da para más pensar en cómo es posible esta libertad cuando cada lucha ha sido ideológica y en oposición a otra ideología. Por otro lado, estas batallas fueron libradas por diversos académicos, profesores e investigadores, que consolidaron una idea de que esto mismo era posible en el orden y gobierno universitario.
Sin embargo, a unos años del primer centenario de la UNAM y a meses de la elección de un nuevo rector, regresemos —con esta idea de técnica y libertad ideológica— a los casos que mencionamos a inicio para preguntarnos ¿qué hizo posible el posible plagio de la ministra Esquivel?, una organización académica interna que miró para otro lado, al punto en que se detectaron más tesis dirigidas por su tutora. ¿Qué hizo posible las licencias de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama?, un orden de gobierno de la Facultad de Economía y la Coordinación de Humanidades, como reveló el periodista Álvaro Delgado.
En estos casos, al igual que en todos los señalados, antes de hacer recortes y movimientos al personal, es necesario revisar cómo esta historia de análisis técnico se convirtió en un poder político de la vida académica sobre su tarea técnica y administrativa. La columna vertebral de nuestra Universidad tiene un fuerte componente de relaciones académicas en su administración y toma de decisiones. Estas relaciones, que tienen que ver con un universo diferente, de amistad, de colaboración, que es necesario revisar con más detalle para ver cómo influyen frente a la idea original de solución al orden interno.
Cerraría diciendo que, sin esa revisión honesta y dispuesta del personal académico, es complejo acusar a individuos sin verlos como parte de un funcionamiento histórico y estructural que les permite acceder a una posibilidad reducida de decisiones para no afectar sus intereses académicos y personales. Hasta no distanciar esos intereses del orden de gobierno, posiblemente seguiremos repitiendo los mismos vicios como comunidad.
Referencias
García Ramírez, Sergio (2023) La autonomía universitaria en la Constitución y en la ley. Ciudad de México. UNAM. 350p.
Mendoza Rojas, Javier (2001). Los conflictos de la unam en el siglo xx. Ciudad de México. UNAM.
O’Gorman, Edmundo (2010). Justo Sierra y los orígenes de la Universidad de México. Ciudad de México. UNAM.
Pérez Tamayo, Ruy (2005). Historia general de la ciencia en México. Ciudad de México. Fondo de Cultura Económica.
[1] Coordinación de Igualdad de Género, unam. “Denuncias por violencia de género en la UNAM incrementaron 1300% durante los últimos 4 años. En línea: https://coordinaciongenero.unam.mx/2020/10/denuncias-por-violencia-de-genero-en-la-unam-incrementaron-1300-durante-los-ultimos-4-anos/
[2] Nota de LatinUs. “Una ministra pasante: Yasmín Esquivel, candidata a presidir la SCJN, plagió su tesis de licenciatura”, en línea: https://latinus.us/2022/12/21/una-ministra-pasante/
[3] Nota de Sin Embargo. Los amigos de Lorenzo Córdova en la unam violaron legalidad para mantenerle la plaza”, en línea: https://www.sinembargo.mx/05-09-2022/4248232
[4] Nota de Sin Embargo. “Exconsejero del INE vuelve a la unam 9 años después… y le dan sabático-todo-pagado”, en línea: https://www.sinembargo.mx/22-06-2023/4376216
[5] Nota de Infobae. “Cuáles son las razones por las que la FCPYS se fue a paro”, en línea: https://www.infobae.com/mexico/2023/08/05/estas-son-las-razones-por-las-que-la-fcpys-se-fue-a-paro/
[6] El escándalo de los profesores de asignatura reventó durante la pandemia, cuando estos reclamaron salarios caídos. Nota de El País. “La unam alista el regreso a clases tras la pandemia en medio de cientos de denuncias de adeudos a profesores”, en línea: https://elpais.com/mexico/sociedad/2021-05-31/la-unam-alista-el-regreso-a-clases-tras-la-pandemia-en-medio-de-cientos-de-denuncias-de-adeudos-a-profesores.html
[7] Señalamiento del personal de la Biblioteca Nacional a las autoridades del Instituto de Investigaciones Bibliográficas: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XsBdD1Vr83ZBRqS8au6TfhgJN79sG8idU1qgmbrHkKJ5w8W5dSHDFbKzL6qyHsnil&id=872400436&mibextid=Nif5oz
[8] Sobre el Consejo Universitario: https://www.unam.mx/acerca-de-la-unam/organizacion/consejo-universitario
[9] Sobre la Junta de Gobierno: https://www.unam.mx/acerca-de-la-unam/organizacion/junta-de-gobierno
[10] Venustiano Carranza firmó una ley sobre la autonomía de la Universidad, pero esta no entró en vigor (Mendoza Rojas, 2001: 41).
[11] Por espacio no me es posible detenerme en la polémica, pero las referencias de este texto lo mencionan y aportan bibliografía adicional.
[12] Sin embargo, como se lee en la ley que se publicó, las sociedades de alumnos quedarán completamente fuera de las autoridades del gobierno universitario. La ley se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lounam.htm