El poder constituido de Peña Nieto y Mancera
La próxima Asamblea Constituyente de la Ciudad de México es de hecho un poder constituido. Como ha denunciado un amplio crisol de actores políticos y sociales, de los 100 diputados constituyentes, 40 serán elegidos por el Ejecutivo a cargo de Enrique Peña Nieto y el actual jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Sólo el resto, 60 curules, será sometido a la elección popular. El texto constituyente por discutir durante los 6 meses en que sesione la Constituyente lo redactará un grupo de intelectuales que, si bien provienen en algunos casos del progresismo, no dejan de ser una elite de notables que redactan el documento sin el concurso de las grandes mayorías de la ciudad.
La Constituyente es un terreno donde se disputarán los intereses de la clase dominante a espaldas de las masas laboriosas que día tras día movemos los resortes del trajín metropolitano. Para Enrique Peña Nieto y el PRI, es una oportunidad de recomponer su hegemonía sobre la capital, perdida desde 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del Partido de la Revolución Democrática, asumiera su jefatura.
Este intento tiene patas cortas en la medida en que hay una relación de fuerzas conquistada por sectores de la clase media, los trabajadores y el movimiento popular. El otrora Distrito Federal ha sido el escenario desde hace más de 10 años de las principales movilizaciones democráticas de la historia nacional.
Desde las multitudinarias marchas contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y los movimientos contra el fraude en 2006, contra la militarización encabezado por Javier Sicilia y el #YoSoy132 hasta las imponentes movilizaciones de repudio a la desaparición forzada de los 43 normalistas que en su cenit unificaron a cientos de miles al grito de ¡Fuera Peña! No es casual que la capital del país sea de las pocas en Latinoamérica donde se conquistó el derecho al matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo.
La alianza de EPN con Miguel Ángel Mancera, un alfil del PRI en este intento de recomposición, desempeña un papel estratégico en el ajedrez político nacional. El jefe del gobierno capitalino, a su vez, busca ser una figura con “juego propio” en esta reorganización política del centro político del país.
A Enrique Peña Nieto le juega en contra también para retomar las riendas de la capital la debilidad de su principal aliado, Miguel Ángel Mancera, quien cayó en el descrédito por su propia gestión, arrastrado por la debacle del PRD.
El Sol Azteca, que en los últimos años hizo las veces de “partido de la contención” sobre el movimiento de masas para que ninguna lucha rebasara los márgenes del régimen de dominio y se expresara de forma independiente, cayó en el más profundo de los descréditos tras la crisis posterior a Ayotzinapa, pues quedó al desnudo su verdadero carácter: el de un partido al servicio de los “poderes fácticos” que asimiló los rasgos más descompuestos de la administración capitalista del poder.
Morena versus los independientes
Las profundas aspiraciones democráticas referidas están en la base del indiscutible peso de López Obrador, quien despierta simpatías entre los trabajadores, los jóvenes, las mujeres y los sectores de clase media y populares de la ciudad. Sin duda, la denuncia de lo que amlo llama “la mafia en el poder” genera empatía en millones, producto del hartazgo con la casta política y la corrupción de los servidores públicos de los partidos del “Pacto por México”.
Morena ha denunciado también la imposición por “dedazo” de los 40 constituyentes y desechado los recursos que emitirá el Instituto Nacional Electoral (INE) para las campañas proselitistas (tomando en cuenta que tiene las finanzas ordinarias de cualquier partido con registro). Sin embargo, en todo el periplo por el que pasaron los aspirantes a una candidatura independiente avaló los tortuosos requisitos impuestos por la autoridad comicial.
Es que el partido de AMLO nace con profundas contradicciones en su seno. Por una parte, su dirección proviene de las entrañas del PRD, políticos y funcionarios que durante años coexistieron con las prácticas políticas de un partido crecientemente corrompido.
Como el PRI y el PAN, reprimió las luchas sociales (el gobierno de Rosario Robles, por ejemplo, durante la huelga de la unam de 1999 o Gabino Cue al magisterio oaxaqueño). Un partido que emuló las prácticas más degradadas de asociación con el narcotráfico, corrupción y corporativismo. Durante el gobierno de López Obrador en el Distrito Federal se aprobó el artículo 362 del Código Penal capitalino, un símil del de “disolución social” contra el que luchaban los estudiantes en 1968. Se profundizó el trabajo precario —tanto en las empresas como en el gobierno de la ciudad— de miles de mujeres y jóvenes, en particular, y el centro histórico fue paulatinamente privatizado al servicio de Carlos Slim.
Es decir, AMLO, quien en su batalla moral cuestiona los excesos del gobierno y a los empresarios ligados a Peña Nieto, gobernó otorgando concesiones mínimas a las masas capitalinas, pero gestionando los negocios capitalistas del entonces Distrito Federal, lo que redunda en jugosas ganancias para los bancos, los hoteles de lujo y las empresas.
Actualmente, mucho descontento ha despertado el hecho de que Morena encumbra en puestos de elección popular a connotados ex priistas como José Luis Pech en Quintana Roo y al ex panista y empresario Javier Félix en Chihuahua, por nombrar sólo dos ejemplos ¿Habrán dejado de ser mafiosos estos personajes en algún curso de rehabilitación?
El problema de la “mafia en el poder” no es, como de algún modo opina AMLO, cuestión de “honradez”. Los servidores públicos ganan salarios millonarios porque desempeñan un papel crucial en el capitalismo contemporáneo: administrar sus negocios. Se convierten así en una “casta política”, ajena a los padecimientos de los trabajadores y la juventud.
El límite estratégico de Morena es que, para poder llegar a la Presidencia en 2018, debe demostrarse capaz de “gestionar” los negocios de quienes tienen el verdadero poder en el país: los Slim, los Azcárraga, los Salinas Pliego, las grandes transnacionales, y pactar con los representantes del régimen responsable de Ayotzinapa. Esto, más allá de que la clase dominante, racista, clasista y reaccionaria, ve en AMLO “un peligro para México” pues, a su manera y de forma distorsionada, encarna las ilusiones de los trabajadores del campo y la ciudad, una y otra vez postergadas en sus reivindicaciones, sometidas a la explotación y la opresión.
Anticapitalistas a la Constituyente
La ubicación de Morena frente a los independientes yace en estas contradicciones. El voto útil se sustenta de modo permanente en los últimos años en la idea de que los “movimientos sociales”, si quieren tener expresión política, no tienen alternativa salvo apoyar electoralmente a Morena, como de hecho está haciendo un sector de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
De emerger una candidatura verdaderamente independiente, que encarne estas aspiraciones democráticas sin provenir de la propia “clase política” repudiada por amplios sectores, quedaría demostrado que a la izquierda de Morena “no está la pared”.
Sólo ocho candidatos pasaron las enormes trabas del INE. Varios tienen algún vínculo con el poder político o gestionan de manera corporativa los planes del Estado. Una sola de las ocho candidaturas puede disputar a Morena un lugar en la Constituyente: la fórmula Anticapitalistas. Detrás de la fórmula que represento con mi compañera Sulem Estrada están los militantes del Movimiento de los Trabajadores Socialistas, quienes hicieron una enorme campaña para obtener las 75 mil firmas que nos solicitaba dicho instituto. Somos trabajadores, docentes y jóvenes que deseamos llevar a la Constituyente las demandas de la primavera guinda de los estudiantes politécnicos, la feroz resistencia de los maestros contra la reforma educativa y la lucha de las mujeres que este 24 de abril se movilizaron en la ciudad contra las violencias machistas. La juventud conoce en carne propia los padecimientos del trabajo precario en la ciudad que alimenta las ganancias capitalistas. Queremos dar voz a los sin voz.
Para quienes opinamos que no hay reforma posible del régimen actual, asociado al narco y especialista en desaparición forzada, la participación en un terreno adverso como el electoral tiene el objetivo de que nuestras ideas lleguen a millones. Y también de disputar la hegemonía que las variantes reformistas como la de Morena mantienen sobre los asalariados y la juventud, arrogándose la lucha por la democracia.
La lucha por los derechos democráticos desde nuestra perspectiva está engarzada indisolublemente con la desplegada por el socialismo. Tomamos el ejemplo de los comuneros de París de 1871, que sancionaron la revocabilidad de los funcionarios y ganaran como un obrero calificado. Sin ceder un pedacito de calle, pelearemos en la Constituyente por arrebatar todos los derechos para los trabajadores, la juventud, las mujeres y la comunidad LGTB.
Somos un profesor precarizado y una maestra de secundaria; ambos hemos sido parte desde 2011 hasta la fecha de la lucha contra la militarización, del movimiento #YoSoy132, y de la lucha contra la reforma educativa y por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.