En las últimas semanas, la Reforma del poder judicial ha ocupado un lugar central en el debate público, revelando un fenómeno curioso y poco común: manifestaciones políticas de estudiantes de Derecho. Un grupo usual e históricamente apático ante las injusticias sociales, salió a las calles, de manera organizada, para “defender” al poder judicial.
Estas movilizaciones plantearon una paradoja inquietante. Mientras que las y los estudiantes de universidades privadas parecían proteger sus propios intereses y comodidades al salir a manifestarse, resultó por lo demás inusual observar a las y los estudiantes de las universidades públicas, muchos de ellos hijos de obreros y de trabajadores, defender los privilegios de una élite a la que no pertenecen, pero a la que aspiran fervientemente a pertenecer. He ahí el fenómeno del aspiracionismo y la falta de conciencia de clase.
¿Por qué ocurre este fenómeno? He podido atestiguar de cerca esta dinámica. Quiénes fuimos estudiantes formados en la Facultad de Derecho de la UNAM, podemos dar fe de que los actos de protestar y señalar las injusticias sociales eran considerados propios de personas “revoltosas” y sin futuro. Que el cuerpo de docentes que deben enseñar no sólo la técnica del derecho sino el sentido de la justicia, reprimían cualquier intento de movilización, ya fuera programando exámenes en días clave o manipulando fechas importantes para desmovilizar a los estudiantes politizados. Se trata, en términos generales, de un cuerpo docente que no se involucra en los problemas de su propio país.
Un ejemplo más concreto de este tipo de prácticas institucionales de desmovilización, ocurrió durante la crisis de seguridad en la UNAM en 2018, donde la mayoría de las y los estudiantes de derecho se negaron a unirse a las protestas estudiantiles que habían estallado en otras facultades en contra de la violencia, con el argumento de que hacer paros y salir a protestar no servía de nada.
Adicionalmente, en medio de la pandemia, la indignación por la entrega de cheques de un peso o de centavos a profesores de la Facultad de Ciencias de la UNAM (Rangel, 2021) no tuvo eco sino que generó apatía entre el estudiantado y el cuerpo docente de la Facultad de Derecho. Una vez se repitió la negativa de participar en los actos de solidaridad, en este caso, en favor de los docentes que estaban sufriendo la violación de sus derechos laborales en medio de la situación crítica que había generado la emergencia sanitaria. En otro incidente más, el intento de violación a una estudiante dentro de la misma facultad de Derecho fue minimizado por la comunidad estudiantil y las denuncias de estudiantes sobre casos de acoso sexual sufrieron la misma suerte.
Estas actitudes reflejan una cultura profundamente arraigada en las facultades de derecho, como ocurre en la UNAM: el elitismo, el machismo y una desconexión preocupante con los problemas sociales, además del desprecio por la organización política y la movilización social. Entonces, ¿qué cambió para que los estudiantes salieran a marchar en favor del poder judicial?
La esencia de la Reforma Judicial
La Reforma al poder judicial, la cuál es abordada con más detalle por otros textos presentes en este número, representa una oportunidad única para transformar uno de los poderes más herméticos del país, al establecer mecanismos que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas. La reestructuración de los órganos internos y la implementación de evaluaciones a personas juzgadoras y a las y los magistrados permitirá que su selección y promoción se haga con base en méritos, y no por influencias o redes de poder.
Al poner en el centro de la reforma la transparencia y el mérito, se reducirá el espacio para prácticas que históricamente han favorecido al nepotismo, logrando así una administración de justicia más imparcial e independiente.
Además, la reforma también promueve la paridad de género y la protección de las mujeres que desempeñan funciones en el poder judicial, enfocándose en la erradicación del acoso sexual y otras formas de violencia de género. Este enfoque no solo mejora las condiciones laborales dentro del sistema judicial, sino que también representa un paso significativo hacia la equidad de género en una de las instituciones más influyentes del país (SCJN, 12 de febrero de 2020).
Uno de los aspectos más importantes de la reforma es su enfoque en democratizar el acceso al poder judicial a través de la justicia digital y la eliminación de barreras lingüísticas. Más allá de su estructura técnica, esta reforma es una herramienta para acercar la justicia a quienes más la necesitan, buscando que el poder judicial deje de ser una institución inaccesible reservada para unos cuantos. (SCJN, 12 de febrero de 2020).
Todos estos elementos que están de forma explícita en la reforma: el combate a la corrupción y al nepotismo, el reconocimiento de la existencia de la desigualdad de género y la lucha por la paridad y la erradicación de la violencia contra las mujeres, la democratización de la justicia y la transformación de del poder judicial en un poder que responde al pueblo y no a los intereses del mercado, no los encontramos en la formación de las y los estudiantes de Derecho. No son valores sociales que estén presentes las instituciones educativas donde se profesionaliza a los futuros abogados y a las futuras personas juzgadoras, quienes en su mayoría, serán excluidos del mismo sistema por la corrupción desbocada que lo ha conformado.
Impacto en las facultades de Derecho
La formación jurídica en las facultades de derecho, especialmente en las universidades públicas, ha estado históricamente desconectada de la realidad social. Las instituciones se enfocan en la Teoría jurídica, mientras ignoran la aplicación del Derecho en beneficio de la sociedad y de quiénes han sido mucho más marginados de la justicia. Como resultado, producen abogados técnicamente competentes, pero sin una comprensión profunda de los problemas que afectan a la mayoría de la población, sin sensibilidad social, sin sentido de justicia.
Debemos empezar a entender el Derecho más allá de lo meramente académico, para comprender que la relación que tienen las y los mexicanos con el sistema jurídico se construye con base a sus propias vivencias, atravesado por la explotación, el despojo y la violencia.
Es preocupante que muchos estudiantes de derecho de universidades públicas hayan absorbido e interiorizado un discurso meritocrático que les hace creer que, con su esfuerzo individual, podrán acceder a posiciones de poder. Pero este aspiracionismo ignora una realidad incómoda: el acceso a esos altos cargos está condicionado por las redes de nepotismo y amiguismo, además del control de las empresas privadas que hicieron de las personas juzgadoras sus propios trabajadores.
Un estudio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en 2022 reveló que 455 jueces y magistrados les dieron trabajo a sus familiares, hasta 65 miembros de una misma familia trabajan en el Poder Judicial de la Federación (PJF). Del total, el 23.8 % tiene más de cuatro familiares en la institución, y el 49 % cuenta con al menos dos (CJF, 2022). Estos datos nos muestran claramente que no es el mérito, sino las conexiones familiares las que determinan el acceso al poder judicial.
Despertar de la apatía en defensa de intereses de la élite
Lo irónico es que estos mismos estudiantes, formados en facultades que les inculcan un individualismo competitivo, ahora se movilizan para defender un sistema que no los representa ni les ofrecerá oportunidades. Esta paradoja revela un profundo desajuste entre la formación académica y la realidad del sistema judicial. La defensa del statu quo por parte de estos estudiantes muestra una falta de comprensión de las dinámicas de poder que excluyen a las mayorías y benefician a unos pocos.
Es aún más desconcertante cuando se compara esta movilización con la falta de acción en otros temas que afectan directamente a la mayoría, como los derechos sociales o las reformas educativas. La reforma judicial representa una amenaza a los privilegios de unos cuantos, y es por eso que ha generado tanta resistencia. Sin embargo, esa misma energía no se ha volcado hacia la defensa de causas que beneficiarían a los sectores más vulnerables, justamente por la falta de empatía.
La reforma judicial es una oportunidad para romper con décadas de exclusión y elitismo en el sistema de justicia mexicano. Representa un paso hacia una justicia más equitativa, accesible y eficiente. Sin embargo, su éxito dependerá de nuestra capacidad para cambiar no solo las estructuras institucionales, sino también las mentalidades de quienes hoy se forman en las facultades de derecho.
Es fundamental que las y los estudiantes, particularmente aquellos de universidades públicas, se cuestionen a quién están defendiendo y por qué. La justicia no puede seguir siendo un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos. La movilización del estudiantado debería orientarse hacia la defensa de un sistema que promueva la equidad y la justicia social, no hacia la protección de privilegios que, en el fondo, no les pertenecen.
Referencias
CJF. (2022). ¿Mérito o nepotismo? México: Consejo de la Judicatura Federal.
Rangel, Luz (24 de marzo de 2021). “Facultad Ciencias UNAM no paga a profesores”, Reporte Índigo. URL: https://www.reporteindigo.com/reporte/facultad-ciencias-unam-no-paga-a-profesores-paro-labores/SCJN. (12 de febrero de 2020 ). Proyecto de reformas con y para el poder judicial de la federación. Ciudad de México: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
NOTAS
*Abogada feminista, activista defensora de derechos humanos y brinda acompañamiento en casos de violencia de género. Correo: contactofemx@gmail.com