El Estado es la síntesis del pacto social que regula todos los procesos políticos de la sociedad, su comportamiento depende de la fuerza política que es electa para dirigirlo. Durante este periodo la Cuarta Transformación ha apostado por un modelo feminista de hacer gobierno, ya que ha puesto en el centro de la política la reducción de las desigualdades, desarticulado las causas que lo originan, atendiendo primero a las más pobres.
Por primera vez en la historia se ha integrado un gabinete paritario que ha permitido la participación de las mujeres en la toma de decisiones. El 50 % de los espacios del Congreso Federal y de los Congresos Locales son ocupados por mujeres y cada vez más mujeres están tomando decisiones en los tres niveles de gobierno. La implementación de los programas Bienestar, orientados a la redistribución de los recursos, es sin duda uno de los avances más importantes para que las mujeres –principalmente las indígenas, afromexicanas, rurales, obreras, jefas de familia, trabajadoras del hogar, niñas y jóvenes– accedan al ejercicio de sus derechos, tales como la educación, trabajo, salud, tierra y una vida libre de violencia. Además, se han incrementado de manera sostenida los presupuestos asignados a combatir las desigualdades, entregando de manera directa los recursos a las estudiantes, a las que siembran vida, a las adultas mayores, a las jefas de familia, a las mujeres con discapacidad, etc. 58 % de los presupuestos van a ellas.
La Cuarta Transformación está incorporando las demandas de las mujeres con estrategias que promueven que más mujeres tengan derechos sobre la tierra que habitan, trabajan, cuidan y defienden, como la “Estrategia integral para el acceso de las mujeres rurales e indígenas a la tierra, al territorio y al reconocimiento de sus derechos agrarios.” Mientras que el neoliberalismo impuso la privatización de la tierra, y excluyó a las mujeres de la posibilidad de decidir. El gobierno de la Cuarta Transformación apuesta por la restitución y el respeto de la propiedad social, que representa más de la mitad del territorio nacional, y fortalece a las mujeres rurales, campesinas, indígenas y afromexicanas como sujetas de derechos.
Con este gobierno se ha fortalecido la política de igualdad y de eliminación de la violencia contra las mujeres a través de los mecanismos mandatados en las leyes vigentes como son: el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; el Programa Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia; las Declaratorias de Alerta por Violencia de Género, entre otros. La articulación interinstitucional para la implementación de estrategias puntuales ha permitido que todas las instituciones abonen a una mejor vida para las mujeres y las niñas.
Para consolidar la transformación es necesario profundizar los mecanismos de bienestar y que las mujeres que los reciben accedan a la formación política. También hay que profundizar la redistribución; la justicia social en su expresión administrativa; el servicio público con formación y aspiración humanista; el combate a la corrupción y la austeridad republicana. La consolidación de la Cuarta Transformación es una oportunidad para profundizar su vocación feminista y alcanzar las aspiraciones de una sociedad antineoliberal, antirracista, con justicia social e igualitaria.
Para alcanzar estas aspiraciones es necesario un proceso para despatriarcalizar el Estado desde la revolución de las conciencias. Anclar el feminismo a la esencia del Estado significa que cada uno de los procedimientos para la soberanía, seguridad y garantías individuales tengan una profunda convicción de eliminar las desigualdades de género, discriminación y violencia contra todas las mujeres en su diversidad. Para consolidar la transformación se deben ampliar los mecanismos de bienestar, redistribución, justicia social en su expresión administrativa, el servicio público con formación y aspiración humanista, el combate a la corrupción y la austeridad republicana.
El Estado Mexicano, en su calidad de ejecutor del Proyecto de Nación que seguimos construyendo, tiene la responsabilidad de atender las causas profundas de las desigualdades sociales. Sobra decir que una de estas causas es la vigencia de la estructura patriarcal, que en complicidad con el régimen neoliberal, establece las bases de la violencia de género; la exclusión de las mujeres de la vida pública; la negación de la autonomía de las mujeres sobre sus propias vidas y cuerpos, así como de su ciudadanía plena.
La violencia y la negación de derechos para la mitad de la población (las mujeres), y su exacerbamiento cuando se trata de mujeres indígenas o afromexicanas, pobres, o las pertenecientes a la comunidad LGBTI+, implica la imposibilidad de avance social, de democratización. ¡Ni hablar de democracia participativa- o de justicia social para México! Frente a la enormidad del impacto de las desigualdades y la violencia contra las mujeres en la vida pública y el devenir del país, en la reforma de Estado tenemos el reto y la responsabilidad de profundizar el compromiso de convertir el feminismo en una cuestión de Estado. Tenemos que ser un gobierno que sirva obedeciendo y ponga primero a las pobres.
Quiénes mejor que las mujeres para hablar y proponer sobre prevención, atención y erradicación de la violencia de género; de políticas públicas para promover la autonomía sobre sus cuerpos; para hablar de inclusión en la educación, en la salud, en las economías y en el trabajo, para incorporar una visión de género sobre la política de seguridad. Se requiere un Estado que continúe poniendo en el centro de su quehacer las necesidades y problemáticas de las mujeres, así como el reconocimiento de los aportes que las mujeres realizan al bien común. El reconocimiento de las mujeres en su calidad de sujetas políticas resulta central para incorporar plenamente a esa mitad de la población históricamente excluidas.
Propuestas:
- Se requiere la profundización de la transversalización de la perspectiva de género en todo el andamiaje institucional que garantice que todas las instituciones de la Administración Pública Federal realicen tareas para lograr la igualdad sustantiva y prevenir todas las formas de violencia y discriminación.
- Son necesarias reformas y procedimientos administrativos para que los tres poderes del Estado y los tres niveles de gobierno implementen acciones aceleradas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Estas acciones deben estar encaminadas a la eliminación de las formas de discriminación, exclusión y violencia que han impedido el avance de las mujeres y de las sociedades en su conjunto, como la creación y puesta en marcha de sistemas de cuidados. Para esto, se requiere transversalizar la perspectiva de género y la interseccionalidad; promover la gobernanza a través de la coordinación y colaboración; promoviendo la participación ciudadana. Tenemos que transformar la forma de hacer gobierno a través de cambios institucionales, procesos y rutinas administrativas, conocimientos y cultura de trabajo. A través de estrategias de trabajo institucional que afecten el contenido y la forma en que se deciden y elaboran las políticas públicas, incorporando la perspectiva de género en todas las instituciones, cambiando los procedimientos, formando y capacitando a todo el personal y fomentando la coordinación y participación e incidencia ciudadana.
- Es muy importante para esto fortalecer la institucionalidad de las instancias de las mujeres –o instancias para la igualdad sustantiva en los tres niveles de gobierno. Esto para que puedan incidir de manera más efectiva en el diseño e implementación de políticas para la igualdad, dotándolas de capacidad legal y presupuestal. Se requiere, entre otras acciones, legislaciones para crear en las entidades federativas Secretarías para la Igualdad Sustantiva y en los municipios Institutos para la Igualdad Sustantiva. Su accionar es indispensable para promover y garantizar la transversalidad de la perspectiva de género en las estructuras de gobierno, para la incorporación plena de las necesidades y demandas de las mujeres.
- Promover las reformas necesarias para garantizar que a nivel municipal sean asignados presupuestos para la igualdad, la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres.
- A la par de la perspectiva de género, en la Reforma del Estado es necesaria la incorporación de una perspectiva de antirracista y de pertinencia cultural, que garantice la no discriminación y establezca como política pública la consideración de la diversidad cultural como parte de las claves para el avance del país. Una política de Estado contra el racismo es tan importante como la política de género. Recordemos que el sexismo, el racismo y el clasismo forman parte de las estructuras colonialista, patriarcal y neoliberal que este Proyecto de Nación se ha propuesto erradicar.
- Es necesario el diseño de procedimientos normativos y administrativos para que la paridad sea una realidad en todos los espacios de la vida pública y toma de decisiones, que considere la necesidad apremiante de que las mujeres en su diversidad puedan estar representadas de manera efectiva y garantizar que sus voces sean escuchadas, para que la paridad alcance a todas.
Tenemos que hacer del feminismo una prioridad para todo el estado garantizando la representación de las mujeres y lograr la igualdad sustantiva un objetivo de todos y todas; manteniendo y fortaleciendo los derechos de todas las mujeres en nuestras políticas públicas y en el ámbito internacional. Seremos la sede de la XVI Conferencia de la Mujeres de América Latina y el Caribe en 2025. Estas políticas necesitan contar con recursos financieros suficientes y promoviendo soluciones innovadoras buscando y midiendo resultados a corto, mediano y largo plazo.
Nunca más un gobierno sin las mujeres, nunca más un gobierno patriarcal.
Con las mujeres, vamos por un proyecto de Nación constructor de la Igualdad.
* Participación en los foros por el Proyecto de Nación.