El actual proceso de sucesión en la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha vuelto a colocar en los reflectores la ausencia de democracia que aún caracteriza a la máxima casa de estudios. El próximo rector o rectora será elegido por apenas quince personas, todas ellas integrantes de la Junta de Gobierno. A pesar de que la institución –de acuerdo con las propias estadísticas de la UNAM– está integrada por más de 445, 000 personas (373, 340 estudiantes, 42, 190 académicos, y más de 30, 000 trabajadores afiliados al sindicato), sólo quince personas determinarán quién encabezará la institución. Cabe señalar que la Junta Universitaria tampoco es electa directamente por la comunidad universitaria; es designada por el Consejo Universitario.
Esta ausencia de democracia no sólo se observa en cómo se transmite y detenta el poder en la máxima casa de estudios del país, sino también en las profundas desigualdades que ello genera. Un ejemplo es que mientras la cúpula universitaria –integrada por el rector, los funcionarios más cercanos a ésta, directores de escuelas, facultades e institutos– goza de sueldos millonarios y privilegios con cargo al erario, los profesores de asignatura que sólo imparten una clase semestral ganan menos de 5 mil pesos mensuales, además de que sus contratos son temporales y la renovación de estos depende generalmente del capricho de quienes coordinan las licenciaturas, ingenierías, o manejan el personal académico a nivel bachillerato.
Pero, sin duda, la máxima expresión de la antidemocracia sigue siendo el hecho de que el futuro de la Universidad está en manos de sólo 15 personas: Alberto Ken Oyama Nakagawa, Ana Rosa Barahona Echeverría, Elena Centeno García, Enrique Cabrero Mendoza, Gina Zabludovsky Kuper, Jorge Cadena Roa, Juan Alberto Adam Siade, Luis Armando Díaz-Infante Chapa, Marcia Hiriart Urdanivia, Margarita Beatriz Luna Ramos, María de la Luz Jimena de Teresa de Oteyza, Patricia Elena Clark Peralta, Rafael Lira Saade, Rocío Jáuregui Renaud y Vicente Quirarte Castañeda.
Estos personajes están totalmente alejados de la comunidad a la que –se supone– deben escuchar para tomar su decisión sobre el futuro universitario. Actualmente no existen mecanismos permanentes que faciliten el contacto con los más de 445, 000 integrantes de la UNAM para procesos trascendentales, como lo es la selección de un rector o rectora. Ni siquiera en momentos tan importantes como el actual se garantiza que todas y todos los universitarios sean escuchados.
Y, como se sabe, la Junta de Gobierno es precisamente la máxima autoridad en la universidad, pues no sólo elige al titular de la rectoría, sino también a los directores y directoras de facultades, escuelas e institutos, así como a los integrantes del Patronato Universitario. Según la institución educativa, los quince miembros tienen la responsabilidad de que sus decisiones eviten la “interferencia de intereses externos” y preserven la independencia y prestigio de la máxima casa de estudios. Entre sus múltiples funciones también se encargan de resolver conflictos entre autoridades universitarias. Así mismo, tienen la obligación de remover al rector cuando exista una “causa grave que la junta apreciará discrecionalmente”, o conocer de su renuncia voluntaria.
Dado lo anterior, llama la atención que a este órgano colegiado ninguno de los escándalos en los que ha estado envuelto el todavía rector Enrique Graue Wiechers –entre ellos, el presunto mal manejo de las finanzas universitarias– le resultó lo suficientemente grave como para removerlo del cargo. En el pasado, tampoco se sancionó la conducta de otros rectores, como por ejemplo el caso de José Narro Robles, quien actuó contrario al principio de independencia al representar simultáneamente a la universidad (del 17 de noviembre de 2007 al 16 de noviembre de 2015) y los intereses de un partido político en el que militó desde 1973 (el PRI), y al que incluso buscó presidir en 2019 y como no ganó, renunció a su militancia ese mismo año.
No importa que se trate de integrantes distintos, la discrecionalidad con la que actúa ese órgano de gobierno ha derivado en complicidades durante varias gestiones. Los miembros de la Junta de Gobierno son responsables no sólo de omitir su función de acabar con malos rectorados, sino del origen de éstos, porque ellos fueron quienes seleccionaron a esos rectores. Los ejemplos de las posibles negligencias en las que han incurrido son muchos. Ni siquiera en una de las crisis más importantes de la universidad, la huelga estudiantil de 1999-2000, removieron del cargo a Francisco Barnés de Castro. Éste renunció ante su incapacidad para resolver el conflicto derivado del intento de privatizar la educación mediante la imposición de cuotas.
Por ello, el hecho de que una de las decisiones más importantes de esa institución educativa siga en manos de un puñado de personas es ejemplo de la falta de democracia que ha caracterizado a la UNAM. Y aunque el proceso señale que los quince integrantes de la Junta de Gobierno deben escuchar el sentir de los universitarios y universitarias, nada los obliga a atender el clamor de la mayoría; la decisión dependerá de criterios e intereses, como lo ha sido hasta ahora, guiados por grupos de poder enquistados en la institución.
La disputa se mantiene entre los llamados médicos, científicos, abogados e ingenieros, grupos que siguen controlando la Junta de Gobierno. Todos han solapado y priorizado los excesos de la alta burocracia –que gana millones– ante académicos precarizados mediante el modelo laboral del pago por horas (los denominados profesores de asignatura).
Consejo Universitario
Los integrantes de la Junta de Gobierno responden precisamente a esas facciones que se han ido formando al interior de la UNAM, y no a los intereses de la educación pública y de la propia comunidad universitaria. Sólo así se explica el proceso de derechización –y el elitismo que este conlleva– que han venido sufriendo los planes de estudio desde el bachillerato hasta el posgrado. Tanto la exclusión sistemática de aspirantes (sobre todo a nivel bachillerato), como el cambio de planes, tienen como fin ajustarse a las necesidades del neoliberalismo.
La falta de democracia en la UNAM ha motivado en gran medida esas parcelas de poder, pues el proceso de selección de los quince notables en los que recaen las grandes decisiones de la máxima casa de estudios no incluye la participación directa de la comunidad. Como mencioné al inicio, sus integrantes son elegidos por el Consejo Universitario, en el cual actualmente participan únicamente 337 personas, de las más de 445, 000 que estudian, imparten clases, generan investigación o trabajan en la institución educativa. El Consejo Universitario es considerado como la máxima autoridad colegiada de la universidad, y es responsable de expedir todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la Universidad, así como de elegir a los miembros de la Junta de Gobierno.
Dicho Consejo se conforma por el rector –que funge como su presidente–, el secretario general de la UNAM, los 67 directores o directoras de facultades, escuelas e institutos. Y como se explicó anteriormente, a éstos la comunidad no los elige.
A éstos se suman: 16 alumnos de bachillerato; 66 alumnos de escuelas y facultades; 12 alumnos de los programas de posgrado; 12 profesores de bachillerato; 66 profesores de escuelas y facultades; dos académicos de los centros de extensión; cuatro académicos de dependencias administrativas; 10 técnicos académicos; 70 investigadores de institutos; cuatro investigadores de centros; y siete representantes del personal administrativo.
Aunque ese bloque de consejeros sí es electo por la comunidad, evidentemente no alcanza a representar los intereses del sector al que pertenece, por lo que no puede garantizarse que todas las voces sean tomadas en cuenta. Y uno de los mejores ejemplos de ello es que en el sector académico prevalecen las injusticias: de los 42,190 académicos que laboran en 2023 en la máxima casa de estudios, sólo 12, 525 son de tiempo completo. Es decir, la mayoría forma parte de un sector sobreexplotado y vilipendiado por un régimen autoritario que reina en la UNAM.
Es por ello que urge un cambio de rumbo en la institución académica que garantice la participación de todos y todas las universitarias. Sólo así se podrá generar un casa de estudios que responda a los intereses del país, y de las mayorías, que nulifique los grupos de poder al interior y expulse a los partidos políticos que se han enquistado (el PRI y el PAN) y acabe con los privilegios para un puñado a costa del erario de la nación.
En suma, urge que se apliquen elecciones libres, limpias y con voto directo y secreto de toda la comunidad universitaria para la designación de las autoridades: desde quien encabece la Rectoría hasta los directores y directoras de escuelas, facultades e institutos. Esto implicaría, de facto, desaparecer ya a la Junta de Gobierno. Veremos cuánto tiempo más tarda la UNAM en abandonar el autoritarismo de facciones de poder.
*Periodista; coordinadora de información de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación; profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.