En México no podemos pensar en la coyuntura actual sin reflexionar sobre el recrudecimiento de la injusticia, la violencia y la impunidad, simbólicamente condensado en el nombre de Ayotzinapa. “Todos somos Ayotzinapa”, la gente ha seguido clamando a voz en cuello desde la desaparición forzada de 43 estudiantes y la matanza de otros 3 de la escuela normal rural que lleva el nombre del fundador, Raúl Isidro Burgos, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Y todavía hoy la caravana de sobrevivientes, padres de familia y ciudadanos simpatizantes sigue recorriendo el globo, de Estados Unidos al cono sur, pasando por toda Europa, exigiendo la presentación con vida de los normalistas desaparecidos. Para ello se pide la continuación de la pesquisa tras el carpetazo con la supuesta “verdad histórica” que, en enero de 2015, intentó darle la Procuraduría General de la República por boca de su entonces titular, Jesús Murillo Karam, así como se exigen la persecución y el castigo de los verdaderos culpables, con investigaciones forenses independientes para corroborar o refutar mediante pruebas físicas la versión oficial. Ésta, en cambio, presentada como verdad histórica, fue construida a partir de confesiones sumamente cuestionables, casi de seguro obtenidas mediante el uso de la tortura, y presentada con premura, antes que el primer acusado pisara un tribunal, como para calmar la indignación generalizada de la opinión pública nacional e internacional.
En este contexto, sin duda, hay que seguir afirmando: “Todos somos Ayotzinapa”. Pero política, histórica e ideológicamente hablando, más allá de las preguntas urgentes sobre qué pasó y quiénes fueron los responsables materiales o intelectuales, por acción u omisión, del crimen de aquella noche de septiembre de 2014, ¿cómo podemos saber en realidad qué significa ese nombre?
¿Qué hay detrás de Ayotzinapa? Solemos responder a esta pregunta un tanto precipitadamente con referencia a dos fenómenos que no dejan de aterrorizar de manera cotidiana a amplios sectores de la población mexicana. Por un lado, vemos el retorno del autoritarismo estatal, o el surgimiento de lo que también ha venido llamándose “neoautoritarismo del Estado mexicano”, cuyos precedentes más inmediatos nos remitirían a la época del presidente Gustavo Díaz Ordaz, responsable del cierre de muchas de las escuelas normales rurales, además de autor político detrás la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Por otro lado, vemos el crecimiento vertiginoso del crimen organizado en torno al tráfico de drogas, ahora amplificado de forma exponencial por el tráfico de influencias, los secuestros, las extorsiones, el cobro de piso, la infiltración cada vez más eficiente de la policía, el ejército y hasta de la guerrilla, así como la entrada de muchos cárteles no sólo en la política electoral sino también en el ámbito del trabajo social, a veces con ambiciones megalómanas, como en el caso de los Caballeros Templarios, en Michoacán, otrora orden de los verdaderos redentores del pueblo. Todos esos factores, por un imparable efecto de “goteo hacia arriba”, contribuyen a la novedad del neoautoritarismo estatal, inaugurado en la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa y continuado, si posible con resultados aún más negativos y desastrosos, en la actual, la de Enrique Peña Nieto.
Sin querer disminuir la gravedad y el dolor causado por esos fenómenos, algo no obstante corre el riesgo de perderse de vista cuando la discusión en torno de Ayotzinapa regresa una y otra vez a la colusión entre la delincuencia organizada y el Estado autoritario. Es cierto que en México vemos cada vez más los efectos de la consolidación de un Estado criminal y corrupto, cuando no terrorista. “Fue el Estado”, la consigna que se repite durante las protestas multitudinarias, las marchas y los plantones, y que la noche del 22 de octubre, el primer Día de Acción Global por Ayotzinapa, quedó grabada e iluminada en gigantescas letras blancas en el suelo del zócalo, resume concisamente esa denuncia de lo que también puede llamarse “Estado canalla”, dirigido por un “narcogobierno” —como decían muchas pancartas— de colusiones siniestras entre los tres partidos principales, PRI-PAN-PRD. Así, también, en un comunicado enviado esa noche desde la normal de Ayotzinapa se declaraba: “Comunidades, pueblos y ciudades, y los diversos estados de la república se han solidarizado con nuestro dolor, y nos estamos organizando para exigir la desaparición de poderes en Guerrero y para diluir el narcoestado mexicano, que tanta violencia ha generado en nuestras comunidades”.1
Sin embargo, si bien la violencia y la corrupción en México han llegado a niveles de crueldad jamás vistos, no es menos cierto que el enfoque exclusivo en la colusión entre los poderes fácticos del narcotráfico y todos los niveles —municipal, estatal y federal— del gobierno pierde de vista muchos otros elementos que podrían ser clave para entender el valor simbólico que de forma sorprendente y a escala internacional ha venido cobrando el nombre de Ayotzinapa.
Uno de los elementos que no debemos perder de vista es el papel político e ideológico, además de pedagógico, de las escuelas normales rurales, sobre todo a partir de las propuestas oficiales para la educación socialista, en la época de Lázaro Cárdenas. “Entraba así en el discurso de Cárdenas la que sería una de las figuras centrales de sus proyectos ejidales comunitarios, la figura del maestro revolucionario como organizador ilustrado de los campesinos y, en los hechos, como contrafigura del sacerdote católico”, escribe Adolfo Gilly en El cardenismo: una utopía mexicana. “No de la mente de Cárdenas sino de la historia agraria mexicana había surgido el maestro rural como intelectual orgánico del campesinado, como en el antiguo régimen de las haciendas lo eran los curas de pueblo”.2
Si bien gobiernos posteriores como los de Manuel Ávila Camacho o Díaz Ordaz hicieron lo posible para cerrar esas escuelas o dejarlas languidecer hacia una lenta muerte natural por falta de recursos, esa imagen del maestro rural como líder ideológico no deja de aparecer cual motivo constante cuando escuchamos las entrevistas con sobrevivientes o familiares de los desaparecidos en Iguala: “Los que entramos aquí”, dijo ya un estudiante en ocasión de un conflicto anterior con el gobernador de Guerrero, “sabemos que tenemos que ir adonde nos necesiten. No queremos, como casi todos los egresados de las normales que no son rurales, irnos a las ciudades donde se tiene todo fácil. Aquí aprendemos que tenemos que ‘ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo’”.3
A este papel general del maestro de las rurales como ideólogo del pueblo hay que añadir un segundo elemento, no menos importante, para la formación de la identidad política de los normalistas de Ayotzinapa. Y es que esta escuela normal en particular fue también el lugar de donde salieron figuras ya míticas de la guerrilla de los años sesenta y setenta, como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Tal afinidad histórica también encuentra su expresión en la presencia continua en la escuela de la organización de estudiantes más vieja del país, la semiclandestina Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, de la que Cabañas alguna vez fue secretario general. Aquí cabe observar además que, dado el carácter público de las escuelas normales, no se puede decir “fue el Estado” sino en el sentido trágico de un Estado que, tal un Crono o Saturno posmoderno e impotente, devora a uno de sus hijos, como en el cuadro de Goya que el cineasta Rafael Rangel usó para el anuncio de su documental Un día en Ayotzinapa 43. Y es que Ayotzinapa, quiéranlo o no los presidentes y gobernadores de turno, también es el Estado. “Este Estado, el mismo que los ha creado, será ahora quien los persiga, los reprima y los asesine por ejecutar la misma función que él les ha asignado: dirigir campesinos”, concluye Salvador Martínez della Roca en el estudio Estado, educación y hegemonía en México, con referencia al activismo de los maestros rurales en la década de 1970. Y termina el ex líder del movimiento estudiantil de 1968: “No es casual que los dirigentes de la guerrilla rural mexicana, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, el doctor Pablo Gómez, Arturo Gámiz, Rubén Jaramillo, José Bracho, Arturo Miranda y otros, sean casi todos egresados de un tipo de escuela: la escuela normal rural”.4
La fuerza histórica de la guerrilla en Guerrero, simbolizada en las figuras de Cabañas y Genaro Vázquez, entre otros, explica por qué en esa entidad la desaparición forzada se convirtió en una estrategia política privilegiada para la contrainsurgencia. Así nos lo recuerda Roberto González Villarreal: “Guerrero es el estado de las desapariciones. Ahí se formó y se desarrolló la tecnología de la desaparición en los años setenta”, escribe en Ayotzinapa: la rabia y la esperanza. “En la guerra contrainsurgente, contra las guerrillas de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y del Partido de los Pobres, el ejército y las agencias de seguridad desarrollaron una particular forma de represión que consiste en desaparecer a los adversarios. No castigar a los enemigos, ni siquiera asesinar, torturar y humillar, sino algo más: desaparecerlos, borrar sus rastros, negar su existencia. Individual y política. A ellos y su lucha”.5 Con la desaparición forzada se trata de borrar los rastros no sólo de individuos o grupos enemigos sino, también, de sus luchas, sus sueños y sus compromisos.
Por último, un tercer elemento descifrado detrás de Ayotzinapa es la construcción de posibles lazos de simpatía por los estudiantes normalistas con las autodefensas o las policías comuneras, en pleno auge también en Guerrero, siguiendo el modelo de las autodefensas fundadas en Michoacán por José Manuel Mireles. Aquí, sin duda, las cosas se complican aún más, pues una de las estrategias del gobierno de Peña Nieto, como han demostrado las investigaciones de José Gil Olmos recopiladas en Batallas de Michoacán: autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto, ha sido armar a ciertos grupos de autodefensa comunitaria, convirtiéndolos en fuerza rural no sólo para combatir a los cárteles sino también para controlar las iniciativas de policía comunitaria y autogobierno por civiles: “Así como en el movimiento del 68 el sujeto de cambio lo encarnó la figura del estudiante y en 1994, con la insurgencia zapatista, fue el indígena, en la corriente de protesta social de los últimos años las autodefensas se erigieron con este rol, pero sobre todo el ranchero que, como grupo social, no se había manifestado”.6 Y podríamos añadir que por la solidaridad existente entre normalistas y grupos de autodefensa en Guerrero, la amenaza de un nuevo movimiento social armado es otro elemento en juego detrás de la violencia que recayó sobre los estudiantes de Ayotzinapa.
En los nombres propios de Cárdenas, Cabañas y Mireles se cifrarían en suma tres pistas para seguir indagando en las viejas y las nuevas subjetividades emergentes detrás del nombre de Ayotzinapa. Éstos son algunos de los árboles que no se dejan ver cuando nos tapa la vista el bosque del narcoestado, supuestamente controlado desde Los Pinos. Son luchas, iniciativas y compromisos cuya fuerza colectiva se ha intentado borrar, desapareciendo hasta las últimas huellas de su presencia activa. Pero cuando frente a la tragedia el discurso recurre en exclusiva a la imagen del Estado represor, también corremos el riesgo de olvidarnos de todo lo que antecedía a la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, así como tampoco nos percatamos de todo lo que ha estado gestándose después de esta fecha, más allá o más acá de la necesaria búsqueda de respuestas sobre el destino verdadero de los 43 desaparecidos.
El peligro es parecido a algo que he comentado en otra ocasión sobre el significado del 68 en México: si nos quedamos atónitos e indignados ante la masacre en Tlatelolco, participamos de alguna forma en el olvido del movimiento popular-estudiantil, cuyo fervor recorrió tan contagiosamente la ciudad y el país entero durante los 121 días anteriores al 2 de octubre.7 Hasta los estudiantes de la normal de Ayotzinapa pueden haber estado atrapados en esta lógica: sabemos que, contrariamente a lo que pretende la “verdad histórica” de la PGR, los estudiantes en aquella noche no estaban planeando intervenir en el acto proselitista de la mujer del alcalde, María de los Ángeles Pineda, en el zócalo de Iguala. De hecho, ya había terminado cuando, después de las 9 de la noche, los estudiantes llegaron a la terminal de autobuses. Más bien, los normalistas botean para financiar su plan de asistir la semana después al mitin en conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México.
La historia tiene también su lado de crueldad impersonal: los normalistas deseosos de ir al Distrito Federal para conmemorar a las víctimas de la masacre en Tlateloco se convirtieron a su vez en víctimas de la desaparición forzada en Iguala. Pero si ahora nosotros de nueva cuenta limitáramos el enfoque a lo que pasó durante la noche del 26 al 27 de septiembre del año pasado entonces, como por otro giro perverso de la astucia de la razón, estaríamos en cierto sentido amplificando el trabajo de ocultamiento del Estado.
Pese a todo, no se trata de dejarse cegar por el poder sino de hacerse iluminar por la resistencia que siempre lo precede. Por lo demás, en el caso de Ayotzinapa, igual que en muchas de las revueltas callejeras en Estados Unidos, podemos considerar casi un axioma que una protesta puramente antirrepresiva, como las dirigidas contra el uso excesivo de la fuerza por la policía en Baltimore o Saint Louis, con dificultad puede convertirse en un movimiento político a menos que se conecte con militancias anteriores e independientes de la represión que luego de manera infaltable les cae encima.
Decir “fue el Estado” es sin duda una consigna útil, eficaz y necesaria para exigir el deslinde de responsabilidades criminales, pero al mismo tiempo tiende a borrar las diferencias políticas a favor de una reacción moralizadora ante la impunidad generalizada. En este sentido, más allá de la búsqueda urgente de justicia para las víctimas y sus familiares, hay que cuidarse de no dejarse seducir por el fetiche todopoderoso de la abstracción del Estado.
En un importante texto que nos lleva de regreso a los debates sobre la teoría marxista del Estado en la década de 1970 pero que apenas este año fue publicado en México, el británico Philip Abrams advierte sobre ese peligro de fetichización del Estado. “En suma: el estado no es la realidad detrás de la máscara de la práctica política. Es en sí mismo la máscara que nos impide ver la práctica política tal como es. Es, podría decirse, el sentido de un mundo sin sentido, el propósito de las condiciones carentes de sentido, el opio de los ciudadanos”.8 Justamente, al responsabilizar de modo abstracto y uniforme al Estado por los crímenes de desaparición forzada o lesa humanidad en Iguala, en Aguas Blancas, Tlatlaya o Apatzingán, por más razón que se tenga al hacer ese tipo de acusación debido a la presencia comprobada de la policía federal, el ejército o los gobernadores corruptos de turno, también aumentamos el fantasma del poder central del Estado y corremos el riesgo de ocultar las prácticas políticas emergentes en la actualidad.
El problema no reside en la acusación —muchas veces justa y apoyada en una valiente investigación periodística por falta de un proceso jurídico adecuado— de que fue el ejército o la policía federal abrieron el fuego contra civiles desarmados, reprimieron una marcha pacífica o asesinaron a otro periodista, sino en quedarse después en esa abstracción del Estado como principio, medio y fin único de la política en México.
No nos dejemos adormecer por el opio de los ciudadanos, tragándonos sin querer el fetiche de la dominación del Estado, justo cuando con pruebas contundentes en la mano creemos poder llegar a la justicia poniéndolo en el banquillo de los acusados. No seamos los cómplices del ocultamiento de las subjetividades colectivas emergentes. Detrás de la máscara que en México es el narcoestado que mata o desaparece forzadamente no sólo a luchadores sociales sino también a periodistas entregados a la labor de hacer públicas sus luchas, sus sueños y sus objetivos verdaderos, preguntémonos por las resistencias ocultas y los movimientos comunitarios que a duras penas intentan ir contra el poder fáctico actual, tanto en Guerrero como en Michoacán, en Chiapas o en Oaxaca.
En suma, detrás de Ayotzinapa no está únicamente la narcoguerra o el neoautoritarismo sino un conflicto al menos potencialmente político donde una amenaza o una promesa de organización popular y comunal fueron respondidas con la violencia. En el análisis teórico y en la práctica, se trata de ver qué esfuerzos políticos incipientes están detrás de las masacres. Sólo así, me parece, podemos hacer justicia a las víctimas: no para crear un panteón de mártires sino para ver en qué medida había en ellas una subjetividad emergente que buscaba evadir los excesos del poder estatal y las demandas inmediatas de ésta o aquella comunidad en particular. Si “comuna”, como en el caso de la de Morelos de los primeros zapatistas o, más recientemente, las de Oaxaca o Cherán, puede servir de nombre para tal subjetividad emergente, a caballo entre la comunidad y el Estado, entonces se trata de cambiar la perspectiva de la violencia a la comuna para que, de este modo, podamos entender también qué hay detrás de Ayotzinapa.
* Profesor, Cornell University.
1 Citado en Mayela Sánchez, “‘Nomás dos días les damos’: padres al gobierno; iluminan zócalo: ‘Fue el Estado’”, Sin Embargo (22 de octubre de 2014).
2 Adolfo Gilly, El cardenismo: una utopía mexicana (México, Distrito Federal: Era, 2013), 326.
3 Zósimo Camacho, “Ayotzinapa en la mira”, en revista Contralínea 70 (1 de enero de 2007).
4 Salvador Martínez della Rocca, Estado, educación y hegemonía en México (México, Distrito Federal: Miguel Ángel Porrúa, 2012), 309.
5 Roberto González Villarreal, Ayotzinapa: la rabia y la esperanza (México, Distrito Federal: Terracota, 2015), 42. Véase también, del mismo autor, Historia de la desaparición: nacimiento de una tecnología represiva (México, Distrito Federal: Terracota, 2012).
6 José Gil Olmos, Batallas de Michoacán: autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto (México, Distrito Federal: Proceso, 2015), 253 y 272.
7 Véase la conclusión del capítulo “Travesías del fantasma: pequeña metapolítica del 68 en México”, en Bruno Bosteels, El marxismo en América Latina: nuevos caminos al comunismo (La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2013).
8 Philip Abrams, “Notas sobre la dificultad de estudiar el estado”, en Antropología del estado (México, Distrito Federal: Fondo de Cultura Económica, 2015), 63. Abrams, por las mismas razones, prefiere evitar la mayúscula con que la teoría política suele distinguir el Estado.