La jornada de movilizaciones del 8 de febrero en Colombia en contra de la “interinidad fiscal” de Martha Mancera y en contra de la turbia gestión del ex fiscal Francisco Barbosa ha puesto al país a discutir si la presión ciudadana en las calles representa (o no) una amenaza al principio liberal de independencia de las altas cortes y al sistema institucional de pesos y contrapesos. Las respuestas tanto del poder mediático como de la derecha no dudaron en calificar la movilización popular como un “golpe a la democracia” y un intento (programado desde la alta dirección del Gobierno Nacional) por desestabilizar el sistema de contrapoderes y romper, así, con la autonomía del sistema judicial.
Sin embargo, las últimas decisiones de la rama de justicia (principalmente, en lo relacionado con la dirección de la Fiscalía General de la Nación y en investigaciones de financiamiento electoral) indican lo contrario. Desde hace varios años, el país asiste a un proceso de ruptura del sistema de contrapesos por parte de la derecha judicial, como también a un proceso de cooptación y colaboración criminal en el aparato de justicia (mediante nexos que relacionan a directivos de la Fiscalía General de la Nación con el tráfico de armas). En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además de haber permitido la extralimitación de funciones del ex fiscal Francisco Barbosa en casos de persecución política, ha habilitado la provisionalidad de Martha Mancera (sustituta de Barbosa) como fiscal encargada bajo la figura de interinidad.
Todo esto ocurre luego de conocerse la estrecha relación tanto de Barbosa como de Mancera con redes del narcotráfico en el pacífico colombiano. A pesar de las estridentes denuncias de tal vínculo[1], tanto la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como los principales voceros del establecimiento defienden un tipo de procesualismo o formalismo judicial (figura de interinidad) que en nada altera, reforma o modifica el estado de descomposición institucional de la Fiscalía General de la Nación. No importa si con esta decisión se pone en riesgo una de las columnas vertebrales del sistema de justicia o se blinda un modelo que opera en contubernio con el narcotráfico y el crimen, pues, lo fundamental, para los defensores del establecimiento, es que se conserve la libertad de competencias de la rama judicial.
No obstante, con este tipo de decisiones, la Corte Suprema de Justicia no hace otra cosa más que sostener, provisionalmente, un régimen de justicia basado en la corrupción, la persecución política y en la ampliación de las redes de influencia del narcotráfico y el crimen. De hecho, la Fiscalía General se ha utilizado como un brazo jurídico especializado de la derecha para judicializar y criminalizar las alternativas de cambio en Colombia (sean estas de carácter partidista-institucional, como es el caso del actual gobierno, o de carácter popular, como el ciclo de rebelión y huelga de masas del Paro Nacional del 2021).
Valdría la pena, entonces, cuestionarse si es la movilización popular la que está poniendo en riesgo y en vilo las formalidades democráticas. En este punto, es importante recordar que la movilización del pasado 8 de febrero no tenía otro objetivo más que dar a conocer el grado de descomposición de la Fiscalía General y exigir a la Corte Suprema de Justicia la elección de un nuevo fiscal por fuera de la órbita de corrupción de Barbosa (aspectos en los que coincide con el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH). Desde todo punto de vista, las exigencias populares son válidas. Una sociedad que se pretenda mínimamente democrática no puede permitir que en la dirección de sus instituciones de justicia estén funcionarios ligados al poder del narcotráfico como tampoco que, en el marco de sus funciones, beneficie a ciertos sectores del establecimiento.
Colombia vive, en ese sentido, un proceso en el que los sectores más reaccionarios de la derecha y del establecimiento han intentado utilizar algunos de los espacios estratégicos que aún conservan en el Estado (sobre todo en la rama judicial) para golpear al Gobierno Nacional y, con él, al proyecto de transformaciones y reformas sociales. No es casual, entonces, que las investigaciones sobre financiamiento electoral a la campaña “Gustavo Petro Presidente” se hayan acelerado en las últimas semanas y que, sobre todo, se impulse un proceso de persecución judicial contra los sindicatos de trabajadores y maestros. Se trata, pues, de una estrategia con doble propósito: por un lado, desestabilizar institucionalmente al gobierno y, del otro, perseguir judicialmente a las estructuras sindicales de maestros y trabajadores.
Ahora bien, es cierto que las altas cortes han desempeñado un papel determinante en los años más oscuros de la política colombiana, por ejemplo, frenando la tercera reelección de Uribe o, más recientemente, blindando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, de allí no se puede derivar que la rama judicial, con el pasar de los años, no haya entrado en un proceso de esclerotización o que por su condición de autonomía no esté abierta al escrutinio público. Recordemos que la característica principal de toda democracia moderna y contemporánea es la posibilidad de cuestionar, sin restricciones, el orden político y normativo. Todo aquello que limite esta posibilidad actúa en contra de las conquistas democráticas fundamentales.
De modo tal que las movilizaciones, antes que representar una amenaza a la independencia del poder judicial o una presión a libre competencia de la Corte (CSJ), reclamaron para sí un principio democrático básico: el de contar con instituciones judiciales independientes y libres de la influencia del narcotráfico, del crimen y del sectarismo partidista. Es decir, la movilización ha actuado sobre los cursos de la democracia formal, exigiendo un sistema judicial verdaderamente republicano. Es más, en un reciente comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Colombia culminar prontamente la selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación sin ningún tipo de interferencias o medidas de provisionalidad.
A juicio del organismo internacional, la falta de designación de un titular en la Fiscalía podría debilitar el sistema de justicia colombiano. Nada distinto a lo que reclamó la Sociedad Civil movilizada el pasado 8 de febrero. En ese sentido, la Corte Suprema no está sufriendo ningún tipo de ataque a su independencia ni a sus competencia, es más, ha podido desarrollar sus funciones de elección sin ningún tipo de interferencia del poder ejecutivo. Lo que sí es cierto es que vive un cuestionamiento diametral (tanto del pueblo movilizado como de los organismos internacionales) frente a sus últimas decisiones respecto a la Fiscalía y respecto a la financiación electoral.
En síntesis, podemos decir que la movilización popular no nace como una estrategia (programada desde el Gobierno Nacional) para hostigar el ejercicio de libre competencia del poder judicial, más bien, surge como una medida de presión ante la evidente radicalización de la derecha y sus brazos judiciales y el deterioro del aparato de justicia. Desde hace mucho sabemos que la Fiscalía, principalmente en manos de Barbosa, opera como un aparato jurídico especializado en función de los intereses del bloque político dominante. Lo demostraron con el entrampamiento a desmovilizados de las FARC, con la criminalización de la protesta social en el 2021, con el falso montaje de los “Petro-dineros” y, ahora, con la persecución judicial y allanamiento a las sedes sindicales de Fecode.
Todo este régimen de corrupción es el que ha interpelado la movilización popular del 8 de febrero. Desde luego, es una movilización que, aunque se convoca el Gobierno Nacional, tiene su propia autonomía. El desafío de transformar las instituciones judiciales (siempre al servicio de la oligarquía y los poderosos) no surge ahora con la elección del nuevo fiscal, sino que ha estado incrustado, desde hace décadas, en la agenda de lucha de nuestros pueblos. ¡Más vale reconocer la agencia de este nuevo movimiento!
[1] Ver investigación en: https://revistaraya.com/vicefiscal-marta-mancera-si-encubre-a-directivo-del-cti-senalado-de-narco-y-estas-son-las-pruebas.html – https://voragine.co/historias/fiscalia-ordeno-el-traslado-a-antioquia-de-pacho-malo-cercano-a-martha-mancera/