A modo de introducción
Lo primero que quisiera señalar es lo que entiendo por economía en las discusiones sobre las otras economías, precisamente, en los debates sobre economía solidaria. Desde mi perspectiva, hay que partir de lo micro, es decir, lo situacional, territorial, regional. Es más, desde los sujetos, primero individuales y luego colectivos, y las necesidades biológicas humanas para mantenernos vivos como especie. La pregunta, entonces, es ¿qué necesitamos para mantenernos vivos como especie humana? Antes de todo, necesitamos alimentos (comer), agua (beber), ropas (vestir) y un techo (habitar). Al mirarla así es posible comprender la economía como la gestión de las necesidades materiales y del trabajo hacia la afirmación y reproducción de la vida en común.
Las siguientes preguntas serían: ¿cómo gestionar las necesidades materiales y el trabajo hacia la afirmación y reproducción de la vida en común? ¿cómo transformar la naturaleza en bienes útiles (alimentos, agua, ropas, vivienda, etc.)? Las mencionadas preguntas nos llevan a concluir que ese acto de “gestionar” se puede desarrollar de distintas formas. Es decir, está la forma capitalista de gestionar las necesidades materiales y el trabajo, pero también están las formas otras de hacerlo: la forma indígena, la forma campesina, la forma popular, la forma solidaria, la forma feminista, la forma ecológica, la forma anticapitalista, etc. Hay que partir de eso para comprender lo demás que presento en este corto artículo.
En términos metodológicos, es importante señalar que el presente texto es un ensayo con base en cerca de 10 años de práctica y estudios sobre las economías solidarias en México, Brasil y otros países de América Latina. En lo que sigue desenvuelvo algunas ideas que considero claves para reflexionar sobre la economía solidaria en sí, así como sobre su relación con el Estado y los gobiernos. En primer lugar, examino brevemente algunas características de lo que entiendo por economía solidaria. Luego, intento trazar una línea histórica de su surgimiento en México. En tercer lugar, hago un esfuerzo de acercar las experiencias de las autonomías indígenas y comunitarias del país a las de economía solidaria. En lo que sigue, trato de ubicar la idea de Buen Vivir en el contexto de las discusiones sobre economía solidaria. Por último, comparto algunas ideas sobre la relación entre economía solidaria y Estado, enfatizando el contexto electoral de 2024 y planteando algunos puntos clave en términos de la acción estatal.
Claves para comprender la economía solidaria en México
¿Qué es la economía solidaria?
Bajo la mencionada idea de una especie de “concepto mínimo de economía”, que proyecta énfasis al hacer, es decir, al hecho de gestionar las necesidades materiales y el trabajo hacia la afirmación y reproducción de la vida en común, cada una de aquellas formas otras podrán asumir características distintas entre sí, siendo que su punto común sería alejarse en términos de lógicas y dinámicas de la forma capitalista. En este sentido, discuto aquí algunas características de lo que entiendo por economía solidaria.
Como el nombre sugiere, pensar y practicar la economía solidaria tiene que ver con cooperación, solidaridad, ayuda mutua. Pero tiene que ver también, y me gusta más pensarlo desde ahí, con autogestión. Es decir, la capacidad de un grupo de trabajo colectivo-asociado de autogestionar las necesidades materiales y el trabajo hacia la afirmación y reproducción de la vida en común. Pero, es más, tiene que ver con la capacidad de los señalados grupos de trascender su propio núcleo organizativo hasta la sociedad como un todo: la familia, la vecindad, la comunidad, el barrio, la escuela, la universidad, etc.
Ahora bien, en términos de economía solidaria es importante poner sobre la mesa el hecho de que existen distintas miradas sobre ella; aquí comentaré tres, entre otras. En primer lugar, está la mirada crítica a las experiencias de economía solidaria como experiencias que simplemente sirven, es decir, que son funcionales al sistema capitalista. Aquí estamos hablando de una forma de ver que considera que los grupos de trabajo colectivo-asociado más bien sirven para absorber el llamado “ejército de reserva” de que habló Marx, pero no disponen de ningún tipo de poder disruptivo. Más allá de eso, estarían siempre transitando entre la economía solidaria y la economía capitalista, a la medida en que la última las convoque en momentos de altas en sus indicadores.
Por otro lado, hay una segunda mirada que es la que plantea que la economía solidaria y la autogestión tienen gran capacidad de producir cambios subjetivos, pero de forma demasiadamente individualizada. Es decir, cada sujeto individual, una vez que empieza a participar en un grupo de trabajo colectivo-asociado de la economía solidaria podrá potencialmente alcanzar un cambio de subjetividad y pasar a ver y comprender el mundo de otra forma. Esa mirada de igual manera recibe críticas de los que dicen “está bien, pero ahí se están cambiando una, dos mentes y ¿qué pasa con todos los demás?”.
Por último, una tercera mirada va a decir que se trata de un proyecto de sociedad. Es decir, según esa forma de ver una “experiencia ideal” de economía solidaria es aquella que además de practicar la autogestión internamente, pasa por un proceso de subjetivación política que busca una sociedad autogestionada, autónoma, liberada donde los trabajadores se asocian por libre voluntad. En otras palabras, donde buscan transformar todas las dinámicas de poder y dominación que estructuran las sociedades capitalistas contemporáneas. No se trata, sin embargo, de pensar esa nueva sociedad desde claves capitalistas como la acumulación, centralización y universalización, sino más bien, desde la multiplicación de experiencias de autogestión, desde lo local y diverso.
El origen de la economía solidaria en México
En primer lugar, hay que observar que México es un país que hasta la fecha tiene un 15% de su población que se reconoce como indígena originaria.[1] Esto significa que en esa región ya había personas y culturas, e incluso sociedades políticas complejas, antes de la llegada de Hernán Cortés. Es en este sentido que cuando hablamos sobre el surgimiento de la economía solidaria en México, hay que ir hasta allá atrás en la historia para comprender que antes mismo del inicio del proceso colonial ya estaban las semillas, o las chispas de lo que hoy decimos economía solidaria. Este es un primer punto que hay que destacar.
Frente a lo anterior, es importante observar que podemos encontrar por lo menos otros cuatro momentos históricos que tienen que ver con los orígenes de la economía solidaria en el país. Por lo tanto, en segundo lugar, hay que señalar que alrededor de la década de 1950 obispos de la iglesia católica mexicana, especialmente del Estado de México y Guanajuato (de la región de León), se van a Canadá y allá conocen las cajas populares. Hoy en día ya son muchas instituciones con funciones de cajas populares en México, tal vez la más conocida sea la Caja Popular Mexicana. En ese marco empiezan a germinar y florecer experiencias de solidaridad vinculadas a lo económico.
Un tercer punto es la gran influencia de la Teología de la Liberación, desde la experiencia de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), en las décadas de 1960 y 1970. Una de las principales actividades de las CEB fue impulsar la organización de las poblaciones menos favorecidas y empobrecidas hacia la generación de trabajo y renta bajo valores de solidaridad. Es importante decir que tales iniciativas no se restringen a México, sino que fueron llevadas a cabo por toda América Latina.
En cuarto lugar, está la influencia del 1er. Foro Social Mundial (FSM), realizado en 2001 en la ciudad de Porto Alegre en el sur de Brasil, hacia donde México organizó y envió su comitiva –sobre todo, compuesta por activistas y académicos– que después regresó al país con muchas ideas relacionadas a la autogestión y la economía solidaria. Fue en ese contexto y como resultado de la participación de México en el FSM que nombres como Luis López Llera asumieron cierto protagonismo en el asunto y encabezaron, primero una serie de intentos de coordinación nacional acerca del tema, la Red-Espacio EcoSol México, que en alguna medida no prosperó, y por lo tanto luego se transformó en la iniciativa que quedó conocida como Diálogos Ecosistémicos.
Es necesario mencionar, como quinto punto, las experiencias de economía solidaria vinculadas a las experiencias de agroecología. Desde el pasaje de las décadas del año 2000 al 2010 la agroecología empieza a multiplicarse de forma acelerada en el país, asumiendo destacado espacio en el ámbito activista/militante y la academia. Cabe decir que la agroecología surge a nivel mundial como una disciplina técnica en la década de 1970, pero fue en el periodo mencionado que, ya como una práctica agrícola se vincula fuertemente a los valores de la economía solidaria. Agroecología que tiene que ver con formas regenerativas de producir alimentos, pero que tiene que ver también con el rescate de formas tradicionales de cultivo. Es más, que tiene que ver también con la capacidad de enlace de quienes producen bajo técnicas agroecológicas con quienes buscan consumir sano y con responsabilidad ecológica; es en ese contexto que también se multiplican en México los mercados o tianguis alternativos.
Por último, no es menos importante una mirada desde los sujetos, o más bien desde la pregunta ¿quiénes son los sujetos de la economía solidaria en México? Más allá de los ya mencionados en perspectiva histórica –pueblos indígenas, obispos vinculados a las cajas populares y a la Teología de la Liberación, los activistas y académicos que estuvieron en el FSM de 2001 y los sujetos involucrados con el cultivo y consumo agroecológicos–, son sujetos que protagonizan experiencias de recolección de materiales reciclables, cooperativas de vivienda, cooperativas de consumo, mercados/tianguis alternativos/solidarios, empresas recuperadas de distintos sectores, monedas comunitarias/sociales, bancos comunitarios y de tiempo, preparación y comercio de alimentos, recuperación y comercio de ropas de segunda mano, artículos de higiene personal, artesanías, prestación de servicios variados, etc.
Autonomías, comunidades indígenas y economía solidaria
Desde la ola de movimientos antineoliberales de los años 1990 y 2000 México, como algunos otros países de la región ha quedado conocido por sus procesos de autonomía; precisamente, autonomía en términos indígenas y de organización comunitaria de la vida. Es cuando se levanta el movimiento zapatista de Chiapas, para mencionar un ejemplo concreto y bastante conocido. En el marco de tales acontecimientos, los análisis políticos y académicos que los han seguido, han enfocado casi que exclusivamente en la dimensión política de los fenómenos, es decir, en lo político. Por su parte, la dimensión económica ha quedado en segundo plano.
Frente a lo anterior, es importante decir que mismo que los análisis no hayan visto tanto lo económico de las autonomías indígenas y comunitarias en México, esa dimensión en muchos casos siempre estuvo sobre la mesa. Por ejemplo, los zapatistas desde que se levantan en 1994 han insistido en una perspectiva integral de la organización de la vida en común, es decir, un tipo de organización que comprende las distintas dimensiones de la vida. Desde lo político, es pensar en clave de autodeterminación de reglas y dinámicas de organización de la vida, en cuanto desde lo económico se está hablando de autogestión de las necesidades materiales y el trabajo hacia la afirmación y reproducción de la vida, experimentando así una ideia de autoorganización sustantiva de la vida en común.
El tiempo ha pasado y hoy en día existen muchas otras experiencias de autonomías en el país. Sin embargo, no todas –o incluso la minoría de ellas– presentan características tan similares a las zapatistas, lo que no significa que no se trate de autonomías. Un ejemplo ya bastante conocido es el del municipio indígena de Cherán – Michoacán, en la región occidente del país. Aunque sean muchas las diferencias y particularidades en términos de las formas más específicas de organización de lo político en cada experiencia de autonomía indígena y comunitaria alrededor de México –características encontradas en la vasta literatura académica ya publicada sobre el tema–, aquí interesa más hacer énfasis a la dimensión económica y su vinculación con la idea de economía solidaria.
Frente a lo anterior, por ejemplo, al mirar el caso de Cherán hay que señalar la experiencia de las empresas comunales, que se desarrollan bajo dinámicas de autogestión –y de usos y costumbres ancestrales– en común acuerdo con las deliberaciones de la Estructura de Gobierno Comunal y su Concejo Mayor de Gobierno Comunal. Son 6 empresas comunales en Cherán: el vivero de reforestación, el aserradero de madera, la empresa de adocretos para construcción, la resinera, la recicladora de basura y el recolector y purificador pluvial. Lo que se ve, entonces, es una especie de vinculación entre autonomía política (es decir, autonomía como autodeterminación) y lo que se podría llamar autonomía económica (es decir, autonomía como autogestión).
El Buen Vivir y la economía solidaria
El concepto de Buen Vivir es oriundo de la región andina de América Latina, como por ejemplo donde hoy están Bolivia, Ecuador y Chile, y surge con sus nombres propios basados en las lenguas originarias de las poblaciones autóctonas de cada región: Sumak Kawsay (en kíchwa) y Suma Qamaña (en aymara) son dos de los principales ejemplos. Por su parte, ya en castellano y en el ámbito de los Estados nacionales, en cuanto el Buen Vivir ha sido más usado en Ecuador, en Bolivia también lo han llamado Vivir Bien.
La idea de Buen Vivir se ha difundido muy rápidamente porque en 2008 y 2009, respectivamente en Ecuador y Bolivia, se aprobó ese concepto (como conjunto de valores y prácticas) en las constituyentes de cada uno de los dos países. Pensando, entonces, en el Buen Vivir como un sistema de valores y prácticas –que los mencionados países solo han intentado llevar a cabo, hay que decir que sin grandes éxitos– estamos hablando de una novedad en términos de las históricas discusiones sobre las teorías del desarrollo. Es decir, frente a lo acumulado de discusiones sobre esas teorías y de los diversos planteos que han buscado alguna suerte de desarrollo alternativo, la idea de Buen Vivir aparece como alternativa al desarrollo, ya no como alternativa de desarrollo.
Pensar el Buen Vivir así, como una alternativa al desarrollo significa pensar formas de organización económico-política desde otros puntos de vista, abandonando la idea misma de desarrollo. Es decir, se trata de pensar desde otras lógicas y dinámicas, como plantea la colega Laura Collin en su libro Economía solidaria. Local y diversa (2014): “insisto, por tanto, los modelos implican lógicas y la existencia de cambios sustantivos implica el cambio de la lógica.”.
Considerando lo anterior, para que el Buen Vivir sea posible como práctica concreta es necesario hincar pie en por lo menos dos ideas innegociables. Por un lado, en el ámbito de América Latina se trata de reconocer y valorar la sabiduría y las formas de vida indígena y afrodescendiente, es decir, considerarlas como formas válidas y factibles, en términos de organizar las distintas cuestiones vinculadas a la afirmación y reproducción de la vida en común, y a la convivencia, en términos de reglas y acuerdos; desde una mirada anticolonial. Por otro lado, tiene que ver con la naturaleza y el medio ambiente, o sea, con el respeto a la naturaleza y con la idea de que la humanidad se debe integrar a la naturaleza, no dominarla; desde una mirada antiextractivista. En este sentido, pensar el Buen Vivir como una alternativa al desarrollo es pensar en la reproducción ampliada de la vida en contra la idea de reproducción ampliada del capital, es pensar que en primer lugar viene la afirmación y reproducción de la vida humana y no humana.
Ahora bien ¿qué tiene que ver en términos estrictos el Buen Vivir con la economía solidaria? Una respuesta, entre tantas posibles, es que la economía solidaria y la autogestión aparecen desde lo micro, es decir, desde el conjunto de grupos de trabajo colectivo-asociado que, a cada día, en su cotidiano van desarrollando formas otras (más o menos contrahegemónicas) de gestionar las necesidades materiales y el trabajo. Por su parte, el Buen Vivir aparece, como ya mencionado, como sistema, o sea, como conjunto de dinámicas que tienen el objetivo de coordinar aquella diversidad de experiencias contrahegemónicas desde los antes mencionados valores innegociables.
Economía solidaria y elecciones 2024. No caer en la trampa de repetir el pasado
Algunos dilemas de la relación Estado-movimiento de la economía solidaria
En primer lugar, es importante señalar que no es –y nunca ha sido– sencillo para los gobiernos progresistas formular, implementar y evaluar políticas públicas, especialmente cuando estas están relacionadas con temas históricamente vinculados a las luchas de los movimientos populares. Este desafío se presenta por varias razones, y destacaré dos de ellas. En primer lugar, una de las “reglas generales” en la relación entre movimientos populares y gobiernos progresistas sugiere que estos últimos llegan al poder con el respaldo de los movimientos. Esto implica, por un lado, un alto grado de cercanía entre ambas partes y, por otro lado, la generación de grandes expectativas por parte de los movimientos hacia las políticas públicas que el gobierno implementará. Sin embargo, aquí surge el segundo motivo antes señalado.
Una vez en el gobierno, los políticos electos con el respaldo de los movimientos se encuentran ante una institucionalidad que históricamente fue diseñada para atender las demandas de las clases dominantes, es decir, una institucionalidad que generalmente no opera para “el bien de todos”, sino más bien para el bien de los más privilegiados. Este diagnóstico es crucial porque, muchas veces, aunque los gobiernos progresistas lo intenten, no pueden cambiar las estructuras institucionales existentes, a menos que la correlación de fuerzas entre la sociedad civil y la sociedad política –en términos gramscianos– lo permita; pero esta no suele ser la ecuación más común en América Latina.
La importancia de lo anterior se intensifica cuando las políticas públicas se orientan hacia las demandas del movimiento de la economía solidaria mexicana. Esto se debe a que dentro del propio movimiento no existe un consenso sobre cómo deberían diseñarse dichas políticas y cuáles deberían ser sus objetivos. Por ejemplo, experiencias de agroecología, los tianguis/mercados alternativos, las cooperativas de vivienda y consumo, las monedas comunitarias, entre otras, muchas de ellas influenciadas por los ideales del movimiento zapatista de Chiapas han apostado por la autonomía y autogestión. Esta apuesta no implica una negación total del Estado y del gobierno en turno, sino más bien un estímulo a una relación crítica, incluso cuando el gobierno en cuestión es considerado coloquialmente como un “gobierno amigo”, como suelen ser catalogados los gobiernos progresistas en América Latina.
En resumen, se trata de una idea más o menos expresada como “vamos bien con nuestra autonomía y autogestión, ¡simplemente no nos molesten!”. Sin embargo, hay otro conjunto de experiencias, especialmente las cooperativas de ahorro y préstamo, que entienden que la relación cercana con los “gobiernos amigos” es bastante más importante e incluso indispensable. Consideran que es a través de esta relación que se pueden construir políticas públicas que atiendan a las demandas del movimiento.
Por un lado, nos encontramos con un tipo de relación entre movimientos populares y gobiernos progresistas que es inherentemente compleja. Por otro, tenemos un movimiento específico, el movimiento de la economía solidaria mexicana, que carece de consenso sobre cómo debería relacionarse con el Estado y los gobiernos.
La institucionalidad histórica de la economía solidaria en México
Ante la realidad mencionada, en México, la mirada hacia la institucionalidad histórica revela que lo que se ofrece tanto a los movimientos populares como a la población en general es clientelismo, corporativismo y corrupción; la institucionalidad relacionada con la economía solidaria no es una excepción.
En México, la atención institucional hacia la economía solidaria se remonta a 1927, con la aprobación de la Ley Cooperativa. En 1933, la ley experimentó pequeños ajustes. Sin embargo, fue en 1938, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando se realizaron ajustes profundos de carácter social y la ley pasó a llamarse Ley General de Sociedades Cooperativas. Después de varios años, en agosto de 1994, Carlos Salinas de Gortari transformó completamente la ley, alineándola con las demás políticas de su gobierno, es decir, convirtiéndola en una ley de corte neoliberal. Posteriormente, se aprobó la Ley de Ahorro y Crédito Popular en 2001, y la Ley Federal de la Economía Social y Solidaria en 2013.
En el contexto previamente mencionado, la Ley de 2013 fue la que transformó el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (FONAES), que operaba desde 1991 en el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). Esta entidad, desde entonces, ha tenido la responsabilidad de formular, implementar y evaluar las políticas públicas destinadas a las experiencias de economía solidaria en México. Sin embargo, el INAES no estaba aislado de la estructura institucional mexicana; es decir, se convirtió en parte de una institucionalidad clientelista, corporativista y potencialmente corrupta.
Hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al gobierno federal en 2018, el INAES se limitaba principalmente a asignar recursos públicos a fondo perdido a determinadas organizaciones; siempre las mismas. Con AMLO y su política de austeridad republicana, por un lado, la mencionada dinámica de asignación de recursos disminuyó, y, por otro, se implementó una política de alcance nacional que prometía mucho: los Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS). Aunque en teoría los NODESS se presentan como una política pública que se debe celebrar, en la realidad no han funcionado según lo esperado, principalmente debido a su enfoque universalista y empresarial, la falta de personal calificado para su implementación y el presupuesto casi inexistente asignado al INAES y por su parte, a los NODESS.
Elecciones presidenciales 2024. 5 apuntes para el debate
Es al contexto anteriormente mencionado que Claudia Sheinbaum (Morena) –en caso de ser electa en las elecciones de junio– se enfrentará. Considero que las políticas públicas para la economía solidaria mexicana en el sexenio 2024-2030 solo podrán funcionar si se observan los siguientes puntos:
- Por una política pública de carácter popular. Ausente en la institucionalidad mexicana hasta la fecha, será tarea de Sheinbaum construir instituciones participativas en las cuales la población, en este caso los sujetos y sujetas de las experiencias de economía solidaria, encuentre espacio para co-crear las políticas públicas en conjunto con el gobierno.
- Por una política pública local y diversa. La diversidad cultural y territorial de México es una gran fortaleza; quizás la principal del país. En este sentido, es indispensable que “lo nacional” en relación con las políticas públicas de economía solidaria sea meramente coordinador. Cada estado, región y localidad en el país merece y necesita una política propia que considere sus particularidades. No es factible pensar en una política pública de corte universalista en un país tan rico en diversidad como México.
- Por una política pública estratégica. Será necesario definir temas/áreas estratégicas y tratarlas con prioridad. Al menos, se deben considerar 1) la autonomía presupuestaria del INAES, 2) la formación técnica y política, y 3) el campo/cultivo de alimentos. En el primer caso, es importante buscar la integración del INAES a la Secretaría de Economía en lugar de la de Bienestar. Así, además de dejar de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Bienestar pasando a la estructura misma de la Secretaría de Economía, por un lado, las políticas públicas de economía solidaria dejarán de ser vistas como “políticas de los pobres”, y por el otro una vez dentro de la estructura de Economía se podría conseguir presupuesto con mayor facilidad. En el segundo caso, se debe enfatizar la formación tanto de cuadros institucionales como de las poblaciones involucradas con las experiencias de economía solidaria, desde la dimensión técnica y política a la vez. En el tercer caso, se debe enfatizar el cultivo agroecológico de alimentos y la recuperación de formas tradicionales de cultivo, así como priorizar el cultivo del maíz nativo libre de agrotóxicos. La vinculación y colaboración con la academia son de suma importancia en los dos últimos puntos.
- Por una política pública transitoria. Superar el carácter asistencialista y permanente de las políticas sociales de AMLO será una tarea crucial de Sheinbaum. Las políticas públicas –especialmente, las de economía solidaria– deben tener un carácter transitorio y emancipador, sirviendo como base y estímulo hacia la autogestión de las experiencias, para que estas no dependan del Estado a largo plazo; la política pública no puede generar dependencia económica.
- Por una política pública anticolonial y antiextractivista. Reconocer quehaceres económicos milenarios implica reconocer el papel y peso de los pueblos y comunidades indígenas mexicanos; de manera más amplia, de los pueblos campesindios como en su momento planteó Armando Bartra. Las políticas públicas de economía solidaria deben considerar de forma integrada a ambos públicos (los de la economía solidaria en sí y los pueblos/comunidades indígenas y campesinas), lo que exige observar también la relación humanidad-naturaleza ya que afirmar y reproducir la vida es gestionar el trabajo y la relación con el ambiente a la vez. Solo una mirada anticolonial y antiextractivista podrá conectar a México con las discusiones ya más avanzadas en otros países de América Latina sobre el Buen Vivir como sistema alternativo (anticolonial y antiextractivista) al desarrollo capitalista.
Esos son solamente algunos puntos, entre una infinidad de otros, que considero pertinente poner sobre la mesa para seguir reflexionando sobre la economía solidaria y la autogestión en México. Entender las distintas concepciones, la historia y sus vinculaciones con el Estado y otras prácticas y conceptos es un nada más que punto de partida. Practicar, difundir e impulsar la economía solidaria en México desde una mirada crítica es nuestro compromiso como ciudadanos, militantes/activistas y académicos.
* Profesor-Investigador Titular. División de Estudios sobre el Desarrollo, CIDE.
[1] Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para el año de 2015, disponibles en el informe Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en la última década y desafíos pendientes para la garantía de sus derechos.