La experiencia de observación constituida por la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD), durante el pasado proceso electoral, ofrece elementos relevantes para evaluar el alcance y las limitaciones de esta forma de participación ciudadana en la sociedad mexicana actual.
La RUCD nace como decisión de un colectivo de académicos, nacionales e internacionales, que participamos en la conferencia internacional Democracia y autoritarismo en México y el mundo, de cara a las elecciones de 2018 (Antigua Escuela de Medicina, 14 a 16 de febrero 2018), convocada por John Ackerman, en el marco del programa Diálogos por la Democracia, auspiciado por la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En un desplegado, firmado por casi 180 académicos, periodistas y líderes sociales, nacionales y extranjeros, y publicado en tzeltal, náhuatl, inglés, francés y ruso, se da a conocer la constitución de la RUCD. Se plantea ahí que, en el contexto de la crisis de credibilidad de las instituciones electorales y reconociendo la existencia de muchos y muy diversos actores sociales que no han asumido las reglas del juego democrático, era necesario tomar las siguientes acciones:
1. Integrar un enorme ejército de observadores electorales ciudadanos para cubrir y vigilar tanto las casillas el día de los comicios como los conteos distritales;
2. Denunciar desde ese momento de manera sistemática y rigurosa, tanto en los medios de comunicación como en las instituciones electorales y los organismos internacionales, todas las violaciones de la normativa cometidas en el proceso electoral; y
3. Organizar y articular las iniciativas ciudadanas existentes a favor de la democracia en México, en los planos nacional e internacional, a fin de aumentar su trascendencia de cara a las elecciones del 1 de julio.
Con ese propósito, en conferencia de prensa, el 21 de marzo se anunciaba la creación de la RUCD, como un espacio de articulación, divulgación y acción a favor de la democracia en México y convocando a la sociedad civil, nacional e internacional, a registrarse como observadores electorales y formar parte de la iniciativa.
Acogido al Programa del PNUD que otorga fondos para la observación electoral en el mundo, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, AC, presididos por el doctor Miguel Concha Malo, se dio a la tarea de fungir como coordinación de la RUCD, en las personas de Carlos Ventura y Valentina Melgar. Se creó la página electrónica https://www.reddemocracia.org/, y se dieron el registro de participantes y la difusión de actividades.
Para desarrollar la actividad central de la red se formó un subgrupo de especialistas en legislación electoral que, además de asesorar sobre la organización del trabajo, elaboró un manual de observación, capacitó a los futuros observadores y estructuró un conjunto de documentos para que el registro de las actividades y, particularmente, de los actos violatorios de la norma quedaran claramente asentados y sirvieran de fundamento para las demandas legales en caso de impugnación de actos de la autoridad.
La tarea estuvo coordinada por Ramsés Ruiz, en la parte legal; y Francisco Cobos, en la logística. Colaboraron con Laura Carsten, quien estuvo a cargo, particularmente, de los más de 100 observadores electorales de 15 países, quienes desplegaron una importante labor de difusión en medios masivos, a través de artículos periodísticos, mensajes en radio, videos en redes y entrevistas, incluida una carta al Congreso de Estados Unidos de América para exigir neutralidad en el proceso electoral mexicano.
Como parte de su cometido de observación del proceso electoral en su conjunto, y no solamente del desarrollo de la jornada comicial en cuanto tal, en sesión plenaria del 27 de abril la RUCD resolvió crear un grupo de vigilancia de las actividades y resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Fueron designados coordinadores los doctores Margarita Favela y Gerardo de la Fuente Lora. Posteriormente, la red asumió como uno de los ejes centrales de su acción el seguimiento no sólo del TEPJF sino del conjunto de instituciones centrales encargadas de la conducción de las elecciones: el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Al grupo original se incorporaron otros compañeros y se crearon tres subcoordinaciones, una por institución en la materia.
Dada la repentina profusión de llamadas telefónicas ilegales denostadoras del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, la red acordó reunir testimonios y presentar denuncias ante la Fepade, el INE y el INAI. El 14 de junio convocó a los medios de comunicación y realizó un acto a las puertas de la fiscalía, donde los miembros interpusieron formalmente sus denuncias.
El 21 de junio, la RUCD realizó otra concentración en las instalaciones del INE para seguir demandando la acción de las autoridades frente a las llamadas telefónicas. Empero, la red no se limitó tal día a presentar esa demanda: sus miembros entregaron en la oficialía de partes de la institución un documento donde expresó la urgente necesidad de obtener de las autoridades electorales un compromiso democrático, claro y contundente centrado en dar total transparencia al manejo del conteo de votos.
Se demandó del INE garantizar que los resultados del programa de resultados electorales preliminares (PREP) fueran de acceso libre, la operación del comité asesor del conteo rápido operara de manera pública, con presencia de observadores, y se permitiera la vigilancia ciudadana en los centros donde se alimentaría el PREP para que hubiera total transparencia en el conteo.
Se propuso al Instituto Nacional Electoral la puesta en marcha de la tecnología blockchain (“cadena de bloques”), como antídoto eficaz e irrefutable para blindar los sistemas de acopio de datos y cómputo en la infraestructura tecnológica del INE, en especial respecto a la operación del PREP en la elección de presidente.
En fin: acompañando a esas demandas, la RUCD llamó a terminar con la injuriosa pasividad del INE frente a los señalamientos ciudadanos de las numerosas violaciones de la ley electoral, como compra de votos, guerra sucia, noticas falsas, coacción y violencia política.
La RUCD decidió tener una actitud proactiva también en relación con las otras autoridades electorales y buscó encuentros directos con el tribunal y la Fepade. Así, el 26 de junio una representación de la red se reunió con la presidenta del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis, y los magistrados Indalfer Infante González y Reyes Rodríguez Mondragón, a quienes se presentó el documento con los siguientes elementos:
– La preocupación por la disminución de la credibilidad del tribunal ante la ciudadanía por algunos fallos recientes; por ejemplo, que se permitiese el reparto de tarjetas como parte del proselitismo y, sobre todo, la aceptación de la candidatura presidencial de El Bronco en las boletas;
– El papel, las responsabilidades y las acciones que el tribunal debería llevar a cabo de cara a la violencia registrada en el proceso electoral; y
– La petición de la red para que la etapa de calificación de las elecciones, posterior al día de la votación, estuviera mucho más abierta a la participación ciudadana.
Entre los logros de la plática con los magistrados del tribunal, la red obtuvo la seguridad de que, mediante la figura jurídica de “los amigos de la corte”, la sociedad civil y los ciudadanos podrían aportar a las carpetas por abrir sobre la calificación de las elecciones.
El mismo día, por la tarde, la red se reunió con el fiscal electoral en las oficinas de la Fepade. Se le expusieron las preocupaciones respecto a la lentitud o de plano la inacción de las autoridades frente a una serie de flagrantes irregularidades. En el encuentro se hizo saber a las autoridades la impresión de impunidad que cundía entre los ciudadanos sobre la profusión de delitos electorales.
A la Fepade se informó en términos amplios del programa general de despliegue de observadores por la RUCD, y se obtuvo de ella el compromiso de prestar especial atención a su seguridad en caso necesario.
Como parte de la tarea colaborativa a que convocamos, la RUCD hizo sinergia con las redes Acción Ciudadana Frente a la Pobreza/Democracia Sin Pobreza, Red #RompeElMiedo, y Observación Que Sí Cuente de la Universidad Iberoamericana. Como resultado de la convocatoria internacional, la RUCD recibió a una delegación de parlamentarios de Reino Unido, que organizó la participación de una veintena de sindicalistas británicos como observadores.
Finalmente, un representativo de la RUCD se entrevistó con las delegaciones de observación de la Organización de Estados Americanos, de Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y de la Confederación Parlamentaria de las Américas, para conminarlas a que hicieran todo cuanto estuviese a su alcance para garantizar un proceso limpio y transparente.
Finalmente, el día de los comicios, los más de 300 observadores integrados a la RUCD se desplegaron en las zonas previamente identificadas como más sensibles, en Ciudad de México, estado de México, Morelos y Puebla, coordinados por Francisco González, Gabriel Corona y Patricia Escamilla, que cubrieron 635 casillas, en equipos binacionales. También en Chiapas, Veracruz y Tlaxcala se organizaron brigadas especiales, y hubo coordinación en otras 18 entidades donde la RUCD contó con adherentes para realizar la labor de observación en 66 distritos electorales.
Durante la jornada del 1 de julio, la RUCD emitió 3 reportes, donde daba cuenta del desarrollo de las labores y de las irregularidades advertidas. De los 44 reportes recibidos, se derivaron 30 denuncias ante la Fepade y publicó un comunicado para denunciar los hechos ocurridos en Puebla el 2 de julio.
Finalmente, en conferencia de prensa el 3 de julio, una delegación de la RUCD expresó que pese a las múltiples incidencias delictivas, los ciudadanos salieron de manera masiva a ejercer su derecho al sufragio libre. Se derrotó así por absoluta mayoría la tradicional mapachería y se tuvieron por primera vez en la historia del país unas elecciones donde se impuso la voluntad ciudadana, pese a no coincidir con la del grupo en el poder.
¿Qué conclusiones se desprenden de esta experiencia?
1. Que la observación ciudadana, nacida del fraude, más que una herramienta para frenarlo ha sido un formidable instrumento para la movilización ciudadana y, particularmente, para el fomento de una cultura política democrático-electoral, imprescindible –aunque no suficiente– para el desarrollo de la democracia integral.
2. Que en la medida en que las instituciones electorales mexicanas mantengan una orientación partidista y un espíritu autoritario, la labor de denuncia de los observadores seguirá siendo indispensable, aunque completamente insuficiente, no sólo porque la observación ciudadana carece de poder vinculatorio sino porque, incluso teniéndolo, la arbitrariedad de las instancias encargadas de aplicar la ley y administrar la justicia, incluida la electoral –como bien muestra hasta hoy el caso Puebla–, hacen nulas las denuncias y pruebas que deberían conducir al respeto del sufragio –y de los derechos humanos en general– y al castigo a los responsables.
3. Que lo único que puede derrotar a las innumerables y siempre novedosas prácticas fraudulentas son o bien el voto masivo, como sucedió el pasado 1 de julio, o la transformación de la legislación y las instituciones, lo cual incluye naturalmente el cambio de sus ocupantes para que el ejercicio del voto deje de ser un campo de democracia ficticia.