El capitalismo neoliberal presenta sincrónicamente la crisis económica, política y ambiental más profunda de su historia; crisis cuyos impactos negativos para las clases populares están siendo exacerbados por el Covid-19. Frente a las diversas consecuencias desatadas por dicha crisis mundial, y por la reconfiguración productiva que implica, es posible distinguir la vigencia de distintas fuerzas políticas que pugnan por diferentes salidas a esta situación. A grandes rasgos es posible agrupar tales fuerzas antagónicas en tres bloques: uno neoliberal-fascista, otro nacional-estatal izquierdista y uno anticapitalista.
Ante la crisis del libre comercio y el ascenso de las fuerzas antineoliberales y reformistas, las fuerzas conservadoras se han reactivado para mantener inalterados sus intereses particulares mediante acciones de corte abiertamente fascista. Desde las crisis de 2008 y, sobre todo a partir de la recomposición hegemónica estadounidense impulsada por Trump (2017), las extremas derechas (Trump, Johnson, Bolsonaro, Le Pen, Abascal, Salvini…) y sus instrumentos de intervención imperialista (FMI, BM, BID, OMC) han ganado terreno paulatinamente en su búsqueda por salvaguardar sus intereses. Por su parte, las fuerzas nacional-estatal izquierdistas (Sanders, Putin, Xi Jinping, Foro de Shangai, BRIC’s, progresismos latinoamericanos)[1] proponen una reforma neokeynesiana frente a la decadencia del proyecto global de acumulación neoliberal. Hasta cierto punto, se trata de una reforma opuesta al “Gran Reseteo”[2] que plantean las fuerzas impulsoras del Foro de Davos. En otras palabras, se trata de una propuesta opuesta a la recomposición hegemónica de los grandes capitales estadounidenses (ahora bajo el liderazgo de Biden), la cual busca establecer límites a la acumulación neoliberal mediante la instauración de un proyecto de acumulación acorde al interés general capitalista, con la incorporación de los sectores populares al mercado interno (crecimiento económico, pactos de acceso al consumo, redistribución material, mercado interno y cooperación internacional).
En América Latina, dicha relación de fuerzas se expresa en el enfrentamiento político abierto entre las rapaces oligarquías articuladas con las burguesías metropolitanas, y las fuerzas progresistas y anticapitalistas; no obstante, cabe mencionar que en estas disputas han primado también las rupturas —más o menos profundas según sea el caso— entre las fuerzas progresistas y las anticapitalistas. Lo que nos interesa señalar es que ante tal escenario, y aún con múltiples contradicciones, los progresismos latinoamericanos representan a nivel regional la principal fuerza articuladora de prácticas y sentidos comunes antineoliberales y, por ende, configuran la principal fuerza de disputa estatal a escala nacional-regional frente al neoliberalismo en tanto Estado de excepción[3]. En su unidad, dicho escenario global y regional ha reposicionado la centralidad de la disputa popular por el Estado y la nación frente a poderes neoliberales e imperialistas.[4] Tal es el escenario general en el que se enmarca la llamada Cuarta Transformación (4T) en México. Desde nuestro punto de vista esta realidad es insoslayable, y sólo a partir de ella es posible entender los límites y alcances del proceso político de la 4T, así como la urgencia de avanzar constatando los valores y los proyectos de la izquierda, que aún están presentes y pueden rescatarse en este proceso.
A nivel nacional, la 4T representa la fuerza política con más potencial de hegemonizar los sentidos comunes antineoliberales de un pueblo que por décadas libró una lucha contra el terror neoliberal, pero que no había logrado disputar el Estado de manera tan decidida como lo hicieran otros pueblos del continente. No fue hasta el reconocimiento institucional de las bases de Morena en 2011, y su transformación oficial en partido político en 2014, que esto pudo ocurrir. Es así como esta fuerza política ha logrado condensar un gran número de demandas populares, y no sólo eso, sino algo más que es de gran relevancia: las esperanzas de las mayorías. La disputa estatal que se plantea “desterrar” al neoliberalismo no es nada despreciable si se valoran críticamente las profundas y desastrosas consecuencias en términos nacional-populares del neoliberalismo. Lo relevante de este hecho es que después de varias décadas de ofensiva neoliberal, la 4T ha articulado una fuerza política de alcances nacionales con el potencial para cuestionar las estructuras de dominación y explotación de dicho proyecto global, así como la estructura neocolonial que es característica de nuestros países. Como señala Armando Bartra, la tarea central estriba en escapar del torrente neoliberal al que nos empujaron hace más de 35 años y que nos arrastra al abismo. La posibilidad que abre la victoria popular del 1 de julio de 2018 es la de “desmontar paulatinamente y progresivamente el neoliberalismo estructural, pues las leyes no se cambian por decreto, los aparatos de Estado son resistentes a las mudanzas y el sistema productivo responde a intereses poderosos insoslayables y está sujeto a las inercias del mercado”[5]. Después de la larga “noche neoliberal”, la 4T puede todavía abrir un horizonte de liberación y autodeterminación para las clases populares. La lección más importante aquí, no obstante, es que esta oportunidad es finita. La semilla germinó en 2018, pero falta fortalecer sus raíces, regarla y abonarla, a pesar de las profundas y muy serias contradicciones, límites y errores que se presentan en 2022.[6]
A escala regional la 4T tiene un enorme significado, pues luego del regreso de la derecha al gobierno de países como Paraguay, Brasil y Uruguay, abre un nuevo ciclo progresista que inicia justo en el “patio trasero” de Estados Unidos, mismo que actualmente comienza a extenderse a los países tradicionalmente neoliberales, como Chile y Colombia.[7] Sin lugar a dudas, en México se juega parte del presente y del futuro de América Latina[8], lo que deriva en una enorme responsabilidad histórica. Es por ello que creemos necesario sumar voluntades colectivas de manera crítica a este proceso, pues la experiencia latinoamericana (Macri, Lenin, Bolsonaro) nos enseña que una victoria popular puede convertirse en una amarga derrota.
Desde tal perspectiva pensamos que el logro más significativo de la 4T es el cuestionamiento y la impugnación del neoliberalismo de guerra, resultado del capitalismo trasnacional que se instaló progresivamente por vía de las grandes empresas, la globalización económica y el Estado nacional de competencia.[9] Este contexto abre posibilidades de negociación política para la sociedad civil y que posibilita una redistribución de la riqueza, así como un combate a la corrupción, fundamental para avanzar hacia una transformación del funcionamiento de la arquitectura estatal.
En términos materiales la 4T avanza pues, más allá de cierto asistencialismo corporativo, las políticas de redistribución posibilitan la satisfacción parcial de necesidades materiales elementales de los sectores populares mediante la entrega directa de diversos apoyos, becas y estímulos económicos. Si bien estas medidas no son suficientes y tienen deficiencias, lo cierto es que coadyuvan a la mejora de las condiciones de vida de las franjas más desfavorecidas de la población. En este marco se inscribe el incremento salarial, la pensión a adultos mayores, las becas a estudiantes, los apoyos a discapacitados, madres solteras, etcétera. Pero todo esto no podrá avanzar efectivamente sin la reivindicación de los derechos de los trabajadores, la lucha contra el charrismo sindical y la defensa del territorio frente a las trasnacionales. No obstante, los logros de la 4T son reivindicables frente a la derecha, y constituyen algo sobre lo cual no se puede ceder[10].
Algo relevante es que, a diferencia de los progresismos del cono sur, la redistribución no se basa como tal en precios altos de los commodities, como tampoco en el auge del extractivismo o en una reforma fiscal progresiva, sino en el combate a la corrupción[11] y la austeridad (1.5 billones de pesos) y el cobro de impuestos atrasados (75 mil millones de pesos). Esto último configura la fórmula de la legitimidad del gobierno (60% de aprobación civil) en comparación con otros progresismos. Aunque necesarias, dichas medidas derivan en una legitimidad endeble, pues los pilares materiales de las oligarquías siguen en muchos casos intocados y, tarde o temprano, llegará el momento en que deberán ser atacados, tal como se comienza a mostrar con el reciente Decreto de Prohibición Gradual del Uso de Glifosato y Maíz Transgénico, la Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, por mencionar algunos ejemplos.
Con el objetivo de mantener tal estabilidad económica, el gobierno ha optado por establecer ciertas alianzas con grupos empresariales. De ahí que esto derive en un proyecto interclasista[12], en un cambio moderado y paulatino, sin rupturas tajantes con las oligarquías nacionales/transnacionales. Esto resulta comprensible por diversas razones, entre ellas la particularidad de la relación de fuerzas, la posición geográfica de México y la dificultad de llevar a cabo medidas con mayor grado de antagonismo de clase dado el actual escenario de desmantelamiento material-subjetivo de la nación. En suma, las condiciones para desarrollar políticas más radicales son diferentes a la de los países sudamericanos. No obstante, el horizonte está abierto: nada está definido. Bien puede derivar en regresiones extremadamente autoritarias o en un avance político de las clases populares.
LIMITACIONES Y RETOS DE LA 4T A MÁS DE OCHO DÉCADAS DEL PROYECTO CARDENISTA
A más de 80 años de la expropiación petrolera en México es fundamental hacer un balance de la soberanía nacional energética para entender la complejidad a la que se enfrenta el Estado mexicano y la 4T. Décadas después del proyecto cardenista, y en un escenario económico-político distinto, la 4T impulsa en un estilo principalmente neo-keynesiano —y con un alto índice de legitimidad— un conjunto de proyectos de gran envergadura que, aparte de reducir la dependencia energética, buscan apuntalar el crecimiento económico y reconstruir el mercado interno. Aunque no entraremos a un análisis detallado de los proyectos, es importante mencionar que entre ellos destaca el Corredor Transístmico, el Tren Maya, así como la rehabilitación de 6 refinerías y la creación de una nueva (Dos Bocas).[13] Todos ellos, cabe resaltar, ubicados en el sureste mexicano.
Desde nuestra perspectiva, la 4T impulsa un esfuerzo de reconstrucción de la soberanía nacional tan vilipendiada durante el neoliberalismo[14]. En el caso energético, tal esfuerzo es contrario a los intereses imperialistas yankees y tiene como núcleo la reducción de la dependencia energética respecto a Estados Unidos sobre el principal recurso estratégico de México, así como la reconstrucción paulatina de la CFE y PEMEX (dos de las empresas públicas más desmanteladas en los últimos 40 años), con una preponderancia a la inversión pública (80% en petróleo y 54% en electricidad) en las áreas de exploración, producción, distribución y petroquímica. Tal esfuerzo es de largo aliento y, de sostenerse, puede traducirse en mayor soberanía nacional. O, viéndo la otra cara de la moneda, en menor dependencia energética respecto a Estados Unidos en todas las ramas y sectores económicos, entre ellos los estratégicos.
Sin obviar las numerosas contradicciones del proyecto energético de la 4T, y más allá de ciertas posiciones de izquierda que sostienen que dicha apuesta es irresponsable ambientalmente y técnicamente, tal como se evidencia en el reciente debate público a nivel nacional sobre la Ley de Industria Eléctrica[15], reivindicamos el esfuerzo de la 4T por recuperar el timón energético, pues desde nuestra perspectiva tal esfuerzo es fundamental para adquirir un margen de maniobra frente al imperialismo yankee.
Adquirir mayor seguridad nacional y empujar demandas más radicales en un país que tiene aproximadamente 45 millones de motores de combustión interna[16] y que depende en más del 70% de las importaciones de gasolina y gas natural para la producción de electricidad resulta ingenuo[17]. De algún modo, para adquirir una mejor posición geopolítica respecto al imperio yankee es necesaria la reactivación soberana de la petroquímica[18], los sistemas de transporte ferroviario y el complejo eléctrico; tres pilares estratégicos y esenciales de la nación mexicana que fueron fruto de la lucha popular durante el siglo XX. Además, no podemos obviar que, como lo notó Cárdenas[19], el sureste es uno de los mejores territorios para emplazar la industria petroquímica[20].
Más allá de las numerosas contradicciones que se derivan de la apuesta neodesarrollista de la 4T en el sureste, nos parece fundamental mencionar que, en última instancia, el devenir de los proyectos en el sureste mexicano será resultado de la participación política de las clases populares. No obstante, consideramos que es necesario seguir evidenciando críticamente las enormes contradicciones de dichos proyectos, en especial las referentes al territorio dada la actual crisis ambiental planetaria. Esto último es un principio fundamental que de ninguna manera se contrapone con lo hasta aquí planteado.
No hay que defender acríticamente el proyecto de la 4T en el sureste. Nada garantiza que su construcción se traduzca mecánicamente en mayor soberanía nacional. Pero tampoco hay que rechazarlo como un proyecto destinado al fracaso, tal como lo hace cierta izquierda que se mueve con base en consignas o interpretaciones economicistas y no con base en las múltiples contradicciones de la realidad concreta. Es erróneo afirmar ciegamente que AMLO está haciendo lo mismo que hicieron o no pudieron hacer Fox, Calderón y EPN. O más aún, que es mucho peor lo que está haciendo. Estas últimas posiciones son el mejor ejemplo de lo que dice Jorge Alemán: que siempre queda a salvo la impunidad de las derechas y es tan fácil desacreditar a la izquierda. Sin embargo, lo cierto es que puede ser muy peligroso si los proyectos se dejan en manos de los grandes capitales y las élites militares.
Por otra parte, son necesarias las políticas de nacionalización e industrialización de recursos estratégicos (hidrocarburos, minerales y electricidad), las cuales no se concretarán de manera sustancial en seis años, sino en un plazo mayor. De hecho, la soberanía relativa en América Latina es un fruto de la lucha popular de más de 150 años.[21] Puesto así, es evidente la necesidad de poner en el centro del debate el tema de la soberanía nacional popular.
Y es que la apuesta por el desarrollo del sureste puede ayudar en la reconstrucción de la soberanía nacional. Sin embargo, a la par de tal esfuerzo se vuelve de vital importancia la exigencia de justicia ambiental, no sólo en la zona de Minatitlán-Coatzacoalcos —región donde se localiza Nanchital, una de las zonas con más accidentes petroleros a nivel mundial como consecuencia del TLCAN y la privatización de PEMEX—, sino en todo el territorio nacional. Es fundamental regular los proyectos, poner candados jurídicos a la privatización de los territorios/bienes y garantizar que la riqueza esté salvaguardada. También es importante garantizar el uso soberano del sureste mexicano con candados constitucionales, estatales y municipales, reconociendo la autonomía de los pueblos. Sin esto, simplemente no funciona.
La 4T enfrenta la contradicción de dar resultados en el corto plazo y planificar un desarrollo sostenible a largo plazo que supere el consumismo y el productivismo. Sin caer en el discurso del decrecimiento, es necesario cuestionar la viabilidad de una nueva forma de Estado basado en un intento por redistribuir de forma neo-keynesiana la riqueza y en un mayor consumo, lo que históricamente ha desembocado en un consumismo abstracto y un aspiracionismo acrítico, funcional al corrimiento fascista y a la propia reproducción de las relaciones capitalistas.
Asimismo, se vuelve fundamental pensar en el horizonte de una sociedad ecológica y de transición energética[22] a corto, mediano y largo plazo. En esta tarea habrá que avanzar necesariamente en la reducción de necesidades materiales. Por ello es urgente pensar en nuevas formas de sustento material del Estado ampliado, distintas a la forma ya decadente basada en el petróleo masificado. Cabe cuestionar, en ese sentido, cuál es el límite de incorporación de demandas populares relacionadas al consumo capitalista que puedan satisfacerse en el marco de la franca crisis del patrón técnico petrolero. Y mantener la certeza de que romper con la modernidad americana como modo de vida es pensar en las alternativas a la civilización petrolera abstracta[23]. A la par del reforzamiento soberano del sector de los hidrocarburos, es fundamental transitar a un sistema urbano-rural ferroviario y eléctrico de alto volumen (trenes, metros) e impulsar las iniciativas de transición energética hacia energía renovables o alternativas (solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica) respetando la soberanía nacional y la autonomía comunitaria.
Analizar con una visión estratégica, ya no dirigida a los intereses de los grandes carteles petroleros, sino con la finalidad de determinarse y dirigirse como proyecto de nación dirigido al desarrollo interno (excedente económico) “…es una modernización que no desprecia la ‘suave patria’ sino que pretende rescatarla del carácter oligárquico que la ahoga en secreto, dándole un uso social y nacionalista a la riqueza petrolera” (Echeverría, 2011, p. 430).
El petróleo como riqueza material objetiva, como el valor de uso estratégico por excelencia, abre una posibilidad de autodeterminación debido a la multiplicidad de productos que se generan con él y por ser la matriz energética de los siglos XX y XXl. Además, es un constructo ideológico de progreso y soberanía. Hablar de un Estado nacional soberano es expresión de una lucha por la democracia social frente a las estructuras coloniales imperiales (González, 1983, p.74). Como lo apunta Zavaleta, la defensa de la soberanía nacional debe ser una prioridad para las naciones dependientes pues:
Los Estados naciones “dependientes” no pueden seguir un curso de crecimiento “normal” como los procesos europeos o “estadounidense”, porque precisamente, la fase última del Estado nacional de los países opresores, que es el imperialismo, obstaculiza la realización del Estado nacional de la semicolonial. La nación lucha por la defensa de sus recursos naturales y de su mercado interno, pero, en la medida que logra éxitos, perjudica y vulnera la riqueza y la naturalidad del Estado nacional imperialista. Por eso solo puede hacerlo aprovechando coyunturas de emergencia política en los países del centro, como las guerras, o movilizando revolucionariamente a sus masas. Cuando Lenin escribió que “el que no favorece el nacionalismo de los países oprimidos, favorece el nacionalismo de los países opresores” sin duda tenía presente este carácter básicamente defensivo del nacionalismo de las semicolonias (2009, p. 45).
Reflexionar acerca de la relación entre el desarrollo económico y la formación del Estado nacional en América Latina es definir el papel de las clases nacionales y el horizonte de emancipación que debe guíar sus estrategias; se trata de un tema central de la lucha de clases ya que hay un desarrollo que libera y un desarrollo que no libera. Como lo menciona Zavaleta: “…la soberanía de un Estado nación es siempre proporcional a su fuerza material, solamente un necio puede sostener que la posesión o defensa de los recursos estratégicos en sí es una desgracia para el país.” (2011, p. 65).
La defensa de la soberanía nacional energética forma parte de la defensa de nuestro territorio en tanto fuerza política objetiva. Si bien durante la globalización neoliberal la soberanía está limitada o restringida, continúa siendo una atribución necesaria e inherente al Estado democrático. Entonces, la defensa de la soberanía nacional energética debe ser la defensa de un proyecto nacional incluyente, popular y democrático respecto a su base material, misma que le permite autodeterminarse y darse forma a sí mismo, así como construir una identidad nacional. Al respecto, ya el siglo XX nos ha demostrado que la lucha de los pueblos por nacionalizar sus recursos prospectivos e industrializarlos ha estado estrechamente ligado con su independencia económica no solo en América Latina, sino en diversos países dependientes del mundo[24].
Disputar un Estado soberano en América Latina en tiempos neoliberales suena algo lejano y complicado, pero antes del neoliberalismo se consideraba algo esencial e ineludible para lograr la emancipación económica de los países latinoamericanos. Cabe aclarar que la defensa y disputa de los recursos estratégicos a nivel nacional no convierte mecánicamente al Estado mexicano en un país soberano; si bien existe una fuerza objetiva potencial y maleable, también puede reducirse a un desarrollismo que desemboque en una redistribución de la riqueza acrítica y consumista. En última instancia, sólo la articulación entre la gestión soberana del “excedente económico” y una claridad ético-política configuran la clave para pensar la realización política efectiva de un país soberano. Desde nuestra perspectiva, consideramos que el anterior panorama a escala mundial-nacional nos brinda ciertas coordenadas para comprender de manera general el mapa político global y regional en el que se desenvuelve la 4T, otorgándonos más herramientas para pensar nuestra praxis política colectiva y nuestras posibles alianzas al interior y exterior de México.
FUENTES
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[1] Nos referimos fundamentalmente a los progresismos nacional-populares (Venezuela y Bolivia) y en menor medida a los de centro-izquierda (México, Argentina y actualmente Perú y Chile). Sin embargo, esta categoría parte de indicaciones analíticas generales y presenta dificultades explicativas al momento de profundizar las caracterizaciones sustantivas.
[2] El Gran Reseteo o Reinicio es la propuesta de recomposición oligárquica emanada del Foro Económico Mundial mediante la cual, frente a la crisis neoliberal exacerbada con el Covid-19, el gran capital financiero e industrial ligado a la electroinformática y la inteligencia artificial busca reconfigurar los mecanismos de sustracción y transferencia de valor en abierta confrontación con los capitales representantes del decadente patrón técnico petrolero (Barreda, 2020).
[3] En el Estado de excepción el terror como política es la norma, sin embargo, “lejos de la escisión-oposición entre ley y violencia, la ley constituye el código de la violencia pública organizada. De ahí que la cuestión de los límites, o las garantías, que el Estado como Estado de derecho pone contra su propia violencia sea siempre una cuestión abierta, que se juega en el campo de la correlación de fuerzas sociales”. Véase: Rivadeo, A. (1998). La violencia neoliberal. La demolición de los vínculos. Hacia una epistemología del terror. Recuperado de: http://ru.ffyl.unam.mx/handle/10391/1880
[4] En el caso mexicano, este escenario representa una oportunidad histórica para valorar colectivamente las consecuencias y agravios de cuatro décadas de neoliberalismo, y organizarnos para salir de él.
[5] Bartra, Armando. (2018)
[6] Insistimos en que hay que valorar el horizonte de disputa que representa la 4T a partir del entendimiento crítico de las condiciones materiales y subjetivas tras cuatro décadas de neoliberalismo ya que, desde nuestra perspectiva, la perspectiva de liberación no depende sólo de la voluntad política —coordenadas en las que se mueve la ultraizquierda—, sino de las condiciones históricas concretas.
[7] Es importante valorar en términos políticos regionales el actual arribo al gobierno de Pedro Castillo en Perú, el regreso de Lula a la política brasileña, la vuelta del MAS al gobierno de Bolivia, el reciente triunfo presidencial por Gabriel Boric en Chile y las elecciones en Colombia para el Congreso 2022-2026 con el triunfo de la coalición izquierdista Pacto Histórico dirigida por Gustavo Petro.
[8] En septiembre el Estado mexicano presidio la Vl Cumbre de La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC- presentándose como una de las alternativas regionales y de cooperación para atender numerosos desafíos económicos, políticos, sociales y culturales de la región y paralelamente se puso en cuestión a la Organización de los Estados Americanos (OEA) por una institución que represente los intereses de todos los países del continente y no organizado en torno a los intereses particulares de los Estados Unidos.
[9] Como señala Oliver en 2020 y (actualmente en 2022) “el Estado continua su crisis en la medida en que muchas de sus instituciones y políticas están ligadas a la vieja hegemonía, están vinculadas al Estado nacional de competencia, al orden y a las fuerzas de la globalización neoliberal y conviven con las nuevas políticas nacionalistas y desarrollistas del gobierno progresista de López Obrador”. Oliver, Lucio. (2020).
[10] Logros importantes son la cancelación del NAICM, las pensiones a expresidentes, las rondas de la reforma energética, el fracking y la reforma educativa, el alto al otorgamiento de concesiones mineras, el combate al huachicol, el impulso de infraestructuras como caminos y hospitales, el no endeudamiento público, el apoyo a la ciencia y la educación, la fijación de precios de garantía, la democratización de los sindicatos, la liberación de presos políticos, una buena política exterior, el encarcelamiento de funcionarios corruptos, el ejercicio de la consulta popular tal como la consulta a expresidentes, la cancelación del NAICM, la no alza y la regulación en los precios de los combustibles, la desaparición de los fideicomisos, el freno a la industria chatarra de los alimentos, entre otros.
[11] Para Rivadeo (2017) “la corrupción es una modalidad esencial de la gestión del capitalismo neoliberal: sin la corrupción de la esfera político-estatal las corporaciones transnacionales no pueden bajar los salarios, ni apropiarse de los territorios y los recursos públicos de la nación. La corrupción no puede reducirse a su estatuto ético o moral. Se trata de una política de administración de una crisis económico-política sin retorno en el marco del capitalismo actual. Un núcleo de barbarie insuperable sin la adecuada comprensión de su densidad y su carácter estructural”.
[12] Un proyecto interclasista es unidad y diferencia de una situación concreta del conjunto de relaciones de fuerza en la sociedad y de la hegemonía en el Estado, en el cual no significa que se deben conciliar todos los intereses de los sectores aliados, ni anular sus aspiraciones económico-corporativas o hegemónicas, ya que solo funciona en determinados niveles de convergencia de la propia lucha de clases y al mismo tiempo permite una lucha de esos mismos sectores, pero en otros niveles, reconfigurando la hegemonía del bloque dominante, Portantiero, C. & Murmis, M. (2014).
[13] Sumado a lo anterior, hay que mencionar que, si bien no se ha puesto un alto total al fracking, si se ha limitado su expansión en la franja que va de Texas a Tehuantepec. El caso de la minería es similar, no se han cancelado todas las concesiones, tal como lo han exigido diversos movimientos sociales, pero se ha limitado el boom minero en comparación con los gobiernos anteriores, y recientemente, se ha iniciado una serie de medidas que buscan fortalecer la recaudación fiscal y regular aspectos laborales.
[14] Como señala Guillen el “Gobierno de AMLO desde su campaña electoral se planteó abandonar el modelo neoliberal que rigió en México desde la década de 1980. La estrategia gubernamental está delineada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. En dicho Plan se postula que “tenemos ante el mundo la responsabilidad de construir una propuesta posneoliberal y de convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales” Los ejes principales de la estrategia según el Plan son erradicar la corrupción; separar el poder político del poder económico, recuperar el papel rector del Estado en la vida económica, así como combatir la pobreza y la desigualdad, mediante el incremento de los salarios reales y la ampliación de los programas sociales”. Vease Guillen, Arturo (2021).
[15] Véase Jiménez y Méndez (2021).
[16] Véase Saxe-Fernández (2020).
[17] Véase Cota (2021).
[18] La industria petroquímica y la refinación son áreas estratégicas. La inversión en ambos procesos genera que la tasa de retorno se multiplique al diversificarse en diversas actividades, y mientras más procesos químicos pasa el petróleo, más industrias son necesarias y con ello un mayor número de personas empleadas (Saxe-Fernández, 2009).
[19] Como señala Saxe-Fernández (2019), la nacionalización del petróleo en 1938 desatendió el diseño colonial/militar estadunidense y desplegó un gran esfuerzo en el desarrollo, investigación y preparación de trabajadores, técnicos y docentes (UNAM e IPN), esto con la finalidad de reforzar la industrialización del petróleo y del gas natural como grandes generadores de cadenas productivas y empleo.
[20] La petroquímica fue desarrollada de forma extraordinaria en México convirtiéndose en los años 70 en la más importante en América Latina. Pero el impulso de PEMEX respecto a encadenamientos productivos nacional-estatales preocupó a la cúpula de Exxon Mobil, Conoco Phillips y Chevron Texaco, pues para dichos capitales, la virtual eficiencia de PEMEX dañaría las operaciones petroleras privadas (bélico-industrial) en el resto de América Latina y en Oriente Medio (Saxe-Fernández, 2019).
[21] Al respecto por mencionar algunos ejemplos, considérese el caso mexicano (1938), chileno (1971), boliviano (2006) y venezolano (2007).
[22] El concepto de transición energética es una tendencia del sector energético a escala global, ésta consiste en la sustitución gradual del uso de combustibles fósiles por fuentes de energía limpia de manera segura, confiable y asequible. Proyectar una soberanía energética con justicia climática en el Estado mexicano debe lograrse de forma que se fomente el crecimiento económico a nivel nacional anulando gradualmente la subordinación asimétrica al Bloque Energético de América del Norte con una transición energética integral en la que el gobierno, la industria y la sociedad en general trabajen en conjunto para consolidar “el desarrollo de un sector energético limpio, seguro y de rostro social, que detone inversiones y fuentes de empleo en beneficio de las familias mexicanas y de la economía nacional”. García, Alcocer, 2019. La transición energética hacia las tecnologías limpias: un motor para el desarrollo de México en Angles, Marisol & Palomino, Margarita (Coord.). Aportes sobre la configuración del derecho energético en México. IIJ. UNAM, México. p. 15.
[23] Es fundamental tener claro que el petróleo en sí no es el problema como mencionan diversas posturas que no parten desde la crítica de la economía-política. Como es sabido, este valor de uso responde a una productividad abstracta que posibilita la lógica de acumulación de capital. En otras coordenadas, específicamente en el sentido utópico socialista, respondería a un uso racionalizado en términos energéticos y a una materialidad que responde solo a las necesidades prioritarias y no a una masificación de productos que no son necesarios en términos vitales provocando un derroche y desperdicio irracional.
[24] En España actualmente en el contexto del conflicto europeo entre Rusia y Ucrania, “los precios de la electricidad han aumentado considerablemente, hasta el punto de que cada vez más son las voces que abogan por la creación de una empresa pública que abastezca de energía a la población. Incluso el debate sobre la nacionalización del sector ya no es un tabú”. Tejada, Armando. (2022)