El modelo T de la democracia mexicana: Una historia crítica de la Transición a la democracia en México (1968-2018)

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Introducción: 

El 2 de junio de 2018 la avenida Juárez en el centro de la capital mexicana estaban repletas de simpatizantes del candidato presidencial de la Coalición por el Bien de Todos. Ciudadanos de a pie, comerciantes ambulantes, militantes trotskistas, adultos mayores, niños y periodistas rodeaban las pantallas colocadas frente al hotel Hilton casi enfrente al hemiciclo a Juárez. Congregados en la espera de que el Instituto Nacional Electoral (INE) declarara ganador de la elección a Andrés Manuel López Obrador, la expectativa era enorme, aunque la certeza era total. El triunfo era apabullante y no cabía duda alguna. Sin embargo, el anuncio de que más de 30 millones de electores habían votado por él señalaba el fin de un sistema de partidos al que desde hacía más de dos décadas solíamos llamar la “Transición”. 

Seis años después, el consenso sobre los destinos del país estaba roto. La idea de que nos dirigíamos a una economía de mercado con mínima intervención estatal, un sistema electoral competitivo con altas restricciones al actuar presidencial y media decena de organismos constitucionales autónomos saltó por los aires. No es extraño que la “Transición a la democracia” sea ahora una marca registrada de quienes se identifican como opositores al proyecto del presidente López Obrador. Sin embargo, la politización del término “Transición” deja abierta la pregunta de qué fue, por qué ocurrió y por qué terminó ese proceso político. 

En el presente texto planteo que la llamada Transición a la democracia en México puede entenderse como un periodo histórico en el que un sector de la elite post-revolucionaria negoció con parte de sus opositores el desmantelamiento de un sistema de partido hegemónico para sustituirlo por un sistema de elecciones relativamente competitivas al tiempo que se avanzaba en la implementación de reformas económicas de corte neoliberal. Los defensores de este proceso, incluyendo a varios actores claves en la construcción del nuevo sistema, sostienen que el resultado final fue el establecimiento de una democracia liberal en México. Sus detractores, incluyéndome, cuestionamos que la creación de una economía de mercado abierta al mundo y protegida por organismos autónomos aislados de la representación popular pueda calificarse de democracia, a menos que pensemos que liberalismo es un sinónimo absoluto de democracia. En ese sentido, nuestra comprensión de lo sucedido entre 1968 y 2018 es producto de equiparar, intencionalmente o no, democracia y liberalismo. 

Para cuestionar esta equivalencia en las siguientes páginas abordaré críticamente la historia de la Transición. Comenzaré planteando como desde los años noventa y la primera década del siglo 21 periodistas, historiadores y politólogos construyeron un consenso intelectual en torno a la idea de una Transición de la Democracia en México, al que llamaré, el “Modelo T” de la democracia mexicana1. Un modelo que surgió como una alternativa crítica a lo que algunos llamaban la ideología de la Revolución mexicana y a aquellos vicios que esta justificaba: autoritarismo, corrupción, un Estado interventor en la economía y un nacionalismo cerrado al mundo2. Estos vicios eran la razón primaria detrás de ese nuevo consenso, pero eventualmente implicaron un rechazo del todo: la idea misma de Revolución como transformación radical de la sociedad, la aspiración de justicia social para los trabajadores del campo y la ciudad y, eventualmente, una renuncia a pensar la nación como un elemento aglutinador de la diversidad.  

Superar a la Revolución mexicana no fue tarea sencilla y requirió de un nuevo acontecimiento fundacional, el movimiento estudiantil de 1968. Todavía en 2025, los creadores del Modelo T de la democracia mexicana se consideraban como herederos del movimiento estudiantil de 1968 y lo ubicaban como el punto de arranque de la democracia mexicana moderna3. Historiadores y testigos han construido una memoria que ubican los meses de julio a octubre de 1968 como el momento en que irrumpe la revuelta estudiantil en la historia política contemporánea, pero también como una fiesta de la juventud universitaria en la capital y una señal de que las clases medias rompían con el régimen de la revolución. La participación masiva de estudiantes universitarios, su conexión con el momento global de protesta en los años sesenta y la trayectoria política de varios de los activistas vinculados al movimiento suelen ser sus argumentos para justificar la recuperación del octubre mexicano. Es por eso por lo que mi primera crítica al Modelo T pasará por replantear la centralidad del movimiento estudiantil del 68 como punto de inicio de la democratización. Convertir a 1968 en el comienzo de la lucha por la democracia hasta ahora ha servido principalmente para vaciar de contenido las demandas detrás de la protesta estudiantil. 

Baste considerar que la primera demanda del movimiento estudiantil fue la liberación de los presos políticos (comunistas y sindicalistas) no la realización de elecciones limpias4. Antes y después del movimiento estudiantil de 1968 era la revolución o la contrarrevolución lo que movilizaba a campesinos, profesionistas o estudiantes; mientras que la “apertura democrática” impulsada por Luis Echeverría fue durante mucho tiempo rechazada como una farsa y una estrategia contrainsurgente. En esas condiciones, figuras como Heberto Castillo (1928-1997) o el ala moderada del derechista Partido Acción Nacional (PAN) emprendieron su lucha por la participación electoral como grupos marginales rodeados por un mar de proponentes del discurso revolucionario. Solo en los años noventa cuando el modelo T de la democracia comenzaba su marcha triunfal por las instituciones el 68 se reinterpretó como el preludio de la democracia liberal.

Después de discutir la historia del modelo T de la democracia mexicana abordaré cómo estudiantes, campesinos y la clase media urbana marcharon y votaron en el contexto de una política dominada por las instituciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los años sesenta y setenta. En esa sección recobro las experiencias de la insurgencia cívica en San Luis Potosí encabezada por Salvador Nava (1914-1992) y de la izquierda nacionalista nayarita liderada por Alejandro Gascón Mercado (1932-2005) para argumentar que la lucha por el reconocimiento de la voluntad popular, el gobierno responsable y los derechos sociales precede y va más allá del 68. En las siguientes dos secciones analizaré la accidentada historia de la oposición electoral mexicana, su marginalidad y sus límites en los años ochenta. La historia del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y su continuación en el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) junto con el paulatino ascenso de la derecha moderada agrupada en torno al PAN me permitirán recomponer la prehistoria de nuevo sentido común con el que dotar de sentido al nuevo orden económico y social instaurado luego de 1982, el neoliberalismo. A estas alturas el paso de la narración se acelera y abordaremos en las dos últimas secciones el declive político del PRI, la derrota de las izquierdas sociales y políticas agrupadas en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y el triunfo de una democracia liberal de signo panista. En el epílogo discutiré brevemente como la crisis del orden político liberal, con su promesa de bienestar económico ampliado y de mayores libertades políticas, marcó el fin de la Transición y un colapso político del modelo T. 

El Modelo T de la democracia mexicana

La versión estándar popularizada por José Woldenberg y otros académicos explica la “Transición” como un proceso de reformas jurídicas y políticas que comenzaron con la reforma electoral de 1977 y culminaron con la alternancia en la presidencia que significó el triunfo del candidato del PAN, Vicente Fox Quezada. Para Woldenberg, antiguo sindicalista universitario y primer presidente del Instituto Federal Electoral, el modelo T inicia con una amnistía a los presos políticos de la guerrilla urbana y la legalización del Partido Comunista Mexicano (PCM), pero en realidad se centra en dos elementos: la ruta hacia una institución autónoma encargada de organizar las elecciones (la prehistoria e historia del Instituto Nacional Electoral) y la paulatina creación de escaños de representación proporcional en el Poder Legislativo (los diputados plurinominales y los senadores de representación proporcional)5. Que esas medidas se acompañaran de una agenda económica (la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (1994), la privatización de decenas de empresas paraestatales como Teléfonos de México y Televisión Azteca o la apertura del sector energético a la iniciativa privada (2013)) no suele conectarse tanto con el cambio político. ¿Quién estuvo detrás de ese cambio? Varios académicos impulsores del Modelo T, con mayor o menor sinceridad, describen la “Transición” como un pacto entre elites partidistas y las cúpulas del gobierno federal. Grupos que tenían intereses encontrados, pero que convergieron en la creación de un espacio político competitivo al mismo tiempo que avanzaron en la liberalización de la economía. 

Sin embargo, la retirada del Estado de la economía no implicó su desmantelamiento por más que la perdida de recursos y empleos en varios sectores ligados a la actividad productiva marcara los años noventa. En realidad, el proyecto neoliberal mexicano también significó la creación de organismos “técnicos” desprendidos de la administración pública y que pronto fueron elevados a grado constitucional. Esta nueva burocracia se benefició del aura democrática que una tenue analogía con el Instituto Federal Electoral les dio. Poco o nada importaba que se tratara de organismos de competencia económica, regulación de telecomunicaciones o evaluación de la educación, la alquimia del modelo T hizo de todos ellos instituciones democráticas. 

Y aunque el Modelo T suele centrarse en los partidos políticos, en el Estado y en sus instituciones; los ciudadanos y la sociedad civil suelen ser el correlato de toda esta narrativa. Idealmente, el avance democrático en México, una vez que se mueve el foco de la parte institucional, se achaca a un ciudadano de nuevo tipo: informado, moderno e independiente. No se le asigna clase, género o edad, aunque todo eso aparece en su credencial de elector con fotografía. Ese ciudadano ideal en los primeros años se distinguía por actuar solo en oposición al acarreado, esa deformación de la acción colectiva. Pronto rompería el aislamiento y nutriría las filas de la sociedad civil, inscribiéndose en organizaciones no gubernamentales o marchando por la democracia u otros ideales abstractos. Sin embargo, como siempre pasa, el ciudadano modelo se cansaría de la vida pública y dejaría al activismo profesional la cansada labor de acompañar la protesta. A contrapelo de esa visión elitista y clasemediera de la Sociedad Civil, el escritor Carlos Monsiváis pugnó a inicios del siglo 21 por una sociedad civil entendida como suma de los nuevos movimientos sociales de los años ochenta y noventa (el movimiento urbano popular y los feminismos). Su visión plebeya de la sociedad civil no encontró mucho eco y la Sociedad civil mexicana terminara siendo otra institución más, su parte más influyente casi totalmente capturada por el financiamiento privado (el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad) y volcada apasionadamente a la defensa de la ley y orden6.

El ingrediente final del modelo T es el Estado de derecho como principio rector y garantía fundamental del ciudadano (privado) frente a la acción gubernamental y las decisiones de la mayoría (eso que antes se llamaba pueblo). Es lo que podríamos llamar el giro constitucional del modelo en un momento en que estos antiguos demócratas han renegado del voto y la representación política. De ahí la importancia que desde los últimos días de la Transición (2018) se le dio al Poder Judicial y su reforma de 1994. Sin detenerse mucho en el funcionamiento real de la judicatura, aquellos que se han declarado partidarios del Modelo T asumen que la profesionalización de los jueces desembocó en una independencia frente al poder político. Que los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo contadas excepciones como la investigación de la matanza de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero (1995), no funcionaran como contrapeso al proyecto neoliberal no aparece en su radar. 

La suma de todos estos elementos es una “Transición” de un sistema político dominado por un partido político, el PRI, y organizado como una economía de mixta de mercado donde el Estado intervenía fuertemente en la economía a una democracia constitucional con tres partidos políticos (PRI, PAN y PRD) que competían efectivamente por el poder político y a una economía de mercado con una intervención limitada del Estado. Una transición que tomó 20 años o 23 e hizo de México una “joven” democracia liberal y una economía capitalista con un nivel de desarrollo medio-alto.   

En esa narrativa, las luchas sociales por la tierra, los servicios y las libertades democráticas (una prensa libre y la libertad de expresión) aparecen más que nada como telón de fondo a las acciones de elites ilustradas negociando en los pasillos de Bucareli, San Lázaro o Los Pinos. Situar estos procesos dentro de una historia ampliada de la Transición pareciera a primera vista un remedio eficaz contra esta deriva elitista. El problema es que una revisión del funcionamiento real del Modelo T y de su historia van a contrasentido de la aspiración pluralista de sus defensores. 

Tomemos como ejemplo al campo y los campesinos, acaso los más grandes ausentes en el Modelo T de la democracia mexicana. Una explicación rápida de esta ausencia es que los creadores del modelo tenían un fuerte sesgo urbano, universitario y de clases medias del centro del país o que para fines del siglo 20 el peso demográfico de la población rural palidecía frente a la población urbana. Ahora bien, omitir las luchas campesinas por la tierra, la apropiación del proceso productivo y la autonomía deja de lado uno de los espacios de mayor conflictividad para el régimen post-revolucionario y también uno de los objetivos primordiales de las reformas económicas de liberalización, por no hablar de un fenómeno de reformas globales que sucedieron literalmente aquí y en China. La omisión ayuda a ocultar que el impacto de esas luchas en la democratización vino únicamente de una elites empresariales cada vez más comprometidas en su oposición al régimen post-revolucionario7. 

Mantener fuera de foco la relación entre neoliberalismo ascendente y democracia ocurre en el Modelo T acentuando el cambio estructural, las instituciones como actores de todo el proceso. Para los defensores del modelo T, al final del día, el progresivo pluralismo de los resultados electorales luego de 1988 son siempre un producto de las reformas electorales, no su consecuencia. No es difícil encontrar la inspiración de este relato en la literatura sobre el fin de las dictaduras militares en Sudamérica en los años ochenta, el colapso de los regímenes comunistas de Europa del Este y en la versión liberal de la historia de la Transición española. En la segunda década del siglo 21 casi toda la academia se había instalado cómodamente en una idea de la democracia representativa conquistada a través de la progresiva aprobación de reformas estructurales de la economía (privatizaciones y apertura comercial) y una periódica introducción de regulaciones al sistema electoral (autonomía al IFE y mayores cuotas de representación proporcional partidaria). El fetichismo de la institución electoral es un rasgo compartido de casi todas las historias de la Transición democrática. 

Ahora bien, esta historia academicista logró implantarse como un nuevo sentido común porque desde finales de los ochenta se le fueron agregando una banda sonora, una filmografía y, en menor medida, un canon literario. El anti-estatismo de Gimme Tha Power de Molotov, con líneas como “A la gente que está en la burocracia/ A esa gente que le gustan las migajas” o la reinterpretación del priismo corruptor de mediados de siglo de la película de 1999 “La Ley de Herodes” podían leerse de izquierda a derecha como ataques al autoritarismo priista. Poco a poco, los ecos de ensayos, discursos y canciones tanto como las negociaciones partidarias justificaron la idea de un “voto útil” para empujar la alternancia en el gobierno y derrotar al PRI. En palabras de Molotov “Hay que arrancar el problema de raíz (ajá)/ Y cambiar al gobierno de nuestro país” a través de una “oposición” unida8. Un consenso que sobreviviría con mayor o menor fuerza hasta el fin del sexenio del primer gobierno federal del PAN con Vicente Fox (2000-2006). 

Más o menos neoliberal, esa oposición se transformaría radicalmente después de 2006 para incluir en seno a su némesis, el PRI post-salinista. Estos “opositores” al PRI partían de una amalgama donde se confundían bajo los mismos nombres varias ideas no necesariamente coincidentes. A pesar de varios desacuerdos de tono, al final la mayoría de ellos terminaron confluyendo en la “democracia sin adjetivos” de Enrique Krauze donde se aspiraba a un sistema político competitivo, una presidencia limitada y una economía de mercado donde el Estado mexicano fuera libre de la carga de las empresas públicas creadas en la post-revolución9. 

El modelo T de la democracia mexicana se sustenta entre otras cosas en la idea de que luego de 1968 México experimentó un cambio político y social que hizo de una sociedad homogénea organizada por un sistema político monolítico una sociedad civil plural que demandó un orden democrático que diera cabida a la diversidad. La alquimia democrática convirtió en 30 años el carbón ardiente de las masas indiferenciadas, el pueblo revolucionario, en el oro plural y multiforme de la ciudadanía y la sociedad civil organizada. Y sin embargo, como la alquimia que no pasa de ser una mezcla de química y magia, esta imagen dista de tener un sustento más allá de una poco desarrollada comprensión de la realidad social y la historia. 

El pluralismo político precede al modelo T y se expresa en la explosiva historia política de las entidades federativas, desde los movimientos electorales de protesta como el Navismo en San Luis Potosí o el Gasconismo en Nayarit hasta la pervivencia de las izquierdas comunistas y las derechas panista y sinarquista a nivel municipal. Eso sin hablar de la diversidad de posturas al interior del PRI y su problemática relación con partidos satélites como el Partido Popular Socialista que a nivel local se convertían en oposición real y a veces hasta radical al régimen. Por eso, que la respuesta del gobierno priista haya sido la represión o la cooptación no es una negación del pluralismo político; sino una manifestación más de la lucha por el poder. 

Posiblemente, la tesis del pluralismo como causa y condición necesaria de la Transición a la democracia apareció como un efecto secundario del largo periodo de derrotas electorales y marginalidad política de los creadores del modelo T en su etapa como militantes de la izquierda partidista (Movimiento de Acción Popular, Partido Socialista Unificado de México, Partido de la Revolución Democrática). De un lado, esa marginalidad les hizo sobrevalorar la contención de la mayoría y, del otro, les impidió apreciar la multiplicidad de maneras en que una sociedad diversa encontró espacios de participación política en un régimen no democrático. Ese diagnóstico mutó en principio con el paso del tiempo e hizo de todas sus organizaciones un fracaso enunciado en términos electorales10. Y, sin embargo, su naturaleza inofensiva les permitió ocupar un nicho en las reformas estructurales del neoliberalismo mexicano.

Ahora bien, la tesis central de este capítulo es que la paulatina apertura a la participación libre de ciudadanos y grupos sociales en el México de finales del siglo veinte ocurrió como un efecto secundario del fracaso de las luchas por la transformación de las condiciones de vida de la población. Como respuesta a estas luchas, un sector importante de las elites intelectuales y económicas optó por construir una nueva institucionalidad política para encauzar la protesta social y limitar sus efectos disruptivos para el orden económico neoliberal que buscaban construir. Así, aprovechándose del momento global de crisis en los años setenta, estas elites unieron fuerzas con una porción de los herederos de la Revolución mexicana en una apuesta por liberar a la economía de mercado mexicana de los diques que le impuso el modelo de desarrollo estatista. Así, la “democracia sin adjetivos” mexicana tomó forma como una combinación de instituciones liberales y una liberalización paulatina de la economía. Neoliberalismo y democracia avanzaron juntas al grado que para quienes usufructuaron del sistema se hicieron indistinguibles. 

Los otros caminos a la democracia en México

En los años ochenta del siglo XX, no era inusual que conversaciones sobre la política mexicana comenzaran con una referencia al cacique potosino Gonzalo N. Santos y sus memorias. El interlocutor podía ser un maestro de secundaria, un profesionista o, simplemente, un ciudadano de a pie con una visión crítica del régimen de la Revolución mexicana, pero siempre se repetía el adagio “la moral es un árbol de moras” como prueba irrefutable de la corrupción priista. Y, sin embargo, había que escarbar demasiado para recordar al movimiento cívico que se opuso a Santos a finales de los años 50, el Navismo, e ir demasiado a fondo en el tema para descubrir que en sus orígenes se trataba de otra disidencia del PRI y no de un movimiento opositor propiamente dicho. 

En 1958 tres organizaciones cívicas potosinas, agrupando sobre todo a la clase media de la capital del Estado, lanzaron como candidato a la presidencia municipal de San Luis al doctor Salvador Nava11. Aspirando primero a la candidatura del PRI, Nava y sus simpatizantes rompieron con las reglas no escritas del sistema y al no ser propuesto como candidato Nava buscó la presidencia municipal de forma independiente. Como sucedería en varias ocasiones, las divisiones del PRI y el cambio de gobierno a nivel federal permitieron que la campaña siguiera y a los navistas conquistar la presidencia municipal de San Luis Potosí. No sin resistencia del PRI local controlado por el cacique Santos, el triunfo de Nava fue reconocido y durante tres años Salvador Nava gobernó la ciudad. 

Si bien la experiencia navista puede verse como una anomalía, la manera en que su movimiento encauzó el disenso en el estado y sostuvo una relación de negociación y conflicto con el PRI en el gobierno ponen en cuestión la idea de que el autoritarismo mexicano implicaba una sociedad homogénea y un Estado monolítico controlado por un partido invencible. Al contrario, los episodios en que la pluralidad política existente se expresaba en coaliciones que iban del sinarquismo al Partido Comunista hablan de una ciudadanía más activa e involucrada que la caricatura del control perfecto del partido gobierno que observadores como Mario Vargas Llosa o Rius transformaron en sentido común. Que la insurgencia cívico-electoral potosina terminara en cooptación y represión no niega la existencia de un espacio para la política legal. En todo caso, se trata de un episodio en una larga lucha de posiciones por conquistar la simpatía popular. 

Si el Navismo prefigura el discurso “ciudadano” con sus demandas por el respeto a las libertades cívicas y la tendencia a la formación de coaliciones ideológicamente flexibles, el Gasconismo nayarita de los años setenta subvierte la idea “pluralista” de la democratización y tiende un puente entre las luchas locales y el impulso neocardenista que desembocaría en el obradorismo del siglo XXI12. Resulta curioso que el éxito electoral de una izquierda estalinista y nacional revolucionaria pase de noche a los autores del Modelo T, pero a la distancia explica su incapacidad de entender el colapso de las instituciones de la Transición.

Comenzamos por desenterrar un proceso político cuyos héroes no pasaron la edición final del relato de la Transición en los años 90. En ese entonces poco importó que entre 1973 y 1988 Nayarit fuera uno de los escenarios olvidados de una ruta alternativa a la democracia. En 1973, Alejandro Gascón Mercado logró ganar la presidencia municipal de Tepic y desde ahí construir un proyecto político con miras a capturar la gobernatura para el Partido Popular Socialista (PPS). Al mismo tiempo, trabajadores tabacaleros, ejidatarios de la emergente zona turística de Bahía de Banderas y pescadores presionaban al gobierno estatal y federal para hacer realidad los postulados de la Revolución. 

En un periodo que la izquierda y al oposición en general eran incapaces de disputar espacios al PRI más allá de lo municipal, el Gasconismo nayarita era una fuerza regional en expansión. Por eso resulta extraña su ausencia del Modelo T de la democracia mexicana. Puede ser que Nayarit sea un estado fuertemente rural y periférico frente a las grandes ciudades del centro y el norte del país, pero comparado con la importancia que se le suele dar a eventos en Guerrero o Chiapas la omisión es sospechosa. 

Una explicación alternativa es el perfil político e ideológico de los gasconistas: maestros rurales de un marxismo-leninismo ortodoxo y una fe en el nacionalismo revolucionario de raigambre lombardista. En definitiva, el tipo de vieja izquierda que los entonces militantes universitarios eventualmente rechazarían en bloque a principios de los años 90 y que no haría el corte a la historia final de la Transición. La paradoja es que el Gasconismo adelantó varias de las facetas que ahora reconocemos como propias de la izquierda electoral. 

Si el Navismo ejemplifica la lucha por hacer efectivos los cauces institucionales de representación política y gobierno responsable, una venerable tradición revolucionaria inscrita en la Constitución de 1917; el Gasconismo fue una continuación de la veta izquierdista y popular que sin abandonar la vía democrática tenía por objetivo la consecución sustantivo del programa social de la Revolución mexicana. Ciertamente se trataba de una idealización del conflicto armado y la Constitución, pero la Revolución que imaginó Vicente Lombardo Toledano y otros marxistas mexicanos fue durante un siglo una poderosa herramienta de movilización política y una carta a negociar con los gobiernos postrevolucionarios. Comunistas, Gasconistas e incluso la izquierda del PRI se lanzaron en múltiples ocasiones a la lucha por la tierra, la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del campo y la ciudad al tiempo que usaban las elecciones para expandir su influencia. 

El entusiasmo perduró a pesar de que el PRI se negara a reconocer los triunfos electorales del Gasconismo en 1975 y la dirigencia nacional del PPS terminara reconociendo la derrota a cambio de espacios legislativos federales. Alejandro Gascón Mercado y los suyos se mantendrían en la oposición, rompiendo incluso con el PPS y formando su propio partido. Todavía alcanzarían a conectar su lucha con el proceso de reunificación cardenista de 1988 que desembocaría en la creación del Partido de la Revolución Democrática. 

Tanto el Navismo como el Gasconismo sucumbieron frente a la presión de un sistema político donde el gobierno del partido hegemónico todavía mantenía importantes recursos de movilización política y control económico. Que la respuesta del Estado frente al desafío de estas oposiciones fuera la negociación, la cooptación y por último la represión habla no tanto de una crisis terminal, sino de las tensiones propias de una sociedad capitalista en desarrollo. 

El post 68 mexicano: La búsqueda por una salida electoral al disenso

La oposición en México se mantuvo por décadas como una presencia marginal y por más que la espectacularidad de la protesta estudiantil milita en contrario, el colapso del consenso “corporativo” no llegaría sino muchos años después del 68. Tomemos el ejemplo de dos de las líneas políticas que terminarían disputándose el espacio público a finales del siglo 20, la izquierda no comunista (PMT) y la derecha liberal-conservadora secular (PAN). En los años sesenta ninguno de estos grupos consiguió atraer la lealtad de las masas de trabajadores o de las clases medias urbanas y rurales que aspiraban representar. Panistas y pemetistas seguían siendo solo una vociferante minoría de comprometidos militantes, nada más. 

Es casi un cliché, pero todavía la mayoría de los esfuerzos por la recuperación de memoria y la historiografía se concentran en los sucesos de 1968 o el movimiento armado socialista. También la historia política de la izquierda electoral mexicana suele usar el 68 como punto focal, pero un estudio más detallado mostraría que los eventos del 68 son únicamente un evento más en la continuidad de esfuerzos organizativos de estudiantes, campesinos y obreros. Y si bien el intento del presidente Luis Echeverría de legitimarse, luego de la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 y del Halconazo en 1971, abrió un estrecho espacio de participación política; Heberto Castillo y los militantes agrupados a su alrededor no hacían otra cosa que agregar un episodio más a la labor comenzada una década antes por el Movimiento de Liberación Nacional13.  

En los años setenta, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) todavía era un recuerdo cercano de como la vieja izquierda revolucionaria mexicana salió al encuentro de una Nueva Izquierda en germen. De cierta manera, fue un ensayo de la ola neocardenista de los ochenta, pero su rol como precursor de la lucha por la democracia desde las izquierdas terminó enterrada bajo el peso del mito del 68. Como muchas historias de los sesenta globales, el MLN aparece como un rayo en cielo sereno en el contexto del entusiasmo levantado por la Revolución cubana (enero de 1959) y la coyuntura de un giro a la izquierda por el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. En julio de 1959 el general Lázaro Cárdenas llamó a aglutinar a las fuerzas progresistas mexicanas de aquel entonces. Estudiantes universitarios, intelectuales públicos como el novelista Carlos Fuentes, comunistas y un joven ingeniero, Heberto Castillo, entre otros, acudieron al llamado del general y en agosto de 1961, en la estela de la invasión de Bahía de Cochinos, fundaron el MLN. 

Ese intento de construir un partido de masas había quedado incompleto por la imposibilidad de transformar el Movimiento de Liberación Nacional en un instrumento político que agrupara a campesinos, obreros, pequeños comerciantes e intelectuales insatisfechos por el abandono de las promesas de la Revolución mexicana14. El programa del MLN lo ubicaba claramente como una opción nacionalista de izquierdas: defensa de la soberanía nacional, anti-imperialismo, recuperación de las banderas sociales de la Revolución (derechos de los trabajadores y campesinos) y respeto a la Constitución de 1917 y de las libertades democráticas. A pesar de lo promisorio del esfuerzo unitario, ante el recrudecimiento de la Guerra Fría en América Latina, el proyecto naufragó. De un lado, la apuesta de esta izquierda no comunista enfrentó el escepticismo de quienes pensaron que la vía electoral carecía de sentido cuando la represión crecía y las armas parecían ser el único lenguaje sensato con el que responder a la cárcel, tortura y asesinato de campesinos, obreros y estudiantes. Del otro, el régimen postrevolucionario aún conservaba el atractivo suficiente como para atraer el apoyo de intelectuales y de la población con promesas de apertura democrática y justicia social. 

En el México del post-68, Heberto Castillo, quien había sido encarcelado por su participación en la protesta estudiantil, retomó al salir de la cárcel de Lecumberri el esfuerzo abandonado una década antes al colapso del MLN15. En una década cruzada por tensiones ideológicas globales, con una insurgencia global que volteaba a Cuba, China o Vietnam; el nacionalismo de los pemetistas los distinguía de la tradición internacionalista del comunismo ortodoxo que los jóvenes radicales querían retomar en su peregrinaje revolucionario. Esto les permitió sortear la crítica más efectiva que el “oficialismo” hacía a la izquierda, su desconexión con el país. Irónicamente, no fueron los únicos ni los primeros en intentar mexicanizar el socialismo, ese era un camino ya intentado por los comunistas en los años cuarenta; pero en un clima de renovada ortodoxia, su voluntad de invocar a Zapata antes que a Lenin se impuso como horizonte. Aún así, en su corta existencia, el PMT no logró convertirse en una opción electoral competitiva.

Si Heberto Castillo y el PMT representaron un intento de sacar a la izquierda del aislamiento haciendo uso del discurso radical de la Revolución mexicana; para los críticos de derecha la Revolución era algo que debía dejarse atrás. Desde los años 30, los panistas veían a la “gesta armada” como un artificio que sólo servía para enajenar al pueblo de México y fortalecer a un Estado que entorpecía el libre juego de las fuerzas económicas o limitaba las libertades civiles de una población católica. 

En los años sesenta el Partido Acción Nacional pasaba por un momento de crisis y transformación que paulatinamente lo colocó como la opción moderada de las clases medias16. Estas cada vez más insatisfechas con los gobiernos de la post-revolución voltearon al PAN como una vía para expresar su descontento, pero en ese momento el partido aún no terminaba de sacudirse de una mentalidad de sitio propia del catolicismo político derrotado luego de la Cristiada. La crisis era previsible si consideramos que, aunque Acción Nacional nunca fue un partido confesional ni la derecha reaccionaria que las izquierdas y el gobierno gustaban de atacar, muchos de sus militantes provenían de las filas del catolicismo organizado. 

Varios de estos jóvenes panistas, antiguos miembros de organizaciones como la Acción Católica, buscaron conectar al partido con la Democracia Cristiana y empujar al partido a tomar una postura más combativa frente al gobierno del PRI. Luego de años de concebir al partido como una empresa educativa en la formación de ciudadanos, los democristianos querían convertir al partido en un verdadero aparato político competitivo. El intento fue prematuro. Atrapado en un entorno dominado ideológicamente por el nacionalismo revolucionario y el peso del discurso jacobino del liberalismo mexicano, el intento en los años 50 de la juventud panista de conectarse con el entonces pujante movimiento demócrata cristiano internacional fue rechazado por la dirigencia. 

Irónicamente, las transformaciones globales del catolicismo permitieron retomar algunas de las propuestas de los democristianos. En los años previos al Concilio Vaticano II (1962-1965) varios dirigentes panistas formaban parte de una tendencia política apegada a los valores de la Iglesia, el anticomunismo y un intento de vía intermedia entre el capitalismo y el socialismo. Como muchos de su pares en Alemania, Chile o Italia, los panistas experimentaron los cambios del Concilio Vaticano II como una oportunidad de desprenderse de una visión estrecha de la participación política y reconciliarse con los valores democráticos de la modernidad. 

En ese sentido, la derecha mexicana se acercó al antesala del asalto al Palacio de la mano de un movimiento de secularización impulsado por los aires de apertura del Catolicismo social de los años 60. Sin embargo, lo hicieron limitando la influencia de aquellos sectores del panismo que pugnaban por una postura más militante frente al gobierno. Esa cautela sería puesta a prueba en varias pequeñas luchas entorno a la conquista de gobiernos locales en el norte y el occidente del país.

La formación de la Oposición: De la periferia al centro

El Partido Mexicano de los Trabajadores no era solo la continuación del Movimiento de Liberación Nacional y de una vertiente del movimiento estudiantil de 1968, también incluía en su seno el esfuerzo de retomar la lucha por la independencia sindical encabezada por Demetrio Vallejo17. Fueron esos vallejistas los que en muchos casos enseñaron a los jóvenes militantes de la Nueva Izquierda las artes de la protesta callejera y la propaganda política. 

No fue un caso aislado. En su larga marcha por las instituciones, y a pesar de sus reticencias frente a la vieja izquierda, casi en cualquier rincón a donde iban encontraron a viejos militantes comunistas con una historia de organización popular. Y si bien el PCM nunca fue un partido de masas, sus cuadros representaban en muchos casos una presencia constante de una izquierda independiente en lugares totalmente dominados por el PRI o el conservadurismo local. 

Como maestros en la montaña de Guerrero o en las colonias populares de Durango, estos comunistas representaron el núcleo de una oposición de izquierdas con influencia social desproporcionada a su fuerza política real. Ex alumnos y ex camaradas, muchas veces integrados al PRI, les permitieron mantener espacios en el sistema educativo y cultural mientras no representaran un riesgo real o no se tomaran muy en serio su fervor revolucionario. Cuando esto sucedía, la respuesta de los aparatos represivos del Estado trocaba la relativa tolerancia en súbita violencia. 

Violencia que a su vez generaba núcleos de resistencia armada, autodefensas campesinas, que entraban y salían de la legalidad entre negociaciones y amnistías, pero que conformaron el sustrato de la guerrilla moderna en México. Esa izquierda armada de origen popular, liderada en algunos casos por ex militantes del Partido Popular de Lombardo Toledano o cuadros comunistas provenientes del normalismo, va a formar una difícil alianza con el minúsculo sector del estudiantado radicalizado por la Revolución cubana y el post-68. Y aunque esa alianza fracasaría a nivel nacional, en el valle de Culiacán en Sinaloa dio lugar a una pequeña revolución local en 1974, el Asalto al Cielo18. Juntos van a enfrentar la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano: combate, persecución, cárcel, tortura y desaparición forzada. Sucesivas comisiones de la verdad apenas están desenterrando parcialmente la verdad de la violencia estatal, pero no queda claro si la Guerra Sucia de los años setenta jugó un rol relevante en la Transición más allá de servir de coartada para la legalización del PCM o, luego de su exterminio, dejar a la derecha como la única fuerza opositora en el norte del país. 

Ciertamente, un grupo de ex combatientes guerrilleros en los años noventa y luego de la alternancia buscaron ubicarse como precursores de la Transición, sin embargo, su intento va a contrapelo de los objetivos que perseguían al levantarse en armas contra el gobierno mexicano, la Revolución. En ese sentido, habría que seguir insistiendo que la génesis de la oposición electoral de izquierdas estuvo ligada con la zigzagueante historia de los intentos de unificar a partidos, tendencias y grupúsculos de izquierda en los años 70 y ochenta. Un proceso en el que el sectarismo, propio del fervor ideológico de los años 70 y querellas de larga data dentro del movimiento comunista internacional, no lograron superarse hasta unos cuantos años antes del colapso global del comunismo internacional en los años 90. 

Acaso la expresión más productiva de ese sectarismo fue la tercera vía dentro de las izquierdas, la izquierda social. Una opción revolucionaria heterogénea, no siempre alejada de las urnas, pero bastante escéptica del gobierno y las reformas electorales, que muchas veces consideró una farsa. Un observador atento de su desarrollo, el presidente Carlos Salinas, ubicaría a estas comunas populares de los afueras de las metrópolis mexicanas como el gran experimento democrático del post-6819. Pobreza rampante, puritanismo revolucionario y democracia directa llenan las crónicas de los barrios de ocupación que la prensa y la clase media llamaron despectivamente “paracaidistas”. Es esta fuerza plebeya, inestable y cambiante, la que llenaría las pesadillas del ciudadano en los años noventa como acarreado o criminal.

Ahora bien, fue en el campo que la movilización y la organización de diversos grados de disidencia desataron una serie de reacciones en cadena. De Mexicali a Veracruz, pasando por Morelos y Nayarit, los campesinos usaron una diversidad de tácticas y estrategias para reclamar el cumplimiento de las promesas de la Revolución20. Desde el tradicional uso de los tribunales y la captura de los órganos oficiales en ejidos y ligas agrarias hasta la autoorganización comunitaria y la movilización sindical, para los habitantes del campo toda forma de lucha era valida o útil. Y, por lo menos hasta inicios de los años 80, la necesidad de los presidentes post-revolucionarios de legitimarse con el reparto agrario les permitió obtener concesiones importantes que eventualmente harían que el empresariado agro-industrial norteño rompiera con el PRI para nutrir las filas del PAN. 

En los años sesenta fue la creación de la Central Campesina Independiente y sus esfuerzos para movilizar al campesinado fuera del control de la priista Central Nacional Campesina lo que representaría el principal núcleo de movilización popular del polo de fuerzas alrededor del proyecto del Movimiento de Liberación Nacional. Comunistas y otros militantes de izquierda, incluyendo activistas del Partido Popular, se hicieron presentes en demandas de crédito, tomas de tierras, marchas y negociaciones. Para los años setenta, activistas de origen estudiantil vinculados al PMT y otras fuerzas de la izquierda radical, confluirían en la lucha por la autonomía de las organizaciones campesinas o la apropiación del proceso productivo. Desde los ochenta esas luchas se reencausaron a una resistencia feroz por preservar algo de lo conquistado mientras la economía campesina iba de crisis en crisis durante la apertura comercial de los noventa. Porque en el México de fines de siglo, democracia y capitalismo fueron de la mano primero y antes que nada en el campo, donde no lograron borrar al campesino ni a la Revolución, pero dejaron una herencia de migración y narcotráfico que continúa hasta nuestros días. 

Fueron conquistas campesinas, apoyadas por el Estado, como la expropiación de la tierras del Mayo y el Yaqui para formar ejidos colectivos en el sur de Sonora en el último año del presidente Echeverría, lo que lanzó a varios pequeños y medianos empresarios a militar políticamente en el PAN. La defensa de sus derechos frente a la intervención estatal en el campo vino incluso antes que el éxodo de los banqueros y sus abogados. Y sin embargo, es la expropiación bancaria lo que parece haber quedado grabado en hierro en la memoria de la derecha mexicana21. No obstante, sin la protesta campesina, el exterminio de la guerrilla y la reacción de las clases medias de propietarios la oposición de derechas mexicanas nunca hubiera ampliado su círculo de militancia más allá de la vieja clase media católica que entonces era la columna vertebral del PAN. 

Este nuevo panismo se aventuró a conquistar espacios de poder a nivel municipal, una lucha con una ya añeja tradición dentro de la derecha mexicana. Y sin embargo, la llegada de políticos del norte del país con una impronta empresarial y un discurso anti-corrupción y pro democracia representó una amenaza a las fuentes de legitimación del Estado postrevolucionario. Poco a poco, la búsqueda de reducir la diversidad de luchas al mínimo común denominador haría opositor y anti-gobiernista un sinónimo irreflexivo. Donde antes la Liga Comunista 23 de Septiembre y los “enfermos” de Sinaloa intentaron hacer la revolución, Manuel Clouthier y Ernesto Ruffo iniciaron por fin la contra-revolución triunfante.

Los años ochenta mexicanos verán el colapso de la legitimidad de la Revolución mexicana entre las capas medias, empobrecidas por las crisis económicas de inicios de la década y, como muchos de sus pares alrededor del mundo, ansiosas de adquirir los bienes de consumo todavía producidos en el norte global. La era de la sustitución de importaciones, de la economía planificada y del socialismo como alternativa real de desarrollo estaba terminando.

Y aun así el mensaje tardó en llegar a las fábricas, parcelas y colonias que aún esperaban que la Revolución les hiciera justicia. 

La izquierda electoral permanecía estancada en la irrelevancia política, aunque triunfos municipales como el de la COCEI en Juchitán, Oaxaca o los municipios comunistas de la Montaña de Guerrero prometían romper el cerco. Incluso organizaciones provenientes de la izquierda social, como el Comité de Defensa Popular de Durango incursionaron en la arena electoral con cierto éxito y los troskistas del Partido Revolucionario de los Trabajadores buscaron hacer lo mismo en el ámbito legislativo y la lucha por los derechos humanos. Y en medio de ese proceso, las izquierdas comenzaron las primeras rondas de acercamientos para crear proyectos unitarios22. Reconociendo su debilidad frente al PRI y la derecha, militantes de diversas procedencias fueron poco a poco limitando sus sectarismos sin abandonarlos nunca por completo. 

No obstante, no fue ese nuevo ecumenismo lo que propició el surgimiento de una oposición de izquierdas con los números necesarios para disputar el poder, sino la ruptura del sector nacionalista revolucionario con el PRI. Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y varios distinguidos priistas encabezaron el éxodo del ala izquierda del PRI al formar primero una Corriente Democrática y luego aglutinar a casi toda las izquierdas en un Frente Democrático Nacional. El desenlace terminó en un llamamiento a formar una nuevo partido, el Partido de la Revolución Democrática usando el registro electoral que la reforma de 1977 había dado al Partido Comunista Mexicano. 

Aunque Acción Nacional terminaría por vencer culturalmente a sus adversarios durante la Transición, el Modelo T ha reconvertido al momento neo-Cardenista y el “fraude del 88” en el episodio clave del colapso del régimen de la Revolución. Con el paso del tiempo, la derecha mexicana perdió la batalla por la memoria. A ratos el líder del empresariado agrícola movilizado contra las expropiaciones de tierras en Sonora y Sinaloa, Manuel Clouthier “El Maquío” (1934-1989) aparece en escena en breves cameos, pero en realidad la película terminó por robársela el priista Manuel Bartlett. Político nacionalista, rival de los tecnócratas priistas al frente de su partido, en 1988 estaba encargado del manejo de la elección en su calidad de Secretario de Gobernación. Bartlett se convirtió en protagonista del relato de la Transición como villano por partida doble. Por un lado, generaciones de opositores lo han señalado como culpable de la “caída del sistema” de cómputo de votos por unas horas el 2 de julio de 1988, en un momento en que la oposición parecía sobrepasar al PRI, para luego ofrecer resultados que avalaban la victoria del PRI en la elección presidencial23. Por el otro, casi dos décadas después, alejado del “nuevo” PRI, Manuel Bartlett aparece como el enemigo jurado de las reformas estructurales del último gobierno priista (2012-2018) (apertura del sector energético a la inversión privada y extranjera). Ni un novelista podría haber inventado un enemigo así del modelo T de la democracia mexicana. 

El 88 como punto de partida de la desmemoria democrática

Casi todos los autores del modelo T de la democracia mexicana regresan ciclicamente a la elección presidencial de 1988 para señalar el fin de la hegemonía priista. Ese año una parte importante del ala nacionalista revolucionaria del PRI se desprendería del partido luego de intentar abrir la sucesión presidencial al escrutinio de las bases. Insatisfechos por el giro neoliberal iniciado por el presidente Miguel de la Madrid, Cuauhtémoc Cárdenas y otros socavaron el sistema de lealtades construidos desde los tiempos del Partido de la Revolución Mexicana sin derribarlo. Su fracaso sería doble, no detuvieron las políticas neoliberales ni democratizarían al PRI. El premio de consolación, el final feliz de casi toda la literatura, sería convertirse en los precursores de la democracia moderna en México.

El argumento es demoledoramente eficaz en su sencillez. Hasta el penúltimo presidente de priista, Ernesto Zedillo, lo repitió en 2025, mexicanos de todas las adscripciones ideológicas se dedicaron en las décadas siguientes en construir un sistema electoral y unas instutuciones que reflejaran verazmente la voluntad popular expresada en el voto. Eliminar las coacciones y obstáculos para el libre ejercicio del sufragio se convirtieron en el alfa y el omega de la política mexicana. Y para 1997, con unas elecciones intermedias federales que terminaron la mayoría priista en el Congreso, lo consiguieron. Después vino la alternancia en la presidencia en el 2000 con Vicente Fox y los mexicanas y mexicanos se instalaron en una jóven y vibrante democracia liberal. Todo esto gracias al fracaso necesario del nacionalismo revolucionario neocardenista en 1988. Una vez más, lo omitido es tal vez tan importante como lo que se incluye en esta resumida historia política del final del largo siglo 20 mexicano. 

Porque la derrota de la hegemonía política viene de la mano con el desmantelamiento del modelo ecónomico de sustitución de importanciones, la paulatina disminución de puestos de trabajo sindicalizados y el fin de la reforma agraria. Hasta el final, la coalición priista mantuvo en pie la fachada del orden corporativo, pues nunca hubo una ruptura oficial con la Confederación de Trabajadores de México (CTM) o la Confederación Nacional Campesina. Lo que sucedió es que la expansión de la economía informal y la desvinculación política de los trabajadores cortó las correas de dirección que antaño movilizaban recursos y votos en beneficio del PRI. El sindicalismo magisterial, ese sobreviviente de épocas pasadas acabo por convertirse en un actor político independiente y de propio derecho. 

El otro gran heredero del 88, la izquierda electoral contemporánea agrupada en el Partido de la Revolución Democrática, siguió una trayectoria accidentada24. La izquierda partidista mexicana terminó el siglo XX con una sensación de desorientación y oportunidades perdidas que sus constantes triunfos electorales de los años siguientes no pudieron borrar. No es extraño que esa izquierda haya transitado de la crisis del socialismo real a una nueva identidad democrática y de ahí a un redescubrimiento de la diversidad cultural y a un replanteamiento en clave socialdemócrata. La fluidez ideológica suele ocultar una transformación social y política al interior del PRD que poco tiene que ver con esas etiquetas y que en cambio muestra el desgaste de la militancia proveniente de los movimientos sociales y de las antiguas organizaciones radicales de los años sesentas y setentas. A eso hay que sumar el colapso de los referentes internacionales de la izquierda revolucionaria, la crisis de la tercera vía y el surgimiento de un polo de izquierda radical no partidaria ligeramente agrupada entorno al neo-zapatismo. 

Tanto el PRD como la izquierda radical no partidaria compartían cierta experiencia común en la lucha social. Varios de sus activistas se movieron de un campo al otro en los años setenta y ochenta. Lo mismo sucedió con simpatizantes y votantes. La larga historia de movilización sindical y campesina desembocó primero en la insurgencia electoral y después en las marchas por la justicia y paz en Chiapas. Además de que una vez superado el primer momento de romanticismo, la recuperación de la historia de las comunidades indígenas chiapanecas en armas revelan un sedimento tras otro de las olas de la nueva izquierda mexicana: una Iglesia católica liberacionista, la izquierda estudiantil en búsqueda del pueblo, la autoorganización ejidal y, por último, la guerrilla como alternativa de lucha política y síntesis de todos los anteriores caminos25. Su reaparición en 1994 luego del “fin de la historia” encauzó la energía de una nueva generación de militantes que frente a la “deriva” parlamentaria del PRD encontraría un horizonte global en el alzamiento neozapatista. 

Hoy, hoy, hoy: De la rebelión a la alternancia.

En 1991 el diretor Gabriel Retes estrenó su película “El Bulto” una versión mexicana del cuento de Rip Van Winkle en los días de gloria del Salinismo. Lauro, el protagonista del filme, despierta de un largo coma provocado por una golpiza sufrida en el jueves de Corpus de 1971 y se encuentra en un país irreconocible. Fotografo de izquierdas se reencuentra con una familia que no ha visto en 20 años y apenas recuperado recibe a los amigos de otras épocas, incluyendo a su cuñado, “el más rojillo de todos”, ahora integrado en el sistema, dueño de una “bonita casa” y tres coches. El cuñado le informa sonriente que ahora cree en Dios y es partidario del presidente Carlos Salinas de Gortari. Lauro lo rechaza con sorna llamándolo un burgués que ha olvidado sus principios y la conversación termina en pleito familiar26. El desencuentro es total y aún así la anécdota filmica refleja cierto estado de ánimo imperante entre 1988 a 2006 cuando México vivió su episodio de hegemonía liberal en sintonía de un mundo que salía de la Guerra Fría. Democracia liberal y libre mercado se convirtieron en las únicas alternativas disponibles para organizar la sociedad y muchos de aquellos que no hace mucho soñaban con la Revolución se refugiaron la lucha por los derechos humanos. 

La democracia liberal se extendió como paradigma universal, pero el concepto mismo de democracia se contrajo a una versión mínima. Ideas de democracia directa o participativa se esfumaron o terminaron arrinconados a la practica municipal o comunitaria. Si en todavía en los años ochenta las coordinadoras de masas del campo o la ciudad se atrevieron a experimentar con el asambleísmo o la dirección rotativa, en los noventa y en el dos mil el límite de lo imaginado fuera de la protesta estudiantil eran los ejercicios de presupuesto participativo en la Ciudad de México. 

La apuesta por la apertura comercial y una reforma política que mantuviera en el poder al sector neoliberal del PRI hicieron posible el reconocimiento del triunfo del PAN en Baja California y, eventualmente, en Guanajuato. Al mismo tiempo, en Michoacan, Guerrero, Chiapas o Tabasco, los contingentes campesinos movilizados por el PRD vieron cerrado todo acceso al gobierno municipal o estatal. A cada nuevo “fraude” los perredistas respondieron con protesta y movilización, lo que les ganó una fama de “violentos” azuzada por los medios afines al gobierno. Paradojicamente, sus protestas los transformaron en blanco de la represión policial y la violencia política de las elites locales, dejando un saldo de más de 300 perredistas asesinados antes de 1996. Codo a codo con la violencia política, la administración de Salinas trabajó arduamente para cooptar a organizaciones y líderes sociales con recursos de los nuevos programas sociales, varios de ellos operados por antiguos militantes de las organizaciones de izquierda de los setenta27. No sorprende entonces que para 1997 el potencial radical del neocardenismo estuviera agotado. En la mayor parte del sur del país, la democracia y la modernidad siguieron siendo un horizonte lejano.

Solo el colapso económico de 1995 frenó el éxito total del proyecto de reforma neoliberal iniciado en 1982 con Miguel de la Madrid. La velocidad de las reformas disminuyó y a los viejos agravios se sumaron nuevos, como la socialización de las perdidas de los banqueros a través del Fondo de Protección para el Ahorro Bancario (FOBAPROA). Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con su recién estrenada “independencia”, enfrentó el reto de responder a la crisis y ante la demanda de frenar el desalojo de miles de deudores por bancos y despachos de cobranza no vaciló en inclinar la balanza de la justicia en favor de la estabilidad económica28. En los años siguientes la impopularidad de sus decisiones su sentencia de 1998 sobre el cobro de intereses sobre intereses (anatocismo) luego de la crisis de 1995, se tomó como prueba de que la Corte iba por buen camino. Un ladrillo más en la pared, pero parte de una historia que explica la escasa confianza de la Suprema Corte entre la población a principios del siglo 21. 

En ese ambiente de protesta y reacomodo político, la oposición de izquierdas y derechas conquistó espacios en el legislativo, mientras que la izquierda se hizo del gobierno de la Ciudad de México. Todo apuntaba para que en el 2000 el PRI enfrentara de nuevo una elección competida. Y aunque después de las atropelladas experiencias de 1988 y 1994 la expectativa de como reaccionaría el PRI ante una victoria opositora eran de pronostico reservado, la realidad era que luego de los avances políticos de la derecha mexicana y la construcción de un sentido común opositor en amplios sectores de la población las posibilidades de producir la alternancia a nivel federal no eran pocos. 

Después de todo, Acción Nacional había logrado conquistar posiciones en los gobiernos estatales de varias entidades del norte y occidente del país (Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco). Eso impulsó que a la ya tradicional militancia proveniente de  las organizaciones laicas católicas se sumaran empresarios y activistas de organizaciones civiles conservadoras (Rotarios, club de leones y Provida). Con cada victoria electoral la presencia de la derecha mexicana en la vida pública se normalizó, mientras que a partir de 1992 la Iglesia Católica y otras expresiones religiosas salieron del ostracismo al que los había condenado la herencia jacobina de la Constitución de 191729. La coyuntura era propicia para que desde la región conservadora del Bajío, en Guanajuato, un político de trayectoria empresarial y conexiones con el mundo católico se lanzara a la construcción de una coalición opositora.

Como muchos políticos panistas de su generación, Vicente Fox Quezada se unió al partido en 1988 entusiasmado por la campaña de Manuel Clouthier. Antes había trabajado como presidente de Coca Cola México y estudiado adminstración de empresas en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Irreverente y contestario, Fox compitió por la gobernatura de Guanajuato donde acusó ser víctima de un fraude en 1991. Luego de una importante movilización social, el gobierno de Carlos Salinas entregó la gobernatura al panista Carlos Medina Plascencia en lo que se denominó una “concertacesión”. Cuatro años después, Fox ganó la gobernatura y fijó un nuevo objetivo: la presidencia. 

Vicente Fox y sus amigos (empresarios, profesionistas, activistas conservadores y “ciudadanos de a pie”) se lanzaron al asalto a Palacio desde 1997. Su larga campaña de 3 años, efectiva en términos de comunicación política en medios y con una gran capacidad de forjar alianzas con sectores del centro y la izquierda, culminó exitosamente en el 2000. Como proyecto sobrepasaron al PAN, pues usufructuaron el hartazgo acumulado por las recurrentes crisis económicas, la escalada represiva y el creciente autoritarismo de los gobiernos del PRI. 

La impaciencia por un cambio, el que fuera, contra un regimen que percibían agotado era palpable. Pocos eventos ejemplifican ese momento como la discusión del 23 de mayo del 2000 entre los 3 candidatos punteros de la elección presidencial en la casa de campaña de Cuahtemoc Cárdenas. Un dialogo público ante las cámaras de televisión mostraba a un Fox intransigente, respondiendo a cada propuesta de fechas para el debate con un “hoy”30. En otra circunstancia el exabrupto pudo haberse leído como falta de compromiso con el dialgo, pero en las siguientes semanas se transformó en un nuevo slogan de campaña, en un “¡ya!”.

Epílogo: El día después de mañana

Los tres sexenios de la alternancia, de 2000 a 2018, continuaron y ampliaron las reformas estructurales de las administraciones de Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000). El peso de la derrota de la resistencia al neoliberalismo fue tal que un sector importante del PRD acabo uniéndose a sus contrincantes en el llamado Pacto por México (2012-2015). En diciembre de 2013 el monopolio estatal del sector energético (petróleos y electricidad), el último tabú de la ideología de la Revolución mexicana, fue eliminado sin mayor trámite a pesar de las protestas frente a la sede del senado en el cruce de avenida Insurgentes y Reforma. Y aunque el PRD votó en contra, su alianza con el PAN y el PRI habían posibilitado el acercamiento entre los antiguos adversarios de la Transición. 

En 2015 el nuevo entramado constitucional parecía imbatible. Luego de dos intentos fallidos de conquistar con el PRD, el político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador seguía en su marcha por el desierto. Nada auguraba que una tercera campaña, ahora desde su nuevo partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), terminara en buen puerto. Entonces, las costuras del régimen de la Transición, eso que el modelo T justificaba, comenzaron a soltarse. 

En la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa Guerrero fueron detenidos por las policías municipal y estatal. En las horas siguientes los estudiantes desaparecieron, posiblemente asesinados, con la posible intervención del ejército. El hecho estremeció al país y los meses siguientes fueron testigos de una movilización nacional en solidaridad de los padres y los sobrevivientes del hecho. La memoria de la Guerra sucia, los saldos de la Guerra contra el Narcotráfico iniciada en la administración de Felipe Calderón (2006-2018) y la resistencia al intento del Estado de “recobrar la rectoría de la educación” y desplazar al sindicalismo magisterial, todo junto y por separado, destrozaron la legitimidad social de los partidos de la Transición. 

En esa ola de protestas, López Obrador retomó las banderas de la Revolución mexicana: justicia social, intervención del Estado y defensa de la soberanía nacional. Los que tres décadas atrás denunciaban a la Revolución como una coartada de la corrupción y el autoritarismo, eran condenados por el discurso obradorista como culpables de corrupción, dispendio y, peor aún, autores de un sistema que únicamente beneficiaba a las elites económicas, culturales y políticas. De Tijuana a Chetumal, de Veracruz a Puerto Vallarta, en 2018 solo Guanajuato no se pintó del guinda de Morena31. 

En conclusión, si tomamos en serio al Modelo T, la Transición a la democracia se reduce a la alternancia electoral entre la derecha y la centro derecha (PRI-PAN) y a la construcción de instituciones autónomas (INE, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Comisión Federal de Competencia Económica, etc.). Al final de cuentas, el sentido del voto era irrelevante, y lo era porque esa “democracia” se construyó sobre la aplastante derrota de las luchas populares contra el desmantelamiento del proyecto de la Revolución mexicana. Esa victoria de la democracia, pronto apodada como constitucional, encerró por tres décadas en una bóveda blindada las relaciones entre democracia liberal y neoliberalismo económico. Cuando por fin esa relación se hizo obvia, todo el andamiaje institucional colapsó y no hubo nadie suficientemente fuerte para recoger sus retazos.

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  1.  Retomo la expresión “modelo T” para referirme a la democracia mexicana, inspirado en el uso que el historiador Grigor Suny hace del término Model T en la historiografía soviética. En el caso de Suny, la “T” alude a la interpretación de la historia soviética a través del prisma del totalitarismo. De forma similar, los impulsores del modelo T mexicano compartieron varias de las intuiciones y supuestos de la crítica al totalitarismo al analizar el régimen posrevolucionario en México. Para una explicación del Model T, véase Ronald Suny, «Rethinking Soviet Studies: Bringing the Non-Russians Back In,» en Red Flag Wounded (Verso Books, 2020). ↩︎
  2. Para un ejemplo del modelo T de la democracia mexicana véase Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, La mecánica del cambio político en México: elecciones, partidos y reformas (México, D.F.: Cal y Arena, 2000). ↩︎
  3. Véase Enrique Krauze, «El verdadero hijo del 68,» Letras Libres (12 de mayo 2025). https://letraslibres.com/historia/enrique-krauze-zedillo-movimiento-1968-reforma-judicial/. ↩︎
  4. Véase Consejo Nacional de Huelga, «El pliego petitorio,» in La transición en México: Una historia documental 1910-2010, ed. Sergio Aguayo Quezada, (México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2010). ↩︎
  5. Véase José Woldenberg, Historia mínima de la transición democrática en México (México, D.F.: El Colegio de Mexico AC, 2012). ↩︎
  6. Véase Carlos Monsiváis, «No sin nosotros: La sociedad civil a veinte años del terremoto,» La Jornada (México, D.F.) 2005, 11 de diciembre, Masiosare, https://www.jornada.com.mx/2005/09/11/mas-carlos.html. ↩︎
  7. Para una historia del impacto de la movilización de “pequeños” propietarios contra el reparto agrario y su rol en la Transición véase Luis Aboites Aguilar, Los útimos años de la reforma agraria mexicana, 1971-1991. Una historia política desde el noroeste (Ciudad de México: El Colegio de México, 2022). ↩︎
  8. Véase Miguel Ángel Huidobro Preciado, Gimme Tha Power (México, D.F.1997). y Luis Estrada, «La ley de Herodes,» (México: Bandido Films, 1999). ↩︎
  9. Para la idea de “democracia sin adjetivos” véase Enrique Krauze, «Por una democracia sin adjetivos,» in Por una democracia sin adjetivos (Ensayista liberal 4), ed. Andrés Takeshi (México, D.F.: Debate, 2016). ↩︎
  10. Para una versión novelada de esta trayectoria política de los autores del modelo T véase José Woldenberg, El desencanto (México, D.F.: Cal y Arena, 2009). ↩︎
  11. En lo que sigue utilizo la reconstrucción de la historia del Navismo desarrollada en Alyssa Dori Goodstein, «Popular Opposition to the PRI: Navismo and State Repression in San Luis Potosí, 1958-1961» (Master of Arts in Latin American Studies University of California, Los Angeles, 2017). ↩︎
  12. Para una historia de la experiencia gasconista y sus militantes véase Carlos Rafael Rea Rodríguez, «El gasconismo: surgimiento de una cultura política regional,» Desacatos 25, no. Septiembre-diciembre (2007). ↩︎
  13. Sobre las contradictorias oportunidades presentadas por la “apertura democrática” véase Adela Cedillo and Ricardo Gamboa, «Interpretaciones sobre los espacios de participación política después del 10 de junio de 1971 en México,» en Violencia y sociedad. Un hito en la historia de las izquierdas en América Latina, ed. Verónica Oikión Solano y Miguel Ángel Urrego Ardilla (Morelia, Mich: Colegio de Michoacan-Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010). ↩︎
  14. Para un interesante recuento del impacto del MLN véase Eric Zolov, The last good neighbor: Mexico in the Global Sixties (Duke University Press, 2020). ↩︎
  15. Para una historia del PMT véase Javier Santiago, PMT La difícil historia 1971-1986 (México, DF: Editorial Posada, 1987, 1987). Para un acercamiento autobiográfico a las ideas y trayectoria política de Heberto Castillo véase Heberto Castillo, Libertad bajo protesta. Historia de un Proceso México 1973, Colección pensamiento actual, (México, DF: Federación editorial mexicana, 13/05/1973, 1973). ↩︎
  16. Para un acercamiento a la historia del PAN véase Soledad Loaeza, El Partido Acción Nacional, la larga marcha, 1939-1994: Oposición leal y partido de protesta (Fondo de Cultura Economica, 1999). ↩︎
  17. Para una historia del movimiento sindical ferrocarrilero y los antecedentes del vallejismo véase Robert F Alegre, Railroad Radicals in Cold War Mexico: Gender, Class, and Memory (U of Nebraska Press, 2013). ↩︎
  18. Para un recuento de la historiografía sobre la guerrilla véase Alexander Aviña, «Guerrilla Movements and Armed Struggle in Cold War Mexico,» in Oxford Research Encyclopedia of Latin American History (2017). ↩︎
  19. Véase Carlos Salinas de Gortari, «Política Popular: la organización social durante los setenta,» en ¿Qué hacer? La alternativa ciudadana, ed. Ariel Rosales (México, D.F.: Debate, 2011). ↩︎
  20. Para una historia de la movilización campesina Véase Armando Bartra, Los herederos de Zapata. Movimientos campesinos posrevolucionarios en México, Problemas de México, (México, D.F.: ERA, 1985; repr., 1986). ↩︎
  21. Sobre la nacionalización de la banca véase Amparo Espinosa Rugarcía y Enrique Cárdenas, eds., La nacionalización bancaria, 25 años después: la historia contada por sus protagonistas, 2 vols. (México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 2008). ↩︎
  22. Para un recuento de la historia de las izquierdas mexicanas en ese período véase Octavio Rodríguez Araujo, Las izquierdas en México (México, D.F.: Orfila, 2015). ↩︎
  23. Para una crónica de la elección y el rol de Bartlett véase Martha Anaya, 1988: el año que calló el sistema (México: Debolsillo, 2009). ↩︎
  24. Para un balance tardío del PRD véase Ricardo Becerra and Mariano Sánchez Talanquer, Izquierda, democracia y cambio social: PRD 1989-2019 (México: CIDE-Cal y Arena-PRD, 2020). ↩︎
  25. Para un acercamiento crítico y multidisciplinario a la historia política de algunas comunidades involucradas en el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional véase Marco Estrada Saavedra, La comunidad armada rebelde y el EZLN un estudio histórico y sociológico sobre las bases de apoyo zapatistas en las cañadas tojolabales de la Selva Lacandona (1930-2005), 2 ed. (Ciudad de México: Colegio de México AC, 2016). ↩︎
  26. Gabriel Retes, «El bulto,» (México, 1991). ↩︎
  27. Para una historia de esa coyuntura véase Paul Lawrance Haber, «La migración del Movimiento Urbano Popular a la polìtica de partido en el México contemporáneo,» Revista Mexicana de Sociología 71, no. 2 (abril-junio 2009). ↩︎
  28. Para una historia de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación véase Eduardo Torres Maldonado and Rebeca Pujol Rosas, «Ética y justicia en el caso del anatocismo: un caso de neoliberalismo judicial en México (Análisis crítico de las consecuencias jurídicas y sociales de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 7 de octubre de 1998),» Alegatos, no. 43 (1999). ↩︎
  29. Para este período de la historia del PAN véase Tania Hernández Vicencio, «Las Evidencias,» en Tras las huellas de la derecha: el Partido Acción Nacional, 1939-2000 (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2021). ↩︎
  30. Véase Expansión Política, «El ‘Hoy, hoy, hoy’ de Vicente Fox,» (2012). https://youtu.be/NwgOcFtlDZs?si=iOrJAKzPS6vZNkqb. ↩︎
  31. Para un análisis de la conformación de la coalición obradorista en 2018 véase Rosario Aguilar, «Las coaliciones electorales de López Obrador a través del tiempo: variaciones sociales y políticas,» en El viraje electoral: Opinión pública y voto en las elecciones de 2018 en México, ed. Alejandro Moreno (Ciudad de México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2018). ↩︎