En el presente escrito, reflexionaremos sobre la importancia y significado de la soberanía energética. Abordaremos los problemas que han tenido ciertos países que han comprometido su autonomía energética. Explicamos cómo ha sido la continuidad de la llamada Cuarta Transformación (4T) con sus reformas constitucionales y legales de 2024 y 2025, en aras de forjar la soberanía energética.
Del libre mercado a la soberanía energética
La actualidad política y económica mundial nos muestra un proceso de rompimiento de paradigmas que permite a México redefinir el rumbo comercial en distintas áreas estratégicas. A finales del siglo anterior, el discurso neoliberal había ganado la lucha discursiva, en instancias de gobierno, universidades y medios de comunicación. Comenzamos el siglo XXI sin cuestionarnos la tendencia hacia la liberalización de los mercados. En México, los gobiernos priístas de 1988 al 2000 permitieron la privatización del territorio nacional y de sus bienes naturales (ejidos, bosques, mantos acuíferos, minerales, etcétera). En el caso del sector energético, la tarea liberalizadora se pudo concretar hasta las reformas constitucionales y legales de los años 2013 y 2014. Recordemos que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este régimen no fue modificado, por lo que con estas reglas se hizo un esfuerzo por recuperar la fortaleza de las empresas públicas para generar condiciones de soberanía energética.
AMLO logró sortear las grandes presiones que buscaban bloquear el fortalecimiento del sector energético en México. Basta recordar que durante el inicio de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) emitió la llamada política de confiabilidad, que impedía a las generadoras que no funcionaban en base firme (eólicas y solares) interconectarse a la Red Eléctrica Nacional. Esta prohibición se debió a que el Estado Mexicano debía invertir recursos en el control de la energía intermitente, así como utilizar energía de respaldo para los momentos de intermitencia, lo cual genera un costo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe cubrir. La recién abrogada Ley de la Industria Eléctrica obligaba al Estado Mexicano a comprar siempre en prioridad esta energía intermitente, a pesar de no representar un uso eficiente ni una energía limpia. Esto es debido a que cada generador eólico o solar debe contar con una generadora en base firme (con un motor de combustión interna) lo que hace una mentira el discurso verde que buscó legitimarse. Frente a la política de confiabilidad energética, los países de la Unión Europea y Canadá solicitaron reuniones inmediatas con las autoridades mexicanas, a efecto de levantar de forma inmediata estas restricciones sobre sus generadoras eólicas y solares.
Frente a estas presiones, el Estado mexicano logró sortear la difícil tarea de contener la agresiva política comercial por parte de las empresas y gobiernos del norte global (Norteamérica y Europa Occidental) que no querían perder mercado, en medio de un escenario de crisis sanitaria y económica. En esta disputa, el Poder Judicial jugó un rol conservador y de servilismo frente a las empresas internacionales. Los tribunales en lo general ordenaron al gobierno mexicano autorizar los permisos de generación, así como permitir su conexión a la Red Eléctrica Nacional, muy a pesar de los argumentos técnicos que señalaban anomalías en el transporte y control de la red por la interconexión de generadoras intermitentes.
El CENACE logró neutralizar las decisiones judiciales y las presiones internacionales. A través de minuciosos estudios de interconexión, se evitó la congestión de la red y se garantizó su estabilidad. Este complejo proceso tuvo lugar durante la segunda mitad del mandato de AMLO, en el cual se utilizaron todas las herramientas democráticas para fortalecer la soberanía energética nacional.
La administración de Sheinbaum tiene la posibilidad de tomar control del sector energético y generar condiciones favorables para ejercer la rectoría económica del Estado. Con la segunda administración de Donald Trump (2025-2028) en Estados Unidos y su guerra comercial, el paradigma neoliberal ha cambiado de rumbo. Distintos países han reconfigurado su política económica y comercial, a través de medidas proteccionistas. En este contexto tenemos la necesidad de forjar una soberanía económica que no dependa de los caprichos de la gran burguesía internacional o de su clase política (Norteamérica y Europa occidental). México requiere forjar una industria que pueda hacer frente a los retos internacionales.
En este sentido, la guerra comercial de Donald Trump hace que la adopción de medidas proteccionistas no sea vista como una distorsión al comercio, sino como una respuesta natural a la guerra arancelaria. Por lo cual la administración de Sheinbaum cuenta con condiciones favorables tanto internas como externas para implementar la continuidad de la política energética que su predecesor comenzó, en donde el objetivo es uno: consolidar la soberanía energética.
Esta soberanía requiere que México pueda utilizar todas las fuentes que tiene a su disposición para abastecer las necesidades y formas de reproducción de la vida de sus habitantes. Lo que implica usos residenciales de primera necesidad, así como demandas industriales. Al respecto, quien mejor ha comprendido el concepto de soberanía energética es el economista Luis Linares Zapata, quien en un texto publicado en el diario la Jornada (12 de abril de 2023) refirió: “La soberanía energética implica alcanzar la posesión y control de una mezcla específica de ingredientes, indispensables para la generación de electricidad. Es esta fuerza motriz la que permite mover los resortes industriales, la investigación, los usos tecnológicos o el confort en la convivencia humana. Nadie puede sentirse seguro si se depende de otros.” En este sentido, la disponibilidad de energía eléctrica se vuelve crucial para el desarrollo de cualquier país. Al mismo tiempo, si este sector depende de un tercer país, en la medida del control que este ejerza sobre el sector será la medida proporcional mediante la cual se pueda coaccionar al país dependiente.
En este contexto la administración de Sheinbaum asumió que el Estado debe producir al menos el 54%de la energía que se genera en todo el país, lo cual se trasladó a la nueva Ley del Sector Eléctrico, como principio de planeación energética.
¿Por qué resulta importante la soberanía energética? Casos internacionales
Como hemos anunciado, la reproducción de la vida de una sociedad descansa en sus posibilidades energéticas. En los últimos años hemos visto una serie de problemas a los que se ha enfrentado Europa para poder abastecer de energía a su población. La destrucción de los gasoductos Nord Stream, que abastecían de gas natural a Europa y principalmente a Alemania, colocaron en problemas tan grandes al gobierno que se vieron obligados a reabrir decenas de generadoras que funcionan con carbón.
El gran dilema de Europa radica en que necesitan del gas ruso para generar energía y reducir emisiones de carbono, sin embargo, la agresiva expansión de la Organización del Tratado Atlántico Norte sobre los territorios colindantes con Rusia produjo que este país dejara de abastecer de gas natural a los europeos, utilizándolo como moneda de cambio en las negociaciones del fin de la guerra en Ucrania. La crisis energética europea también tiene como factor el abandono de la energía nuclear y el cierre de plantas. Asumiendo un discurso de transición energética, Alemania fracasó en su intento por descarbonizarse, ya que no sólo abrió más generadoras de carbón, sino que comprometió su soberanía energética restándole poder de decisión y sometiendo su futuro en negociaciones con Estados Unidos y Rusia.
Si bien el caso alemán ejemplifica las desventajas de perder soberanía energética, otros sucesos en ese continente muestran la debilidad de su matriz energética: el gran apagón de España y Portugal en abril de 2025 y el apagón de Londres en mayo de 2025. En estos tres países, a diferencia de México, el transporte de energía está a cargo de empresas privadas. Sin embargo, las compañías no han aclarado lo sucedido con las fallas técnicas que ocasionaron el corte de la energía. A cuentagotas se sabe que las fallas se dieron en la red de transmisión y distribución. Asimismo, se ha informado que las anomalías en las variaciones de voltaje han desestabilizado la red, ocasionando su consecuente desconexión. Sin embargo, no resulta claro hasta qué nivel otras empresas están vinculadas en las fallas acontecidas.
En este sentido, la soberanía energética no implica que el Estado tenga la propiedad de toda la infraestructura de la generación, transmisión y distribución de energía, sino que tenga posibilidades de ejercer un control y una rectoría del sector para evitar que los intereses de ciertos particulares desestabilicen la red o sencillamente utilicen los insumos de generación para someter a una nación determinada.
Por otro lado, en Chile (febrero 2025), donde el sector está completamente privatizado, la empresa transportista de electricidad también tuvo problemas de desestabilización de su red, trayendo como consecuencia que dejara sin suministro eléctrico al 80 por ciento de sus usuarios. De igual forma la información de las fallas no ha sido aclarada por la empresa, sin embargo, ya generaron pérdidas en los sectores comerciales, de telecomunicaciones, de salud, entre otros, debido a la falta de suministro.
Según distintos analistas los problemas de corte del suministro eléctrico en España, Portugal y Chile, se debieron a una respuesta de la red de transmisión frente a generadoras intermitentes conectadas, que para evitar afectaciones en la propia red cortaron la transmisión.
La nueva legislación energética en México
Las bases del nuevo régimen energético fueron propuestas por dos reformas constitucionales que remitió AMLO al Congreso de la Unión. Asimismo, el régimen legal energético se constituyó como una propuesta de la administración de Sheinbaum, a través de 8 nuevas leyes del sector y la reforma de 2 leyes más.
Entre las nuevas leyes destacan las correspondientes a Petróleos Mexicanos (Pemex ) y a la Comisión Federal de Electricidad, las cuales reagrupan las estructuras administrativas de las empresas públicas con el ánimo de hacerlas más eficientes y desarticular su atomización. El riesgo que tenían las leyes abrogadas de 2013, era que las empresas públicas podían privatizarse poco a poco a través de la quiebra y posterior venta de cada filial. En virtud de que el régimen energético de 2013 solo fue operado bajo esta lógica durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la administración priísta no tuvo el tiempo suficiente para vender las empresas públicas, sin embargo, estas fueron debilitadas a través de su sobreendeudamiento, la falta de inversión en infraestructura y la aplicación de regulación asimétrica que dejaba, particularmente, a Pemex en desventaja frente a sus competidores privados. En este sentido, aunque la administración de AMLO no logró cambiar el régimen jurídico, sí consiguieron invertir en infraestructura para CFE y Pemex , así como reducir la deuda de ambas empresas.
En cuanto a las leyes correspondientes al sector eléctrico y de hidrocarburos, nuevos principios se integraron. La pericia que tienen estas leyes consiste en que lograron aclarar y separar las reglas correspondientes al sector privado y al sector público. Ahora, las actividades a cargo de las empresas públicas son consideradas de interés general. Así, frente a cualquier disputa judicial o administrativa se debe interpretar que el interés público deberá prevalecer por encima del interés privado. Con el antiguo régimen y las resoluciones emitidas por el Poder Judicial, se había interpretado que el interés privado y la libre concurrencia debían prevalecer por encima del interés general. Además, se reorientó al sector energético con un enfoque de justicia social.
Ahora enunciaré los conceptos más destacados que evidencian esta reorientación dentro del nuevo régimen:
Soberanía Energética: es el principio que obliga al Estado Mexicano a garantizar a la población el suministro de electricidad al menor precio posible.
Seguridad Energética: consiste en la obligación que tiene el Estado para garantizar la calidad y continuidad de la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Este concepto se hace relevante, porque cualquier anomalía o afectación al SEN podría ser considerada, incluso, como un riesgo de seguridad nacional. Esto no se trata de una postura totalitaria o de excepción, por el contrario, se asume que cualquier perturbación al SEN puede afectar la vida de millones de personas, por lo que el Estado debe garantizar su correcto funcionamiento.
Accesibilidad: principio que garantiza que no existan obstáculos, limitaciones o dificultades que impidan el acceso equitativo, continuo y oportuno del suministro eléctrico, asegurando su disponibilidad para todas las personas usuarias en condiciones justas y no discriminatorias. Este principio da forma de derecho humano al suministro de electricidad, es decir que la nueva ley le da características similares a las de un derecho económico.
Confiabilidad: habilidad y capacidad del Sistema Eléctrico Nacional para satisfacer la demanda de energía eléctrica de las personas usuarias finales bajo condiciones de suficiencia, seguridad de despacho, conforme a los criterios de continuidad, accesibilidad, calidad, seguridad y sostenibilidad que determine la autoridad administrativa;
Continuidad: satisfacción de la demanda eléctrica de las personas usuarias finales con una frecuencia y duración de conformidad con los criterios técnicos establecidos por la autoridad administrativa;
Justicia Energética: acciones o estrategias encaminadas a reducir la pobreza energética, las desigualdades sociales y de género en el uso de la energía e impulsar el desarrollo regional y la prosperidad compartida mediante el acceso a energía e infraestructura energética confiable, asequible, segura y limpia para la atención de necesidades básicas, la reducción de impactos en la salud y el medio ambiente. Incluye también la ampliación de espacios de participación inclusiva, principalmente de los pueblos originarios, en las cadenas productivas locales de los proyectos energéticos. Este concepto coloca el enfoque justicia como eje del funcionamiento del sector y desarticular la visión neoliberal de que el mercado y la libre concurrencia deben prevalecer en el sector;
Pobreza Energética: Situación que ocurre cuando en una vivienda no se alcanza a satisfacer una o más necesidades energéticas básicas, como son el calentamiento de agua, cocción y conservación de alimentos e iluminación, debido a sus condiciones de ingresos y carencias sociales;
Prevalencia: se establece la preponderancia del Estado respecto a los particulares en las actividades de generación y comercialización, ya que es el responsable de garantizar la confiabilidad, seguridad, continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad. Es importante remarcar que en este concepto se excluye la transmisión y distribución de energía, en virtud de que este sigue siendo un sector exclusivo del Estado. Este principio se incluyó porque durante el sexenio de AMLO el Poder Judicial, hasta antes de las reformas constitucionales referidas, estableció la preponderancia del mercado y la libre concurrencia. Lo que hace este principio es desarticular el carácter mercantilista del sector como fin último, y lo coloca como una consecuencia de la satisfacción de necesidad de conformidad con el interés general.
Además de estos conceptos las leyes del sector de electricidad y de hidrocarburos establecen la obligación de realizar consultas a pueblos indígenas cuando éstos se vean afectados por proyectos de infraestructura energética, así como la obligación de realizar estudios de impacto social. Todo lo anterior como un requisito para el funcionamiento de proyectos.
Si bien es cierto, que tanto la consulta indígena como las evaluaciones de impacto social ya se contemplaban y realizaban con el antiguo régimen, lo cierto es que estas fueron muy laxas. Por lo que la presente administración tiene la obligación de hacer que estos procesos se cumplan como garantías de derechos fundamentales y no se conviertan en simulaciones jurídicas.
¿Qué pasa con el mercado eléctrico mayorista y todo el sector que se abrió al libre mercado en 2013?
Al respecto, las personas más radicales de los movimientos sociales y cierta militancia obradorista querían que regresáramos a un sector de corte estatista, para reducir al máximo la participación de los particulares. Sin embargo, lo cierto es que para cubrir el 46 % de la producción de energía que está a cargo de particulares, se tendría que invertir en infraestructura sumamente costosa o se tendrían que expropiar a los particulares, lo que también implicaría el pago a favor de los expropiados y decenas de arbitrajes internacionales de inversión vendrían en cascada. Por lo cual el costo político y económico es demasiado elevado para tomar una medida de este tipo.
Para resolver esta situación en las leyes se clarificó que el mercado eléctrico funcionó con sus participantes, en condiciones de libre mercado y que las participaciones de las empresas públicas del estado tendrían que atender al interés general, por lo que no se les podrían aplicar las mismas reglas. En otras palabras, dentro del sector se separa lo público de lo privado. Con esta configuración el Estado mexicano puede poco a poco aumentar y mejorar su infraestructura eléctrica para reducir la participación de entes privados. Cabe mencionar que el mercado que genera más utilidades es el de consumidores industriales, mientras que el consumo residencial ha sido históricamente adoptado y subsidiado por el Estado. En este sentido, lo que se espera es que además de que el Estado controle el consumo de baja tensión también participe preponderantemente en la venta de energía de media y alta tensión, ganando terreno poco a poco y generando cada vez mayor utilidad a favor de la infraestructura pública.
A pesar de lo anterior, estas nuevas leyes no dejan lugar a un régimen especial para proyectos sociales y comunitarios de generación de energía. Y si bien, este tipo de proyectos son referidos o mencionados en la legislación, lo cierto es que no se establece un esquema social con reglas que faciliten la instalación de pequeñas generadoras de energía superiores a 0.7 MW. En este sentido, este es un reto que aún queda pendiente de estructurar.
En conclusión
En este breve recorrido pudimos observar que la soberanía energética es la posibilidad que tiene un Estado para garantizar la reproducción de vida de sus habitantes, a través de la satisfacción de necesidades energéticas individuales y colectivas. Observamos que cuando un Estado pierde autonomía en el control de sus insumos para generar energía, compromete su soberanía y pierde poder frente a quien ejerce ese control como sucedió en el caso de Alemania. Asimismo, esa autonomía se pierde cuando se permite que las empresas privadas tomen control del sistema eléctrico, comprometiendo las redes eléctricas. La soberanía energética se ejerce frente a otros Estados y empresas. La solución a este problema dependerá de las posibilidades de cada país para gestionar sus propios recursos de forma autónoma para mantener una rectoría económica.
El nuevo régimen jurídico en esta materia, permitirá al Estado mexicano ejercer su rectoría económica con un enfoque orientado al interés general. El éxito de estas reformas dependerá de la habilidad que tenga la administración de la 4T para gestionar los recursos públicos y privados en aras del bien común.