El colectivo de la revista, convencido de la necesidad de reflexionar sobre las luchas recientes en México y discutir sobre las dificultades e incapacidades existentes para superar la situación en extremo deteriorada del país, quiere contribuir de manera crítica y propositiva al análisis de los movimientos sociales en las coyunturas recientes de la lucha política. El tema resulta relevante en sentido estratégico y complejo en lo político, pero urge impulsar a propósito de él un gran debate en todos los niveles y espacios. Se trata de un documento escrito a varias manos, donde distintas posiciones y formas de expresión se han conjugado a fin de presentar ideas que ponemos a la discusión de forma abierta y comprometida con las fuerzas sociales capaces de abrir el proceso de transformación democrática que requiere el país.
I. Grandes luchas, dispersión y derrotas
En un rápido recuento de la última década identificamos viarios episodios trascendentes de movilización socio-política en México: en 2005, el movimiento contra el desafuero del jefe del gobierno de la Ciudad de México y el arranque de la Otra Campaña, impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; en 2006, el movimiento contra el fraude electoral y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; en 2007, la lucha contra la privatización de las pensiones; en 2008 y 2009, la resistencia al golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas; en 2011, los campamentos de indignados y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; en 2012, el movimiento #Yosoy132 y las protestas antipeña; en 2013, las luchas magisteriales; entre 2013 y 2014, el estallido de las autodefensas en Michoacán; en 2014, las movilizaciones por los 43 estudiantes de Ayotzinapa; y finalmente, en 2015, una nueva ola de luchas magisteriales.
Paralelamente, y en medio de estos grandes conflictos sociopolíticos, aparecieron o se mantuvieron decenas de acciones de resistencia frente a una gran diversidad de agravios puntuales. Todos dan cuenta de la riqueza y la complejidad de la respuesta social a los problemas estructurales del país; y ésta se expresa en un amplio abanico de luchas de naturaleza y magnitudes diversas: movimientos campesinos e indígenas en defensa de la vida y el territorio frente a la ofensiva del capital; lucha armada de grupos guerrilleros y de autodefensas comunitarias en reacción a la penetración del narcotráfico; policías comunitarias; luchas obreras en diversas partes del país; movilizaciones estudiantiles de alcance nacional o local; movimientos urbano-populares; protestas de organizaciones de derechos humanos y movimientos de víctimas de la violencia que azota todo el país; movilizaciones democráticas contra fraudes, imposiciones, corrupción y otras agresiones contra los derechos; y luchas diversas que han adquirido gran relevancia, como el respeto de los derechos de las mujeres, (especialmente contra la violencia de género y por la despenalización del aborto), en defensa de la diversidad sexual y la ampliación de los derechos de la comunidad LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros e intersexuales), por ciudades más humanas que defienden el espacio público, promueven el uso de la bicicleta y otros transportes colectivos y sustentables, así como la lucha por la despenalización de la mariguana.
Aun si se valora esta vasta e irreductible capacidad de resistencia y lucha, pensar en las posibilidades de los movimientos sociales y políticos en el México de hoy implica situarse en perspectiva histórica y reconocer las importantes derrotas sufridas en las últimas décadas: 1988, 1994, 2006 y 2014 fueron momentos de extraordinaria movilización y fuerza que, sin embargo, se toparon —antes que con sus límites internos— con la sorprendente y contundente determinación y capacidad de las clases dominantes y la burocracia estatal, respaldada desde el exterior, para impedir un cambio de régimen. Sin dejar de valorar las experiencias y el alcance social de las luchas, habría que asumir claramente que, en relación con los anhelos democráticos e igualitarios que las animaban, forman una estela de fracasos políticos. En efecto, en paralelo y en comparación, en muchos países latinoamericanos se desarrollaron procesos similares de movilización popular, los cuales lograron desestabilizar los regímenes neoliberales, quebrar su acorazamiento hegemónico y, en muchos casos, propiciar cambios de gobiernos en un sentido progresista, con lo que se abrió un ciclo todavía en curso.
No sólo las relaciones y estructuras de dominación del capital y el Estado detienen o frenan a los movimientos sociales: es una realidad irrefutable que parte importante de la sociedad no se moviliza. Pese a que la hegemonía neoliberal y la legitimidad de la clase política que la sostiene están resquebrajadas, la subalternidad difusa y arraigada socialmente sigue operando como inhibidor o antídoto al cambio y constituye un piso firme para el ejercicio de una dominación por periodos menos hegemónica pero no menos eficaz y capaz de sostenerse en el tiempo.
En todo el país hay continuas luchas y movilizaciones sociales, muestra de la persistente conflictualidad de sociedades capitalistas como la nuestra. Sin embargo, de modo simultáneo grandes sectores sostienen de forma activa o pasiva el régimen de la alternancia partidocrática PRI-PAN y la orientación neoliberal y proimperialista que lo cimienta. Su base no es de modo exclusivo ni fundamental —como antaño— corporativa: involucra también a otros sectores, a los que el régimen ofrece ciertas bases materiales, beneficios de corto plazo y alcance pero tangibles; y no sólo a los más pobres a quienes se distribuyen migajas y promesas, sino a amplias franjas de clase media con vocación o aspiración consumista en la cual germinan ideas conservadoras, con no pocos rasgos reaccionarios, racistas y clasistas.
Por otra parte, en las dimensiones de México, con su enorme diversidad, la movilización se ha concentrado, sin menospreciar otros fenómenos regionales, en las zonas sureste y centro. Es evidente que esa fuerza no alcanza para enfrentar una estructura estatal todavía sólida, que en el sistema electoral y en la partidocracia y sus redes clientelares tiene recursos para legitimar y manipular que dificultan la tarea de quebrar inercias conservadoras arraigadas y promover la politización y movilizaciones masivas necesarias para imponer un cambio de régimen en sentido democrático e igualitario.
Pese a este escenario poco propicio, ciertos discursos triunfalistas acompañan los momentos de alza de la movilización y sirven eventualmente para motivar a los núcleos militantes, pero terminan siendo contraproducentes, pues erigen expectativas ajenas a un análisis concreto de las fuerzas en juego. Es necesario abordar y sopesar los ciclos de flujos y reflujos de la lucha tanto en el perímetro mexicano como en el contexto latinoamericano y mundial. No se puede además olvidar que el nuestro es un país integrado de distintas formas a Estados Unidos; esta potencia reorientó sus estrategias en una lógica de despojo, de renovada agresividad del capital, que también busca formas de eficacia y recurre a nuevas combinaciones de consenso y coerción. Habría que pensar por tanto a qué tipo de guerra de posiciones corresponde la estrategia por diseñar en aras de construir la posibilidad de una futura eficaz guerra de movimiento, en la cual retomar cierta ofensiva o contraofensiva, y entonces asumir la tarea de la proyección hegemónica como dinámica de transformación social que se pueda expandir y retroalimentar del plano institucional y estatal.
Aquí se observa, en términos de coyuntura, un prolongado momento defensivo, de reflujo, de construcción y reconstrucción de trincheras, de acumulación de fuerzas y de configuración y reconfiguración de subjetividades políticas. A diferencia de lo que muchos sostienen y proponen, a partir de un equivocado análisis de Gramsci, la estrategia hegemónica no inicia en el primer peldaño de la escalada institucional, sino en términos más clásicos, más leninianos, como reconstrucción de alianzas y articulaciones, desde la formación de un sujeto social y político autónomo, forjado como contrapoder al calor de la lucha contrahegemónica. La vocación hegemónica se manifiesta desde la existencia de una subjetividad fuerte que empuja, tiene capacidad de politización y puede sumar fuerzas, produciendo una nueva y más favorable correlación de fuerzas. Sólo en estas condiciones se proyectaría una eventual escalada en términos de la lucha político-institucional y político-estatal.
De modo simultáneo, en los últimos tiempos ha aparecido en México cierta radicalización desesperada de las formas de lucha, sin correspondencia con una maduración de los procesos políticos. La radicalización resulta un eficaz dispositivo antagonista si se finca en una politización que se difunda y arraigue en el plano social. En ese terreno existen, subsisten y se reproducen, en el México de nuestros días, sectores activos y avanzados políticamente; grupos de larga tradición y otros recientes. La efervescencia y persistencia del movimiento social permitieron no sólo la supervivencia sino la reproducción de núcleos militantes, con un significativo recambio generacional. Pero no parece que este fenómeno de reproducción sea masivo o tenga tendencia expansiva, que implique profundos y ampliados procesos de toma de conciencia. La radicalización actual se centra en los núcleos militantes, varios de ellos legítimamente frustrados por la ineficacia de determinadas estrategias de lucha y el efecto de las derrotas políticas mencionadas. Al mismo tiempo, esta radicalización voluntarista parece expresarse de manera fundamental en las formas de lucha y en la gestualidad revolucionaria, pero no siempre se refleja en estrategias y perspectivas políticas más elaboradas.
En efecto, el anticapitalismo no está siendo dominante ni siquiera en los sectores movilizados. Los grandes momentos de amplitud de la lucha no se basaron en ese horizonte ni difundieron ideas y perspectivas anticapitalistas, si bien generaron condiciones propicias para que esto pueda ocurrir. Son movimientos que se volvieron masivos y transversales a partir de cierta reacción moral contagiosa, “viral” se dice en nuestros días, que se nutren de la indignación contra la violencia, la corrupción, la impunidad, la injusticia y otros muchos agravios. En este contexto, se empobrece la apuesta política de Morena centrada en la idea de adquirir una base electoral de masa, que apela a la moralidad y el repudio a la corrupción generalizada de la “mafia en el poder” y abandona o deja en segundo plano la crítica antisistémica, aunque sea sólo antineoliberal. En el fondo, termina siendo una hipótesis de cambio basada en el principio de una sana circulación de elites (como lo demuestra el respaldo político que ha ofrecido López Obrador en múltiples momentos a políticos que recientemente pertenecían al PRI y/o apoyaban las reformas neoliberales y que hoy gobiernan estados como Tabasco, Oaxaca y Distrito Federal). Morena fue mucho más antineoliberal en sus orígenes, entre 2005 y 2006, que en su construcción posterior, a partir de 2010; ese lamentable desplazamiento es parte de un proceso político general de retroceso del antineoliberalismo.
La situación es alarmante y nos coloca en la necesidad siempre más urgente de activar un proceso de acumulación de fuerzas, por medio de un avance sustancial en el terreno organizativo y, fundamentalmente, en la incorporación de nuevos sectores y grupos sociales y la generación de rupturas y quiebres culturales y simbólicos.
En esta dirección, pesa la experiencia del movimiento por Ayotzinapa, pesa y afecta la consigna de Fue el Estado. No tanto en términos de experiencias organizativas o de convergencia y articulación más permanente, pero sí de una politización antagonista, de experiencia de lucha y de la instalación de un horizonte político antisistémico.
Frente a un panorama disgregado y contradictorio, debemos emprender una discusión a fondo sobre cómo pueden madurar no la hegemonía de un partido o un liderazgo sobre el conjunto de las expresiones de protesta y de lucha, sino proyectos de confluencia, convergencia, articulación de los mismos movimientos y las organizaciones sociales en un caudal político sólido, duradero y con capacidad de incidir en las coyunturas y en el proceso histórico en general.
Esto implica remontar algunas pendientes y frenar algunas derivas político-ideológicas.
II. Crisis de los partidos y desafíos políticos de la lucha social
Una cuestión crucial y estratégica remite a la evidencia del enorme deterioro del ámbito político y la profunda degradación de los instrumentos organizativos clásicos de la política de masas del siglo xx: sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos. En esta crisis de la forma de organización se ha instalado una grave escisión entre lo social y lo político, lo cual genera perspectivas que se conciben excluyentes y fomentan la separación, en lugar de la complementariedad. Ello a su vez agrega dificultades subjetivas a los obstáculos objetivos que traban el camino de la transformación igualitaria y democrática de la sociedad.
Lo cierto es que, además de responder a la fragmentación social, la falta de vinculación entre luchas y movimientos se alimenta de la situación de los partidos de izquierda, que han dejado de ser expresiones fuertes y prestigiadas de los sectores populares: no cumplen más las tareas antaño propuestas, como crear canales de comunicación y articular los movimientos, organizar acciones que les dieran cobertura y proyección nacional e impulsar una verdadera formación política. No sólo no se proponen más estas tareas sino que, tendencialmente, le contraponen una estrategia de delegación, electoralismo e institucionalismo, una estrategia que fomenta la desmovilización. Algunos sectores concluyeron que los partidos son prescindibles, sin preguntarse qué puede suplirlos o sin poder formular una propuesta distinta. Otros no dejan de apoyarse de manera circunstancial o instrumental en las estructuras y los recursos de los partidos y no han dejado de participar en las contiendas electorales. Otros más forman o sostienen agrupaciones partidarias o similares, concebidas como núcleos de vanguardia ideológicamente compactos que no logran trascender su carácter marginal y grupuscular.
En medio de la crisis de la forma partido, la cuestión del instrumento político ronda como fantasma las luchas y los debates estratégicos.
En los partidos actuales que buscan cubrir el espacio de la representación electoral de izquierda —PRD y Morena— hay una dinámica que los ha entrampado en un electoralismo estrecho, el cual concibe los comicios como la exclusiva actividad relevante; y ello ha propiciado que tengan escasas, nulas o malas relaciones con las luchas y los movimientos sociales. Esto, junto al deterioro interno y descomposición de esas agrupaciones que, como lo demostró la tragedia de Iguala, aparecen imbricados con el narcotráfico o con prácticas de corrupción o abuso de poder, hace que los movimientos y los ciudadanos se posicionen cada vez más contra cualquier vínculo con los partidos. Se agudizan así el aislamiento y el empobrecimiento discursivo y programático de estas formaciones políticas.
Morena tiene su origen en un movimiento social que recurrió a la lucha contra el desafuero y el primer intento de privatización del petróleo del gobierno de Felipe Calderón, así como en las movilizaciones contra el fraude electoral de 2006. También hay en él sectores que apuestan por el movimiento social como recurso político y valor en sí mismo, que ven con escepticismo la opción electoral si bien piensan que se debe aprovechar y agotar. El problema es que en la práctica, y en cierta medida por el discurso predominante surgido de su liderazgo unipersonal, particularmente durante su institucionalización para optar por el registro electoral, Morena se alejó de modo inexorable de la posibilidad de seguir un curso diferente del propio PRD y concebirse como partido-movimiento donde se privilegien la lucha y la movilización sociopolítica. Hay una contradicción interna muy fuerte entre la urgencia de construir una maquinaria electoral, de una dirección concentrada en esa actividad, frente a la voluntad de sectores dirigentes minoritarios o de bases sociales que intentan sumar y apoyar las causas de los movimientos y las luchas existentes en el país. Cuando esto último ocurre, se produce con suma torpeza, sin comprender que deben presentarse, frente a los potentes movimientos que se han producido, como un partido solidario, que no sólo apoya, acompaña y reivindica sus demandas sino que impulsa con absoluto respeto la independencia y autonomía de los movimientos. En la medida en que no se plantea en esos términos, el acercamiento fracasa, como ocurrió en meses pasados en Guerrero, estado con un movimiento social muy extendido por la lucha de los normalistas y maestros, y una candidatura de Morena que no logró 3 por ciento en las elecciones para gobernador y quedó muy por debajo de los votos nulos. Desde otra lógica, en la que funcionara una avanzada relación entre partido y movimientos sociales, no se debió haber participado en los comicios ahí. Esta experiencia mostró la existencia de una gran insensibilidad e incapacidad que no parece que, de aquí a la elección presidencial de 2018, pueda resolverse en una dirección distinta.
III. Elecciones, movimiento social y falsos dilemas de las formas de lucha
Otro aspecto medular remite a reconocer que la tendencia hacia la despolitización y el impulso deliberado en este sentido de los medios de comunicación han logrado que incluso entre las izquierdas haya enorme confusión sobre el tema de las formas de lucha y las estrategias para alcanzar la transformación requerida. Se entiende, por ejemplo, que las estrategias democráticas pasan sólo por las urnas y las estrategias insurreccionales por las armas o la violencia callejera. Tales esquemas, que no resisten el menor análisis histórico de los procesos de profunda transformación ocurridos aquí y en otras partes del mundo, tienen eficacia cuando hay ausencia de debate estratégico o deficiencias ideológicas; las miras se vuelven extraordinariamente cortas y se instala una lógica política funcional a la reproducción de las relaciones de dominación establecidas.
Si se consideran la diversidad de sectores y de problemáticas y, sobre todo, las fases por las que atraviesan las luchas, es evidente que las formas de acción son siempre muchas, diversas y combinadas. Por eso, la cuestión electoral, entendida precisamente como forma de lucha y no como horizonte de la transformación, muestra posibilidades que deben evaluarse siempre en lo concreto. Valorar en qué momento hay que participar, en qué momento hay que llamar a la abstención y en qué momento hay que boicotear no es asunto que debe resolverse de antemano sino en función de un análisis concreto del momento, de las fuerzas y condiciones de la acción. Las formas deben aspirar a construir la fuerza social suficiente para alcanzar la transformación. Lenin, uno de los grandes revolucionarios del siglo pasado, señaló con contundencia que el camino para superar el capitalismo no podía ser más que la democracia, entendida como la capacidad de incidencia de las masas en los asuntos públicos y método de formación de voluntades mayoritarias, que permiten desarrollar capacidad autogestiva: el camino de la democracia participativa como práctica de autodeterminación y de autogobierno.
Es relevante por tanto no abandonar el debate sobre la democracia ni confundirla con electoralismo e institucionalismo, pues se caería en la trampa ideológica que hábilmente el neoliberalismo logró transformar en sentido común, al punto que sus partidarios y detractores comparten la misma definición.
Decir en abstracto que las elecciones y el sistema representativo ya no constituyen un camino o que, si lo son, resulta inútil o —al menos— limitado desde la perspectiva de una política alternativa seria, donde se atiende en esencia el análisis de cómo se mueven las fuerzas en cada momento, cuál es el estado de ánimo social, qué demanda y cuales formas de acción unifican y acrecientan la movilización. Es innegable que en México, el asunto de los comicios se ha convertido en una camisa de fuerza, por las estructuras mismas que los conducen y la cultura política corporativa y clientelar largamente arraigada en las clases populares y cada tanto renovada por los partidos en el poder, incluso por el PRD donde ha gobernado.
Como hemos señalado, los partidos de izquierda o progresistas insisten desde hace años en presentar las elecciones como la única forma política válida y eficaz. Esto es, por decir lo menos, absurdo y conservador, y no deja de sorprender si se piensa en el dato objetivo de la persistencia de un régimen que impide que éstas sean una contienda política equitativa, transparente y sin fraudes, que genere una representación legítima. Los partidos de las izquierdas no combaten, o han dejado de hacerlo con fuerza y claridad, por una transformación, en primer lugar, de las reglas del juego para garantizar la transparencia y validez de los comicios. Tampoco se oponen de modo frontal al ignominioso hecho de que fluyan enormes cantidades de dinero en todo ese circuito, empezando por el propio Instituto Nacional Electoral.
Lo más grave es sin duda que sin ningún tipo de discusión ni balance crítico de las experiencias pasadas se repita una y otra vez la fórmula que, en esencia, apuesta a tener la cantidad de votos suficiente para que el régimen no pueda más que reconocer su derrota. Esta actitud ocasiona graves daños en el campo político en general y un malestar creciente entre los sectores movilizados que ponen el cuerpo cotidianamente en conflictos realizados al margen de la institucionalidad, en los cuales los poderes fácticos y los estatales suelen operar con la misma lógica impune, impositiva y violenta.
A casi tres años de los próximos comicios presidenciales en México, la misma lógica e inercia políticas parecen estar instaladas en el escenario. Entre las fuerzas políticas de las izquierdas electorales no parece relevante valorar cómo se moverá cada una, qué nuevas iniciativas pueden ponerse en juego, cómo renovar y fortalecer los movimientos y las luchas sociales y políticas. En cambio, hay un enorme desgaste en los partidos con registro, metidos de manera permanente en una intensa lucha interna por la disputa de candidaturas y prebendas. En ese sentido —vaya paradoja—, una de las actividades más despolitizadoras en estos momentos es justamente la electoral.
En el campo de la lucha electoral hay en América Latina una enorme, compleja y contradictoria experiencia que debe analizarse. En particular, hay que evaluar el proceso por el cual ciertos gobiernos progresistas fueron absorbidos por la lógica conservadora y autoritaria del ejercicio de poder de mando. Esto demuestra que el sentido común no logró ser transformado y que, cuando las izquierdas se colocan en el terreno electoral e institucional, no parecen sopesar debidamente el alcance de la derrota político-ideológica que permitió que se instalara el neoliberalismo, no sólo como un conjunto de políticas públicas sino como un sentido común conservador, mucho más resistente al cambio de escenario político que las políticas públicas. Por eso, los gobiernos progresistas se han ido asentando en la lógica de desmovilización y despolitización de la ciudadanía, las organizaciones y los movimientos sociales y son mucho más conservadores en sus prácticas políticas de lo que pueden ser en sus políticas públicas, que pueden estar a cierta contracorriente del neoliberalismo, pero en sintonía con el conservadurismo profundamente instalado en las lógicas y dinámicas societales.
IV. El último ciclo de luchas: abrir el debate
No resulta sencillo hacer una valoración precisa de la situación por la que atraviesan las movilizaciones y las luchas sociales en México, pero es evidente su necesidad. En las izquierdas hay distintas apreciaciones sobre el tema y no existen bastantes espacios o suficientemente amplios donde se puedan confrontar y enriquecer. Sopesar y analizar diversas opiniones y discutirlas con seriedad es una necesidad expresada desde diversos ángulos en este ensayo abierto. En esta dirección, presentamos a continuación, de forma en extremo sintética, algunos contrapuntos relevantes que forman posiciones diferenciadas que deben ser debatidas con mayor amplitud. Se trata de posturas, y formas diferentes de expresarlas, que muestran una parte de la diversidad de enfoques existente en los movimientos y que, pensamos, pueden y deben dialogar entre sí. De ahí esta forma de plantearlas.
Por una parte, cierta mirada analítica señala que pese al empuje y la irrupción de diversos frentes de lucha, en México no se ha mantenido un movimiento de masas articulado como lo muestra que, tras la oleada de protestas por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el reflujo de la movilización haya ocasionado un repliegue de los grupos o sectores organizados a sus respectivos nichos o trincheras, a sus intereses y sus luchas más inmediatas.
Desde esta perspectiva, es relevante observar que se ha ido generando un formato de la protesta, donde los conflictos ocasionan coyunturalmente una participación masiva, pero no provocan un avance en términos organizativos ni generan un polo político que sostenga e impulse la movilización. Por ello, en los momentos de reflujo, se mantienen sólo los frentes de lucha anclados en demandas específicas y a formas de organización e identidades gremiales o territoriales. Se siguen sosteniendo luchas sociales ligadas a demandas puntuales o asuntos coyunturales de alcance general que no atraviesan ni articulan de forma sólida y duradera distintos sectores sociales ni ponen en cuestión el orden socioeconómico y político en su conjunto. Hay una administración ordinaria de la conflictualidad, que tiene cierta rutina, sobre todo en un país que sufre una embestida privatizadora, de despojo y violencia. Se trata de un horizonte de lucha irreductible, pero no expansivo. Los focos de agresión generan reacciones y movimientos reactivos y defensivos; en torno a ellos, ocasionalmente, se trenzan y articulan coyunturas concretas, como Ayotzinapa, #Yosoy132 o la lucha del magisterio. Si bien se valoran las trincheras defensivas, también se señala que las grandes convocatorias no se han sostenido pese a no alcanzar sus objetivos ni se aprovechan para consolidar posiciones, acumular fuerza y dejar asentados espacios de organización y politización permanentes.
Al mismo tiempo, hay una intermitencia de la movilización que resulta por momentos difícil de explicar. Las recientes convocatorias frente a iniciativas privatizadoras no han logrado una respuesta masiva, como ocurrió con la defensa del petróleo y la contrarreforma laboral del magisterio, salvo la combativa respuesta del sector sindical independiente. El magisterio disidente tiene en efecto una gran convocatoria propia, pero no ha logrado concitar un movimiento con la participación de otros sectores, si bien la actual reforma en su contra es obviamente la antesala de un próximo intento privatizador de la educación. Frente a lo corporativo o parcial de ciertas luchas defensivas, es necesario pensar qué falta para escalar y politizar el conflicto. En este terreno interviene el factor analizado en relación con el electoralismo de las izquierdas partidarias, que no están interesadas ni fungen como interfaz con la movilización.
En general, las pasadas oleadas de movilizaciones sociales han significado una experiencia de lucha rica y variada y un conjunto de conocimientos compartidos que permiten vislumbrar las próximas coyunturas. Sin embargo, habría que preguntarse si aquello no se asimila más como una frustración de lo que no se logró, incluso como derrotas, o como experiencia que se sostuvo: una mística de resistencia y de lucha. Un movimiento, por fuerte, significativo y creativo que sea, difícilmente revierte lo sedimentado en décadas. Así, querámoslo o no, se vuelve, en términos gramscianos, a la guerra de trincheras en el mediano o largo plazos. Por tales razones, desde esta mirada, para salir de esa fase defensiva que vive el movimiento social emancipatorio, se requiere un proceso acumulativo que se anuncia lamentablemente largo pero que empieza hoy, a partir de las luchas, los recursos y las experiencias sociales y políticas que tenemos. En este sentido hay que analizar el ciclo de movilización política que, entre 2011 y 2014, protagonizó una nueva generación de jóvenes que apenas entran en la lucha y experimentan formas y dinámicas de politización.
Esta franja movilizada de la juventud mexicana, en su mayoría estudiantil y universitaria, marcó la tendencia hacia una radicalización. Si comparamos el contenido político de las protestas entre 2012 y 2014, es evidente que, en el último caso, hay un giro en la identificación estructural del problema, del origen y la causa del agravio. El horizonte político del #YoSoy132, que en un principio luchó por la democratización de los medios de comunicación y contra la imposición de Peña Nieto, días antes de las elecciones presidenciales de 2012 declaró: “Damos una última oportunidad al IFE”. Y el desencanto, una vez consumada la imposición, se expresó en la rabia de algunos sectores juveniles en los enfrentamientos del 1 de diciembre. En un paso adelante, en el movimiento por los normalistas de Ayotzinapa, el movimiento estudiantil y la Asamblea Nacional Popular sentenciaron: Fue el Estado.
Por supuesto, hay una distancia entre esas conclusiones y la posibilidad de que éstas irradien al conjunto de la movilización popular. En el movimiento por Ayotzinapa también se detectaron dos lógicas, la del sector agrupado y organizado que llegó a conclusiones más profundas de carácter antisistémico y la de la movilización en las calles que gritaba Fuera Peña, sin sostener claramente la crítica hacia el Estado y el régimen. En ese panorama es necesario preguntarnos cómo saldar este desfase y cómo el sector organizado del movimiento, al tiempo que progresa en la consolidación de estructuras de organización y convergencia permanentes, involucra, incorpora y politiza a los sectores indignados dispuestos a movilizarse sólo de manera ocasional.
Por otra parte, desde una óptica crítica distinta, se sostienen con ahínco los logros y los alcances de las luchas y se considera que, visto el proceso en su conjunto, la efervescencia social de 2011 a la fecha es impresionante. Existen actualmente alrededor de 200 procesos de lucha en defensa del territorio. Se han generado coyunturas que permitieron articular hasta 70 comunidades en lucha. Aun cuando desde cierto punto de vista puede dar la impresión de que los movimientos socioambientales son meras expresiones locales, sin incidencia, cada uno de ellos ha provocado innumerables pequeñas crisis y fracturas sociales y políticas, pese a que las han atajado, pues los movimientos sociales en México se enfrentan a las clases dominantes más cohesionadas de la región. No obstante sus disputas internas, éstas han logrado contener los conflictos a través de distintas estrategias, pero cada vez más con la represión.
Los movimientos socioambientales son experiencias donde, si bien no han producido un proyecto político nacional, una estrategia política fuerte, se han generado valiosas trincheras defensivas y experiencias comunitarias que muestran recursos y posibilidades de construcción autónoma del movimiento social y popular. En este terreno se plantea el problema de las escalas de la edificación hegemónica, es decir, cómo se genera la idea de que no sólo se defienden un territorio o una comunidad en concreto o el territorio y la comunidad en abstracto, sino que se resiste en determinadas trincheras interconectadas, y de las cuales, eventualmente erigidas y solidificadas, plantearía una ofensiva de la que, aun cuando no esté en el horizonte de corto plazo, se pueden ir colocando los cimientos.
Desde este planteamiento, los movimientos son parte de los procesos sociales, pero también de las estructuras de dominación emanadas tanto del ámbito estatal como del capital, lo cual ocasiona que sean movimientos reactivos, pero también que sus potencias y limitaciones estén enmarcadas y constreñidas por los grandes procesos estructurales. Es decir, no se mueven sólo ideológicamente, mediante programas, proyectos hegemónicos o la ausencia de ellos: se mueven también de manera reactiva con relación a sus contrapartes, y de ahí la relevancia de analizar estas expresiones del movimiento social como antagonista de las formas específicas del Estado y del capital.
Para valorar estas experiencias y sus alcances, es necesario rechazar estereotipos que relacionan incidencia política con presencia en los medios de comunicación o que evalúan sólo en función de la presencia o no de un proyecto político acabado. Tales señalamientos son muy relativos, pues tenemos experiencias en América Latina y entre nosotros que escapan a estas simplificaciones.
Los casos ejemplares de las luchas de los trabajadores, como en San Quintín, en la Fiat o en la Honda, forman parte de este trasfondo básico y fundamental de la forma de la conflictualidad en el país. Se trata de insurgencias democráticas locales, de lucha por la independencia sindical y rebelión frente al trabajo precarizado cuando en México cualquier tipo de militancia y organización obrera, industrial precarizada o de trabajo inmaterial, es atacada y destruida. En el caso de los movimientos en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales, de composición principalmente indígena o campesina, se han generado procesos de destrucción de las estructuras autoritarias de la Confederación Nacional Campesina a partir de pequeñas insurgencias locales. Es el caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota en Guerrero, que muestra que hubo un proceso radical de erosión y destrucción de la Confederación local. En varios conflictos contra megaproyectos, de represas o de minas a cielo abierto, como en el caso de algunas luchas obreras en curso, se ha erosionado este tipo de estructuras corporativas. Estos movimientos se enfrentan a la continuidad de las estructuras de control local y a las estructuras represivas de los gobiernos estatales.
Por otro lado, en el movimiento de víctimas hay gran cantidad de organizaciones y grupos que se lanzan a la lucha exigiendo justicia y alto a la violencia; pero no se les puede exigir las mismas características, pues las necesidades inmediatas de reclamar justicia para los asesinados, la búsqueda de los desaparecidos, o la demanda de presentación y libertad de los detenidos hacen que las acciones se constituyan desde un tipo de referencialidad distinta. Resulta claro que ha habido errores de dirección, especialmente en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el cual expresó un momento de gran explosión y efervescencia social, pero con un tipo de direccionalidad política equivocada que no construyó movimiento social, sino una agenda con la que confrontar al gobierno y los candidatos presidenciales de 2012. Esa estrategia alejó a la dirigencia de las multitudes que salieron a movilizarse con gran indignación y solidaridad con las víctimas.
Algunos movimientos encierran evidentes errores de dirección y sectarismo; otros, condiciones estructurales difíciles de revertir. Una pléyade de factores obliga a mirar más las particularidades de los movimientos para entender la situación actual. Se podría sostener que no faltó tanto la voluntad de articulación como que se manifestó con claridad la crisis de las viejas formas de organización. En estos diez años se ha intentado, una y otra vez, crear espacios de convergencia y unidad, sin éxito debido, entre otras razones, a la falta de una cultura democrática. Desde ciertas fórmulas simplistas se tiende a pensar que una gran asamblea aglutinará a todos, cuando —por ejemplo— los movimientos campesinos e indígenas no tienen recursos para seguir la lógica del sindicalismo. Se necesita también una crítica respecto a la práctica de grupos y organizaciones que se mueven a partir de culturas políticas dogmáticas y cerradamente vanguardistas, que se erigen en censores de lo políticamente correcto, menospreciando procesos y actores que pueden tener muchas contradicciones pero que avanzan en su lucha.
El campesino de San Quintín o el indígena de Xochicuautla no siempre toman partido en el debate entre hegemonismo o autonomismo, pero sobre la marcha y al calor de la lucha, efectivamente, aprenden los límites de la política hegemónica y partidaria. Algunos, con mayor pragmatismo que otros, quieren y saben utilizar esta última y aprovecharla. Otros se alejan. La experiencia de Cherán, por ejemplo, es producto no de una ideología cosmogónica autonómica sino de los terribles fracasos de los partidos políticos y del Estado allí experimentados. En la mayoría de esos procesos hubo un alejamiento del Estado, por la necesidad de autoorganización defensiva respecto a él, no tanto por una penetración ideológica autonomista. Es evidente que aún no surge una propuesta clara de cómo aglutinar, fortalecer y organizar las luchas surgidas de modo aislado en el contexto de un régimen en descomposición.
Frente al tema de la desarticulación de los movimientos y las luchas dados a lo largo y ancho del país y respecto a la antinomia hegemonismo-autonomismo, una perspectiva diferente de la anterior considera que en la movilización popular opera una escaso entendimiento del problema del Estado basado en una concepción básica e inmediata del Estado como aparato, como Estado-máquina, Estado-represión, lo cual tiene una grave consecuencia para los propios movimientos sociales: el abandono de cualquier proyecto hegemónico. Quizá por las condiciones de la historia del Estado mexicano que le permitieron adquirir enorme capacidad de cooptación y control sobre la sociedad, hay gran temor para afrontar el proyecto de construcción de la hegemonía; y ello impide la articulación con otros movimientos, otras estrategias, otras formas de lucha. El abandono del proyecto hegemónico, visto siempre como “hegemonizante” o “hegemonista”, predispuesto a borrar las diferencias, las especificidades, las autonomías, es el límite más evidente observado desde esta perspectiva.
En ésta, el límite no es la desarticulación sino la renuncia a cualquier posibilidad de superar la desarticulación a partir del abandono del proyecto hegemónico. Por eso, los maestros, si bien encarnan una demanda nacional, aparecen a los ojos de gran parte de la población como un proyecto corporativo. Quizá no han logrado otra relación con diversos sectores de la sociedad, o no les interesa, pues han tenido que remar a contracorriente y contra fuertes ataques gubernamentales. Pero también es cierto que, en general, las corrientes que insisten en lo que denominan una “estrategia de autonomía” la contraponen a la hegemonía.
Ése es uno de los grandes límites: la escasa comprensión de la dinámica estatal. Ello remite al problema del sedimento organizativo, pues hay el enorme problema del temor, la duda y la desconfianza a la cristalización; es decir, a consolidar el movimiento en términos institucionales, de conquista de espacios en la administración estatal para generar otras experiencias de gobierno. Esta actitud de muchos movimientos contrasta con la experiencia de los años ochenta, cuando los movimientos se orientaron hacia la conquista de la democracia y de espacios institucionales, o a su creación. En cierta medida, esto ha sido generado por la crisis institucional vivida en el país, que hace dudar si se tiene un narco-Estado, un Estado en disolución o, simplemente, un Estado policiaco. Pero también porque ciertos sectores han renunciado sin mayor reflexión ni sopesar las consecuencias a la construcción de gobierno, de poder, incluso en las formas básicas de articulación estatal que conoce el país, como el municipio.
Lo anterior expresa un dilema en la comprensión del momento democrático: parece que se está ante la disyuntiva de ser demócratas liberales o demócratas comunitaristas que buscan resolver todo en asamblea, sin que parezca posible la construcción de mediaciones o alternativas. Según esta concepción, es un grave problema renunciar a las alternativas representativas, pues se entrega en bandeja de plata todo el espectro institucional. De tal modo, se apuesta a formas democráticas eficaces en la movilización, pero que no operan fuera de ella, que tienen caducidad, pues no se sostiene de manera permanente la movilización. En ese sentido, se juega mal con el momento o espacio democrático: o se es electoralista o se rechaza toda forma democrático-institucional. Por tanto, resulta necesario plantear que hay que reapropiarse de ese campo, volverlo útil; pensar en la necesidad de muchos movimientos locales de conquistar ciertos espacios de gobierno para mostrarse como alternativa ante el descrédito de los partidos y de los políticos.
En conclusión, más allá de posturas diversas, muchas en potencia convergentes, se hace cada día más urgente debatir y ensayar respuestas a la altura de un escenario donde la violencia estatal hacia los movimientos se ha recrudecido. En este momento, de manera particular, resalta el ataque hacia el movimiento de los maestros, quienes enfrentan una contrarreforma estructural de profundo calado y alcance, y están prácticamente solos en su lucha, lo cual resulta —por decir lo menos— desconcertante. Frente a esto, no se trata sólo de hacer gestos de solidaridad, por supuesto importantes: se requiere la capacidad de los maestros para ampliar la lucha e involucrar a otros sectores, de manera que, en primer lugar, se rompa el cerco de denostación y caricaturización armado por los medios de comunicación masiva para abrir y legitimar el camino de la represión. El actual linchamiento mediático desplegado contra los maestros democráticos hace parecer un juego de niños lo sufrido por los estudiantes del 68. La criminalización de la protesta social comienza actualmente en esos medios.
Nuestra revista, de crítica militante, abre sus páginas al debate comprometido y orientado a potenciar las resistencias, luchas y movilizaciones sociales y políticas en las cuales amplios sectores sociales defienden derechos e impulsan proyectos emancipatorios democráticos e igualitarios.
* El presente escrito es la síntesis de un ejercicio de reflexión colectiva dado en una reunión del comité de redacción de la revista, donde participaron Elvira Concheiro, Samuel González, Massimo Modonesi, Jaime Ortega, Argel Gómez, Joel Ortega, Víctor Hugo Pacheco, Matari Pierre y Enrique Pineda.