A PROPÓSITO DE LAS ELECCIONES REGIONALES EN COLOMBIA
Con las recientes elecciones regionales en Colombia, se ha vivido un proceso de reacomodo y recomposición de las derechas tradicionales a nivel territorial. Diversas reacciones han surgido luego del conteo de votos: por un lado, los medios corporativos de comunicación no se han hecho esperar para confirmar la supuesta derrota del progresismo en las urnas y mostrar al Gobierno Petro como el «gran perdedor» de la jornada; por su parte, el Gobierno Nacional ha impulsado la narrativa de un relativo avance electoral: aunque el progresismo fracasó en su apuesta general por el poder local en las principales ciudades del país, logró recuperar, según el Gobierno, terreno en algunos departamentos y municipios de la periferia colombiana.
Ambas lecturas parten, a nuestro juicio, de un error: creer que a nivel subnacional se desarrollaba una especie de voto castigo o plebiscito contra el Gobierno. De cierto modo, el progresismo (en un afán de hacerse medir política y electoralmente) aceptó los términos de los medios corporativos de comunicación y, en ese intento, quedó expuesto ante el reacomodo de la derecha en los puestos de representación regional, dando lugar a una falsa pregunta: ¿atraviesa el progresismo, a un poco más de su primer año de gobierno, por una crisis política?
Observemos algunos datos para construir algunas conclusiones estratégicas sobre estas elecciones regionales. De los 32 departamentos del país, el Pacto Histórico logró tan solo 2 gobernaciones[1] el segundo en coalición con fuerzas políticas aliadas. De los más de mil municipios, la coalición obtuvo solo 5 alcaldías[2].. Con relación a las listas a Asambleas Departamentales, el proyecto de gobierno alcanzó más de 17 curules[3].
Es decir, el nivel de influencia electoral del Pacto Histórico (PH) en las regiones sigue siendo bastante débil, sin embargo, conservan una incidencia significativa en algunos municipios y zonas deprimidas del país. Una revisión más detallada de las últimas elecciones (que excede los propósitos de este artículo) demuestra que, desde hace algunos años, se viene presentando un proceso de recomposición de las fuerzas políticas nacionales (con un ligero giro hacia la izquierda), pero que se afianza, paradójicamente, en el poder tradicional de las élites regionales. En otras palabras, mientras el proyecto de cambio y transformación social del Pacto Histórico gana un estrecho espacio en el ámbito nacional, en el plano regional se reproducen y reacomodan, continuamente, proyectos profundamente antidemocráticos y conservadores.
Este ha sido, históricamente, un rasgo estructural de las democracias latinoamericanas. Autores como Norbert Lechner han identificado, precisamente, las formas en las cuales las “sólidas” democracias nacionales coexisten con autoritarismos regionales. Se trata de los patios traseros de la democracia: proyectos de gobierno legítimamente democráticos que son soportados sobre bases subnacionales profundamente retardatarias. Allí reside parte de la explicación del por qué el PH obtiene un importante resultado en las elecciones legislativas y presidenciales, pero se estrellan con otra realidad electoral en los territorios.
En ese orden de ideas, consideramos que las elecciones territoriales no representan, en sentido estricto, un medidor de las fuerzas nacionales. Recordemos que el triunfo de Gustavo Petro ocurre en un contexto de mayorías regionales de derecha[4], es decir, el PH (principal fuerza progresista electoral del país) gana a pesar de las estructuras oligárquicas instaladas en el poder regional y no por un cambio necesariamente en ellas. ¿Qué haría suponer, entonces, que habría un proceso de recomposición del mapa político subnacional (en un sentido progresista) sin una estrategia política territorial?
Aquí se develan, precisamente, los límites y errores de la lectura e interpretación tanto de los sectores «oficialistas» del PH como de los analistas políticos asociados al establecimiento neoliberal: por un lado, no se asistió a un «retroceso político» derivado del reacomodo de la derecha en las elecciones regionales (pues, en sentido estricto, las elecciones del 2019 no habían revelado ningún cambio hacia la izquierda). Del otro lado, no hay tal derrota comprobada del Gobierno Nacional en estas elecciones, puesto que no se sometía al escrutinio el plan de transformaciones nacionales. Sobre este último punto, cabe señalar que el estado de las reformas sociales no se modificará a partir de los resultados electorales.
En términos prácticos, la jornada electoral demostró, una vez más, cómo las clases políticas tradicionales han desplegado toda su capacidad infraestructural para derrotar una débil estrategia político-electoral del progresismo en el ámbito subnacional. Dicho de otro modo, las élites subnacionales conservan la suficiente capacidad política para restablecer su poder en el orden local, pero ese reacomodo se da en un contexto político y nacional específico: dentro de los términos del desarrollismo progresista.
A nuestro juicio, las elecciones territoriales terminaron comprobando lo evidente: la inexistente estrategia del progresismo en esta coyuntura electoral (es decir, la falta de construcción de hegemonía programática y la unificación de candidaturas mediante mecanismos de democracia interna), sumado al dominio indiscutible de los sectores tradicionales en el ámbito subnacional, derivaron inevitablemente en el repunte electoral de la derecha. Sin embargo, este repunte no puede considerarse, de ninguna forma, un factor de desaceleración de las reformas ni un retroceso al campo de fuerzas alcanzado.
Respecto a la conformación de listas y selección de candidaturas al interior del Pacto Histórico, se puso en evidencia uno de los mayores límites de la coalición: el de privilegiar la lógica partido-céntrica sobre los mecanismos de democracia interna. A pesar de que las múltiples circulares del PH sugerían procesos de selección mediante mecanismos democráticos, en la práctica, sobre todo en ciudades principales, se sobrepuso la lógica partidista de “mayor probabilidad de victoria” y selección de candidatos “a dedo”.
Esta práctica, carente de principios y mecanismos democráticos, fue la responsable de que en las elecciones legislativas los liderazgos sociales perdieran peso frente a candidaturas artificialmente democráticas y progresistas. Es decir, es la segunda vez que en el Pacto Histórico se desplazan liderazgos populares con importantes posibilidades de expansión política y electoral por garantizar, mediante desacertados cálculos electorales, candidaturas cuestionadas y distanciadas del movimiento social. Esta actitud es, en gran medida, la responsable de que el PH hubiese perdido la potencia electoral con la que nació.
Por otra parte, la ausencia de cuadros políticos regionales sólidos, formados al interior del PH y provenientes de fuerzas sociales emergentes, explican, también, por qué los votos obtenidos a nivel nacional no se suman de manera directa en las contiendas territoriales. La mera figura de Gustavo Petro no alcanza para trasladar -automáticamente- los votos del ámbito nacional al ámbito regional, sino que requiere procesos de formación política, renovación continua de liderazgos, trabajo político comunitario y construcción programática. En el fondo, esta característica pone al descubierto los límites de la táctica progresista de acuerdos exclusivamente electorales en coyunturas políticas decisivas.
Cabe señalar, también, que la fallida reforma política del progresismo, antes que resolver estos problemas estratégicos internos, terminó echándolos por la borda. Los defensores de la reforma partían del supuesto equívoco que la simple construcción y unificación de listas garantizaría, por sí sola, la “racha electoral”. Sin embargo, se comprobó lo contrario: sin democratización interna de los espacios de decisión, el progresismo se mantendrá ensimismado en sus estructuras partidistas y sostendrá, por lo tanto, el mismo caudal electoral. Ahora bien, esto no representa, como lo han afirmado los medios corporativos de comunicación, una crisis política, sino, por el contrario, un reto que deben superar las fuerzas democráticas y de izquierda.
En ese sentido, los análisis de los resultados electorales deben pasar por una reflexión cuidadosa en clave subnacional. Sería un grave error leer estas elecciones como un anticipo de lo que ocurrirá en las futuras elecciones nacionales; también es un error pasar por alto la agencia de las élites regionales y su capacidad para nacionalizar su influencia. Los grupos de poder en las regiones pueden imponer puntos en la agenda política, sin embargo, contrario a lo que cree buena parte de la prensa corporativa, estas elites se caracterizan por tener una actitud mucho más flexible y abierta para negociar, ceder e imponer. Ese es, precisamente, el espacio en el que la correlación de fuerzas puede ser, eventualmente, favorable para los aluviones democratizadores del Gobierno Nacional.
Otro fenómeno importante a tener en cuenta está vinculado con la proliferación de pequeños partidos que obtuvieron personería jurídica y, con ello, la posibilidad de integrar el sistema de partidos y el régimen de participación electoral. Desde los años 90’, gracias a la apertura política que representó la Constitución de 1991, no teníamos tantos partidos políticos como ahora: pasando de 16 partidos en 2021 a 36 en 2023. Algunos de ellos se estrenaron en esta disputa electoral y, pese a sus resultados, muchos de ellos están aún ubicándose en el tablero político. Esto constituye una oportunidad para que el Gobierno pueda moverlos de su eje gravitacional y ponerlos en favor de las causas populares y el programa de transformaciones.
En conclusión, se mantiene un proceso reformista de baja intensidad en el ámbito nacional y un reacomodo (hacia la derecha) del poder local (que está lejos de poner en cuestión la lenta marcha de transformación nacional). Para patear, nuevamente, el tablero político nacional y subnacional es necesario que el progresismo vuelva a instalar la discusión de una reforma político-electoral verdaderamente democratizadora y progresista. Las formas de autoorganización popular y los mecanismos de democracia social representan, en un escenario futuro, un insumo de cara a un nuevo proceso instituyente y a una nueva coyuntura electoral. Así las cosas, la izquierda y los sectores progresistas deben sacar conclusiones estratégicas de lo que representaron las elecciones regionales y recordar que la posibilidad de expandir el horizonte de lo posible y construir hegemonía siempre radicó en la articulación entre el campo popular, los movimientos sociales y las estructuras partidistas de izquierda (el aislamiento o sobreposición de alguna de ellas explica la bancarrota política y electoral).
[1] Algunos sectores de la coalición hablan de más de 12 gobernaciones aliadas del Gobierno Nacional, sin embargo, tendremos en cuenta solo las candidaturas que obtienen representación regional con el aval del Pacto Histórico. De hecho, muchas de esas gobernaciones consideradas “aliadas” no tienen en cuenta al Pacto Histórico como fuerza de gobierno, sino a alguno de sus partidos integrantes. De hecho, esas Gobernaciones, además de ser fuerzas tradicionales de derecha, derrotaron electoralmente al Pacto Histórico en los territorios, por lo que, en términos de análisis de fuerza, no tiene sentido su inclusión.
[2] En este punto también se hablan de más 200 alcaldías obtenidas por el progresismo en todo el país, sin embargo, muchas de esas alcaldías integran, de manera minoritaria, a algunos sectores partidistas pertenecientes al Pacto Histórico y, mayoritariamente, a fuerzas partidistas de oposición al Gobierno Nacional (es decir, en la mayoría de casos, el progresismo es un sector minoritario dentro de las distintas coaliciones). Por tal razón, se excluyen esos datos, pues no permiten esclarecer el grado de influencia electoral del Pacto Histórico en las regiones.
[3] En el caso de Asambleas, sectores del Pacto Histórico hablan de más de 40 diputados, no obstante, ocurre la misma situación que con Gobernaciones y Alcaldías: la mayoría de candidatos no son avalados por el Pacto Histórico, sino por algunas de sus fuerzas partidistas integrantes en coalición con sectores de derecha y de oposición al Gobierno Nacional. Por tal motivo, la inclusión de estos datos no permite comprender la verdadera capacidad de incidencia del proyecto de gobierno en las regiones.
[4] Aunque algunos analistas hablen de un giro a la derecha en las recientes elecciones regionales, lo cierto es que las elecciones del año 2019 no representaron ninguna transformación en la composición de fuerzas políticas en el ámbito subnacional. La llegada de gobiernos locales independientes y de izquierda en tal periodo (2019-2023) fueron casos muy excepcionales dentro de la regla general de gobiernos de derecha tradicional.