Si la Cuarta Transformación significa algo, esto es la profunda modificación de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Cambio perceptible por el nuevo escenario en donde los mediadores, intermediarios e intelectuales (esto en un sentido gramsciano, es decir, como técnicos que contribuyen a la reproducción del orden social) hacen parte del conflicto político que surge de la conformación del orden social. Este proceso no lo inició el presidente o alguna agrupación partidaria, sino que fue la sociedad la que en 2018 barrió a las fuerzas que sostuvieron por décadas el proyecto neoliberal y cuestionaron las prácticas sostenidas bajo el membrete de “transición” y, con esto a los mediadores por excelencia –los partidos políticos– al tiempo que el gobierno mexicano procedió a rearmar el conjunto de las mediaciones
La 4T es un intento voluntario de fundar un nuevo régimen político, proyecto que no se despliega en solitario, sino que enfrenta diques y cuestionamientos de los sectores antiguamente beneficiados por el orden neoliberal. Las elecciones de 2024 confirmarán si esta tendencia del cambio, instalada en un sector significativo de la sociedad, continúa o se detiene. Más allá de los acontecimientos futuros, existen numerosos indicios que permiten pensar que la disputa por la nación escalará en nudos cruciales a partir de los programas de reforma de la sociedad que se configuren en los siguientes meses de este 2023. Los últimos meses han mostrado algunas de las principales claves de comprensión del despliegue de la lucha política. Analizamos algunos de ellos, como parte del ejercicio de evaluación política que se hace desde la revistaMemoria.
La oposición: los privilegios pasados
La primera seña de identidad de la disputa política es aquella en la que los grupos que animan a la hoy oposición son víctimas de la arquitectura institucional neoliberal, misma que antes defendieron y promovieron. El dúo PRI-PAN, en los años esplendorosos del neoliberalismo encarnaron –de manera diferenciada en aspectos secundarios– el programa de los grandes poderes económicos y desde esa situación de control de las instituciones, no solo repartieron sendas partidas presupuestales, sino que diseñaron un sistema político excluyente. El núcleo básico de este proceder fue una contra-reforma del Estado, en cuyo centro se encontró la imposibilidad de que las grandes mayorías incidieran en los asuntos cruciales de la reproducción del poder y la economía. Cuestionados por la sociedad en 2018 y en numerosos comicios de escala local (como el último en el Estado de México), los grupos opositores, anteriormente dominantes, se encuentran ante la imposibilidad de inventarse políticamente, en parte porque el bipartidismo que sirvió como mediación, resulta hoy inoperante y des-ligitimada. Las nuevas cabezas opositoras, provenientes del mundo empresarial, están sufriendo los candados que el bipartidismo de la transición creó para evitar la participación de otros sectores sociales. La opción de seguir compitiendo bajo los mismos signos políticos, es decir, partidos que carecen de militancia y que se han convertido en verdaderos cascarones, los deja en la doble desventaja de tener un programa derrotado (el neoliberal) y un repudio generalizado por parte de la población. Así, los agresivos grupos económicos que animan a la oposición conviven con los desfondados liderazgos de partidos que resguardan el monopolio de la participación.
Morena: ¿nuevo intermediario de un régimen refundado?
Ahora bien, la única intermediación en el régimen político que existe, a nivel nacional, es Morena. En el espacio local las elites y grupos han tendido a sobrevivir de acuerdo a su capacidad de negociación y a su posibilidad de enganchar con sectores menos entusiastas con el cambio político, siendo el caso de Coahuila el más claro en este sentido: elites aferradas a su espacio económico natural, pero imposibilitados de saltar como opción política hacia el conjunto del país. Así, Morena se coloca, de facto, como el intermediario del régimen político, motivo por el cual se vuelve atractivo para los más diversos sectores. El último congreso realizado contó con el respaldo de millones de personas, convirtiéndose en un fenómeno de masas. A diferencia de lo que los críticos señalan, no fue el “acarreo” (es decir, la presencia de intermediarios) lo que dio origen a esta situación, sino la conformación misma del nuevo régimen político que se está fraguando y que está demandando la existencia de liderazgos locales y mediaciones. En este nuevo escenario, Morena comienza a jugar el papel de polo de atracción de múltiples demandas, movimientos, liderazgos.
La tarea se complica aún más para el partido, pues en su programa y génesis se encuentra el cuestionamiento radical de las estructuras que monopolizaron el ejercicio de la política; pero al conformarse como un mediador privilegiado podría tender a jugar ese mismo papel. Esto no le pasó nunca al otrora Partido de la Revolución Democrática, pues su espacio político fue menor, por eso las comparaciones resultan erróneas.
Por otra parte, llevar adelante las propuestas contenidas en la reforma electoral, como la limitación presupuestal para el Instituto Nacional Electoral (INE) o la modificación de la forma de conformación de las cámaras son tareas urgentes. A esto se debe agregar dos elementos más que resultan claves: la posibilidad de que cualquier sector de la sociedad pueda organizarse políticamente y despojar al INE de esas cualidades de tutelaje ideológico y legal que ejerce sobre las organizaciones políticas, mismas que han burocratizado el trabajo militante, haciendo rutinario al extremo y quitándole el contenido profundo que puede tener la experiencia de la socialización política. Si no existe un ánimo de presión desde abajo, las estructuras partidarias pueden afianzarse en la comodidad de ser el mediador por excelencia, eludiendo estos puntos clave del programa democratizador.
Frenos al cambio. Enclaves oligárquicos
El tercer aspecto que debe ser destacado es el de los frenos del cambio a través de la existencia de entramados oligárquicos del Estado mexicano, como lo es, este momento, el poder judicial. El cambio de régimen supone un cuestionamiento de estos nichos, que se han convertido en peligrosos actores políticos y aspirantes a encabezar a una oposición que por si sola carece de proyecto y personalidad. El conflicto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se ha desarrollado en los últimos meses nos indica la tensión que existe entre un grupo que se encuentra más allá de la democracia y que busca, premeditadamente, boicotear los actos de gobierno. Sin embargo, contrario a lo que podría pensarse, esta actitud refuerza la certeza de que la transformación no puede ocurrir en fragmentos, sino que tiene que animar la democratización de todo el Estado, incluyendo esos espacios que fueron asumidos como exclusivamente técnicos. Experiencias como las de Brasil y la de Argentina, alertan sobre la proclividad conservadora de espacios como las cortes, tendiendo a ser expresión de los intereses oligárquicos locales e internacionales.
Las elites y las oligarquías desearían eludir la cuestión democrática, pero no lo pueden hacer sin consecuencias. En ese sentido, la utilización política de la SCJN y de otros “órganos autónomos” no es la prefiguración de un golpe o subversión de la ley, es de hecho la confirmación de que hay una necesidad de superar la perversión legal de la lógica neoliberal. El uso político que se le de a la ley ahora se encuentra en el plano de frenar determinadas acciones de gobierno, pero es la relación de fuerzas en la sociedad la que determina que tanto dichas fuerzas pueden avanzar por dicha senda. El segundo es que cuestionar a los poderes, órganos y demás instancias que presumen su autonomía no es un acto autoritario, sino un recordatorio del origen de la soberanía, contenida en el artículo 39. Dar pasos hacia la reforma de estos órganos no es minimizar sus funciones, toda vez que muchas de las demandas sociales de las clases populares dieron nacimiento a ideas como la lucha contra la corrupción o por la transparencia (historia que, además, hay que reconstruir); pero que han sido expropiadas por los técnicos y las burocracias. Cuestionar el lugar de estos intermediarios técnicos o especializados es una cuestión fundamental de la democratización de nuestro tiempo.