EL ESLABÓN MÁS FUERTE DE LA CADENA

EL ESLABÓN MÁS FUERTE DE LA CADENA

En las páginas siguientes enumeraremos algunas notas que esperamos sean útiles para establecer las principales coordenadas de discusión sobre la coyuntura. En tanto conjunción de elementos diversos, se concentran en los límites y las potencialidades del sistema de dominación, el centro de nuestro interés. De tal manera, las respuestas del campo popular y los sectores de izquierda se tratarán marginalmente, pues se privilegia el reordenamiento de las coordenadas políticas recientes.

El tortuoso escenario de la coyuntura

Hace tiempo, la clase dominante renunció a cualquier dimensión de “soberanismo” en la política económica y, con ello, cualquier noción de democracia, aun en los términos más limitados en que ésta es entendida. La “transición” anunciada en 2000 se mostró finalmente como trunca: a las distintas fracciones de la clase dominante no les interesa sostener un régimen formalmente democrático ni de establecimiento de pactos con sectores diversos de la sociedad, pues no están dispuestas a sacrificar la ganancia del capital. La frustrada “transición” estalla en 2018 con claridad, cuando los recursos del “fraude” y la “campaña negra” se detectan como útiles, pero insuficientes.

En este contexto, la posibilidad de recuperar cierto ejercicio de la soberanía por la sociedad lleva necesariamente a replantearse la estrategia económica en general. A diferencia de otros espacios, en México la perspectiva democrática (aun en su forma limitada) se asocia de modo claro con la recuperación de resquicios significativos de soberanía.

Los problemas que acarrea el fracaso de la transición deben solventarse por otros mecanismos extrainstitucionales y por fuera de ejercicios de mediación. Deseosos de sostener la obtención de ganancias, los núcleos de las clases dominantes optaron por el fraude electoral en 2006. Ante el riesgo que ello significaba intentaron contener el conflicto socio-político por medio de una de las experiencias más trágicas en la región: la “guerra contra el narcotráfico”. Ésta es una respuesta inmediata a un contexto socialmente favorable para el cuestionamiento del modelo de acumulación en su vertiente neoliberal. Su emergencia supone un nuevo periodo de estabilidad en la obtención de la ganancia, pero también se logra fuerte efecto en el ánimo de la sociedad y sus expresiones políticas.

Así, el inicio de la “guerra” en 2006 supuso varias transformaciones en el conjunto del sistema político y en el contexto de encuadre de las fuerzas políticas opositoras. En primer lugar, la contención de las fuerzas populares que pretendían llevar a su consecuencia lógica la llamada “transición” de 2000. En segundo lugar, supuso una transformación radical de las relaciones de fuerza que se habían acumulado en los últimos años, ensanchando el espectro centro-derecha y desdibujando las posiciones nacional-populares.

La contención de la energía democratizadora se canalizó por la vía de un sistema prebendal o corporativo cada vez más oneroso. Los partidos políticos, de ideologías cada vez más difusas y proyectos arbitrarios, captan a una parte de la sociedad por la vía de la compra de voluntades (en tiempos electorales) o de la prebenda material (en el caso de los tiempos entre campañas y elecciones). Someten los impulsos democráticos de la sociedad a partir del poder del dinero,1 con lo cual generan un cúmulo de lealtades basado en la recompensa periódica. Se trata de una cultura de la corrupción arraigada en amplios sectores de la población de manera interclasista y que anula nociones básicas como ciudadanía o derechos universales. A ello se suma que el ejercicio de la administración supone una importante cantidad de trabajos temporales, lo cual vuelve a los cuadros y activistas electorales sumamente disciplinados, en la espera de encontrar oportunidad de laborar en instancias gubernamentales. El clientelismo es oneroso, ocupa buena parte del presupuesto de los niveles de gobierno y se convierte en el sustituto perfecto ante el desgaste del corporativismo otrora dominante.

Las relaciones de fuerza cristalizadas en 2006 en favor de la opción nacional-popular fueron transformadas violentamente. Además de la profundización del sistema clientelar, la “guerra” impulsada en la administración de Felipe Calderón modificó el equilibrio contra el campo popular y su tendencia de izquierda. La violencia, el miedo y la militarización son elementos clave para entender la recomposición de fuerzas antidemocráticas. El espectro del centro-derecha creció y las fuerzas “nacional-populares” en 2006 se han girado al centro, desdibujándose su antigua fisonomía antineoliberal. No se trata, como reproduce el mainstream mediático, del giro de una voluntad personal hacia posiciones más moderadas sino del ensanchamiento del espectro político de centro-derecha y, por tanto, la reducción de los espacios para las posiciones del campo popular y la izquierda. El Estado de guerra supuso ante todo un ejercicio de administración de la decisión de la vida y la muerte. México se convirtió en una gran fosa de la que tenemos apenas conocimiento parcial: las cifras durante el gobierno de Peña Nieto son verdadera muestra del horror.2 La irrupción de esta “guerra” terminó fortaleciendo el dominio de formas abiertamente criminales del capital y el mantenimiento de la ganancia por medio del terror. En un estado de (narco) guerra,3 la democracia no es viable ni posible. La “guerra” fracturó a la sociedad en sus articulaciones y evaporó de modo temporal los impulsos democráticos, lo cual sólo parece revertirse en tiempos recientes, pero en condiciones donde las fuerzas políticas de la izquierda se encuentran cada vez más desfiguradas, sus proyectos son más evanescentes y el espacio político de su acción cada vez más reducido. La antigua opción “nacional-popular” adoptó el lenguaje neoliberal.

Es posible pensar que el conjunto de elementos que dan forma a la estatalidad mexicana se encuentra en un momento de profunda crisis y desgaste. La crisis no debe entenderse como debilidad en su capacidad de acción. Por el contrario, la crisis se encuentra en que gran parte de las articulaciones institucionales han sido capturadas por la lógica del valor. Dicha captura y proceso de subsunción ocurren tanto en condiciones de normalidad o legalidad (como ocurrió con la entrega de la industria petrolera) como en formas criminales (donde instituciones de seguridad se encuentran cada vez más confundidas con grupos delictivos). La crisis actual es producto de la intervención del mercado en los asuntos públicos; o bien, en la inoperancia de la institucionalidad. Igual que el desgaste en la economía, esta dimensión se comporta como una variable fundamental por tomar en cuenta en la ruptura del eslabón de la cadena.

Un cuadro completo nos entrega una sociedad fracturada por la corrupción y el terror, incapaz de articularse a partir de demandas democráticas y un Estado cuya crisis opera entre los resquicios cooptados por las formas criminales del capital como en su entrega al capital financiero. La sociedad fracturada ha sido incapaz de dar respuestas conjuntas u organizadas, teniendo que limitarse a articulaciones débiles, esporádicas y locales. Significativas en su aparición se diluyen en la constante dispersión, condenándolas a la impotencia. En tanto, el Estado opera en una crisis cada vez más evidente, donde los escándalos de corrupción resultan cada vez más continuos.

La novedad: fragmentación y fisura en la clase dominante

Durante las décadas pasadas, la clase dominante y sus fracciones compartieron como elemento de unidad la ganancia del capital, pese a la diversidad en sus formas de expresión. Ese elemento ha permito unificarlas constantemente en torno al proyecto neoliberal, anulando cualquier increpación o cuestionamiento a la forma de la ganancia. En las últimas tres elecciones, PRI y PAN, no obstante sus diferencias, mantuvieron el mismo proyecto, siendo posible cierta alternancia entre una y otra fuerza, pues está asegurada la posibilidad de realizar el ciclo del capital. Este elemento ha hecho de México la cadena más fuerte de la dominación; 2018 anuncia una posibilidad de modificar este panorama.

Las fracciones de la clase dominante en el México actual se forman a partir de dos vertientes. La primera es la que gobernó el Estado posrevolucionario, que durante casi 50 años mantuvo el privilegio del control de los resortes institucionales, enriqueciéndose a partir del juego burocrático que permitía una creciente institucionalización de la vida social, en cuyo seno se desarrollaba una vertiente patrimonialista. La segunda se recompone a partir de una ideología contraria a la revolución y que toma forma clara en el decenio de 1970, identificada con sectores empresariales y exportadores en el norte del país. Para el de 1990, ambas vertientes comienzan a confundirse, no sólo llegando a sustanciales acuerdos y pactos sino que, además, comienzan a actuar como un monstruo de dos cabezas que negocia y alterna la gestión gubernamental.

Las organizaciones políticas de la clase dominante han colaborado ampliamente en la compraventa de México e integrando la economía nacional al mercado estadounidense: la máxima prueba de ello es la indistinción partidaria al momento de formular y ejecutar la reforma energética. La política económica no guarda relación con el ejercicio estatal, salvo en los núcleos más prescindibles; ella se gesta todo de acuerdo con los vaivenes del país vecino. Esto le ha permitido estabilidad económica desde finales de la década de 1990, cuando logran superar la crisis de 1994. Sin embargo, degradada por periodos breves, el aumento del precio de la vida se anuncia como una variable socialmente importante para lograr la ruptura.

Esta aparente unidad apunta una fractura. La perspectiva se muestra en el desorden de las expresiones partidarias de la clase dominante. El candidato de la actual fracción gobernante, el Meade in USA mantiene afincadas sus esperanzas de triunfo en dos elementos: las gestiones de Luis Videgaray con el gobierno de Donald Trump y ser el hombre apoyado por el Citigroup y el BlackRock, con los cuales negoció la entrega de la industria energética. Por su parte, el joven y ambicioso candidato del PAN es la esperanza de los grupos empresariales más conservadores, afincados en el norte del país, deseosos de arrebatar el control estatal (y, por tanto, la negociación de la venta del país) al grupo hoy comandado por el secretario de Relaciones Exteriores.

La posibilidad de que México, el eslabón más fuerte de la cadena de dominación, transite por otra vía está abierta a partir de este dato; la unidad de las fracciones de la clase dominante no se da a toda costa. El desorden de las fracciones no es casual: responde a la coyuntura internacional, desfavorable en lo económico y en lo político. La presencia de Trump es una amenaza, donde el actual grupo gobernante aparece como el monopolizador de la ganancia, dada su dependencia con el capital financiero y sus buenos vínculos. La fracción de la clase dominante que apoya a Anaya sabe que en esa perspectiva seguirá perdiendo parte de la ganancia y no está dispuesta a seguir enriqueciendo a la otra fracción. La ruptura en el PAN es el signo más claro de esta posibilidad de conflicto entre las fracciones de la clase dominante.

Del lado de la izquierda, la acción se ha limitado, pues su figura principal gesticula y habla en un escenario cooptado por el neoliberalismo y la antidemocracia. Debe quedar claro que la ruptura del eslabón más fuerte de la cadena no es resultado de la acumulación de fuerzas ni de un eventual giro progresista de importantes sectores de la sociedad: depende en gran medida de la fractura interna de las fracciones de la clase dominante. En un eventual triunfo de Morena se nadaría contracorriente, pues no sólo se desarrolla en un espacio plenamente dominado por las corrientes de centro-derecha sino que, además, tendría que dar dos pasos atrás, al verse en la imperiosa necesidad de reestablecer las coordenadas mínimas para un ejercicio democrático y soberano, lo cual le será sumamente difícil y costoso. La contradicción principal en que dicha fuerza política se encuentra es que ante la posibilidad del triunfo electoral y el ejercicio de gobierno, navegará entre su persistencia de conservar la obtención de ganancias de sus enemigos y las necesidades tanto de terminar la “guerra” iniciada en 2006 como de reestablecer las condiciones para un ejercicio democrático mínimo.

Finalmente, varias novedades se articulan en la coyuntura. La crisis institucional, económica y de credibilidad es cada vez más evidente. Todo ello parece apuntalar a un favorecimiento de la opción “opositora”. La estrategia de la clase dominante no está del todo clara; hemos apuntado aquí la hipótesis de la ruptura. Sin embargo, hay la otra: la que indica que sostener una estrategia de contender con dos candidatos resultará crucial para dividir la votación en tres tercios, posibilitando por vías fraudulentas la posibilidad de un “ligero” triunfo a favor de cualquiera de sus dos candidatos sobre López Obrador. Insistimos: el actual pulso de la coyuntura parece indicar una fractura en la clase dominante, donde la crisis actúa como un elemento que obliga a la insistencia de apostar por el candidato del PAN-PRD sobre el del PRI; señal de esto sería la ruptura partidaria y el cisma Calderón-Anaya. Si esto ocurre, la candidatura “independiente” de Margarita Zavala podría disminuir las posibilidades de Anaya, generando la ruptura de los tres tercios. La ruptura no está consumada: es una conjetura que aparece cada vez con mayor fuerza.

Numerosos elementos novedosos se anudan en esta coyuntura, haciendo posible la conjetura de que si bien el eslabón más fuerte de la cadena no se romperá por completo, es posible su debilitamiento. Esto supondría una gran noticia para las fuerzas de la región y un intento de recomposición de las fuerzas antineoliberales que posibilite salir de las coordenadas político-ideológicas impuestas en los últimos años.


1 Gerardo Ávalos, La estatalidad en transformación, México, UAM, 2016.

2 Número de muertos en 2012: mil 699; 2013: 18 mil 106; 2014: 15 mil 520; 2015: 16 mil 909; 2016: 20 mil 547; 2017: 25 mil 339. Total: 98 mil 120 muertos. Véase Jorge Ramos, “EPN: la aritmética del horror” [http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/editoriales/editorial.aspx?id=128582&md5=13dc849fbe4cc3c670c6a2214936ecfd&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=85c64fd92e0c51b8bf482d72092996a2]

3 Teresa de Santiago y Carlos Illades, Estado de guerra: de la guerra sucia a la narco guerra, México, Era, 2015.