CAMPA EN CAMPAÑA

Las elecciones presidenciales de 1976 son conocidas, entre otras cosas, porque en las boletas electorales solamente aparecía el nombre de un candidato, José López Portillo, quien fuera postulado por el Partido de la Revolución Institucionalizada (PRI), el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), es decir, por tres de los cuatro partidos con registro nacional. A partir de las elecciones de 1958, cuando se eligió a López Mateos como presidente, tanto el PPS como el PARM habían postulado al mismo candidato que el PRI, por lo que a nadie extrañó que hicieran lo mismo en los comicios de 1976.

En cuanto al cuarto partido con registro, el Partido Acción Nacional (PAN), era el que habitualmente postulaba a algún candidato distinto al oficialista. Sin embargo, para las elecciones de 1976 no propusieron a ningún candidato presidencial. Hay quien sostiene que haber hecho eso fue una manera de protestar en contra de las condiciones antidemocráticas del sistema.[1] No obstante, tal como explica Soledad Loaeza, la ausencia de candidato panista en esas elecciones se debió a un conflicto en el interior del partido.[2]

En pocas palabras, oficialmente, en las elecciones de 1976 solamente José López Portillo se postuló como candidato. Sin embargo, esa es una verdad a medias. Sí, el único con registro fue el oficialista. Pero eso no quiere decir que no haya habido otro. Además de él, una coalición de izquierda, integrada por el Partido Comunista Mexicano (PCM), la Liga Socialista (LS) y el Movimiento Obrero Socialista (MOS) postularon a Valentín Campa como su candidato.

De la abstención activa a la participación electoral

Es importante mencionar que la candidatura de Valentín Campa no fue el primer intento del PCM por realizar, junto con otras fuerzas de izquierda, una campaña presidencial sin contar con registro y, por lo tanto, careciendo de derechos electorales. El último intento anterior a éste fue en 1964 cuando, por medio del Frente Electoral del Pueblo (FEP), se postuló a Ramón Danzós Palomino como candidato presidencial.

En aquella ocasión, las organizaciones aglutinadas en el FEP intentaron obtener su registro como partido antes del inicio del proceso electoral. No obstante, éste les fue negado por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Federal Electoral, por supuestas irregularidades en la documentación entregada junto con su solicitud. No obstante, eso no detuvo a los miembros del FEP para continuar con la campaña presidencial y a otros puestos de elección popular, como la gubernatura de Yucatán, en donde se postuló al Dr. Gilberto Balam como candidato.

En términos generales, durante la campaña presidencial de Danzós Palomino, los miembros de la organización, además de lidiar con problemas para financiarla, también se enfrentaron al acoso y a la represión gubernamental. Dadas estas condiciones, al finalizar el proceso electoral, hubo un sector de los participantes en el FEP para el cual la vía electoral resultaba inviable, dado que estimaba prácticamente imposible constituirse en un partido político que les permitiera ese tipo de actividad política, además de que ponía en riesgo a sus miembros, al hacerlos un blanco visible de la represión gubernamental.

Entre aquellos que se decantaron por no seguir participando en los procesos electorales se encontraban los dirigentes del PCM. Esta postura fue reafirmada después del movimiento estudiantil de 1968, cuando el partido adoptó la estrategia de la “abstención activa”, con la cual se proponían luchar por la reforma política del país y manifestarse en contra del sistema autoritario.[3] No obstante, en el transcurso del sexenio de Luis Echeverría Álvarez, esta postura se fue modificando, hasta que en el XVII Congreso del Partido Comunista Mexicano se decidió la participación en las en las elecciones de 1976 en alianza con otras fuerzas democráticas de izquierda.[4]

De acuerdo con lo asentado en las resoluciones de dicho congreso, la participación del partido en el proceso electoral no quería decir que dejaran de denunciar el “carácter tramposo, corrupto [y] de clase” de las elecciones y de las asambleas de representantes en el capitalismo.[5] Sin embargo, consideraban que participar en éstas era oportuno dada la coyuntura política por la que atravesaba el país en aquel momento. 

En su análisis del contexto político, los miembros del PCM afirmaban que en México se vivía una crisis de los sistemas de partidos y del electoral, aunado al fortalecimiento del movimiento obrero independiente, así como a la “mayor organización de las fuerzas de oposición democrática y [al] proceso de acercamiento entre agrupamientos de la izquierda”.[6] Ante tal escenario, las elecciones tendrían una función pragmática. No sólo les ayudarían a movilizar y a organizar al proletariado, también les servirían para promover la unidad de las fuerzas democráticas de izquierda en torno a una misma plataforma de demandas.[7]

Es importante mencionar que, antes de la celebración del XVII Congreso, la dirigencia del PCM llevó a cabo acciones encaminadas a materializar esa unidad de la izquierda. Pero, esas labores unitarias no rindieron los frutos esperados, tal como ocurrió con el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y el Movimiento de Acción y Unidad Socialista (MAUS), con quienes no se logró llegar a un acuerdo respecto a la participación en los comicios de 1976. Sin embargo, éstos no fueron del todo estériles, en tanto que se logró establecer una coalición con la Liga Socialista (LS) y el Movimiento de Organización Socialista (MOS) en torno a la candidatura de Valentín Campa, quien fuera seleccionado de manera unánime en el XVII Congreso del PCM. Según cuenta Campa en sus memorias, el único que se opuso a su nominación fue él mismo, “por considerar que no era idóneo para conjugar fuerzas con la amplitud que requería la campaña”.[8] Pero, quienes lo seleccionaron parecían tener una opinión diferente.

En la nota del periódico Oposición en que se dio a conocer la postulación de Campa se explica que fueron dos las razones principales por las cuales se le eligió como candidato presidencial. En primer lugar, se menciona que se le consideraba un líder sindical que nunca se había dejado corromper, lo cual era “aleccionador e [incitaba] a marchar bajo las banderas del comunismo”. En segundo lugar, su trayectoria era un ejemplo que condensaba “las mejores características del proletariado nacional y las tradiciones clasistas del PCM”. 

Para sustentar la selección de Campa como candidato, en la nota se brindó su semblanza, la cual evidenciaba su vida de activismo político en pro de la defensa de los derechos de las clases trabajadoras del país. Aunque su quehacer político estuvo principalmente vinculado con los obreros, también tuvo acercamientos con el sector campesino, como cuando militó en la Liga Nacional Campesina de Úrsulo Galván, en la que se reagruparon los campesinos villistas y zapatistas dispersados después de la derrota de sus ejércitos. 

En cuanto a su conexión con el sector obrero, ésta comenzó cuando trabajó en el sector petrolero en Tamaulipas, pero fue con los ferrocarrileros en donde se desarrolló como líder sindical, participando en las luchas más importantes del sector, como el conflicto ferrocarrilero de 1958 en contra del charrismo sindical, participación que le valió estar en la cárcel hasta que fue liberado junto con otros presos políticos, a raíz de la amnistía decretada por Luis Echeverría al inicio de su sexenio.

Adicionalmente, cabe mencionar que la relación de Campa con el PCM no estuvo exenta de conflictos. En 1939 Hernán Laborde y él fueron expulsados de sus filas acusados de “haber seguido una línea sectaria oportunista”.[9] Una vez fuera del partido, Campa y otros insistieron en “la unidad de los partidarios del socialismo científico en el Partido Comunista Mexicano”. Pero sus “esfuerzos y propósitos fueron rechazados por la dirección del PCM”, por lo que en 1951 se decidió la formación del Partido Obrero Campesino Mexicano (POCM), partido que durante su existencia buscó la unidad de los marxistas mexicanos.[10] Es decir, además de luchar en favor de los derechos de las clases trabajadoras del país, otra de las constantes en la biografía política de Campa fue buscar la unidad de las fuerzas de izquierda en el país en torno al PCM, fuera él miembro del partido o no. Estas dos características lo convertían en candidato idóneo para encabezar una campaña cuyo propósito no era ganar las elecciones, sino “elevar la conciencia de las masas cuyos derechos ellas deben defender y […] fortalecer [al] movimiento independiente y democrático del pueblo para que llegue a influir en la vida política del país”.[11]

La plataforma política

En términos generales, plataforma política de la campaña de Campa se encontraba dividida en seis ejes. En primer lugar, buscaban la libertad política de la ciudadanía, lo cual era una urgencia de primera necesidad considerando que el derecho a disentir “del punto de vista oficial” y la organización independiente del gobierno no eran posibles en el marco de un “régimen político antidemocrático”, con lo cual se impedía la participación de la mayor parte de la ciudadanía en los grandes problemas nacionales. Como solución a este problema demandaban, principalmente, una ley de amnistía general y una nueva legislación electoral, tanto en la federación, como en los estados de la república. Asimismo, reclamaban el cese de la represión hacia los movimientos obrero, campesino y estudiantil, la supresión del Título II del Código Penal Federal, la eliminación de los reglamentos de policía y tránsito, así como cualquier otra legislación que obstaculizara el derecho de manifestación o reunión y el respeto a los derechos de huelga y reunión. También, demandaban la supresión de toda forma de discriminación hacia la mujer y la defensa a la libertad religiosa.[12]

El segundo eje de su plataforma se refería a las condiciones de vida de los trabajadores. Según afirmaban, los “trabajadores y sus familias cada vez experimentaban peores condiciones de vida”, por lo que proponían el aumento general de sueldos y pensiones, la semana de 40 horas con pago de 56, la escala móvil de salarios, subsidio para los desempleados, la congelación de rentas, el restablecimiento de la fracción XII del artículo 123 constitucional y que los contratos de arrendamiento fueran de interés público.[13]

El problema agrario se abordaba en el tercer eje. De acuerdo con lo establecido en la plataforma, el país atravesaba una crisis agraria cuyos orígenes se encontraban en la concentración de la tierra, en la falta de equipo y crédito para los ejidos, así como en la desocupación y falta de respeto a los derechos laborales de los jornaleros agrícolas. Con el fin de solventar esa crisis, el PCM, el MOS y la LS exigían, haciendo eco al viejo reclamo del zapatismo, que la tierra fuera entregada a quien la trabajaba, lo que implicaba la eliminación de los grandes latifundios y la gran propiedad capitalista. Aunado a eso, demandaban la derogación del amparo de inafectabilidad, la disminución de la dimensión de la propiedad inafectable a 20 hectáreas, brindar prioridad de riego a las propiedades menores a dicha extensión, otorgamiento de créditos a ejidatarios y pequeños propietarios, la organización autónoma de los campesinos y, finalmente, el respeto al derecho de los jornaleros agrícolas a sindicalizarse.[14]

El cuarto eje de la campaña aludía a los problemas de política económica del país. En concreto, señalaban el bajo crecimiento de la producción material y la concentración de la riqueza en manos de la burguesía. Para enfrentar esos problemas demandaban la implementación de un sistema de impuestos progresivo sobre las ganancias, el control de cambios y del comercio exterior, la nacionalización de la banca y de las industrias básicas, las cuales serían fiscalizadas por los obreros. De igual manera, exigían la reorientación del sector económico de la economía hacia la actividad productiva y la aplicación de “medidas económicas dirigidas al aumento de producción industrial y agropecuaria”, así como a limitar las ganancias del capital, con el fin de frenar la inflación monetaria y crediticia.[15]

En el quinto eje de la plataforma abordaba el problema de la dependencia de México a Estados Unidos. Para dar solución a esa situación planteaban la incorporación de México a los países no alineados, el fortalecimiento de las relaciones de colaboración económica y política con países latinoamericanos, la defensa activa de la paz y la solidaridad con los pueblos que luchaban por su independencia, la implementación de medidas efectivas para le ejecución práctica de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados y el ingreso de México a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). También, demandaban la ampliación de las relaciones comerciales y tecnológicas con los países socialistas y el establecimiento de relaciones diplomáticas con países como la República Democrática de Corea y el Estado Democrático de Camboya.[16]

Finalmente, el sexto eje se refería a la educación, de la cual se demandaba su democratización a través de la ampliación de la educación obligatoria a nueve años, la erradicación del analfabetismo y del monopolio estatal de la educación, la autonomía de todas las instituciones de educación superior, el mejoramiento económico del magisterio y la unificación del sistema educativo.[17]

La plataforma de la campaña de Valentín Campa planteaba demandas en torno a distintas problemáticas que aquejaban a México, como suelen ser las plataformas que buscan repercutir en una audiencia amplia y diversa. Sin embargo, de los seis ejes que la integraban el que le dio sentido a su movilización electoral fue el concerniente a la libertad política de los ciudadanos, para lo cual era indispensable la reforma democrática del sistema político mexicano. En términos concretos, sus principales demandas al respecto eran la promulgación de una nueva legislación electoral y la amnistía general.

Consideraban esencial la promulgación de una nueva ley electoral porque afirmaban que la legislación vigente marginaba a los partidos de oposición independientes y anulaba de facto los derechos de sus miembros y sus partidarios. Con el fin de dar solución a esos problemas proponían cambios en los requisitos para el registro de los partidos políticos a nivel nacional y en las autoridades electorales. Por ejemplo, planteaban que el criterio de existencia de un partido debía de ser el número de votos obtenidos y no el número de afiliados, como se establecía en la ley entonces vigente. Asimismo, establecían la formación de una Comisión Electoral autónoma, la cual estaría integrada por representantes de cada partido político más uno del poder Ejecutivo.[18]

Al respecto, cabe mencionar que en ese entonces la autoridad encargada de las cuestiones electorales era la Comisión Federal Electoral, la cual dependía de la Secretaría de Gobernación y se encontraba encabezada por su secretario. Asimismo, la validación de las elecciones era realizada por un colegio electoral integrado por miembros del Congreso de la Unión. La falta de autonomía de la autoridad electoral fue un elemento esencial para consolidar y mantener la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en tanto que coadyuvó a obstaculizar la emergencia de alternativas partidarias que pudieran disputarle el poder al PRI en las urnas. Es por esta razón que la demanda por una autoridad electoral autónoma fue una constante hasta 1990, cuando se fundó el Instituto Federal Electoral (IFE).

En relación con la amnistía a los presos y perseguidos políticos, esta demanda surgía de la necesidad de crear un ambiente en el que ser disidente político no fuera criminalizado. Es decir, con la amnistía se buscaba la posibilidad de “una actividad política más libre de todos los que desean hacer uso de sus derechos y [que se cancelara] el ambiente de represión política e intimidación sobre los ciudadanos”.[19] En este punto, es relevante señalar que esta exigencia se contextualiza en un momento en el que en las cárceles del país estaban recluidos miembros de grupos guerrilleros, los cuales, de acuerdo con miembros del PCM, se habían originado por el “crimen político en masa, por la intolerancia, la persecución y el cierre de accesos a una política amplia y libre”.[20]

En pocas palabras, la promulgación de una nueva legislación electoral y de una ley de amnistía general eran condiciones necesarias para la implementación de un régimen democrático en el cual la ciudadanía pudiera hacer pleno uso de sus derechos políticos. Esto, a su vez era imprescindible para el eventual arribo al socialismo, en tanto que la democracia era el régimen político en el cual “la lucha de clases [transcurre] más libre y nítidamente”.[21]

La marcha por la democracia

En alusión al sentido democratizador de la campaña de Campa, se decidió denominarla la “Marcha Nacional por la Democracia”.[22] Su recorrido inició en el estado de Guerrero en enero de 1976 y concluyó en con un evento de clausura multitudinario en la Arena México, Ciudad de México, el 27 de junio de 1976. Durante la campaña se visitaron la mayor parte de los estados de la república, en los que se realizaron “97 mítines centrales”, con un aproximado de “108 280 asistentes”.[23]

El arranque de campaña en Guerrero no fue casualidad. Se consideraban que aquella entidad era en donde se concentraba “la represión y la negación más completa de las libertades democráticas”.[24] Al respecto, cabe recordar que en esa entidad operaban grupos guerrilleros, como la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, encabezada hasta el 2 diciembre de 1974 por Lucio Cabañas Barrientos, fecha en la que fue asesinado por fuerzas federales en la sierra de Guerrero. Fue precisamente la presencia de este y otros grupos guerrilleros en la entidad lo que condujo a la implementación de una estrategia represiva contrainsurgente que tuvo como saldo la muerte, desaparición y encarcelamiento de cientos de personas. 

Tomando en cuenta lo anterior, no es de extrañar que en Atoyac de Álvarez, calificado como el “centro de la represión”, asistieran al mitin de Campa familiares de desaparecidos, quienes, además de narrarle las difíciles circunstancias en las que se encontraban después de la desaparición de su familiar, demandaron que se les brindara información sobre su paradero. Asimismo, se tenía planeado visitar a presos en el penal de Acapulco, pero les fue prohibido el ingreso al penal por autoridades estatales y federales. Lo que no impidió que intercambiara algunas palabras con las personas ahí encarceladas “en una barandilla”, quienes, además de desearles éxito en la campaña, les “solicitaron que denunciara por todo el país la situación que prevalece en el estado de Guerrero”. [25]

Otro contacto importante con presos políticos en el curso de la Campaña fue el que se tuvo con militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre recluidos en la cárcel de Topo Chico, Nuevo León. Al igual que en Guerrero, en Nuevo León las autoridades tampoco permitieron que Campa y su comitiva se reunieran con los presos recluidos en aquel penal. Pero, en esta ocasión, algunos de los presos de aquella cárcel se comunicaron con Campa por medio de una carta, en la cual este grupo, entre los que se encontraba Gustavo Hirales, criticaba la pertinencia de la vía armada. En lo que concierne a los objetivos de la campaña de Campa, este acercamiento con los presos fue relevante porque fue abriendo brecha para la reincorporación a la vida institucional de los exmilitantes de grupos guerrilleros, con lo cual se abonaba al fortalecimiento del movimiento independiente y democrático del país

En Guerrero, además de reunirse con familiares de desaparecidos y los presos políticos, Campa también dialogó con campesinos, colonos y estudiantes universitarios. En términos generales esos tres grupos sociales, junto con obreros y miembros del magisterio, se convirtieron en las principales bases de apoyo de la Marcha por la Democracia. Estos grupos no sólo nutrieron los eventos de campaña con su asistencia, también, a través de las organizaciones que los representaban, fueron forjando vínculos orgánicos con el PCM, los cuales serían vitales para dar continuidad a los trabajos de organización política llevados a cabo durante la campaña. Un ejemplo notorio fue el de las colonias populares, como el caso de los comités de colonos establecidos en Monterrey, Nuevo León, “en apoyo a las actividades comunistas”.[26]

Las actividades de los comunistas y las otras organizaciones que apoyaban la candidatura de Campa no estuvieron exentas de actos de provocación y de represión. En cuanto a los actos de provocación, cabe destacar lo ocurrido en Mexicali, Baja California, en donde un grupo de supuestos estudiantes, miembros de la “fantasmal Fuerza Universitaria Estudiantil y Popular” trataron de interrumpir el mitin del Campa, llegando, inclusive, a lanzarle un proyectil al candidato. Este acto fue “la gota que derramó la paciencia de los asistentes”, quienes rodearon a los provocadores para neutralizarlos. Al final, la mayoría de esos supuestos estudiantes fueron dispersados, salvo algunos que cayeron al piso, pero fueron “rescatados” por la policía presente en el evento, la cual se había mantenido hasta entonces al margen de los hechos.[27]

Respecto a los actos de represión, destaca lo sucedido en Campeche en mayo, cuando miembros del Comité de Apoyo a la Candidatura de Campa “fueron salvajemente golpeados mientras realizaban un mitin en el mercado” de aquella ciudad.[28] Otro ejemplo, también ocurrido en el sureste del país, tuvo lugar en Mérida, Yucatán, en donde se destrozó el equipo con el que la Brigada de Avanzada invitaba a la población a los eventos de campaña.[29]

A pesar de los obstáculos enfrentados durante el recorrido electoral se pudo celebrar su acto de clausura el 27 de junio de 1976 en la Arena México de la Ciudad de México, con una asistencia aproximada de 22 mil personas.[30] En su discurso de clausura, Valentín Campa afirmó que se había logrado “un resultado superior al que [habían] calculado”. Además de haber habido una asistencia copiosa a los actos de campaña, de igual manera, se consiguió la incorporación de “muchos organismos regionales y estatales, democráticos y revolucionarios, miembros de base y cuadros medios de partidos de partidos nacionales”[31] a la campaña, tal como ocurrió en el estado de Nayarit con algunos miembros del PPS, los cuales, a raíz de un conflicto con su dirigencia nacional, decidieron sumarse a a Marcha por la Democracia. Inclusive, algunos exmiembros del PPS, como Manuel Stephens García y Alejandro Gascón Mercado, fueron postulados como senadores por parte de la coalición PCM, MOS y LS. En relación con esto, Campa concluyó su discurso de clausura refrendando la importancia de la unidad las fuerzas democráticas de izquierda para ampliar su “espacio político para influir más en la vida nacional” e impedir así “una política más antidemocrática y más despótica del régimen presidencialista”.[32]

Finalmente, llegaron el día de las elecciones. Como ninguna de las organizaciones que postularon a Campa contaban con registro como partido nacional, el nombre de su candidato no fue impreso en las boletas. Ante esta situación, aquellas personas que desearan votar por él debían escribir su nombre completo en un espacio en blanco en la boleta electoral.

Las elecciones presidenciales de 1976 fueron ganadas por José López Portillo, tal como era de esperarse. En cuanto a los votos obtenidos por Campa, es difícil conocer la cifra exacta. Como no era un candidato sin registro, los votos a su favor no fueron contabilizados en el conteo oficial. Sin embargo, de acuerdo con cifras del PCM, su candidato obtuvo cerca de 1,600,000 votos[33] de un total de 17, 606, 872.[34]

A juicio de algunos miembros del PCM, la campaña había demostrado que el partido y sus aliados eran una fuerza política significativa dentro del país. Por esta razón, consideraban que debían buscar su registro como partido político nacional, a pesar de las condiciones restrictivas de la legislación vigente. No obstante, en el primer año de la administración de López Portillo hubo cambios significativos en relación con la apertura del sistema político y la inclusión de fuerzas opositora en éste, los cuales se concretizaron con la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), la cual le permitió al PCM y a otras organizaciones de izquierda obtener un registro condicionado como partido político, por lo que, a partir de entonces y hasta la disolución del partido en 1981, pudieron participar con todos los derechos establecidos en la ley en los comicios electorales federales.


[1] Enrique Krauze, Biografía del poder, México, Tusquets.

[2] Soledad Loaeza (1999) El Partido Acción Nacional, la larga marcha, 1939-1994: Oposición leal y partido de protesta, México, Fondo de Cultura Económica.

[3] Juan Luis Conchiero (1985) “En la lucha por la democracia y la unidad de la izquierda”, en Historia del Comunismo en México,México, Grijalbo, p. 333

[4]Para más información sobre la historia del Partido Comunista Mexicano (PCM) en las décadas de 1960 y 1970 véase Enrique Condés Lara Los últimos años del Partido Comunista Mexicano (1969-1981), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

[5] Resoluciones XVII Congreso, p. 5

[6] Ibid, p. 7.

[7] Idem.

[8] Valentín Campa (1978), Mi testimonio: experiencias de un comunista mexicano, México, Ediciones de Cultura Popular, p. 301.

[9] Eduardo Ibarrra, “X. Cronología comparada”, en Historia del Comunismo en México, México, Grijalbo, p. 432.

[10] Para más información sobre el POCM véase Jorge Alonso Sánchez, En busca de la unidad: el Partido Obrero Campesino Mexicano, México, CIESAS, p. 403.

[11] Oposición

[12] “Plataforma electoral del PCM, MOS y LS”, Oposición, 17 enero de 1976.

[13] Idem.

[14] Idem.

[15] Idem.

[16] Idem.

[17] Idem.

[18] “Reforma democrática de la Ley Federal Electoral. Amnistía para presos y procesados políticos”, Oposición, 10 de enero de 1976.

[19] “Reforma democrática de la Ley Federal Electoral. Amnistía para presos y procesados políticos”, Oposición, 10 de en

[20] “Una victoria de las fuerzas democráticas”, Oposición, 03 de abril de 1976.

[21] “Defensa del monopolio político”, Oposición, 13 de marzo de 1976.

[22] CEMOS, Fondo PCM, Caja 89, Clave 84, Exp. 20

[23] Valentín Campa (1978), Mi testimonio: experiencias de un comunista mexicano, México, Ediciones de Cultura Popular, p. 301.

[24] Oposición, 17 de enero de 1976.

[25] “Entusiasta mitin electoral en Acapulco”, Oposición, 31 de enero de 1976.s

[26] “Comités de colonos para apoyar la candidatura de Valentín Campa Salazar”, Oposición, 15 de mayo de 1976.

[27] “Recuento de una provocación a la Marcha”, Oposición, 24 de abril de 1976.

[28] “Campeche fue incomunicado por la visita de Campa”, Oposición, 29 de mayo de 1976.

[29] “¡Muera la inteligencia! Hoguera con libros y folletos del PCM”, Oposición, 29 de mayo de 1976.

[30] “La campaña mostró que hoy es posible construir el Partido Comunista de Masas”, Oposición, 3 de julio de 1976.

[31] “Hicimos la campaña electoral de los obreros en lucha: Campa”, Oposición, 3 de julio de 1976.

[32] Ídem.

[33] “1 600 000 votos”, Oposición, 10 de julio de 1976.

[34] Silvia Gómez Tagle, Las estadísticas electorales de la reforma política, México, El Colegio de México, 1990, p. 19.