Agroecología en México: de la resistencia a una política de Estado
Diversas investigaciones han postulado que la crisis socioambiental contemporánea articulada al campo de lo agroalimentario, tiene su origen en los inicios de la llamada Revolución Verde (RV), la cual fue concebida por científicos norteamericanos en la segunda mitad del siglo XX. Junto con la Fundación Rockefeller, convirtieron a México y a otros países en un laboratorio mundial para experimentar inéditas formas de desarrollo agrícola. El modelo agroindustrial que se impuso desde hace décadas en países como el nuestro, el cual ha tenido como fundamento epistemológico y metodológico el paquete tecnológico de la RV, ha impactado fuertemente en la salud humana y en los sistemas alimentarios a lo largo de muchos años en las zonas rurales y urbanas del mundo.
La RV inició en México con el argumento de que con ella se contribuiría a abatir el hambre a nivel mundial, elevando los rendimientos agrícolas y la producción de alimentos. En un inicio se incrementaron las cosechas debido a la utilización de semillas híbridas y tecnologías asociadas, pero a lo largo de los años, los resultados socioambientales son considerados negativos por diversos factores: profundización de la brecha entre el modelo agroindustrial y la agricultura campesina-indígena, desplazamiento diferencial de la agrobiodiversidad y los sistemas productivos tradicionales, mecanización, degradación de suelos, contaminación de cuerpos de agua, imposición de monocultivos, generación de resistencia a plaguicidas, homogeneización de procesos productivos, así como la utilización de productos que después de algunas décadas se identificaron como cancerígenos (Hewitt de Alcántara, 1978).
En México, desde sus inicios, la RV ha significado una amenaza para la agricultura campesina de origen mesoamericano. La promoción de los monocultivos y la utilización de herbicidas, plaguicidas, fertilizantes químicos, así como la introducción de semillas híbridas, todo ello articulado a otros factores, ha promovido el desplazamiento de la milpa, la destrucción paulatina y progresiva de su diversidad fulgurante, de su equilibrio ecosistémico. La consolidación del modelo agroindustrial profundizó las desigualdades sociales en el mundo rural, además de que erosionó la autosuficiencia alimentaria, la biodiversidad y la agrobiodiversidad, contribuyendo además a la contaminación de aguas y suelos.
Sin embargo, la persistencia del modo de vida campesino-indígena de producción y de manejo de los bienes comunes naturales no se doblegó de manera absoluta al proyecto modernizador. Incluso en las regiones en las que muchos campesinos aceptaron de manera condicionada o se apropiaron del paquete tecnológico de la RV, desde hace algunas décadas se puede verificar la emergencia de organizaciones y movimientos rurales que proponen la revaloración y recuperación de la agricultura campesina, biodiversa, sostenible, tradicional, así como la transición agroecológica.
México ha sido y es un claro ejemplo de experiencias que demuestran que conservar y aprovechar al mismo tiempo, sí es posible. Sistemas agroecológicos como el MIAF (Milpa Intercalada con Árboles Frutales), ya se han experimentado exitosamente desde hace por lo menos veinte años en diversas regiones de Oaxaca y Chiapas, donde los productores han creado agroecosistemas que les permiten un aprovechamiento multivariado, en diversos pisos ecológicos y a lo largo de todo el año. En prácticamente todo el país se han utilizado prácticas agroecológicas en superficies a pequeña y gran escala, a través de diversas formas de uso de maquinaria, rotación de cultivos, falsa siembra, cultivos imbricados, coberteras con leguminosas, acolchados y labranza de conservación sin herbicidas, entre muchas otras.
De hecho, sería válido afirmar que México se ha convertido en un referente importante del movimiento agroecológico mundial y continental. Durante décadas, los emprendimientos agroecológicos navegaron a contracorriente de las políticas oficiales. La diferencia hoy día radica en que por primera vez se está configurando una política pública orientada a crear procesos agroecológicos, pero también a fortalecer los que desde hace pocos o muchos años han persistido, aun en condiciones adversas.
Con el gobierno de la Cuarta Transformación, nuestro país está viviendo un impulso inédito desde el Estado para intensificar el proceso de transición agroecológica que iniciaron y continúan diversas organizaciones y comunidades rurales y urbanas. Para ello, se han creado nuevas políticas públicas y programas estratégicos. Uno de ellos es Sembrando Vida, mediante el cual se están atendiendo dos de las problemáticas más fuertes que existen en el ámbito rural: la pobreza en el campo y la degradación ambiental, a través de la reapropiación productiva de los territorios mediante procesos de restauración ecológica.
Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) promueve un modelo propio para una transición agroecológica a través de su Estrategia de Acompañamiento Técnico (EAT) de Producción para el Bienestar (PpB), la cual rompe con el viejo paradigma del extensionismo rural de la RV, el cual respondía a los intereses de las empresas transnacionales proveedoras de paquetes tecnológicos.
Mediante la EAT, SADER da acompañamiento a más de dos millones de productores de arroz, amaranto, cacao, café, chía, caña de azúcar, frijol, maíz, milpa, trigo, miel y leche, y su objetivo es fortalecer las capacidades de los productores de PpB para que transiten a sistemas agroalimentarios agroecológicos, productivos y resilientes que permitan mejorar la autosuficiencia alimentaria.
Por otro lado, la SEMARNAT, también ha estado trabajando en la creación de un plan nacional para incentivar la agroecología en México, buscando incorporar además el concepto de patrimonio biocultural en los instrumentos de política pública ambiental y con ello “proteger la vida de los mexicanos ante el embate de alimentos producidos con pesticidas y agroquímicos, y revertir el modelo agronómico de los últimos 60 años” (Boletín, 8 de abril de 2020). Observamos que el gobierno de la Cuarta Transformación ha decidido asumir el proceso de transición agroecológica, no sin altos riesgos técnicos y políticos. Se colocó a la vanguardia internacional, yendo más allá del puro debate académico o mediático, pues desde que inició en 2018, ha estado implementando acciones innovadoras desde los territorios rurales orientadas hacia la agroecología.
Consideramos que todo este esfuerzo social debe contar con un marco jurídico. En México, a diferencia de otros países latinoamericanos, no contamos con una ley nacional en esta materia, a pesar de la importante trayectoria de los procesos agroecológicos a lo largo y ancho de su territorio. La iniciativa en la que hemos estado trabajando en los últimos dos años, precisamente busca llenar ese vacío en la legislación mexicana. Además, aspira a ser un insumo que contribuya a revertir la devastación socioambiental de los agroecosistemas de nuestro país y, sobre todo, que facilite el proceso de transición agroalimentario que actualmente se impulsa desde el Estado, teniendo como máxima, la protección y la preservación de la vida digna de las actuales y futuras generaciones.
Fortalecer la agroecología en México: hacia un nuevo marco jurídico
Durante 2022 se elaboró en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que deseablemente tendría que ser aprobada antes de que concluya la LXV Legislatura, previa discusión y consenso con diversos actores sociales. Esta iniciativa reconoce los esfuerzos que numerosas personas, colectividades, organizaciones, comunidades, ejidos y muchos otros actores han sostenido para que la agroecología se consolide en nuestro país. Consta de doce títulos y diecinueve artículos en los que se establecen objeto, definiciones, principios, ámbitos de aplicación, sujetos sociales, producción, comercialización, consumo, competencias y atribuciones de la federación, educación, investigación y muchos otros temas de relevancia para fortalecer los procesos agroecológicos en México.
En caso de aprobarse como ley, este nuevo ordenamiento tendrá como objeto fundamental, el fomento, promoción y fortalecimiento de políticas, programas, proyectos y acciones para el desarrollo de la producción agrícola para el autoconsumo y la agroecología como sistema integral de producción, comercialización y consumo de alimentos, buscando con ello aumentar la seguridad alimentaria y la resiliencia de los agroecosistemas. También se propone impulsar los medios de subsistencia y las economías locales, diversificar la producción de alimentos y las dietas, promover la salud y la nutrición, salvaguardar los recursos naturales, la biodiversidad y las funciones ecosistémicas, mejorar la fertilidad y la salud del suelo, así como la adaptación y la mitigación al cambio climático, además de preservar las culturas locales y los sistemas de conocimiento agrícola tradicionales, proteger y promover los desarrollos agroecológicos existentes, así como la promoción y acompañamiento de nuevos emprendimientos agroecológicos a diferentes escalas.
Con este nuevo ordenamiento, se daría fundamento legal a la agroecología y a la producción para el autoconsumo en las políticas ambientales y agroalimentarias para el diseño de medios e instrumentos de gestión que permitan mejorar las condiciones de vida de la población, la conservación de los agroecosistemas, el uso sostenible de la biodiversidad y el manejo sustentable del territorio, transitando hacia la autosuficiencia y la seguridad alimentaria, en contextos rurales y urbanos, en el marco de la pluriculturalidad de la nación. A través de este instrumento legal, la producción agroecológica y para el autoconsumo se reconocen y se declaran de interés nacional, debido a su importancia en la construcción de la soberanía y la seguridad alimentaria, el cuidado del ambiente y la salud de la población.
También establece que el Estado mexicano seguirá y observará los siguientes principios para el diseño y aplicación de una política nacional de fomento a la agroecología y producción para el autoconsumo: 1) conservación de la agrobiodiversidad y gestión participativa de los recursos naturales; 2) crear estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático desde los territorios rurales; 3) reducción y eliminación del uso de insumos externos, principalmente los que implican toxicidad al ambiente; 4) reconocimiento y valorización del trabajo de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, afromexicanos, equiparables y disidencias sexuales en la producción agroecológica; 5) asegurar el acceso a créditos, seguros agrícolas e inversión comunitaria para la producción agroecológica; 6) asegurar el acceso a mercados locales de circuitos cortos; 7) priorizar la producción sostenible agroecológica en programas de compras públicas; 8) ampliar la revalorización social de la producción agroecológica y 9) garantizar un proceso participativo en la toma de decisiones.
La iniciativa plantea que el ámbito de aplicación estaría conformado por todas aquellas unidades de producción agrícola, ganadera, forestal, apícola y de pesca artesanal ubicadas en el territorio nacional, y que la autoridad rectora para su aplicación será la SADER, en coordinación con SEMARNAT y la Secretaría de Bienestar. Los gobiernos estatales, los municipios y los centros públicos de investigación podrán coordinarse, mediante la celebración de convenios con la federación, y de esa manera impulsar diversos programas, proyectos y acciones orientadas a la producción agrícola para el autoconsumo y la consolidación de la agroecología.
Respecto a los sujetos sociales de interés, se establece que son todos aquellos productores y productoras rurales, urbanas y periurbanas que de manera individual, familiar, comunitaria y bajo diferentes figuras organizativas y/o asociativas, realizan actividades orientadas a la producción rural y urbana para el autoconsumo y se encuentran en proceso de transición o consolidación agroecológica en sus unidades de producción.
Se reconoce también que las políticas públicas orientadas a la producción para el autoconsumo y a la producción agroecológica pondrán especial énfasis en las unidades de producción de personas, comunidades, organizaciones y pueblos reconocidos en las legislaciones federal y estatal como indígenas, originarios, afromexicanos o equiparables, reconociendo sus conocimientos tradicionales, así como sus prácticas productivas. También se priorizarán los procesos agroecológicos promovidos por colectividades de mujeres y jóvenes. Como sujetos de interés también se consideran a las instituciones académicas y centros de investigación públicos y privados, así como organizaciones de la sociedad civil que orientan sus esfuerzos a la investigación, formación, capacitación, intercambio de saberes, difusión y divulgación de la agroecología.
Se contempla que los ejidos, las comunidades agrarias y los municipios podrán declararse a sí mismos y ser reconocidos por el Gobierno de México, a través de sus autoridades correspondientes, como “Territorios agroecológicos” en dos modalidades: a) en proceso de transición y b) consolidados. La SADER estaría obligada a tener conocimiento de estas declaratorias, creando con ello el Registro Nacional de Territorios Agroecológicos.
La iniciativa propone que las políticas públicas orientadas a fortalecer los sistemas agroecológicos de producción y comercialización, deberán: 1) colocar en el centro de su acción a los ecosistemas locales, a las personas, comunidades urbanas y rurales, organizaciones, pueblos indígenas, afromexicanos y disidencias; 2) promover el respeto al derecho universalmente reconocido a tener una alimentación suficiente, variada, sana, nutritiva, culturalmente respetuosa y pertinente; 3) evitar y/o eliminar por completo la utilización de insumos químicos (fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas, etc.); 4) evitar la introducción de cultivos genéticamente modificados; 5) promover el uso y aplicación de bioinsumos orgánicos; 6) conservar, intercambiar y utilizar prioritariamente semillas locales, criollas o nativas; 7) preservar, proteger y restaurar los agroecosistemas y los ecosistemas locales; 8) recuperar, promover y aplicar conocimientos y técnicas agrícolas tradicionales sostenibles; 9) promover la creación de circuitos cortos de comercialización, con identidad territorial y fortalecimiento de las economías locales; 10) evitar el intermediarismo y la ampliación de la cadena de comercialización, promoviendo el intercambio directo entre productores y consumidores; 11) promover la intersección inclusiva de jóvenes, pueblos indígenas, afromexicanos, equiparables y disidencias sexuales en los diferentes componentes del proceso agroecológico; 12) promover y llevar a la práctica el policultivo, así como la producción diversificada de alimentos sanos; 13) evitar la siembra de monocultivos que erosionan la diversidad genética de los cultivares locales y regionales; 14) insertarse de manera preferente en circuitos de comercialización de economía solidaria, cooperativismo y/o mecanismos de comercialización directa, de productor a consumidor y 15) otorgar preferencia a la adquisición de productos provenientes de unidades agroecológicas en las compras de alimentos para programas públicos.
Sobre las competencias y atribuciones de la federación, se establece que la SADER será la institución rectora en la materia, a través del Consejo Nacional de Agroecología y Producción para el Autoconsumo (CNAPA), encargado de formular e instrumentar la Estrategia Nacional de Producción para el Autoconsumo y la Agroecología (ENPAA), reconociendo en todo momento la diversidad biocultural de los diferentes territorios y regiones del país. La SEMARNAT y la Secretaría de Bienestar serán las instituciones federales coadyuvantes en materia de agroecología y producción para el autoconsumo. A la autoridad federal rectora se le reconocen facultades para: 1) celebrar convenios con los gobiernos estatales, municipales, alcaldías, ejidos, comunidades agrarias, instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para el fomento y desarrollo de la producción agroecológica y para el autoconsumo; 2) formular y ejecutar políticas, planes, estrategias, proyectos y programas enfocados al fomento y promoción de la producción agroecológica y para el autoconsumo; 3) desarrollar tecnología apropiada, limpia y sustentable para la innovación en la producción agroecológica, incorporando la investigación y la validación de prácticas de producción agroecológica en laboratorios y en parcelas experimentales; 4) crear y ejecutar estrategias para la preservación del patrimonio biocultural campesino, protegiendo el derecho de las y los productores al acceso, uso, intercambio, multiplicación y resguardo de los germoplasmas nativos; 5) apoyar a los productores y productoras agroecológicas para insertarse en mercados justos y solidarios, en cadenas cortas de comercialización; 6) contribuir a la competitividad de los productos agroecológicos a través de procesos de diagnóstico, vigilancia, certificación y aseguramiento de la calidad e inocuidad tanto de los bioinsumos como de la producción agroecológica; 7) impulsar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades y conocimientos técnicos de las y los productores para la implementación de la producción agroecológica y para el autoconsumo; 8 ) proponer y elaborar normas oficiales, protocolos técnicos y manuales de procedimiento para la producción, regulación y certificación agroecológica; 9) establecer de forma democrática, normas técnicas específicas e instrumentar un Sistema Participativo de Certificación para la Producción Agroecológica; 10) coordinar con las instancias correspondientes, la promoción de la capacitación y formación a todos los niveles en materia de producción agroecológica y 11) gestionar el presupuesto público federal suficiente para la ejecución de todas las acciones que se derivan del nuevo ordenamiento jurídico.
Se establece que las instancias gubernamentales federales, estatales y municipales con competencia en la materia, deberán fomentar y facilitar procesos de transición agroecológica en aquellas tierras en las que se desarrolla actualmente una agricultura convencional. Los procesos de transición agroecológica deberán acompañarse con asesoría técnica, facilitada por CONAHCyT, a través de sus centros públicos de investigación, por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y por el Colegio de Posgraduados (COLPOS). La transición hacia la agroecología será acompañada por un proceso de restauración ambiental, particularmente de los suelos degradados, de los cuerpos de agua contaminados por actividades agroindustriales y de la eliminación paulatina de insumos químicos. La SADER será la institución responsable de brindar los apoyos económicos y acompañamiento técnico a los productores que manifiesten interés en iniciar un proceso de transición agroecológica en sus parcelas.
La iniciativa también considera que para instrumentar el proceso de transición agroecológica y para la consolidación de emprendimientos agroecológicos, las autoridades competentes deberán apoyar técnica y financieramente la utilización de diversas técnicas que han sido ya experimentadas en México o en otros países con buenos resultados. Algunas de las técnicas agroecológicas de mayor uso en la agroecología mexicana, reconocidas y apoyadas por este ordenamiento, son las siguientes: 1. Para la conservación de suelo y agua: la aplicación de materia orgánica, de oxigenadores sólidos, la no quema, aplicación de microorganismos fijadores de nitrógeno, uso de harinas de roca, análisis y textura de suelos, construcción de bordos, zanjas a nivel y desnivel, jagüeyes, barreras vivas con árboles frutales, forestales y arbustos, barreras muertas o pretiles con piedra; 2. Para la preservación de la agrobiodiversidad y el equilibrio ecosistémico: diversificación, asociación y rotación de cultivos, conservación e intercambio de semillas nativas o criollas, establecimiento de modelos agroecológicos como los Sistemas Agrofoestales (SAF) o la Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF); 3. Para la nutrición orgánica de los cultivos: producción de bioinsumos, aplicación de abonos naturales sólidos, verdes, foliares, aplicación de bioles, aplicación de inductores de resistencia vegetal, aplicación de lixiviados enriquecidos y aplicación de fitohormonas; 4. Para el manejo y control biológico de insectos, plagas y enfermedades: inoculación de semillas, monitoreo de plagas, uso de trampas atrayentes, aplicación de bioplaguicidas, uso de feromonas, uso de extractos vegetales, aplicación de microorganismos para el control biológico, aplicación de ácidos orgánicos, liberación de insectos benéficos y aplicación de bioplaguicidas y 5. Para la producción de bioinsumos: agua carbonatada, agua de vidrio, supermagro, caldo bordelés, caldo sulfocálcico, té de composta, solución steiner, bocashi, composta, extractos vegetales, humus de lombriz, lixiviado de lombriz, etc.
La iniciativa de ley garantiza que los productores y las productoras agroecológicas y para el autoconsumo, gozarán de una serie de derechos específicos, mismos que deberán ser garantizados por las diferentes autoridades federales, estatales y municipales competentes: 1) tener acceso a los resultados de las investigaciones públicas sobre agroecología; 2) tener acceso a tecnologías apropiadas para la producción agroecológica; 3) ser parte del Registro Nacional de Producción Agroecológica y para el Autoconsumo, de forma gratuita; 4) certificar su Unidad de Producción mediante el Sistema Nacional de Certificación Agroecológica, de forma gratuita; 5) que las autoridades competentes garanticen acceso a cadenas cortas de comercialización y a mercados justos y solidarios, donde se establezcan relaciones directas productor-consumidor; 6) recibir información y capacitación constante, de manera cultural y lingüísticamente pertinente, por parte de las autoridades responsables en la materia; 7) participar en los procesos locales, regionales, estatales y nacionales de producción agroecológica y para el autoconsumo y 8) recibir subsidios y créditos, con intereses accesibles, para fortalecer la producción agroecológica.
La iniciativa también establece claramente la naturaleza, estructura y funciones del Consejo Nacional de Agroecología y Producción para el Autoconsumo (CNAPA), así como la necesidad de que nuestro país cuente con una Estrategia Nacional de Producción Agroecológica y para el Autoconsumo (ENPAA), que deberá contar con los siguientes componentes mínimos: diagnóstico, objetivos, programas, proyecciones, acciones, indicadores (cualitativos y cuantitativos), indicadores, metas, plazos, así como mecanismos de monitoreo y evaluación.
Reflexiones finales
A poco más de un año de que concluya el primer gobierno de la Cuarta Transformación, podemos observar un decidido cambio de rumbo que parte de la construcción de un nuevo paradigma, el cual coloca como sujetos protagónicos a pequeños y medianos productores, poseedores de menos de cinco y diez hectáreas, que representan el 70% de los campesinos del país y que, por cierto, a pesar del abandono neoliberal, aportan el 50% de los alimentos que consume el pueblo mexicano.
Una de las prioridades estratégicas del movimiento político y social que se articula en torno a la 4T, consiste en recuperar la autosuficiencia y la soberanía alimentarias que nos arrebató el modelo neoliberal, para lo cual se reconoce que es necesario rescatar al campo, incentivando la productividad y al mismo tiempo, promoviendo la diversificación productiva desde una perspectiva agroecológica y orientada hacia el autoconsumo.
Tenemos la certeza de con un nuevo ordenamiento como el que proponemos se dará respuesta a parte de las históricas demandas planteadas por el movimiento campesino, indígena, ambientalista y agroecológico rural-urbano, pues con ella se crea un marco legal que fortalecerá la producción agroecológica en el país, además de que se dará mayor fundamento y certeza jurídica a la transición agroalimentaria que impulsan las fuerzas progresistas y el pueblo de México.
[*] Etnólogo por la ENAH. Maestro y doctor en Desarrollo Rural por la UAM-X. Profesor-investigador del INAH desde 2008. Redactor de la iniciativa de ley en materia de fomento a la agroecología y producción para el autoconsumo en la XLV Legislatura de la Cámara de Diputados. Correo: milton_hernandez@inah.gob.mx