El neoliberalismo abrió un juicio sumario contra lo político como espacio de construcción de lo común, cuya sentencia definitiva fue la privatización de lo político y de lo público. Su correlato necesario ha sido el despojo, de la economía y del gobierno, con repercusiones que hoy evidencian el sentido impuesto: la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza y la marginación de comunidades, ajenas a la decisión sobre su destino, sometidas al gobierno de los técnicos.
La reforma política que convirtió el Distrito Federal en una entidad federativa con autonomía, la Ciudad de México, y el proceso constituyente que establecerá los marcos de su gobierno están inscritos en este paradigma de privatización y despojo de lo político. El proceso simula la participación ciudadana, ocultando la tutela del Constituyente como la fase de institucionalización del pacto entre las clases política y dominantes. Así como ha quedado definido, son tres sus actores centrales: el gobierno federal, los partidos políticos y el gobierno de la Ciudad de México.
La intervención del resto de los participantes en el proceso constituyente se encuentra limitada de origen. Organizaciones civiles, sociales y políticas diferentes de los partidos políticos tradicionales han decidido lanzar candidaturas independientes; sin embargo, la posición a que han sido relegadas las coloca como actores marginales. Por otro lado, es claro que en el grupo formado por Miguel Ángel Mancera Espinosa participan personalidades con amplio reconocimiento en la sociedad civil, pero sin representarla.
El diseño de una constitución de la Ciudad de México, el corazón político y económico del país, fue una demanda histórica de la sociedad civil movilizada de la capital, sede en la segunda mitad del siglo XX de algunas de las principales luchas que se propusieron acabar con el régimen autoritario. La ausencia, en la disputa hoy por el Constituyente, de los actores colectivos centrales en estas luchas es el resultado de un contexto de rupturas, cooptación y crisis de representación de los sujetos sociales en la ciudad, así como de autoritarismo y criminalización de la protesta social en los últimos años.
En el contexto de guerra, despojo y autoritarismo en que se encuentran el país y la capital es fundamental reconstituir el pacto social. Una constituyente debe ser un proceso de discusión amplio, masivo, diverso, con procesos de deliberación verdaderamente democráticos, representativos y participativos, que incluyan a todos los habitantes de la ciudad y cuya conclusión debe ser una constitución fundacional que recoja los acuerdos de todos los sectores participantes. En contraste, el proceso constituyente presenta hoy un proyecto de ciudad desde el acuerdo de las elites. Es un proceso opaco que excluye sujetos y temas a debate y supone la ausencia de la sociedad movilizada como actor en la definición de su vida en común.
Sin embargo, si la estructura desigual de poder determinó un mecanismo tutelado y excluyente, es deber de la sociedad movilizarse para modificar la correlación de fuerzas, para no perder lo ganado y hacer posible la ciudad que deseamos. En Desencanto y Revuelta pensamos que es fundamental la lucha sobre el contenido de la próxima Constitución por todos los miembros de la sociedad que hemos sido excluidos de su diseño.
La disputa por la ciudad es un proceso que no se abre ni se cierra con la Constituyente. Resulta indispensable que actores sociales intervengamos de diversas formas y lugares para construir la ciudad deseada y no la que se nos pretende imponer, construir la política que anhelamos hacer y no la que nos dejen hacer. La disputa por nuestra ciudad es también una lucha más amplia por la reconquista de lo político como espacio de construcción de lo común.
*Para más información del colectivo: https://goo.gl/Fyn9dC